Autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Zapatista del Caracol 9 denunciaron la injusta prisión de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), detenido ilegalmente el 4 de diciembre de 2020 y quien permanece recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 16, municipio de Ocosingo, Chiapas.
Acorde a la denuncia zapatista y del centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), la aprehensión de Manuel Gómez, por un grupo civil armado, responde a una acción de criminalización en su contra debido a su adherencia al EZLN.
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Gómez Vázquez, maya-tseltal de 22 años, de oficio campesino, es originario del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (Marez), Ricardo Flores Magón, ubicado en Nuevo Jerusalén, municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.
“Lo atacan por ser zapatista, es la verdad. Para los malos gobiernos el ser zapatista es un delito que se castiga con calumnias, persecución, cárcel y muerte”, enfatizaron autoridades autónomas mediante denuncia pública.
A más de dos años de la detención arbitraria, mediante conferencia de prensa realizada en el Frayba este martes (18), defensores de derechos humanos señalaron que Gómez está “acusado falsamente de homicidio tras hechos violentos que se suscitaron en el ejido el Censo, municipio de Ocosingo”. Además, subrayaron que el base de apoyo zapatista fue víctima de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Expediente falso
Un comunicado del Frayba, emitido en marzo de este año, señala que, entre los días 4 y 5 de diciembre del año 2020, se suscitaron hechos de violencia que dejaron como saldo cuatro personas privadas de la vida en el ejido el Censo, municipio de Ocosingo. “La Fiscalía de Justicia Indígena no realizó una investigación diligente y científica, imputándole un homicidio a Manuel quien en el momento de los hechos se encontraba junto a su familia en su domicilio”, señala el centro de derechos humanos.
Por su parte, las autoridades de la JBG señalan que han realizado una investigación sobre los hechos para confirmar la inocencia de Manuel Gómez Vázquez. No obstante, pese a que “las autoridades oficiales del ejido El Censo saben que es mentira de lo que se acusa al compañero Manuel Gómez Vázquez, pero tienen miedo de decirlo porque están amenazados de muerte por los familiares de los asesinos”, denuncian los zapatistas.
Según las autoridades de la JBG, la Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado, “fabricó el expediente con pruebas falsas, desmentidas por el propio agente municipal”. Estas declaraciones se suman a lo indicado por Frayba en marzo pasado, cuando difundió que la Fiscalía carece de medios de pruebas para acusar, y mantener en prisión, a Gómez Vázquez.
“(La Fiscalía) fabricó pruebas a modo, toda vez que no presenta a declarar a los supuestos testigos, lo que ha dado como consecuencia que en dos ocasiones la audiencia de Juicio Oral se haya diferido. No existen necropsias por los homicidios, y el Poder Judicial del Estado se ha excedido en la prisión preventiva que en ningún caso será superior a dos años”, contextualiza el Frayba.
Las autoridades zapatistas sostienen que la responsabilidad de la detención ilegal del base de apoyo recae en el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y en el presidente municipal en Ocosingo, Jesús Alberto Oropeza Nájera; ambos, pertenecientes al partido Morena.
“Bien sabemos que están en contra nuestra y de nosotros como bases de apoyo zapatistas y nos encarcelan injustamente (…), todos están destruyendo la comunidad fraccionando las tierras. Son destructores de la comunidad. ¿Dónde está eso que dice primero los pobres? primero nos están chingando y matando a los pobres”, sostienen las autoridades autónomas.
