El Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito confirmó la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito sobre el amparo presentado por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal: la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y las obras de los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya deben permanecer paralizadas.
El 30 de noviembre del 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por conducto de la Dirección General de Impacto y Riesgo e Impacto Ambiental (DGIRA), autorizó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) la MIA en modalidad regional (MIA-R), para la ejecución del proyecto del Tren Maya en los tramos 1, 2 y 3; que van de Palenque, en Chiapas, a Izamal, en Yucatán.
Ante ese panorama, el 20 de enero del 2021, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, presentó un amparo por las violaciones al derecho al medioambiente sano y a sus derechos como pueblo maya originario, entre ellos, a obtener información y participar en las determinaciones que pueden afectar su territorio y recursos naturales, tal y como indica el Acuerdo de Escazú, ratificado en la actual administración.
Como consecuencia de ese amparo, el Juzgado Cuarto de Distrito determinó conceder la suspensión definitiva. Ordenó a la Semarnat y DGIRA dejar sin efectos la MIA-R.
Por ello, el 9 de abril del 2021, Semarnat y DGIRA impugnaron la resolución del Juzgado Cuarto ante el Tribunal Colegiado, el cual confirmó la suspensión definitiva.
Pese a la resolución del Juzgado, las obras no han cesado. “Es preocupante la reacción del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha insistido en señalar que el Tren Maya no se detendrá a pesar de lo resuelto de manera definitiva por un Tribunal Federal”, señaló la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal.
De acuerdo con la asamblea, “esto evidencia una tendencia autoritaria que viola la separación de poderes”. Además señalan las “descalificaciones permanentes que el titular del Ejecutivo Federal ha hecho hacia quienes de manera legítima se oponen a este proyecto, (…) poniendo a quienes viven en las comunidades indígenas afectadas en riesgo, dado el contexto de alta vulnerabilidad en que se encuentran”.
