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Marcos normativos están siendo utilizados como herramientas de censura en México, alerta la organización Artículo 19 en la presentación de su más reciente informe Las Leyes como Mecanismo de Censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México, publicado este martes (26). La organización exige a las autoridades frenar el hostigamiento hacia la prensa “mediante vías electorales, civiles, penales o administrativas”.
Entre enero y julio de este año, un total de 39 periodistas (28 hombres, 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra. De acuerdo con la organización, las cifras muestran un incremento en el acoso judicial, conformando además un patrón que en promedio equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo a cada cuatro días.
Desde el 2016, Artículo 19 ha alertado sobre esta práctica, sin embargo, lejos de haber un alto, los 51 casos de acoso judicial documentados en lo que va de este año han sobrepasado las cifras de años anteriores donde, desde el 2015, el año con mayor número de víctimas había sido el 2021, con 40 casos.
Los casos de este 2025 se han presentado en 17 estados de México, lo que representa un 53% de las entidades federativas y manifiesta una práctica expansiva por todo el país. Veracruz con 10 casos, Ciudad de México con 9 y Jalisco con 6 son los tres estados que encabezan la lista, seguidos de Campeche, Oaxaca y Puebla, con tres casos cada uno.
Análisis del acoso judicial
A diferencia de otras formas de violencia por ejercer el periodismo, el acoso judicial representa una estrategia de desgaste, de recursos económicos, legales y humanos, especialmente cuando las víctimas son sentenciadas a multas millonarias. La organización independiente explica que los principales móviles de los procesos judiciales o ministeriales contra periodistas son “revertir discursos incómodos, eliminar información publicada y mandar un mensaje colectivo sobre ‘temas prohibidos’, que personas con poder económico o político no quieren que se toquen”.
Este patrón de acoso judicial, en materia de derecho, son reconocidos como “litigios estratégicos contra la participación pública” y buscan enviar un mensaje colectivo para la prensa y quienes se dedican a la defensa de derechos humanos.
Las vías legales ministeriales y judiciales implementadas para acosar a quienes ejercen su libertad de expresión son: vía electoral, vía penal, administrativa y civil. En los 51 casos de este año, 26 han sido por vía electoral (50.98%), 14 por vía penal (27.45%), y 11 civiles (21.57%).
El acoso judicial en México está en manos de personas con alta capacidad económica y poder político, alerta la organización, pues concentran los recursos suficientes para ganar los casos y, sobre todo, pueden darse el lujo de iniciar varios procesos simultáneamente por diferentes vías legales y en distintas cortes, con la finalidad de agotar los recursos de los defensores.
Violencia política en razón de género, nueva forma de censura
De los 51 procesos documentados este año, 25 fueron por Violencia Política en Razón de Género (VPEG), demostrando que “uno de cada dos procesos de acoso judicial contra la prensa en el país se iniciaron abusando de la normativa de VPEG”, afirma el reporte de la organización.
El marco normativo que tipifica y aborda la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en México, entró en vigor el 14 de abril de 2020, tras la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación. Aunque representa un avance en la garantía de protección a las mujeres en el ámbito político y electoral, las cifras demuestran cómo esta herramienta se ha corrompido en la medida que carece de una perspectiva de derechos humanos y de libertad de expresión, generando un uso “abusivo contra periodistas y medios de comunicación de manera desproporcionada”, de acuerdo con Artículo 19.
El abuso de la VPEG ha llegado al límite de censurar a mujeres periodistas, 5 en lo que va del año, por criticar “corrupción, falta de transparencia y hasta por resaltar presuntos vínculos con grupos de delincuencia organizada o con los militares”.
Frente a ese abuso en la aplicación de la VPEG, hay una violencia real emitida contra mujeres periodistas que no está siendo atendida. La organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), en su informe “Las formas del asedio. Violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador”, ha documentado que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hubo 1,189 casos de agresiones contra mujeres periodistas mientras ejercían su trabajo informativo, 641 casos más que los registrados durante el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto.
Al igual que el acoso judicial, las agresiones contra mujeres periodistas tienen el objetivo de bloquear la información publicada, amenazar, intimidar y desacreditar o estigmatizar el trabajo de las corresponsales. En los casos de mayor gravedad -aunque en menor medida- esta violencia ha alcanzado el feminicidio y el exilio.
De acuerdo con la CIMAC, el bloqueo informativo es la principal causa de agresión y el 46% de su total ha sido ejercido por personas en cargos públicos, desmintiendo la narrativa oficial de este gobierno quien se define como ‘el más transparente de la historia’.
En el sexenio de Peña Nieto hubo 122 casos de agresión ejercidos por personas funcionarias estatales, quienes encabezan la lista de tipos de personas agresoras. En el periodo de AMLO, esta misma categoría ocupa el primer lugar con 219 casos registrados.
Las conferencias de prensa matutinas -conocidas como mañaneras- popularizadas por AMLO, fueron un escenario perfecto para el desprestigio de la labor periodística en México, debido a que el ex mandatario se rehusaba a aceptar críticas y cuestionamientos de la prensa calificándoles de ‘vendidos’, ‘chayoteros’, ‘conservadores’, ‘opositores’ entre otros términos despectivos tan sólo por cuestionar su gobernatura. CIMAC explica que al tratarse de una máxima figura de poder (el presidente) cometiendo una agresión, contribuye a normalizar la violencia.
Muertes
Del año 2000 a la fecha, 174 comunicadores han sido asesinados en México. Artículo 19 ha documentado que 162 son hombres y 12 mujeres. Durante la gobernatura de AMLO fueron 47 las víctimas, una menos que en el sexenio de Felipe Calderón. En la gestión de Claudia Sheinbaum 7 periodistas han sido asesinados. Cifras que evidencian la peligrosidad de no atender todo tipo de agresión contra quienes ejercen la comunicación.
En el informe presentado, la organización llama en primer lugar a “particulares y personas con proyección pública, personas funcionarias públicas y aspirantes a cargos de elección popular” a apegarse a otros medios legales no agresivos y de censura como el derecho a réplica que se enmarca en el artículo 6to constitucional.
A los poderes ejecutivos estatales y federales llama a ser tolerantes frente a discursos críticos y a emplear correctamente la normativa de la VPEG. Y en términos generales llama al Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales locales, al Congreso de la Unión y sus congresos locales, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a ejercer su labor de forma transparente, garantizando con efectividad el derecho a la libre expresión en México.
