“El primer recurso que fue robado aquí fue el continente americano mismo, de hecho para nosotros no se llamaba América sino la Isla Tortuga. Hoy en día, los descendientes de los colonizadores sufren de un caso de amnesia histórica, tanto que creen que son de este continente y poseen todo lo que hay en él. En realidad necesitan que se les recuerde que no son de aquí”, cuenta Christopher (o Chris), quien no compartió su apellido. Él es indígena Potawatomi, uno de los numerosos pueblos originarios que siguen habitando el territorio ahora conocido como “Estados Unidos de América”, tras resistir a más de 500 años de brutal colonización por parte de millones de europeos.
En la actualidad existen 573 naciones originarias reconocidas a nivel federal, aproximadamente 229 de estas naciones se encuentran en Alaska mientras las otras están repartidas en los otros 48 estados. Es el caso del pueblo de Chris. Pero en realidad son más. Existen naciones sin reconocimiento federal pero que han sido reconocidas por sus respectivos gobiernos estatales, y otras que no tienen ningún tipo de reconocimiento oficial.
Según el último censo oficial que data del 2010, la población indígena es de 2,9 millones de personas, lo que representa sólo el 0,9% de la población total del país. Tomando en cuenta las personas que se identifican como indígenas “en combinación con otra raza”, se encuentran 5,2 millones de personas o el 1,7% de la población. Esas cifras no incluyen a la población indígena del Estado de Hawaï, que era de 156,239 personas en el 2011, ni del territorio no incorporado de Puerto Rico donde habitan 9 399 personas del pueblo originario Taíno, según el censo del 2010.
Desde los principios de la colonización de EEUU, los colonizadores europeos han ido desplazando a los pueblos originarios para poder apropiarse de sus tierras. A lo largo de los siglos, fueron re-ubicados en áreas denominadas como “reservas”. Hoy en día se encuentran alrededor de 310 reservas indígenas: mientras algunos pueblos tienen varias reservas, otros comparten una sola reserva entre varios, y otros no tienen ninguna. Los territorios de todas las reservas del país representan sólo el 2.3% de la superficie total del país.Mientras, en un informe llamado “¿A quien le pertenece la tierra? (Who Owns the Land), el Departamento de Agricultura estableció que las familias estadounidenses euro-americanas son propietarias de más del 98% de las tierras rurales privadas de los EEUU, que suman 856 millones de acres (un poco más de 346 millones de hectáreas), o sea la casi totalidad del resto del país aparte de las tierras públicas que posee el gobierno federal.
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Desplazamientos forzados y creación de las ‘reservas’
El primer gran recurso que tomaron los primeros colonos al llegar al norte del continente fue la tierra, despojando a los pueblos que habitaban el territorio, desplazándolos a la fuerza de sus territorios ancestrales y reubicándolos en áreas definidas. La “Ley de Desplazamiento Indio” (Indian Removal Act), firmada por el presidente Andrew Jackson el 28 de mayo de 1830, le dio al presidente el poder de hacer tratados con todas las naciones ubicadas al este del Mississippi, obligándolas a entregar sus tierras a cambio de otro territorio en el oeste.
“Nos desplazaron a otros lugares donde podían controlarnos mientras tomaban todo lo que podían tomar y empezaban a fundar ciudades blancas que tuvieran acceso al agua, tierras fértiles para cultivar alimentos y espacio para vivir”, explica Chris.
A lo largo de la década de 1830, decenas de miles de nativos fueron desplazados de sus tierras ancestrales. Fue el caso de las naciones Chickasaw, Choctaw, Muscogee-Creek, Seminole, Cherokee, Osage, Wyandot, Kickapoo, Potawatomi, Shawnee o Lenape, entre otras.
“Mi pueblo, el pueblo Potawatomi, fuimos desplazados de Michigan hasta Kansas. Nos hicieron caminar hacia allá y perdimos a mucha gente en el camino, murieron antes de llegar. Además, nos desplazaron a un lugar que era el territorio de otro pueblo, el pueblo Osage pero a ellos los desplazaron hasta Oklahoma. Al final, tienes a dos naciones desplazadas de sus lugares de origen, a lugares de donde no son",
COMPARTE CHRIS.
