El día martes 28 de julio, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) descartaron con cuatro votos contra uno que el Congreso estatal de Veracruz reforme los artículos de su Código Penal, en los que se contempla como delito la interrupción del embarazo.
De haber sido aprobada, la medida iba a obligar al Congreso de esa entidad a despenalizar el aborto. Además, pudo haber creado un precedente y así abrir la puerta para seguir luchando por la interrupción legal del embarazo en todos los Estados de la República mexicana.
Contexto
En 2016, organizaciones civiles solicitaron una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado en Veracruz, uno de los Estados del país con las normas más restrictivas sobre los derechos reproductivos de las mujeres, y con mayor registro en violencia hacia las mujeres. En la entidad, a las mujeres se les restringe la interrupción del embarazo hasta por causales como violación o riesgos para su salud.
En julio del mismo año, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) enviaron un informe al gobierno de la entidad, notificando las violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres en la entidad.
Las conclusiones y propuestas del informe señalan la necesidad de reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal en tres aspectos: despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, incluir la causal de aborto por violación y riesgo para la salud de la mujer y eliminar el plazo de 90 días para el aborto en casos de violación.
Sin embargo, hasta la fecha, el Congreso de Veracruz no ha reformado el código. Como consecuencia, organizaciones y colectivos promovieron un amparo que fue concedido por un juez federal en Xalapa, para después llegar a la SCJN en un proyecto que plantea que el Congreso de Veracruz fue omiso y tiene la responsabilidad de reformar el Código Penal para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y sin plazos en casos de violación, tal como establecen las leyes en la Ciudad de México y Oaxaca.
“Las formas siguen importando más que la vida de las mujeres”
El motivo por el cual la mayoría de los ministros rechazó la propuesta se centró en la forma del amparo, y no en el fondo. Coincidieron en que, al existir una Ley en el Estado, el congreso veracruzano no está siendo omiso sobre cumplir su tarea. También afirmaron que la Corte no puede ordenarle al Congreso veracruzano la modificación de una ley.
La primera ministra en posicionarse en contra fue Norma Lucía Piña Hernández, al considerar que la Constitución no obliga a los congresos a legislar en materia de aborto. Dijo que a lo mucho, se puede alegar una inconstitucionalidad en las leyes en Veracruz, pero aclaró que ese punto no estaba argumentado en la demanda de amparo. “Voy a ir en contra del proyecto por el tratamiento que se le da y que no comparto en específico”, concluyó.
La ministra Ana Margarita Ríos Farjat se pronunció en el mismo sentido. “No existe un mandato específico para legislar en un sentido determinado (…) esto es un problema de técnica jurídica para mí”, expuso.
“Mi voto por la improcedencia en este juicio de amparo no implica ningún pronunciamiento sobre los temas (….), significa que no emito ninguna consideración ni a favor ni en contra en relación a los temas que se tocan de fondo”, expresó por su lado el ministro Pardo Rebolledo.
Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se dijo en contra de la discusión y dijo que sus motivos eran los mismos ya expuestos por las dos ministras.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ponente del proyecto, fue el único en votar a favor.
“Sí existe una obligación legislativa que vincula al Congreso local de Veracruz para reformar sus normas penales en relación a la interrupción del embarazo”, alertó, recordando que en la Corte tienen la obligación de reformar las normas que sean discriminatorias o propicien la violencia en contra de las mujeres. “La prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria al umbral de protección que corresponde a todas las mujeres, especialmente a la luz de su derecho a la salud y de su dignidad. En todo caso, en mi opinión, aún es necesario, aún es imperativo, como sostiene el proyecto, estudiar las normas que afectan a las mujeres a la luz de un examen de igualdad transformadora”, expuso.
Descontento
La decisión de la SCJN provocó el descontentó de muchas mujeres, organizaciones y colectividades.
En una entrevista para Avispa Midia, la colectiva feminista veracruzana Brujas del Mar lamentó: “Pensamos que esto no se atendió con perspectiva de género y pasó por alto los tratados internacionales a los que se supone hay que suscribir. Veracruz es uno de los estados con mayor registro en violencia sexual y violación, del 2012 al 2017 solo hubo cuatro abortos desde institutos de la salud evidenciando que la norma 046 no protege a las mujeres embarazadas víctimas de violación y tiene uno de los códigos penales en materia de aborto más duros. El fondo era más importante que la forma, sentimos que le buscaron un pelo a la sopa y preocupa no saber hasta cuándo volverá a ponerse el tema sobre la mesa pues el que este amparo haya sido discutido tomó mucho tiempo”.
La lucha sigue
La cuestión de la despenalización del aborto es un tema urgente para toda la sociedad. “Las mujeres siempre hemos abortado, por eso se insiste que el debate no es si el aborto debe o no suceder, sino más bien si va a dejar de ser criminalizado y va a procurarse la salud y seguridad de todas las mujeres que necesiten recurrir a uno. Si bien existen redes de mujeres acompañando de manera segura los abortos, no podemos dejar atrás a todas las que no tienen acceso a ellos. Esto es un tema de salud pública”, explicaron las Brujas del Mar.
La determinación de muchas mujeres para seguir luchando por los derechos de todas quedó intacta. De hecho, una movilización fue organizada en la Ciudad de México el día 31 de julio para protestar contra la decisión de la SCJN.
