Foto: Ofraneh
El miércoles, 1 de diciembre, el derribado presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reconoció la victoria de Xiomara Castro, del Partido Libre, en las elecciones a la presidencia de Honduras.
El anuncio de la derrota del oficialista Partido Nacional (PN) se produjo tras un par de días de lento recuento de votos, en los que la tensión se disparó cuando los dos candidatos principales se declararon ganadores, provocando el temor de que se repitieran los violentos robos electorales que han marcado la política hondureña desde el golpe de Estado de 2009. Hasta el viernes, Castro había obtenido el 51.14% de los votos y Nasry Asfura, del PN, el 35.67%, con cerca del 70% de las actas transmitidas y una participación cercana al 70%, según el Consejo Nacional Electoral.
Xiomara Castro es conocida como protagonista de las manifestaciones contra el golpe de Estado que tuvo lugar en junio de 2009, cuando su esposo Manuel Zelaya fue destituido de la presidencia por la fuerza al ser secuestrado de madrugada y expulsado al país vecino, Costa Rica. Desde entonces Castro ha surgido como una figura central del Partido Libertad y Refundación (Libre), fundado por Zelaya en 2011 en el contexto de acuerdos políticos que dieron lugar a la oficialización del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), la coalición que se opuso al golpe.
En 2013 Castro se presentó como candidata a la presidencia en las disputadas elecciones que llevaron al poder a Juan Orlando Hernández, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de la consolidación del narcogobierno hondureño. En 2017 el Partido Libre se alió con otros partidos de la oposición para apoyar como candidato a la estrella de la televisión Salvador Nasralla, actual vicepresidente electo. En ese año, Nasralla se unió a los observadores internacionales para denunciar un fraude electoral en el que Hernández volvió a salir victorioso, lo que provocó protestas masivas y una violenta represión militarizada por parte del Estado. En 2021 el Partido Libre asume el poder como parte de una coalición resultante de tenues pactos con partidos centristas y conservadores.
En Honduras y en toda la región muchas personas y organizaciones están celebrando la victoria electoral de Xiomara Castro. Sin embargo, está claro que la herencia del atribulado aparato del narcoestado por parte de una coalición irreconciliable no se traduce fácilmente en un cambio sobre el terreno para la mayoría de las hondureñas y hondureños. Los movimientos sociales de base -incluyendo las organizaciones populares prominentes que hicieron un llamado a votar por Castro- tienen claro que el enfoque seguirá siendo la construcción de la autonomía desde los territorios.
Avispa Midia habló con dos líderes de larga data para escuchar sus puntos de vista sobre lo que esta reorganización del panorama del poder en Honduras implica -y no implica- para los movimientos sociales populares indígenas, campesinos y negros.
12 largos años destripando el Estado
Conocí a Selvin Merlo en la cabina de Radio Dignidad en San Juan Pueblo, en el departamento de Atlántida, a pocas horas de la costa caribeña de Honduras.
A este miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) le encanta compartir sus conocimientos sobre la política regional, durante programas de radio populares o con un café fuerte tamizado con un filtro de tela, al estilo hondureño. Esta vez, resumió con la paciencia de un profesor de historia los impactos de más de una década de gobiernos golpistas.
“El golpe de estado de 2009 dejó fracturado al país”, comienza. Esta ruptura explosiva llevó a la toma de poder de Porfirio Lobo Sosa, quien inauguró un proceso de despojo del Estado y de los territorios bajo la bandera de Partido Nacional.
Para Merlo, de lo que más sobresale “es el robo al Seguro Social que anda en alrededor de 300 millones de dólares. Ese robo le garantizó financiamiento a la política del Partido Nacional y con esto logró imponerse en el año 2013. Es así como Orlando Hernández pasa a controlar el gobierno y en este periodo de tiempo comienza a materializarse todo una esquema orientado a capitalizar el poder, pero sobre todo a garantizar toda una estructura criminal alrededor de su gobierno”.
