Fotos: Santiago Navarro y Aldo Santiago
Detrás de los planes de las instituciones financieras y ONGs conservacionistas para “combatir” la crisis climática, se encuentra un proyecto que tiene como fin generar ganancias a través de la venta indiscriminada de los bosques. Tal es el caso de las Áreas Protegidas de Guatemala, donde se aplica este modelo para reverdecer el capitalismo a través de políticas locales para el reordenamiento territorial ejecutadas tras la firma de los acuerdos de paz en 1996.
En el departamento del Petén, al norte del país centroamericano, las Áreas Protegidas nacieron inspiradas en los modelos tradicionales de conservación inventados por los EEUU para la colonización del “salvaje oeste”, áreas donde no se admite presencia ni intervención humana. Dicho modelo difundido por organizaciones conservacionistas construyó el parámetro “ambiental” en los países tropicales después de la segunda guerra mundial, y es responsable de expulsar a millones de campesinos e indígenas de sus tierras en todo el mundo; destruir sistemas ancestrales de manejo de los bienes comunes; empobrecer y desarraigar comunidades, además de imponer métodos coloniales de gestión territorial.
Cerca del 70% del departamento del Petén ha sido declarado como Área Protegida a través de la denominada Reserva de la Biósfera Maya (RBM), territorio que alberga una riqueza cultural y biodiversidad invaluable: los sitios arqueológicos de la cultura Maya más importantes, junto con las mayores reservas de petróleo, agua, bosques y tierras fértiles en Guatemala.
Estos recursos colocan al Petén en el centro de los planes de “desarrollo sustentable”, basados en la exportación de commodities (mercancías) a la par de proyectos de conservación, articulados en el siglo XXI por la exacerbación de lo aparentemente contradictorio: el Plan Mesoamérica, de infraestructura e integración económica-energética con sus proyectos extractivos, y su versión verde, las Áreas Protegidas del Corredor Biológico Mesoamericano, ambos modelos de gestión territorial financiados por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En Guatemala, las Áreas Protegidas son gestionadas a través de una alianza entre endebles instituciones del Estado y ONGs mantenidas por instituciones financieras globales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Ford y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ), en conveniencia con The Nature Conservacy, World Wild Fund, Conservation Internationl, Wildlife Conservation Society y Rainforest Alliance, entre otras ONGs, quienes publicitan proyectos de “gestión forestal sustentable” como casos exitosos de conservación mediante mecanismos que buscan moldear el marco regulatorio nacional que incorporará un nuevo commodity a exportar: los bonos de carbono.
Con ello buscan consolidar la repartición de los territorios del Petén que les permitirá gestionar ecosistemas con valor estratégico para el capital transnacional, a la vez que proveerán “servicios ambientales” en sincronía con la extracción de hidrocarburos, emprendimientos de megaturismo y la expansión de monocultivos para la agroindustria.
El mismo guión del despojo. El objetivo: Guardar una especie de museo de lo que se está destruyendo en el mundo mientras a la par, dentro de las Áreas Protegidas, se gesta un proyecto económico para hacerles generar dinero para su propio sustento, el cual consiste en extraer ganancias a partir del ecoturismo contrainsurgente, el comercio forestal de exportación, y sobre todo del buque insignia de la economía verde: el programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+).
Este enfoque de territorialidad, en un contexto de creciente militarización, pretende continuar con los desplazamientos forzados de las poblaciones enclavadas por décadas en el Petén, a quienes culpa por la deforestación y de trabajar en colusión con grupos criminales. Discursos construidos para justificar el despojo de sus territorios en el nombre de la conservación.
