Foto por Santiago Navarro, Asamblea Nacional del CNI.
Comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Maya Peninsular y Ch´ol, en el municipio de Calakmul, Campeche, obtuvieron el 14 de enero pasado la suspensión provisional de la ejecución del proyecto Tren Maya por parte del Poder Judicial de la Federación. Las comunidades organizadas dentro del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) habían previamente presentado una solicitud de amparo en contra de la consulta acerca del proyecto Tren Maya llevada a cabo por el gobierno federal en noviembre y diciembre del 2019.
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Consulta fraudulenta
En la solicitud de amparo presentada el 6 de enero del 2020, las comunidades denunciaron “la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”.
Señalaron en particular que el supuesto proceso de consulta se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en particular, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El acuerdo de la OIT establece que, los pueblos originarios valiéndose de su autodeterminación, tienen el derecho a ser consultados en relación a cualquier situación que implique una afectación hacia sus formas de vida y , la consulta debe ser “previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.
Pero los indígenas Maya alegan que esta consulta no fue ni libre ni previa, ni mucho menos informada. “Porque no recibimos información detallada con antelación suficiente, ni se respetó nuestro derecho a la participación toda vez que la estructura de los foros de la supuesta fase informativa, de fecha 30 de noviembre de 2019, fue diseñada e implementada de manera unilateral, por lo que sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades”.
Asimismo, los indígenas sostienen que, “antes de consultar, ya se había anunciado la aprobación del proyecto a través de diversos canales públicos”, por tanto, no fue una consulta “de buena fe y no fue culturalmente adecuada, dado que se repartieron papeletas electorales para depositar en casillas, a modo de votación, sin tomar en cuenta las formas de organización y toma de decisiones de la comunidad”, especificaron.
Responsables
En su demanda, señalaron en particular la responsabilidad del presidente de la República, Andrés Manuel López obrador; el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons; la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el Director General del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
El Juzgado conceda la suspensión provisional
En respuesta a la solicitud de amparo, el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Campeche, acordó conceder la suspensión provisional.
Según información del periódico El Universal, la resolución del Juzgado Primero de Distrito fue en dos sentidos. Si bien en un primer tiempo declaró improcedente la suspensión de la Consulta Indígena por ser un hecho ya consumado, luego concedió la suspensión del proyecto ferroviario, inmobiliario y comercial conocido como Tren Maya.
Según el diario mexicano, “textualmente, se lee en el acuerdo con número de expediente 12 / 2020 que se concedió la suspensión “para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, para que las autoridades responsables con independencia al resultado de la consulta realizada en relación al denominado Tren Maya, se abstengan de decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien, al haber sido decretada dicha aprobación, se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto”, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva”.
Sin embargo, el Fonatur está negando la existencia de la suspensión provisional. En un comunicado, el fondo señaló que no ha sido notificado de dicha suspensión y que de igual forma no conoce sobre alguna actuación dictada sobre este procedimiento legal.
La resistencia continua
Las comunidades de Xpujil, Calakmul, celebraron la noticia y llamaron a los demás pueblos afectados por el proyecto Tren Maya a recurrir a la vía jurídica para frenar el megaproyecto.
“Nos congratulamos por esta decisión y conminamos al resto de los pueblos en los estados de la República afectados por el Tren Maya, a que agoten la vía jurisdiccional para defender su derecho a una verdadera consulta, a la integralidad de sus tierras y territorios, y a la autonomía y libre determinación”.
Por otro lado, reafirmaron su clara intención de continuar con su organización y resistencia para defender su territorio.
“Continuaremos trabajando en acciones jurídicas de defensa, así como a nivel organizativo, llevando a cabo asambleas comunitarias en las que brindamos información relacionada con la defensa del territorio. Asimismo, seguimos estableciendo alianzas con distintos sectores académicos, investigadores, organizaciones sociales y con la Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena (CNI) a realizarse el 27 y 28 de marzo en Xpujil”, especificaron.