En 1851, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Apropiación India (Indian Appropriation Act), el cual empezó a organizar el desplazamiento de las naciones en áreas aún más chiquitas, llamadas reservas.
Esa política tuvo consecuencias terribles para los pueblos. Además de la ruptura creada con sus territorios ancestrales, pueblos enteros perdieron sus medios de sustento al ser ubicados en áreas desconocidas o reducidas donde las posibilidades de cultivar, pescar o cazar eran limitadas.
“Los pueblos originarios, siempre hemos estado en el camino de su supuesto "progreso". Los lugares donde nos pusieron eran lugares que los blancos consideraban inhabitables. Las reservas no fueron originalmente pensadas como espacios donde pudiéramos sobrevivir como comunidades. Básicamente, querían que viviéramos en estos campos como prisioneros y que muriéramos por no poder cuidar de nosotros mismos. Pero eso no sucedió, somos personas fuertes, nuestras ceremonias nos enseñan a ser fuertes y aguantar, y pudimos, a través de nuestros métodos espirituales y de nuestros métodos comunitarios, sobrevivir a este continuo genocidio y bajo la ocupación militar de nuestros territorios”, cuenta Chris.
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Extractivismo en las reservas
A pesar del tamaño muy reducido de los territorios en los que los pueblos originarios de Estados Unidos han sido recluidos, siguen en la mira del gobierno y grandes transnacionales por su riqueza en recursos naturales.
El departamento del interior estadounidense, en una sesión del Comité sobre Asuntos Indios, estimó que hay "15 millones de acres de energía y recursos minerales potenciales" en las reservas indígenas del país, además de los 2.1 millones de acres que ya están siendo explotados por su riqueza de recursos.
Según un informe del Revenue Watch Institute, las tierras indígenas contienen alrededor del 30% del carbón que se encuentra al oeste del Mississippi, hasta el 50% de las posibles reservas de uranio, y hasta el 20% de las reservas conocidas en gas natural y petróleo. Robert Middleton, ex director de la Oficina de Energía y Desarrollo Económico Indígena, estimó que "estas tierras contienen más de 5 mil millones de barriles de petróleo, mil millones de metros cúbicos de gas natural y 53 mil millones de toneladas de carbón que son técnicamente recuperables con tecnologías actuales”.
“En el transcurso del tiempo, con las reservas, lo que descubrimos es que nos aislaron del mundo, pero al fin de cuentas esas tierras son muy ricas en minerales y recursos, ricas en todo lo que América ahora quiere, desde petróleo hasta oro, cobre, uranio y plutonio ... y es lo que las compañías de extracción de recursos ahora están descubriendo. Siempre hemos dicho que somos defensores de la madre tierra y los cuidadores de esta tierra y lo que estamos descubriendo es que no fue una coincidencia que terminamos en estos lugares porque son los lugares donde quieren hacer el mayor daño a la tierra ahorita”, resume Chris.
Aunque el gobierno estadounidense reconozca a las naciones indígenas como soberanas – la soberanía se refiere a su derecho a auto-gobernarse dentro de las fronteras del país – las naciones siguen siendo consideradas como "naciones domésticas dependientes”. La relación de dependencia se refleja claramente en la configuración legal en la que existen las naciones y sus territorios: no son dueñas de sus tierras sino que son tratadas como pupilas del gobierno bajo una doctrina de “responsabilidad y confianza”. El gobierno de los EE. UU. posee legalmente las tierras y está obligado por ley a proteger esas tierras "en beneficio de los pueblos indios hoy y para siempre”. Las tierras incluyen la superficie y el subsuelo. Los habitantes de las reservas son usuarios de sus tierras sin poseerlas legalmente de forma privada o colectiva. “Con la soberanía, se supone que deberíamos de tener relaciones iguales, ‘de gobierno a gobierno’, pero en realidad es sólo una ilusión”, denuncia Christopher.
Ese sistema heredado de la historia colonial estadounidense es una manifestación del paternalismo racista con el que el gobierno ha tratado los pueblos hasta la fecha. Es una situación que le ha permitido al gobierno tomar múltiples decisiones por encima de la voluntad de los pueblos a lo largo de la historia, en particular respeto a la explotación y venta de los recursos naturales ubicados en sus tierras.
