La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) declaró la emergencia de derechos humanos de las defensoras y defensores indígenas de la Amazonía. En un comunicado expresaron que, en el año 2020, se registraron 263 asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos en América Latina, de los cuales 202 de ellos sucedieron en países de la cuenca amazónica (Colombia, Brasil, Perú y Bolivia), representando el 77% de los casos. De estos asesinatos, “el 69% fueron contra líderes y lideresas que trabajaban en la defensa del territorio, medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.”
El 14 de abril, en conferencia de prensa, el coordinador general de la COICA, José Gregorio Díaz Mirabal, del pueblo Wakuenai – Kurripaco de Venezuela, precisó que en la cumbre amazónica del Perú, en el año 2017, se realizó una evaluación que demuestra que, desde el año 2014 al 2017, fueron “600 hermanos y hermanas asesinados”.
De acuerdo con el documento divulgado por la COICA, solo en el primer trimestre de 2021, se registran 193 asesinatos de indígenas en Colombia y Perú. “Detrás de los asesinatos a defensoras y defensores indígenas de derechos humanos y la madre naturaleza, existen problemas estructurales vinculados directamente con el avance de las actividades extractivas que responden a intereses de las corporaciones con acuerdos estatales que impulsan extracción hidrocarburífera y minera indiscriminada, la deforestación agresiva, narcotráfico, militarización y la presencia de un conflicto armado que ha sido silenciado diplomáticamente y que atenta contra la integridad física y cultural de nuestros pueblos”, continúa la misiva.
“Hoy nuestro grito desde la selva es de justicia, exigir justicia, es hora de que escuchen nuestras voces, es hora, de que hagan respetar los pactos internacionales de derechos humanos civiles y de los pueblos indígenas”, expresó Díaz Mirabal.
“Nosotros como pueblos indígenas tenemos derecho a ese autogobierno a esa autodeterminación como siempre lo hemos manifestado, en razón a eso tenemos el derecho a defender nuestros derechos a defender nuestros territorios cuando hacemos referencia a que tenemos derechos a defender nuestro territorio es que ese derecho no tiene que seguir siendo atentado los compañeros que ejercen esa defensa no tiene que ser asesinados en ese ejercicio, desde la amonia colombiana nos sumamos a esa voz de protesta”. Oscar Daza Gutierrez, del pueblo Coreguaje, coordinador de Derechos Humanos de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC).
“En total son tres líderes asesinados en estos tres últimos meses del año y si hacemos una remembranza como una línea de tiempo desde el año, hace siete años atrás, desde el 2013 al 2020, podemos decir que una cifra de nueve líderes amazónicos han sido asesinados. Entonces nosotros, como pobladores indígenas que venimos luchando por territorios para tener un reconocimientos jurídico y legal de nuestras propias comunidades, sufrimos estos grandes atropellos que prácticamente el gobierno nuestro ya sea el de hoy y el de anteriores gobiernos no han tomado en cuenta esta álgida situación que preocupa mucho a la amazonia”. Jiribati Ashaninka, del pueblo Ashaninka, presidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) Perú.
“En Colombia en lo que va del año 2020-2021 estamos registrando alrededor de 46 asesinatos los cuales 16 son indígenas de acuerdo a INDEPAZ, lo misma situación está pasando otros países de la Cuenca Amazónica, es una situación grave, nosotros no podemos seguir siendo víctimas por aquellos intereses externos, por aquellos que quieren acabar la naturaleza, por aquellos que quieren activar e impulsar el narcotráfico por aquellos que quieren la militarización y en sí de manera general por la imposición del conflicto armado y la presencia de grupos armados ilegales y legales en las diferentes partes de la cuenca amazónica como se están presentando actualmente en Colombia”. Daza Gutierez.
¿Leyes internacionales sirven?
En comunicado de prensa, los pueblos de la cuenca amazónica consideran que la falta de titulación de los territorios indígenas representa unas de las mayores amenazas. Así mismo recuerdan que hay toda una serie de leyes, tratados y convenios internacionales que protegen la vida y el derecho a la libre autodeterminación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ejemplo, ha establecido “que la pérdida de los/as líder/esas representan un daño al tejido social de los pueblos indígenas. El derecho a la vida está consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).”
