Tras cinco años del asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras, este 7 de abril, había iniciado formalmente un juicio contra el ex militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roberto David Castillo, quien fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual de este atroz crimen. No obstante, la defensa técnica de Castillo, por cuarta ocasión, presentó ante la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras una recusación contra el Tribunal que lleva el juicio.
Los abogados de Castillo pidieron a la Corte que traslade el caso a otro tribunal. Lucía Villars, portavoz de los tribunales, expresó que el juicio no podía proseguir hasta que el Tribunal de Apelaciones resolviera el asunto. Tiene tres días para hacerlo.
El abogado de la familia Cáceres, Víctor Fernández, puntualizó que la defensa presentó la recusación “haciendo un alegato forzado mostrando enemistad manifiesta con el Tribunal y ese elemento dice que lo infieren del trato que han recibido del Tribunal”.
La familia de Berta considera que la suspensión del juicio se dio en torno a nuevas pruebas que presentaron los abogados que llevan el caso, sobre un pago de más de 1 millón 200 mil dólares que recibió David Castillo, dos días antes del asesinato de Berta, por parte de Daniel Átala Sabla, gerente financiero de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), principal accionista del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, cuya construcción está planeada para realizarse sobre el Río Gualcarque.
Aunque la empresa se desvinculó de toda responsabilidad de este crimen, argumentando que "bajo ningún concepto es responsable ni tiene vínculo material e intelectual con el asesinato", la familia de Berta considera lo contrario.
Este pago “lo entendemos también como la vinculación de estos señores. Bueno esto despierta grandes suspicacias, verdad, de que esto se pueda tratar de un pago para la comisión del delito, por las pérdidas que les estaba significando la lucha de Río Blanco, liderada por mi madre”, señaló la hija de la activista asesinada, Berta Isabel Zúñiga
Los abogados del caso Berta Cáceres presentaron, además de la autorización de la transferencia, también correos electrónicos y llamadas telefónicas, un cruce de mensajes y llamadas entre Castillo Mejía y Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de DESA y militar retirado.
Yuri Mora, director de comunicaciones del Ministerio Público, agregó que la fiscalía cuenta con más de 55 medios de prueba entre testificales, periciales, pruebas científicas y testimonios para demostrar la culpabilidad de Castillo Mejía.
Por su parte, el abogado Fernández puntualiza, “esperamos que esta semana se agote el procedimiento de la recusación y ojalá en los primeros días de la otra (semana) retomemos el juicio”.
