Con información de Pozol colectivo
La mañana del pasado sábado (30), habitantes del ejido Tila, norte de Chiapas, marcharon por las principales calles de la comunidad para conmemorar el 88 aniversario del reconocimiento de sus tierras ejidales, lo cual sucedió a través de la resolución presidencial emitida el año 1934.
Las y los indígenas Choles, aprovecharon para denunciar “la corrupción de los tres niveles de gobierno y del sistema agrario”. Por ser indígenas “no somos tomados en cuenta, sólo en las contiendas políticas”, puntualizaron durante un mitin en la plaza central de Tila.
Los también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), evidenciaron que Eduardo Gutiérrez Martínez fue reconocido como comisariado por el Registro Agrario Nacional (RAN), en el periodo 2015-2018, falsificando firmas para obtener personalidad jurídica. Otro de los comisariados que posteriormente no han sido reconocido por el ejido es Miguel Vázquez Gutiérrez, denuncian los indígenas Choles. Ambos comisariados desconocidos por el ejido son respaldados por los tres niveles de gobierno y dependencias agrarias, recalcan los descendientes del pueblo Maya.
Los indígenas del norte de Chiapas, exigen se respete la resolución presidencial que ampara y protege las 5,405 hectáreas. Por defender la herencia de sus antepasados “hemos recibido amenazas, represión, hostigamiento, calumnias y difamaciones”, expresan los ejidatarios en resistencia.
Lucha histórica
Las tierras del ejido fueron reconocidas a los ch’oles por resolución presidencial en 1934. En 1966 se intentó modificar el plano para entregar 130 hectáreas a la presidencia municipal, pero los ch’oles obtuvieron el amparo 890/77, que ganaron en definitiva en el año de 1994.
En 1982, el Congreso estatal decretó la expropiación de las 130 hectáreas que ambicionaba el ayuntamiento. Un nuevo amparo de los ejidatarios, el 259/1982, comenzó a tramitarse. Dicho amparo, ganado en 2008 por el ejido, ordenó la restitución de las 130 hectáreas de tierras ancestrales; sin embargo, bajo el falso argumento de imposibilidad para la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento municipal la incumplió, motivo por el cual las y los ejidatarios de Tila promovieron el incidente de inejecución de sentencia 1302/2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Desde diciembre del año 2015, los indígenas choles por acuerdo de la asamblea, retiraron a la presidencia municipal del ejido y a los partidos políticos, tomando en sus manos las gestiones de limpieza, seguridad, justicia entre otros rubros.
De acuerdo al posicionamiento de las y los ejidatarios, el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena, aunque fue emitida desde el 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.
Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.