Hernández consolidó mecanismos legales y constitucionales para facilitar la venta de territorio y bienes comunes al capital transnacional, así como para criminalizar y reprimir a las defensoras comunitarias que se oponían a este proceso. El ejemplo más nefasto es el proyecto estrella del gobierno de Hernández: las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, conocidas como ZEDEs, o las llamadas ciudades modelo. Como se ha documentado en este medio, se trata de territorios con abundantes bienes naturales que se gobiernan mediante un sistema político propio en el que se cede el control judicial, económico y administrativo a inversionistas como parte de un laboratorio de fantasía de libre mercado. Como lo caracterizan las Plataformas Sociales y Populares de Honduras en un comunicado:
“[El proyecto de los ZEDES es] derivado de una lógica racista, colonialista y de desprecio contra nuestros pueblos, en función de enriquecer aún más a quienes ya nos explotan. Este proyecto inconsulto violenta la Constitución y pretende crear estados gobernados incluso por extranjeros dentro del Estado de Honduras, donde las leyes que garantizan los derechos del pueblo no tendrán aplicación”.
Merlo dice que la promoción de las ZEDEs y otros megaproyectos fue de la mano con la militarización de los territorios en disputa: “Se fueron creando grupos armados, siempre del gobierno, y de igual forma se creó la Policia Militar….y se fueron creando otros aparatos armados dentro de la misma cúpula militar”.
En el período más reciente, el cual los movimientos sociales reconocen como una narcodictadura, la legislación de la violencia estatal se ha profundizado, dice Merlo. Un ejemplo destacado es la aprobación en 2017 de la llamada Ley Antiterrorista, que reformó el código penal del país para calificar como terrorista a quien realice cualquier acto destinado a “intimidar o causar terror u obligar al Estado y organización internacional a realizar cualquier acto”, incluidos los manifestantes.
Asimismo, a menos de dos meses de las elecciones de 2021, el Congreso modificó nuevamente el código penal para aumentar las penas por el delito de usurpación de 4 a 6 años. Merlo asegura que esta reforma tiene como único objetivo “la criminalización del movimiento social hondureño”, ya que la usurpación puede interpretarse como el apoderamiento de bienes del Estado o destinados a servicios públicos como carreteras o parques. De esta manera, la ley amplía la caja de herramientas legales del Estado para judicializar y suprimir la protesta social.
Al mismo tiempo que Hernández ha tipificado a las defensoras comunitarias como terroristas y delincuentes, los vínculos de su gobierno con el narcotráfico son cada día más explícitos. En marzo de este año, un juez federal de Nueva York dictó cadena perpetua contra su hermano, el ex diputado Juan Antonio “Tony” Hernández, por cuatro cargos, entre ellos el de tráfico de drogas a Estados Unidos.
Durante la lectura de la sentencia, los representantes de la Fiscalía estadounidense señalaron que el condenado “conspiró con su hermano, presidente de Honduras, provocó brutales actos de violencia y canalizó dinero de la droga para campañas del Partido Nacional a cambio de promesas de protección a los narcotraficantes”.
Ante este panorama grave, Merlo analiza que muchos movimientos sociales “le apostamos a votar por Libre para sacar a los delincuentes del gobierno”. Si bien su organización llamó a votar por Castro y optó por entrar en el juego electoral a nivel local, no tiene dudas de que “este no será un gobierno de Libre sino un gobierno de coalición”, con todas las contradicciones y riesgos que esto conlleva: “Xiomara y Libre realizaron acuerdos pues para obtener la gobernabilidad….habrá un sector de Libre que trabajará por estar dentro del engranaje de la apuesta electorera y no en la reivindicación de los derechos del pueblo”, precisa.
Al mismo tiempo, “el fraude sigue latente”, ya que hay fuertes acusaciones contra el Partido Nacional y el Partido Liberal -pero también contra el Partido Libre- por negociar y comprar cargos de diputados locales.
En definitiva, mientras “en alguna medida los movimientos sociales se van a ver favorecidas”, en otros aspectos “Libre será nuestro enemigo”.
“La gente espera poder tener un respiro”
Solo tuve la oportunidad de admirar a Miriam Miranda desde lejos, durante aquellos dolorosos días que siguieron al asesinato de Berta Cáceres, cuando la incansable Coordinadora General de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) llevó a cientos de defensoras garífunas a llenar las calles del enlutado pueblo serrano de La Esperanza con cantos, danzas y palabras que nos levantaron el ánimo.
