La asamblea general de ciudadanos del ejido Nueva Morelia, localizado en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, denuncia que el retiro ilegal de la barita, por hombres armados, sin el permiso de la comunidad, continúa.
La minera canadiense Blackfire Exploration explotó una de las diez concesiones hoy vigentes en Chicomuselo, la mina La Ampliación La Revancha, hasta 2009, ubicada en el ejido Grecia, al lado del ejido Nueva Morelia.
La minera había pedido permiso al ejido Nueva Morelia para guardar el material que sacaba en el ejido Grecia, señaló uno de los habitantes de la comunidad para Avispa Mídia. Después que la minera dejó el territorio, en 2009, parte de este material permaneció clausurado.
El ejido Nueva Morelia es controlado por hombres armados desde el pasado sábado 20 de mayo, como reportan habitantes de la localidad, por el grupo paramilitar MAIZ, vinculado al Cártel de Sinaloa, el objetivo es la retirada de la barita almacenada en este ejido. Las entradas y salidas del pueblo fueron bloqueadas por integrantes de esta agrupación.
La toma del ejido por paramilitares dio inicio días antes del inicio de los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, en la región de la Frontera Comalapa, extendiéndose hasta Chicomuselo, causando varias muertes desde el 25 de mayo, secuestros, bloqueos carreteros y de caminos, expulsión de comunidades y reclutamiento forzado de hombres jóvenes.
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Como parte de los acuerdos de la asamblea general de ciudadanos del ejido Nueva Morelia, realizada el 1 de junio, los habitantes emitieron un documento direccionado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Secretaría de Marina, a la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República, en el cual solicitan que Sedena y GN “realicen labores de vigilancia en los caminos que conducen de Chicomuselo al ejido Grecia, para mantener el orden y la seguridad y, si fuera el caso, procedan a las detenciones de personas armadas y las remitan a las autoridades competentes”.
Piden que la intervención sea apegada “de manera estricta al respeto de los derechos humanos señalados en el Pacto Federal, absteniéndose de atentar contra los pobladores, hombres, niños, niñas, mujeres, ancianos y ancianas de nuestro Ejido”, señalan.
Esto porque “los pobladores tememos que los soldados y guardias del Ejército y GN, se metan sin permiso a nuestras casas, o quieran tomar posesión de nuestros bienes, o hacer lo que quieran porque tienen la fuerza y las armas; ya que, por desgracia, sabemos por las noticias que, en otros lugares y parte de la república mexicana, el Ejército no tiene buena reputación, y hay quejas contra elementos de esa corporación por abusar de su poder”.
Como reveló Avispa Mídia, ya el 18 de mayo se había solicitado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por medio de un oficio, la “inmediata intervención de las instituciones correspondientes de impartir justicia para activar protocolos de protección para las personas defensoras, así como el resguardo inmediato por parte de la Guardia Nacional, cuerpos de seguridad del estado y municipio, para salvaguardar y proteger a las personas quienes están siendo directamente amenazadas, así como para quienes han sido hostigados por dicho grupo”, se sostiene en el documento.
El oficio fue enviado a la CNDH por el Despacho de la Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), un día después que hombres armados se presentaron en el ejido Nueva Morelia para “avisar” que iban a intervenir en el territorio de la comunidad para retirar los materiales mineros.
“No se presentaron pidiendo permiso, como otros habían hecho antes, sino que ahora dijeron: <entramos porque entramos, si se meten con nosotros pues ya saben lo que les va a pasar>”, relató un habitante del ejido.
Hasta el momento no hubo ninguna intervención por parte de instituciones estatales ni federales.