Así, de acuerdo con la doctrina de “responsabilidad y confianza”, el gobierno estadounidense debe de asegurar que las naciones reciban “una compensación justa” en el caso en que sus tierras o recursos sean explotados. Además de negarle a las naciones el derecho de proteger sus tierras de la explotación imponiendo proyectos sin su consentimiento, el gobierno y las empresas han impulsado un sin fin de proyectos extractivistas en tierras indígenas pagándoles migajas a las naciones. “El resultado fue que los nativos americanos en todo el país tuvieron décadas de ingresos perdidos”, menciona la Radio Pública National (NPR en inglés) en una nota entitulada U.S. Government To Pay $492 Million To 17 American Indian Tribes (“El gobierno US debe 492 millones de dólares a 17 naciones indígenas”).
En las últimas décadas, diferentes cambios en las leyes han empezado a promover más control sobre el manejo de sus recursos naturales por parte de los pueblos. Ese cambio de reglas ha ido de la mano con un discurso sistemático acerca de la necesidad de los pueblos de “desarollarse” para combatir a la pobreza, el “desarrollo” pasando necesariamente por la explotación de esos recursos.
***Leyes sobre minería en territorio indígena***
No fue hasta 1938, con la Ley de Concesión Minera India (Indian Mineral Leasing Act), que la realización de proyectos extractivistas en territorios indígenas fue condicionada a la aprobación de los pueblos. Antes, su única obligación hacia las naciones era el pago de “royalties” o regalías a cambio de la explotación. Con esa ley, los pueblos sólo daban su aprobación: no podían negociar las condiciones de las concesiones ni mucho menos cancelar una concesión una vez otorgada o “influenciar las operaciones”.
En 1982, el Indian Mineral Development Act otorgó el derecho a las naciones originarias de negociar sus propios “acuerdos de desarrollo de minerales” con empresas extractivistas, desde la exploración hasta la explotación, así como de agregar cláusulas específicas, por ejemplo sobre el empleo de mano de obra local o la subcontratación a empresas locales. Con esa ley, el Secretario del Interior todavía tenía que aprobar los acuerdos antes de que fueran validados.
La ley más reciente data del año 2005, con el Tribal Energy Development & Self-Determination Act (Ley de desarrollo tribal de energía y auto-determinación). Con esa ley, las naciones originarias tienen la posibilidad de hacer acuerdos con el Secretario del Interior, los cuales les dan después el derecho de hacer “acuerdos comerciales y concesiones para el desarrollo de recursos energéticos, así como otorgar derechos para el paso de tuberías o líneas de transmisión y distribución eléctricas en sus tierras sin la revisión y aprobación del Secretario”.
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Nuevas estrategias
La estrategia por parte de los gobiernos y de las empresas extractivistas es ahora la de convencer a los mismos pueblos de negociar concesiones y contratos para la explotación de los recursos naturales ubicados en las tierras que habitan, con la promesa de que así podrán mejorar sus condiciones de vida.
En cuanto a las naciones y sus autoridades, existe hoy una diversidad de posturas frente a esa situación. Mientras unos rechazan esa idea de desarrollo y están buscando las formas de proteger y cuidar sus tierras de la llegada de proyectos mineros o de extracción de petróleo, otros quieren seguir cambiando las leyes para acelerar el proceso y poder explotar sus recursos naturales más fácilmente aún. En efecto, una serie de etapas administrativas todavía son necesarias a la hora de querer extraer recursos en esos territorios.
En ese contexto, muchas personas temen la posibilidad de una futura tendencia a la privatización de las tierras ubicadas en las reservas, la cual aceleraría drásticamente el desarrollo de proyectos. Saben por experiencia el peligro de ese tipo de cambio legal ya que ya han vivido una etapa similar en el pasado, la cual había llevado a la perdida de más de 90 millones de acres de tierras colectivas entre 1880 y 1930, según el ex-asistente del Secretario de Asuntos Indios del Departamento del Interior y miembro de la Nación Chickasaw de Oklahoma, Kevin Washburn.