Pocos días después de la derrota del partido golpista que permitió el asesinato de Berta, Miranda calificó a las elecciones como “una muestra del hartazgo, del cansancio, del agotamiento, pero también ya de esa desesperación del pueblo hondureño, y sobre todo la juventud, de una narcodictadura que ha vaciado este territorio, ha generado tanta miseria, violaciones de derechos humanos, desplazamiento de comunidades…”
En entrevista para Avispa Midia, la reconocida dirigente del pueblo Garífuna agregó: “Es una clara muestra de que la gente no quiere más de lo mismo, la gente espera poder tener un respiro, porque solamente había dos caminos -salirse o esperar la muerte rápidamente en un país tan inseguro y violento. Creo que esto colmó el vaso y la gente decidió cambiar drásticamente ese futuro en lo que fueron las elecciones recién pasadas”.
Aunque la defensora del medio ambiente describe vívidamente la primera tenue sensación de alivio por el resultado electoral, que muchos hondureños se han permitido sentir después de un largo tiempo, es inequívoca sobre el difícil camino que queda por delante, y el hecho de que el enfoque siempre seguirá siendo la construcción de la autonomía desde los territorios:
“Por supuesto, no va a ser fácil, no es fácil, en un país que está tan destruido institucionalmente, económicamente…un país que está devastado, un país que es el más vulnerable climáticamente al nivel de la región, con tanta destrucción masiva de los recursos, con la criminalización [de las luchas], y también con un poder que se ha generado a nivel de los territorios donde están el crimen organizado y los grupos de poder que se han fortalecido a partir del narcotráfico….Hay retos mayúsculos”.
En relación con la nueva reorganización de poderes, Miranda ve oportunidades para avanzar en el cumplimiento de las sentencias condenatorias contra el Estado de Honduras, interpuestas por dos comunidades Garífunas, así como para “avanzar en la reivindicación de los derechos territoriales de nuestros pueblos.”
También ve la posibilidad de trabajar para detener la criminalización, la persecución y el asesinato de personas defensoras que se han agravado en los últimos años en los territorios. “Creo, creemos mucha gente, que es una oportunidad para respirar, para buscar otros caminos para construir procesos, reconstruir también el tejido social tan destruido”, señala.
Dicho esto, el rechazo de la organización a los partidos políticos y su orientación hacia la construcción de la autonomía comunitaria siguen siendo tan inquebrantables como siempre. “Nosotros como organización vamos a seguir manteniendo nuestra autonomía, hemos sido claros, no participamos en partidos políticos….Los movimientos indígenas y las organizaciones tenemos que ir más allá del partido político. Esto no significa que a un momento dado no tengamos que exigir cumplimiento por parte de esos gobiernos que estén al frente, quien sea, pero que haya respeto y reconocimiento a la autonomía y autodeterminación de los pueblos”.
“Es importantísimo...que no sean cooptados los movimientos sociales por algún partido político o alguien que esté en el gobierno, y que este gobierno tenga apertura para los pueblos. Tenemos que tener capacidad para mantener nuestra agenda, fortalecer nuestro proceso. Por supuesto debe de haber estado de derecho para que se puede llevar a cabo eso, pero también se debe respetar la autonomía de los pueblos y de las comunidades”, añade Miriam.
Miranda compartió, durante la entrevista, sus palabras publicadas por las periodistas Claudia Korol y Camila Parodi el día de las elecciones: “No vamos a resolver el problema de Honduras con que gane Xiomara. Algunos creen que sí, pero entonces ahí es donde está esa cuestión de lo que tenemos que analizar dónde está el peso político, dónde está el peso de la toma de decisiones, quién toma las decisiones. Porque Xiomara puede llegar a ser presidenta, pero cómo va a gobernar cuando toda una plataforma de poder económico, político, militar, etc. va a estar siempre luchando contra ella. Por eso, gane quien gana tenemos que ir construyendo otra forma de convivencia, pactos diferentes que nos permitan salir adelante y que podamos enfrentar temas claves como por ejemplo la crisis climática. Las empresas están destruyendo el hábitat y están saqueando todos los recursos naturales….No es únicamente una decisión ejecutiva, estamos hablando de que a nivel territorial, deben crearse las condiciones para que las comunidades estén empoderadas territorialmente, comunitariamente, para poder enfrentar la voracidad del capital que destruye día a día nuestros recursos y nuestra vida, y así construir con autonomía un proyecto popular, que es la base para la refundación de Honduras.”
