Juan Ontiveros Ramos, defensor de territorio de la Sierra Tarahumara, fue asesinado en la comunidad indígena de Choréachi, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, México. El asesinato de Juan Ontiveros Ramos ocurre a dos semanas de la muerte de Isidro Baldenegro. Ambos luchaban por la preservación del territorio del pueblo rarámuri.
Según la organización Amnistía Internacional, el pasado 31 de enero hombres armados irrumpieron en el domicilio de Ontiveros, lo golpearon brutalmente junto con otros miembros de su familia y se lo llevaron a la fuerza. El 1 de febrero, el cuerpo del activista fue hallado en otro lugar del mismo municipio.
El pasado 20 de enero, Ontiveros acudió a una reunión con integrantes de diversas organizaciones y representantes del gobierno para discutir la situación de seguridad y el conflicto territorial agrario en Choréachi, según la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
En octubre de 2015, Juan Ontiveros ofreció su testimonio de la problemática en las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara que se entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una reunión de implementación de medidas cautelares. En 2014, la CIDH dictó medidas cautelares a favor de varios habitantes de Choréachi, debido a que habían sido atacados por oponerse a la extracción de madera en sus comunidades.
Histórico
Apenas el pasado 15 de enero fue asesinado Isidro Baldenegro, líder indígena y activista ambiental ganador del premio Goldman 2005. El hecho ocurrió en la comunidad indígena Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, después de que Baldenegro recibiera diversas amenazas de muerte.
De acuerdo con La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), tanto Isidro como Juan llevaban años luchando contra el crimen organizado por el despojo de su tierra y sus bosques; el padre de Isidro fue asesinado en 1986 por la misma causa y desde entonces a la fecha más de 10 indígenas han corrido la misma suerte.
“Todo parece indicar que la consigna de las empresas saqueadoras de nuestros bienes comunes naturales es, además de violar los derechos de los pueblos, hacer a un lado a cualquiera que intente detenerlos. Los y las defensoras del territorio son hostigadas, perseguidas, violentadas y asesinadas por las empresas y sicarios contratados por ellas, sin que los sistemas de procuración de justicia de este y otros países hagan su trabajo para impedirlo”,
SOSTIENE REMA EN UN COMUNICADO.
El pasado 24 de enero, el Relator Especial de la ONU para la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Michel Frost, dio un informe sobre la visita que hizo a México para encontrarse con activistas mexicanos y hablar sobre las situaciones que enfrentan en su labor de defensa.
Durante este informe, Frost dijo que se familiarizó con la situación que enfrentan las y los defensores que protegen los derechos de la población indígena rarámuri, particularmente con los riesgos originados por el crimen organizado y la falta de protección por parte de las autoridades.
Por ello, Frost llamó a las autoridades federales y estatales a asegurarse de la debida investigación de todos los delitos cometidos contra defensores de los derechos de los pueblos de la Sierra Tarahumara
Investigación dudosa
Alrededor de 120 organizaciones de derechos humanos publicaron el 3 de febrero un comunicado en que expresaron preocupación por las declaraciones emitidas el 2 de febrero por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), las cuales han sido retomadas por diversos medios de comunicación en el estado.
La FGE comunicó “que ya se tiene plenamente identificado al autor material del crimen [del líder rarámuri Juan Ontiveros Ramos] que pertenece a la misma etnia y otro cómplice, quienes ya son buscados por agentes ministeriales.” Asimismo, el comunicado de la FGE señala que “En la indagatoria realizada por el agente del Ministerio Público se establece que el crimen es de carácter personal, según se deriva de la declaración del hermano de Juan Ontiveros, quien lo acompañaba al momento de los hechos.” El comunicado de la FGE termina señalando que “Los responsables se encuentran sustraídos de la acción de la justicia y son buscados por agentes de la Fiscalía General del Estado.”
De acuerdo con las organizaciones, las conclusiones de la FGE, según ese documento público, se basan exclusivamente en el testimonio del hermano de Juan, quien presuntamente atribuye el crimen al hecho que varios sujetos armados buscaban al yerno de Juan Ontiveros. Al no encontrarlo, se llevaron a éste.
“A menos de un día de la publicación del comunicado por diversas organizaciones de derechos humanos y la acción urgente de Amnistía Internacional y de un pronunciamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la información difundida por la Fiscalía resulta por demás apresurada, irresponsable e insensible en tanto que ningún funcionario ha compartido estos resultados con la familia y la comunidad de Choréachi”, dicen las organizaciones.
“Más aún, la información prematuramente divulgada no sólo levanta dudas sobre los presuntos autores materiales ya identificados y el móvil del delito sino que es abiertamente contraria a los distintos estándares en materia de investigaciones adecuadas respecto de delitos contra personas defensoras de derechos humanos”.
En el comunicado, las organizaciones exigen tres puntos de la FGE. Primero, abstenerse de emitir declaraciones públicas relacionadas con investigaciones recién iniciadas y que son apresuradas, sesgadas e insensibles para las familias de las víctimas y las comunidades indígenas afectadas. Segundo, reencauzar el expediente fiscal e investigar con debida diligencia, exhaustividad e imparcialidad los asesinatos de Juan Ontiveros Ramos, Isidro Baldenegro López y todos los demás asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en el estado de Chihuahua. Tercero, garantizar seguridad para las familias de las víctimas, así como para las comunidades de Choréachi y Coloradas de la Virgen.
EZLN
El Congreso Nacional Indígena y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional publicaron el 4 de febrero un comunicado en que se solidarizan “con el pueblo rarámuri tan dolido por estos dos asesinatos que se suman a los 18 homicidios contra sus comunidades desde 1973, cuatro de ellos en el último año”. Y “denunciamos de manera urgente esta nueva barbaridad contra compañeros con compromiso destacado en la lucha de su pueblo por la recuperación de su territorio acaparado desde hace más de 40 años por grandes terratenientes ganaderos y grupos de la delincuencia organizada”.
Con informaciones de Animal Político