Extractivismo en tierras sagradas
Las tierras legalmente “reservadas” para las naciones originarias no son las únicas en estar bajo amenaza de saqueo: la historia de reducción de los territorios indígenas en los siglos pasados ha dejado fuera una gran cantidad de sitios sagrados. Gran parte de ellos están ahora ubicados en tierras “públicas”, que son propiedades del gobierno federal estadounidense o de gobiernos estatales, pero algunos también se encuentran en tierras privadas. Como consecuencia, los pueblos indígenas han perdido el control sobre esos lugares, los cuales se han vuelto vulnerables a las acciones de poblaciones no indígenas que no tienen relaciones cercanas con la naturaleza y suelen destruir espacios sagrados por razones económicas o de recreo.
Aunque existan varias leyes para darle cierta protección a los sitios sagrados - por ejemplo, la Ley de libertad religiosa de los indios americanos (American Indian Religious Freedom Act) estableció en los años 1970 que las agencias federales deben de consultar a los pueblos indígenas antes de tomar cualquier decisión que pudiera afectar algún sitio sagrado ubicado en tierras de propiedad federal – últimamente la tendencia del gobierno ha sido ignorarlas.
Es el caso de un lugar llamado Oak Flat (Encino Plano) en el actual estado de Arizona: está ubicado en tierras públicas y está bajo mandato del Servicio Forestal, y desde 1955 había sido declarado oficialmente “libre de mineras” por el Presidente Dwight D. Eisenhower.
“Es un sitio sagrado para los pueblos Navajo y Apache, especialmente los Apache, donde las mujeres jóvenes van para tener sus ceremonias de transición a la feminidad. Es un lugar muy especial para esas personas porque es el lugar donde nacen las madres de las futuras generaciones. Son ceremonias muy importantes para que puedan conservar su identidad”, precisa Chris.
A pesar de las protecciones que se le había otorgado, en diciembre del 2014 el Congreso lo entregó a una empresa minera Australiana-Inglesa, la cual pretende extraer grandes cantidades de cobre en la zona.
También es el caso más reciente de dos áreas cercanas conocidas como el Bear Ear National Monument y el Grand Staircase-Escalante National Monument, en el actual estado de Utah. En diciembre del 2017, el presidente Trump anunció un recorte del 85% de la superficie de esas zonas protegidas, un amplio territorio de cañones de roca roja con múltiples sitios sagrados. “Sabemos que están llegando a sacar los recursos que están en la zona”, explica Chris.
Justo, un informe del Departamento del Interior liberado en la primavera del 2017 declaraba que la meseta de Kaiparowits, ubicada en el area del Grand Staircase-Escalante National Monument, contiene uno de las depósitos de carbón más grande del país.
El Washington Post revelaba también en diciembre del 2017 la presencia de grandes cantidades de petróleo, gas y uranio en el área, la cual abarca también más de 100 000 sitios arqueológicos indígenas, según el periódico.
“Los del gobierno, por ser gente que se supone que escribe constituciones y obedece la ley, realmente se hacen bien pendejos cuando se trata de política indígena, como si no entendieran los acuerdos originales. Los reconocimientos legales que hacen sólo son otra forma de darnos la ilusión de que vamos a ser legítimizados, pero al final es una mentira.
Más bien se legitimizan ellos mismos haciendo leyes y pretendiendo que las van a respetar, pero si quieres estudiar la forma en la que se portan en realidad, sólo estudia sus relaciones con los pueblos indígenas de Estados Unidos, Canadá, México y Sudamérica y verás que siempre están cambiando las leyes por su propio beneficio porque en realidad, los recursos que tienen vienen del robo de otros pueblos. No tienen suficientes recursos para satisfacer sus necesidades, entonces lo que hacen es que van a otros países y toman sus recursos. La mayor parte de los bienes que están disponibles para los estadounidenses vienen del despojo de pueblos indígenas de todo el mundo. Por eso es que no quieren que otros países sean auto-suficientes, que sean soberanos. El sistema que han construido está basado en el despojo, el despojo constante”, concluye Chris.