Además apuntan que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma en su artículo 7 que “las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona.” Además, determina que “los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.”
Jiribati Ashaninka denuncia: “La región Ucayali, una de las regiones con un vasto territorio amazónico, viene siendo depredada por sembríos ilegales. En las últimas estadísticas que hizo la gerencia de forestal de fauna y silvestre identificamos, 47 pistas clandestinas donde operan prácticamente la mafia. Nosotros, los defensores que venimos luchando fuertemente contra esta situación, estamos siendo perseguidos y amenazados.
Entonces no solamente la pandemia afecta las poblaciones indígenas sino debemos decir que grandes intereses económicos ilegales también están imperando en este momentos. Quienes son los que promueven estos tipos de actividades ilegales son los mismos funcionarios estatales y públicos. Entonces ¿en dónde el pueblo indígena puede recorrer para esta atención inmediata? El año pasado los líderes que quienes lideramos o representamos a poblaciones indígenas con más de 15 poblaciones indígenas en la amazonia ucayalina hemos sido atropellados y amenazados constantemente. Mi persona en este momento está siendo amenazada permanente.”
Los pueblos demandan
En su comunicado exigen a los Gobiernos de los 9 países amazónicos:
●Adoptar una política efectiva de protección de los derechos humanos de las defensoras y defensores indígenas de la Amazonía, sabiendo que están en una situación de alta vulnerabilidad, especialmente en los sectores fronterizos donde está expuestos a situaciones sistemáticas de abandono y desatención estatal, presión de actores armados regulares e irregulares, imposición de actividades extractivas o forestales generadoras de despojo, situación que puede llegar a constituir un genocidio por omisión.
●Realizar acciones urgentes de investigación en coordinación con los diferentes niveles de gobierno y las autoridades indígenas respectivas, de las actividades extractivistas ilegales reportadas en territorios indígenas, para su efectiva erradicación
.●Garantizar la titulación de los territorios de los pueblos indígenas, incluyendo delimitación, demarcación y saneamiento, con la debida participación de las organizaciones indígenas representativas y basados en el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas garantizados en los instrumentos internacionales,que permita salvaguardar la pervivencia de las selvas y culturas y frenar las presiones destructivas del extractivismo y la desintegración cultural y social.
●Respetar los procesos de autonomía y autogobierno territorial de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, como una alternativa que fortalece nuestra gobernanza propia, garantizando de esta forma nuestros derechos individuales y colectivos, permitiendo evitar las agresiones a nuestros territorios y detener el hostigamiento, persecución, criminalización, violaciones y asesinatos
●Ratificar y priorizar la implementación del Acuerdo de Escazú, que incluye la disposición de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad
De igual forma a las instancias internacionales de acuerdo a sus funciones y competencias, demandan:
●A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basados en los datos expuestos, pronunciarse y requerir información a los gobiernos de la cuenca amazónica sobre las acciones implementadas de prevención, atención y reparación para nuestras hermanas y hermanos indígenas víctimas de amenazas y asesinatos por la defensa de nuestros territorios y nuestras vidas. A las Naciones Unidas, presentar un informe de seguimiento sobre los asesinatos de defensoras y defensores indígenas de la cuenca amazónica y formular recomendaciones a los Estados de los 9 países amazónicos, para prevenir y reparar las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.
●Al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, que haga suya esta declaratoria en el marco de la celebración de su 20va sesión, a efectuarse del 19 al 30 de abril de 2021,e inicie un proceso para diseñar y adoptar una recomendación general sobre las defensoras y defensores indígenas, incluyendo acciones de prevención y atención, en específico la titulación de territorios indígenas como mecanismo de erradicación de actividades ilegales
.●A la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como secretaría técnica, que conjuntamente con los gobiernos de la región parte del Acuerdo de Escazú.
COICA
La COICA es una instancia de convergencia internacional, que representa más de 511 pueblos indígenas incluyendo 66 pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial, que orienta sus esfuerzos a la promoción, protección y seguridad de nuestros territorios, con nuestras formas de vida, principios y valores sociales, espirituales, culturales, políticos y económicos.
