Portada: Líderes Apurinã en la zona quemada. Foto: Antonio José Apurinã
Desde las trágicas imágenes de la Amazonía brasileña envuelta en llamas del año 2019, los incendios que han ganado visibilidad mundial, lejos de apagarse, se multiplican y con ello también el avance del acaparamiento de tierras y la expulsión de comunidades indígenas, tradicionales y quilombolas de sus territorios.
Existe un patrón que indica el uso criminal de los incendios, cuyo objetivo es deforestar territorios para después convertirlos en espacios para la expansión del agronegocio e incluso la minería.
“Los incendios no terminaron. Es la casa de estas comunidades que continúa quemándose”, señaló Carolina Motoki, integrante de la Articulación El Agro es el fuego, durante la presentación del informe que reúne análisis y denuncias de los impactos y conflictos por tierras producidos por los incendios, los cuales además de la devastación ambiental, también contribuyen al incremento de otros problemas sociales como el hambre.
Fuego
Como evidencian en los materiales de la Articulación El Agro es el fuego, el uso del fuego para expandir al agro negocio es una práctica recurrente en zonas de enorme importancia natural, tales como el Pantanal, el humedal más grande del mundo, así como en Tierras Indígenas (TI) en regiones como la Amazonía y la ecorregión del Cerrado, afectando también a comunidades tradicionales y quilombolas.
Este patrón se ejemplifica con los testimonios recopilados del pueblo Apurinã, quienes reconocen prácticas habituales realizadas por quienes invaden sus territorios, ubicados en la ciudad de Boca do Acre, en el estado de Amazonas.
“Primero vienen los madereros y cortan las maderas duras para venderlas. Al año siguiente, en verano, prenden fuego a la zona talada. Cuando llega el invierno, el agricultor viene y utiliza aviones para sembrar la maleza”, denuncian los autores Ivanilda dos Santos y Antonia Silva en el artículo “Territorio Apurinã de Valparaíso: sin acceso a los derechos territoriales”.
“El último paso es cercar y poner ganado”, testificó también el cacique Antonio José de la TI Valaparaíso: “Así todos los años hay tala, robo de madera, quema y formación de pastos y granjas”.
Cabe destacar que estos sucesos criminales han aumentado desde el inicio del gobierno de Jair Bolsonaro en el año 2019, e inclusive continuaron ocurriendo a pesar de la pandemia por la Covid-19 que azotó particularmente en Brasil.
La Articulación El Agro es el fuego seconstituyó como una reacción a los incendios forestales que asolaron a Brasil en los dos años recientes. Esta red integra una treintena de movimientos sociales y organizaciones sociales y pastorales quienes trabajan desde hace décadas en la defensa de los territorios en la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal.
El último informe publicado representa la segunda fase de análisis y denuncia sobre el uso criminal de los fuegos, lo cual se describe en siete artículos con el mismo número de casos territoriales.
En crecimiento: hambre y agronegocio
De acuerdo al análisis del informe, el crecimiento del hambre en Brasil, situación que ya afecta a 19 millones de personas, es proporcional a la expansión del agronegocio.
“En todo el país aumenta el hambre y la inseguridad alimentaria, mientras la agroindustria bate récords de cosecha. Los productos de la soja se concentran intensamente en el Cerrado y sus zonas de transición, desplazando las áreas de pastoreo hacia la Amazonía y avanzando sobre las áreas donde se cultivan importantes alimentos para la mesa de la población brasileña en varias regiones del país”, resumen Sílvio Isoppo Porto y Diana Aguiar, autores de uno de los artículos del informe.
Esta situación se ejemplifica con el hecho de que la soja y el maíz representan el 88% de la última cosecha de cereales. En contraste, alimentos presentes en la vida cotidiana de la población, tales como el arroz, trigo y frijoles, suman sólo el 8% de la producción nacional de granos, pues vieron reducidas las superficies plantadas en la última década para dar paso a los monocultivos de soja.
Para Isoppo y Aguiar, “los paisajes de monocultivo dominantes en la región podrían considerarse verdaderos ‘desiertos alimentarios’, y subrayan que, a pesar de las amenazas constantes, así como la falta de apoyo, los sistemas tradicionales de la agricultura familiar y campesina “es lo que todavía garantiza lo que queda de variedad y calidad de los alimentos, además de la agrobiodiversidad y el abastecimiento de los mercados locales o regionales”.
