Habrá condenas pero no justicia. Es la frase con la cual el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) describe la resolución en el caso por el asesinato de Berta Cáceres ocurrido en marzo de 2016. En aquel año Berta se desempeñaba como coordinadora general del Copinh, organización que ha detenido la construcción del Proyecto Hidroeléctrico de Agua Zarca en el río Gualcarque.
"Han transcurrido más de dos años y medio desde el vil asesinato de la hermana Berta Cáceres, cometido por la empresa DESA en complicidad con el estado de Honduras. Este jueves va a emitirse el primer fallo que juzgará al eslabón más bajo de esta estructura criminal", afirmó Laura Zúñiga, hija de Berta.
Durante 2013 y 2014, varios esfuerzos de los empresarios buscaron criminalizar a Cáceres, entonces coordinadora del Copinh para debilitar el proceso organizativo en defensa del río Gualcarque. Y fue entre octubre de 2015 hasta marzo del 2016 que operó la planeación y asesinato de Berta.
Para ello DESA desarrolló actividades como el pago de informantes en la comunidad de Río Blanco para monitorear las acciones de Cáceres. De acuerdo al Copinh la labor era dirigida por David Castillo y Daniel Atala Midence, conocida entre los directivos de la empresa e implementada por los jefes de seguridad de la misma.
Infpgrafías elaboradas por el Copinh sobre las pesquisas y evidencias en la causa Berta Cáceres.
En un proceso lleno de irregularidades, familiares de Berta y el Copinh han denunciado que la sentencia tiene como objetivo mantener la impunidad de los autores intelectuales pues el Tribunal decidió continuar con el desarrollo del juicio pese a que el equipo legal del Copinh presentó un recurso de amparo en su contra. Incluso y pese a las denuncias de abuso de autoridad y denegación de justicia por parte del Tribunal, el mismo expulsó del juicio a las representaciones legales del Copinh.
El Ministerio Público, quien asumió la acusación pública durante el juicio, solicitó sentencias contra los ocho hombres detenidos entre el 2016 y el 2017, involucrados en este juicio. El noveno imputado detenido el mismo día que se cumpliera dos años del asesinato de Cáceres, David Castillo, será juzgada en un proceso diferente. El fungía presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA y es el único detenido hasta el momento relacionado en la autoría intelectual del asesinato de Berta. El primer juicio concluyó el 24 de noviembre.
"Jurídicamente, la estructura criminal que ejecutó el crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro es responsable, al menos, de los delitos de asociación ilícita, asesinato y tentativa de asesinato conforme lo establece el artículo 332 y 117 del Código Penal vigente", denunció el COPINH en su artículo titualdo "¿Qué ha pasado en el primer juicio de la causa Berta Cáceres?".
En una publicación del 20 de noviembre, el Copinh destaca la complicidad entre el aparato estatal y los empresarios tanto a nivel local como mundial ante su responsabilidad en el asesinato de Cáceres.
El comportamiento institucional del Ministerio Público y del Poder Judicial en este primer caso, reflejan el fracaso absoluto del sistema de justicia, en virtud que es notorio que en el desarrollo del mismo han privado los sútiles o abiertos acuerdos de los jerarcas de las instituciones y no el respeto a la ley y a los derechos de las víctimas y de los mismos imputados en el procedimiento. Este fracaso se sustenta en la confabulación de actores institucionales relacionados con el crimen, pero además en el apoyo que la cooperación internacional hegemónica sigue dando a un sistema “normalmente corrupto” y violador de normas básicas en materia de derechos humanos y de los derechos de los pueblos y comunidades a ejercer soberanía sobre su territorio
De acuerdo a Rodil Vásquez, quien pertenece al equipo legal de la familia de Berta, existen conversaciones en poder de las autoridades desde mayo del 2016 donde se evidencia la colusión entre socios y directivos de la empresa DESA, funcionarios públicos y elementos de la policía y ejército de Honduras como parte de la estructura criminal responsable por el asesinato de Cáceres.
El fallo dado a conocer en la tarde del 29 de noviembre absolvió a uno de los presuntos sicarios y encontró culpable al resto de las siete personas, entre quienes se encuentran por lo menos dos empleados de DESA y elementos del ejército.
"Después de más de 2 años de denunciar la estructura criminal conformada por la empresa DESA para asesinar a Berta Cáceres, hoy esto quedó expuesto en el fallo del Tribunal. Ya no solo lo dice la familia o el COPINH, lo dice un fallo judicial", expresó Victor Fernández, también integrante del equipo legal del Copinh. El abogado destacó que en el fallo los autores materiales lo hicieron con alevosía (crimen planificado) y por recompensa de parte de empleados de DESA lo cual vincula directamente la empresa con el homicidio.
"El veredicto no satisface nuestras demandas, porque el fallo que condena al grupo sicarial y la estructura intermedia no significa que se alcance la justicia. Las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune", afirmó Berta Zuñiga, hija de Cáceres durante conferencia de prensa tras la divulgación del fallo del Tribunal.
