A menudo se le dibuja una sonrisa sincera en su semblante. De vez en cuando, le brotan los recuerdos, como queriendo rehacer su historia con pequeños destellos de buenos momentos. A sus 60 años, María Ortíz * cocina alegremente para los obreros de su barrio. Ella recuerda que primero trabajó, por mucho tiempo, como empleada en diversos restaurantes. Pero un día se decidió inaugurar su propio comedor frente a su casa, en el Barrio La Florida, en la Comuna 13 de la ciudad de Cali, en Colombia.
La casa de María es sencilla, algunas paredes son de concreto, de madera y otras de lámina. Pero cuenta con todos los servicios. Tiene tres dormitorios, la cocina, la sala, el baño y hasta un pequeño patio donde tiene plantas y gallinas. Cada parte guarda algún recuerdo suyo. “Trabajé día y noche con mi esposo para construirla”, cuenta con una mirada llena de complicidad. Sonríe otra vez y dice, “para vivir feliz”.
Pero esta sonrisa se le borra. Suelta algunas lágrimas y, con cierta tristeza y una mezcla de rabia, recuerda que su barrio, junto a otros 12 más asentados a orillas del Río Cauca, serán desalojados por posibles inundaciones. El pasado 13 de Septiembre de este año 2019, doña María recibió sorprendida lo que ya esperaba con preocupación: la orden oficial de desalojo. La misma que han recibido sus vecinos. Pero esta vez, los funcionarios de gobierno llegaron acompañados con miembros del ejército.
Casas que ya han sido derrumbadas tras la firma de los vecinos que aceptaron ser reubicados. Foto por Santiago Navarro F.
Vecinos que resisten contra el Plan Jarillón. Foto por Santiago Navarro F.
Esta mujer es una entre las 8,777 familias que serán desalojadas para dar paso al macroproyecto denominado El Plan Jarillón de Cali, el cual reubicará a 5,115 familias asentadas en el Jarillón y el resto en las Lagunas del Charco Azul y del Pondaje, donde habita doña María. Este proyecto ha sido justificado para contener posibles inundaciones del río Cauca, Canal Interceptor Sur, río Cali y el sistema de drenaje oriental de esta ciudad, provocadas, según las autoridades, “por el cambio climático”.
La preocupación por las posibles afectaciones de los desastres naturales hacia estos barrios es tan grande que el proyecto viene trazado desde el gobierno nacional, pero sobre todo, apegado a los acuerdos establecidos por La Asamblea General de la ONU, quienes han adoptado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En esta Agenda se plantean 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental para todos los países que forman parte de esta Asamblea. En su objetivo 11 menciona como prioridad las grandes urbes y sus áreas periféricas. “Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. Realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva”, dice el Objetivo de Ciudades Sostenibles de esta Agenda.
En el marco de estos acuerdos los gobernantes de este país crearon el Plan Integral de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático para Santiago de Cali, el cual asegura que, “partiendo de la premisa de que las expectativas de crecimiento y bienestar deben ser sostenibles (…), de acuerdo a lo anterior, Santiago de Cali ha decidido concretar la gestión del cambio climático dentro de su territorio, con el propósito de que el modelo de ordenamiento territorial, de organización social y de desarrollo económico sean compatibles con el clima”.
María, al igual que las personas que habitan estos predios, desconoce esta Agenda y los objetivos reales del Plan Jarillón. Lo único que recuerda esta mujer es del día en llegó a habitar este lugar. “Era un tiradero de basura y había mucha violencia. Era un lugar peligroso. Trabajamos duro para tener una vida digna en este lugar”, cuenta con nostalgia.
La habitante del barrio La Florida se muestra escéptica e incrédula de que se puedan inundar sus barrios. “Supuestamente corremos riesgo de inundarnos. Los años que llevo viviendo en esta casa nunca he sabido qué es una inundación. Antes nadie quería estos lugares, ya que le hemos dado vida ahora vienen y nos quieren quitar. Son casi 20 años que he dedicado, mi salud y mi vida a construir esta casa. Otras personas tienen viviendo aquí más de 30 y hasta 50 años”, relata esta señora.
“Ellos quieres quitarnos de aquí para hacer sus negocios. Quieren modernizar pero para la gente rica, no para nosotros”, comparte la vecina de María, Laura Buitrago, quien lleva viviendo 36 años en este barrio.
El desalojo
El barrio de María es uno de los más seguros en esta área pues la dinámica de vida no solo se reduce a las paredes de cada vivienda. Los ancianos toman el aire fresco en sus sillas en las calles y callejones donde hay poca circulación de automóviles, quizás porque no hay pavimento. Esto permite a los niños tener una vida activa en el deporte en las calles y en algunas áreas provisionales donde juegan fútbol.
