En portada: Para las tareas de vigilancia en comunidades, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampíscuenta con el grupo de control socioambiental Charip.
El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) denuncia el intento, por parte de la empresa estatal Petroperú y el Gobierno Regional de Loreto, de imponer la explotación de un lote petrolero en su territorio.
En las últimas semanas, el gobierno regional y la Petroperú organizaron reuniones en comunidades amazónicas, con el fin de convencerles de participar en una consulta previa para la ejecución del lote 64 del oleoducto, comprendido en el proyecto Situche.
El GTANW, que reúne a 85 comunidades y representa a 16.000 personas, ya posee un historial de lucha contra las operaciones del oleoducto norperuano, una muestra del desastre ambiental, social y cultural causado por la actividad petrolera en la Amazonía.
Esta infraestructura cruza los territorios de siete pueblos indígenas, afectando en su trayecto a 95 comunidades nativas, desde la Amazonía hasta la costa norte peruana.
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Entre 1997 y 2023, el oleoducto norperuano registró 139 derrames, de las 1.462 emergencias reportadas por instituciones públicas en este período, según un informe del Grupo de Trabajo de Impactos de Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Loreto, donde ocurrieron 707 derrames de petróleo en los últimos 25 años, es la región con más emergencias ambientales por hidrocarburos.
Derecho a la autodeterminación
“Los más de dos mil sitios contaminados por petróleo no remediados son una prueba indignante de la incapacidad de Petroperú, gobierno regional, Ministerio del Ambiente y demás instituciones, encubierta con una demagogia tecnocrática irresponsable”, señala la nación Wampís en un comunicado.
El proyecto Situche, el lote 64 y el oleoducto norperuano carecen de licencia social, no cuentan con el consentimiento de los pueblos originarios. “No se puede realizar consultas sobre derechos que pongan en peligro la vida y la supervivencia cultural de la Nación Wampís”, subraya la organización autónoma.
Por ello, el GTWNA pide que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) abra un expediente al Estado peruano por la violación de derechos contemplados en el Convenio 169.
Alertan la vulneración de su derecho a la autodeterminación y la decisión de optar por la bioeconomía, “como modelo de economía autónoma y vida plena”; así como el derecho a la protección del medio ambiente y al respeto a sus instituciones.
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En enero, líderes wampís denunciaron en Londres el financiamiento de bancos internacionales a Petroperú, como medida para exponer la relación entre las instituciones financieras y la depredación ambiental.
Violencia se expande por toda Amazonía
Las comunidades wampís también se enfrentan al crítico avance de la minería y tala ilegal en la cuenca del río Santiago, en la región peruana Amazonas.
Los representantes del pueblo originario y las autoridades regionales y comunitarias del área solicitarán al gobierno central la declaración del estado de emergencia por la creciente problemática de los extractivismos informales.
Para las tareas de vigilancia en comunidades, el GTANW cuenta con el grupo de control socioambiental Charip, activo en las incautaciones de insumos y armas que se transportan para mineros y taladores ilegales.
La violencia en torno a estas actividades se expande por toda la Amazonía y, con ella, los desplazamientos de pueblos. En Amazonas fueron rescatados en enero 53 habitantes de la comunidad awajún Kumpanam, quienes habían dejado su territorio debido a la minería informal.
Mientras que en el sector Tambo, cerca de la frontera de Perú con Ecuador, hubo enfrentamientos armados entre sicarios de ambos países. Las bandas serían contratadas por mineros inscritos en el Registro de Formalización Minera (Reinfo) que se disputan zonas de explotación ilícita.
El aumento de los precios del oro y el cobre registrado en 2024 es un incentivo para el crecimiento de sectores informales. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), en 2024 el valor de las exportaciones de oro de origen ilegal se incrementó en un 40%, alcanzando los 6.840 millones de dólares. El Perú exporta el 44% del oro ilegal sudamericano.
En el Perú el proceso de formalización minera no ha dado resultados en casi una década. Sin embargo, en noviembre de 2024, el Congreso aprobó la ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera, por seis meses más y con posibilidad de extención, a pesar de los mínimos avances: solo 2.000 de los más de 84.000 inscritos culminaron el proceso de legalización.
“La minería ilegal opera en complicidad con las autoridades del Estado, incluyendo el Congreso de la República, que permite que miles de criminales contra el medio ambiente destruyan la Amazonía al legalizar sus cometidos. De esta forma, el sector minero informal se fortalece, convirtiendo las prórrogas para su formalización en un modus operandi”, considera Gil Ionach Shawit, pamuk (gobernador) del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, pueblo también afectado por la minería ilegal y formal.
En el Ecuador, la minería informal se duplicó desde 2020. Entre 1985 y 2023, tanto esta como la formal ocuparon 13.000 hectáreas. El 70% de esta expansión se concentra en la Amazonía ecuatoriana, donde la extracción ilícita crece hasta en 500 hectáreas por año y se calcula que ha afectado 7.490 hectáreas, de acuerdo a la Fundación Ecociencia. A la par, aumenta la violencia en las zonas mineras.
Por su parte, Greenpeace advirtió que entre julio y setiembre de 2024 la minería ilegal devastó 50 hectáreas de tierras ancestrales yanomami, en Brasil. En total, 4.123 hectáreas de sus territorios han sido destruidos.
Para los pueblos originarios, la vía de salida a la depredación y la violencia del extractivismo se encuentra en sus gobiernos autónomos. En el Encuentro Internacional de Autonomías Indígenas de Tierras Bajas, realizado en enero en San Ignacio de Mojos, Bolivia, las organizaciones amazónicas señalaron como punto de partida el reconocimiento constitucional de sus autonomías.