Pantanal arde
El Pantanal es la mayor zona inundable continua del mundo, una región que comprende parte de Bolivia, Paraguay y tiene su mayor extensión en Brasil por los estados de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur.
En este ecosistema, los incendios registrados de enero a octubre del año 2020 afectaron a 4.1 millones de hectáreas, lo que representa el 26% de su superficie. Si estos datos se comparan con los incendios del 2019, existe un aumento de casi tres veces en la superficie quemada.
Según un informe del Ministerio Público de Mato Grosso y Mato Grosso del sur, cerca del 60% de los focos de incendio en el Pantanal en 2020 fueron causados por la acción humana. En Mato Grosso del Sur, las imágenes de satélite sugieren que las llamas comenzaron en cuatro propiedades rurales.
El medio Repórter Brasil develó que los incendios en el Pantanal iniciaron en fincas que venden ganado a empresas de la familia Maggi (Amaggi y Bom Futuro), propiedad del ex ministro y ex senador Blairo Maggi, y al grupo Bom Futuro, propiedad de Eraí Maggi, uno de los mayores productores de soja del planeta. Ambas corporaciones a su vez son proveedoras de gigantes del agronegocio como JBS, Marfrig y Minerva.
Minería
El informe también destaca que la industria minera está por detrás de los incendios y refiere los casos en que han sido atacados los pueblos Yanomami y Munduruku.
Pese a que la minería es considerada una actividad ilegal dentro de los territorios indígenas, para noviembre del año 2020, la Agencia Nacional de Minería (ANM) tenía una cantidad mayor a 3,000 solicitudes activas para la exploración o explotación minera en las tierras de los pueblos originarios. De estos trámites, 58 ya habían sido aprobados.
De acuerdo al artículo firmado por Luis Ventura Fernández, integrante del Consejo Indígena Misionero (Cimi), 13 de los requerimientos mineros aprobados afectan a la Tierra Indígena Sawré Muybu perteneciente al pueblo Munduruku, ubicado en la parte media del río Tapajós. Ahí se concedió a la Cooperativa de Extração Mineral del Valle del Tapajós el derecho a explotar la casiterita hasta julio de 2022.
Sólo en 2020, se presentaron ante la ANM 145 nuevas solicitudes de autorización con superposición de tierras indígenas. Se trata del mayor volumen de solicitudes desde 1996.
En este contexto, también destaca la promoción del proyecto de ley 191/2020, propuesto por el gobierno de Bolsonaro y a punto de ser votado, el cual pretende regular la minería y la exploración de hidrocarburos en tierras indígenas.
Con respecto al proyecto de ley, Fernández destaca la relación en dos direcciones respecto a la solicitud de extracción minera y su regulación. “La expectativa de regulación alienta al mercado minero y, al mismo tiempo, el aumento de las solicitudes del mercado alimenta la narrativa de ‘legitimidad y urgencia’ de la iniciativa de regularización política”, ante lo cual “automáticamente, el mercado se calienta y el número de solicitudes aumenta considerablemente, incluso antes de que se produzca la regularización”.
Este proceso de regularización, aún en curso, no impide que la minería avance. Datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) revelan que el 72% de toda la minería realizada en la Amazonía entre enero y abril del año 2020 tuvo lugar dentro de áreas protegidas.
A su vez, una encuesta realizada por la Universidad Federal de Minas Gerais y el Ministerio Público Federal estimó que entre 2019 y 2020 se utilizó un volumen de 100 toneladas de mercurio en la minería ilegal en territorios de la Amazonía.
Cicatrices
Los artículos de la plataforma El Agro es el fuego muestran la dimensión de las cicatrices dejadas en los territorios donde el uso criminal del fuego impacta contra la naturaleza y la vida de quienes habitan estos territorios. También recoge un apartado para visibilizar las acciones de resistencia y los anuncios de esperanza de los pueblos y comunidades tradicionales.
Con el material compartido por la articulación, compuesto por datos y testimonios concretos, el informe enfatiza que los incendios no son eventos aislados, sino que son parte de un proyecto político y económico que continúa la devastación del medio ambiente y los hogares de los pueblos originarios y comunidades tradicionales.