Pero este barrio no solo es habitacional, hay diversos talleres que ellos llaman “fábricas” de muebles de madera y de hierro. También hay fábricas de calzado y de costura. Muchos de los jóvenes de este y otros barrios aquí han encontrado su primer empleo con salarios dignos. Esto le da vida a la economía de los pequeños comercios que venden productos básicos y o comida, como el de doña María.
"Me pregunto si en su plan de reubicación está también contemplado el empleo para los jóvenes. ¿Qué va a pasar con los más adultos a quienes ya no les dan trabajo?", cuestiona Laura Buitrago, sabiendo que la reubicación no solo tiene que ver con una nueva vivienda, sino con toda otra dinámica para continuar con su cotidianidad.
Las casas donde fueron reubicadas las primeras personas que decidieron firmar se agotaron y hoy, centenas de personas a quienes les han demolido sus viviendas no tienen a donde ir. Hasta los primeros meses de esta año 2019, el gerente del Plan Jarillón, Juan Diego Saa Tafurt, aseveró que solo se ha concluido “el 52% en el proceso de reasentamiento, tenemos actualmente 4680 familias reasentadas y nos quedan faltando 4097 más”.
Contrariamente a lo que sostiene el gerente, la señora Buitrago afirma que solo se han entregado “2 mil viviendas y el resto de las personas que tenían que reasentar están sin casa actualmente”.
“Es una clara violación a los derechos humanos”, expresa esta vecina, además porque que no todas las personas serán acreedoras a una vivienda. “Por ejemplo, uno de los requisitos para poder ser reubicados es no contar con otra propiedad en otro lugar. Si alguna persona de estos barrios cuenta con otro predio les llaman cruzados”, por tanto no merecen una reubicación según Buitrago.
Este es el caso de doña María, a quien le han dicho que no tiene derecho a una reubicación porque según la base de datos de los acreedores a una vivienda, ella cuenta con tres propiedades. Olga se muestra sorprendida porque solo reconoce una casa que adquirió con su antigua pareja por medio del Instituto de Crédito Territorial, “la cual vendimos. Después me separé de mi primer esposo. Aquí comencé de cero con mi segunda pareja. Es increíble que me digan que tengo tres propiedades, no estaría viviendo aquí”, señala. Pero este es el caso de decenas de personas que les han dicho que están “cruzadas” pero no tienen a donde ir.
De acuerdo con el gerente del Plan Jarillón, “existen 1,500 familias que ya tenían algún tipo de propiedad. A esas familias no se les puede garantizar una segunda propiedad por parte del Estado”.
La base de datos que se construyó para la reubicación de las personas se hizo mediante un censo espontaneo y sin tener una claridad del número exacto de personas que han habitado estos predios. “Nos vinieron a ofrecer apoyo en caso de un incendio o desastres y es así como obtuvieron la información, diciendo que si perdiamos nuestros bienes nos iban a compensar económicamente. En este censo hay personas que no estaban considerados, ahora sabemos que son a los que llaman invisibles”, cuenta María.
Primero “el gobierno realizó estos censos, nosotros le llamamos verificación, un acto engañoso. La mayoría de las personas se registraron y dieron todos los datos que pidieron y otras no lo hicieron. Nos dijeron que era para una mitigación de riesgo en caso de un desastre o un incendio. Después de registrarnos en este censo nos llegó la orden de desalojo”, comparte la señora Buitrago.
No hay viviendas para todas las personas porque el principal tope al que ha llegado el propio gobierno es financiero, ya que el presupuesto destinado para esta acción fue subestimado en 60 mil millones de pesos colombianos (17 millones de dólares) hasta el 2020 y de acuerdo con datos de la propia alcaldía, las exigencias de la reubicación de estas personas rebasan los 200 mil millones de pesos (56 millones de dólares).
Mientras tanto se ha obligado y engañado a las personas para que firmen diversos documentos, entre ellos, la orden de demolición y desalojo. “La estrategia que están usando ahora es una carta-cheque de 70 salarios mínimos vigentes. Le hacen firmar a la gente con la expectativa de que les van a dar ese dinero, pero en realidad lo que la gente firman es un auxilio de arrendamiento que son por 230 mil pesos (66 dólares aproximadamente) al mes. De esa forma se está engañando a la gente, inmediatamente llegan a demoler sus viviendas y ellos, se quedan viviendo con familiares, a veces en el mismo barrio y hasta en la calle”, denuncia Buitriago.
Mientras realizábamos las entrevistas para este reportaje, Washington Paredes, un anciano de la tercera edad, nos confunde y se aproxima muy molesto. En un tono alto le dice a nuestras entrevistadas, “no firmen nada. Prometen casa o apartamentos y después no dan nada. No me han dado ni un peso”. Cuando se da cuenta que no venimos a pedir firmas, aprovecha la oportunidad y comenta más calmado, “yo estoy viviendo en la esquina, yo firmé porque me metieron un engaño, así como a mucha gente”.
