Foto: Santiago Navarro. Caravana Paz con Justicia y Dignidad 2011
México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y los niveles de violencia hacia los periodistas son solo rebasados por aquellos países en situación de guerra declarada. La denuncia es de la organización Artículo 19 de México, presentada en su informe anual del 2017 llamado Democracia simulada, nada que aplaudir. Así, en 2017 fueron documentados 507 agresiones contra periodistas y 12 asesinatos. A lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto se han registrado 1,986 agresiones. “Su sexenio (2012-2018) ha sido el más violento de lo que va en siglo 21 en México. Sus políticas de medios tuvieron una clara intención de censura”, sostiene el documento.
México es el país con el mayor número de periodistas asesinados, después de Siria. “Ya casi estamos a la par con aquel país en guerra, mientras que México se presenta como una república con instituciones y un Estado de derecho, maravillosos en el papel, pero que no coinciden con la realidad”, afirma Artículo 19.
Las regiones más violentas para la prensa son la Ciudad de México, con 383 agresiones registradas, y los estados de Veracruz, con 255, y Oaxaca, 177. Estados como Guerrero, con 163, y Puebla, 111, aparecen en el escenario de agresiones contra los periodistas. Esto hace de la zona centro del país la más violenta para la prensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El informe destaca un cambio en la característica de la violencia hacia a los periodistas en el período de gobierno de Peña Nieto. La violencia pasó de estar concentrada en algunos estados - principalmente los que contaban con mayor presencia del crimen organizado - a ser generalizada en todo el país. Hoy no queda un oasis para la prensa en México, dice el informe.
“Las zonas de riesgo para los periodistas crecieron en México porque grupos delictivos, a veces ligados con fuerzas de seguridad y otros aliados dentro de los gobiernos, han aprovechado la impunidad para ampliar sus redes. En cualquier parte del país puede estar en riesgo un periodista, especialmente cuando las temáticas de sus coberturas son amplias, no es solo contra aquellos que cubren la “nota roja” como se ha creído tradicionalmente. Ante esto, muchos de ellos, sobre todo de medios locales, no tienen protección de sus empresas, esto abona a la precaria situación”, explica en el informe Lizbeth Díaz, corresponsal de la agencia noticiosa Reuters, quien salió de Tijuana por amenazas, en 2011.
A pesar del discurso oficial en que el gobierno ha culpado una y otra vez al crimen organizado por la violencia contra la prensa, de acuerdo con las cifras de Artículo 19, de los 1,986 agresiones ocurridas en estos últimos cinco años, 8% fueron presuntamente cometidas por integrantes del crimen organizado y 48% por funcionarios públicos.
Zonas de silencio
Zonas de silencio es el nombre que reciben las regiones donde ya no se publican, por ningún medio, las informaciones de interés público. Los noticieros y periódicos locales tratan temas de manera sesgada, distorsionada, superficial o definitivamente no dicen nada. En un principio fue el dinero el que silenció a la prensa; después, la violencia y el miedo, define Artículo 19.
Las redacciones de los principales periódicos estuvieron infiltradas desde los años cuarenta por espías del gobierno, de acuerdo con el informe. Durante la Guerra Fría la información era vital para las potencias y los gobiernos locales. “El gran cambio se dio cuando los espías se pusieron al servicio del crimen organizado, por corrupción o por miedo; en algunos casos por ambos. En la actualidad hay redacciones que reciben la llamada del gobernador, del diputado “equis”, del secretario de Estado, para frenar un artículo o investigación periodística, como le sucedió a Laura Castellanos, que descubrió que el 6 de enero de 2015 en Apatzingán, Michoacán, la Policía Federal cometió una masacre. El periódico El Universal retuvo el texto mucho tiempo, hasta que Castellanos lo publicó simultáneamente en la revista Proceso y en Aristegui Noticias”.
La rápida expansión de las zonas de silencio se deben a la autocensura por miedo a las autoridades locales pero, sobre todo, al crimen organizado. “El peor de los escenarios es cuando las autoridades están al servicio del crimen organizado. Antes había un trato de socios entre políticos y delincuentes, de igual a igual, pero ahora, en muchas regiones hay una subordinación de las autoridades a la mafia”, dice el informe.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión, afirma que las zonas de silencio en México, en orden de gravedad, son Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua.
Las múltiples censuras
Hay muchas formas de censurar a la prensa y de controlar la información, sostiene el informe. “Algunos de esos mecanismos son estructurales, como la publicidad oficial, la concentración de medios en pocas manos y las leyes mordaza; la violencia extrema es un nuevo ingrediente. El cómo se hará callar al periodista depende de su región, de qué tan famoso es, de qué tan vulnerable sea su economía o contactos políticos. Las represalias van desde una demanda por daño moral hasta el asesinato y desmembramiento del cadáver del comunicador con el objetivo de paralizar con el terror a sus colegas. La autocensura por miedo es muy barata y eficaz”.
Los más desprotegidos: periodistas independientes
Los periodistas más desprotegidos son los llamados free-lance, los independientes que no tienen un contrato o siquiera una credencial de los medios a quienes ofrecen sus reportajes o fotos, afirma el informe. “No cuentan con ninguna de las prestaciones de ley (seguro médico, vacaciones, antigüedad, jubilación, etcétera) y están en el desamparo absoluto. Si alguien los amenaza o los demanda legalmente por su trabajo o tienen un accidente, la empresa con la que colaboran generalmente se desentiende. El periodista independiente está sólo a su suerte. ¿Quién puede exigir cuentas a los dueños de las empresas? ¿Quién quiere exigir cuentas a los dueños de los medios? Hace falta más corresponsabilidad”.
Espiar a periodistas como si fueran terroristas
Pegasus es un malware de uso militar para infiltrar las comunicaciones de criminales y terroristas. Fue desarrollado por la empresa NSO Group, de Israel. De acuerdo con una investigación hecha por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, tras pasar por un intermediario mexicano, la empresa fantasma Balam (que hizo gala de tráfico de influencias), a través de su subsidiaria Tech-Bull, vendió Pegasus a las fuerzas mexicanas de seguridad, dice el informe de Artículo 19.
“El software cuesta 148 millones de dólares y lo revendió al gobierno de México en 432 millones de dólares. La dirección fiscal de Tech Bull es un jacalito en una barranca. El verdadero dueño es Rodrigo Ruiz de Teresa (sobrino de Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador de Puertos y Marina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, famoso por su participación en el Pemex-Gate, del año 2000)”.
Pegasus llegó a manos de todas las instituciones que deberían velar por la seguridad nacional: la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional. Con este software, se atacó a los teléfonos inteligentes de periodistas y defensores de derechos humanos.
Pegasus se presenta como un attachment (archivo adjunto) o un mensaje “personalizado” para la víctima y en el momento en que uno da clic, el malware se apodera de todos los archivos y contactos que hay en el dispositivo: números de teléfono, correos electrónicos, fotos, audios, mensajes, el contenido de WhatsApp, etcétera. Peor aún, activa micrófono y cámara sin que el dueño del teléfono se dé cuenta.
“Los periodistas y defensores de derechos humanos en México son vistos como los enemigos, por eso, en lugar de darles una protección real, se les espía y se les da un trato de criminales o terroristas”,
SOSTIENE EL INFORME
