Integrantes de La Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) han sufrido una serie de hostigamientos y detenciones arbitrarias tras el rechazo de la nueva Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro que entró en vigor este 1o de julio del 2022.
El pasado 21 de mayo se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” como ha sido llamada esta ley, aprobada por la comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones.
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Como rechazo a esta ley, diversos sectores de la población conformaron La Red en Defensa del Agua y la Vida, integrada por representantes del barrio de San Francisquito, Festival Agua que Corre, Colectivo Bajo Tierra Museo y las comunidades indígenas de Santiago Mexquititlán, Chitejé de Garabato y San Miguel Tlaxcaltepec del Estado de Querétaro.
A este rechazo se sumaron también las voces de académicos, personas defensoras del medio ambiente y comunidades indígenas, detallando que podría provocar potenciales impactos negativos al concesionar los pozos de agua de diversas comunidades indígenas de la región.
Los especialistas y ambientalistas han argumentado que con esta nueva ley, que se ha justificado con el argumento de administrar dicho recurso, tiene intereses económicos al beneficiar a la iniciativa privada, cuando es un derecho humano que tiene que garantizar el Estado.
Entre otros apartados de esta ley, en el capítulo 2, se especifica que el sector privado o particulares podrán participar en la oferta de los servicios públicos mediante una concesión, contrato de obra pública, contrato para la prestación de servicios para proyecto, construcción o rehabilitación del sistema del agua, contrato de asociación público-privada o “cualquier otro que se derive de la normativa aplicable”.
La organización de derechos humanos Front Line Defenders (FLD), en un comunicado, ha expresado una profunda preocupación por la seguridad de las personas que se han opuesto a esta reforma, en especial, “preocupan las recientes detenciones arbitrarias y los hostigamientos judiciales así como la falta de medidas de protección ante los últimos ataques en contra de quienes han exigido el derecho a la consulta, el derecho a la protesta y a medio ambiente limpio en el estado de Querétaro”, puntualizan en su misiva.
Esta organización de derechos humanos asevera que el pasado 10 de junio los activistas convocaron a una concentración pacífica frente a las instalaciones de Comisión Estatal de Aguas (CEA), al no recibir respuesta de las autoridades, los manifestantes limitaron el flujo vehicular de la avenida 5 de Febrero. Momentos después “elementos de la policía estatal intentaron desalojar la manifestación con golpes y empujones y detuvieron de manera violenta a tres personas defensoras de derechos humanos integrantes de los colectivos”, denuncia FLD.
FLD sostiene que las personas defensoras detenidas no fueron informadas de los motivos del arresto antes de llegar a la Unidad 5 de la Fiscalía General del Estado y además permanecieron alrededor de 3 horas incomunicadas. Posteriormente fueron liberados “sin que las autoridades les brindaran información clara y oportuna sobre su estatus legal”, denuncia esta organización.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro abrió carpetas de investigación en contra de las 3 personas detenidas por delitos contra la seguridad y el normal funcionamiento de los medios de transporte, de las vías de comunicación, desobediencia y resistencia de particulares.
FDL también remarca la detención arbitraria del defensor indígena de derechos humanos Braulio Ayala García, integrante de la Confederación Indígena del barrio de San Francisquito. De acuerdo con esta organización, “fue detenido por policías estatales mientras circulaba en su auto por la avenida 5 de febrero. La Policía municipal le indicó que se orillara y detuviera el coche. Al menos otras tres patrullas y oficiales de Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la unidad de Atención a Víctimas llegaron al lugar alegando que el motivo de la detención fue un reporte por las placas del coche”.
Esta organización señala las autoridades dejaron ir al defensor después de una hora de hostigamiento sin justificación
Front Line Defenders hace un llamado en su comunicado a las autoridades mexicanas para detener y condenar este hostigamiento y la represión de los activistas por la defensa del agua. “Así mismo, urge a las autoridades mexicanas a que retiren todos los cargos en contra de las tres personas defensoras que integran La Red en Defensa del Agua y la Vida, ya que considera que están directamente relacionados con su trabajo pacífico en defensa de los derechos humanos”, agrega el documento.