Como el señor Paredes hay personas que han firmado y solo recibieron el primer pago para un arrendamiento, después no supieron más. “Engañan a la gente. Les dan un subsidio de 700 mil pesos (200 dólares). Pagan su primer mes de arrendamiento, después se quedan en ceros y van a reclamar a las autoridades y solo se quedan esperando a que los llamen. La gente está volviendo al barrio y quieren retomar sus casas, pero ya están derrumbadas”, comparte Luis Alberto Romero, quien también habita el barrio La Florida.
Llegan con amenazas, “si firman los desalojan y si no firman, también. Entonces lo tiene a uno en una encrucijada porque la gente se llena de miedo y firma. Entonces este Plan Jarillón que está compuesto también por la Secretaría de Vivienda nos tiene en una forma crítica, porque no sabemos qué hacer. Lo único que nos queda es organizarnos y resistir”,
DICE ROMERO.
El documento de desalojo que lleva el nombre de la señora María, no lo ha firmado, pero si lo hubiera hecho, el día 1 de Noviembre tendrían que llegar oficialmente a demoler su vivienda. Ahora solo le toca esperar. Su esposo de 70 años se ha enfermado a raíz de una amenaza latente de desalojo. “Ya no dormimos bien sabiendo que pueden entrar en cualquier momento”, al mismo tiempo reflexiona, “pero tenemos que prepararnos y resistir. Estoy defendiendo mi casa y mi vida digna que he construido aquí. A mi edad ya nadie me dará trabajo”.
Son mujeres las principales personas que se han organizado para resistir en este barrio. Sabiendo que pueden sufrir una violencia brutal por parte de los elementos de seguridad que han llegado a desalojar a las demás viviendas, se mantiene firmes en su resistencia de no dejar sus hogares. “Sabemos que van a mandar a la policía con toda su violencia contra nosotras, pero es una cuestión de dignidad. Si es necesario dejaremos nuestras viviendas, pero queremos un trato digno, queremos buenas condiciones de vida y no miserables como las que están ofreciendo”, dice María.
Los eternamente desplazados
La propia alcaldía de Cali y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) de Colombia, aseguran que la mayoría de las personas asentadas en estos barrios periféricos son producto de la migración efecto de la situación de violencia del Pacífico y el desplazamiento de familias víctimas del conflicto armado que duró más de cincuenta años. Barrios que recibieron escaso apoyo del gobierno para edificar sus viviendas y la creación de sus propios empleos. Y hoy, nuevamente vuelven a ser desplazados, pero ya no por la guerra, sino por nuevas políticas de desarrollo del gobierno local y nacional.
Las familias que han sido reubicadas en las Viviendas de Interés Prioritario (VIP) ya muestran inconformidades, porque no solo están próximas a la laguna Del Fondaje, de donde se supone correrían riesgo de inundación. También por su tamaño de las casas, de un área de 46 m2, donde les prometieron que tendrían sala-comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños y un estudio o tercera alcoba.
Los antecedentes en los barrios donde ya han ocurrido los desalojos violentos han sido catalogados por ser “víctima de la más atroz violación de Derechos Humanos”, según la Investigación socioeconómica, jurídica y cultural de la población de Venecia, Las Vegas y Brisas del Cauca asentadas en el Jarillón de Cali.
Así mismo, en esta investigación se constata que en estos barrios se han cometido “delitos de lesa humanidad por desterrar violentamente y sin reubicación previa a sujetos con protección jurídica internacional y con amparo constitucional reforzado como desplazados por la violencia, personas con discapacidad física, mujeres embarazadas, niños y miembros de comunidades Tribales ribereñas urbanas”.
Las personas que aún no son reasentadas se muestran con incertidumbre y con desconfianza con cualquier persona extraña que llega a estos barrios, porque lo primero que se piensa es que les toca la orden desalojo. Pero en las mujeres organizadas ven una pequeña luz, por lo menos, para que se llegue a un trato digno y una reubicación con dignidad.
Mientras tanto, el “señor Rodrigo Zamorano Sanclemente (Secretario de Gestión de Riesgo de Emergencias y Desastres del Municipìo de Santiago de Cali) y al señor Maurice Armitage (Alcalde del Municipio de Cali) tendrán que pagar una sanción de arresto por cinco días”, de acuerdo con el Juzgado 6º Municipal de Pequeñas Causas Laborales Cali-Valle, anunció el 27 de Septiembre. Quien resolvió esta medida tras el incumplimiento de una orden del Juez que obliga a reconocer y liquidar una unidad productiva que fue demolida dentro del Proyecto Plan Jarillón, perteneciente al vecino de nombre Julián Andrés Pulgarin.
De acuerdo con La Asociación para la Investigación y la Acción Social NOMADESC, este incumplimiento fue de la sentencia de tutela 096 del 29 de Mayo de 2018.
Fotos y texto por Santiago Navarro F
* Por seguridad de esta mujer y las personas que han sufrido persecución y hostigamiento, ha decidido mantenerse en el anonimato.
