En portada: Asamblea informativa realizada en Celestún el pasado 15 de julio. Foto de Equipo Indignación
Pueblos mayas de Kinchil, Celestún y San Fernando participaron en distintas asambleas informativas como parte de un proceso de autoconsulta que efectúan para decidir si aceptan o no la operación de granjas porcícolas en sus territorios.
Estas reuniones fueron realizadas los pasados 15 y 16 de julio y se enmarcan en una convocatoria realizada por Consejos mayas “para ejercer el derecho al consentimiento previo de la libre autodeterminación”.
Tras la realización de las asambleas, la autoconsulta pasará a la fase consultiva, a realizarse de manera simultánea en los tres pueblos mayas el próximo domingo (25).
“Ya es hora que el Estado empiece a tomarnos en serio, no somos pueblos de la historia, somos pueblos vivos y el Estado tiene que respetar nuestro derecho a manifestar nuestra decisión como pueblo, por eso le decimos, que nunca más sin nuestro permiso”, enfatizaron organizaciones indígenas mayas mediante convocatoria titulada “Aquí manda el pueblo”.
Entre los convocantes se encuentran los Consejos Mayas del Poniente Chik’in Ja’ – Kinchil y Chik’in Ja’ – Celestún, así como el Colectivo de atención comunitaria U yutzil kaj. Además, cuentan con el acompañamiento de Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. para la observación de derechos humanos.
De acuerdo a la convocatoria, las comunidades no sólo buscan defender a sus pueblos de la contaminación por la operación de granjas porcinas, “sino sobre todo buscan cambiar la relación con el Estado, la cual enfatizaron, sigue siendo racista, tutelar y colonial”.
Según las organizaciones convocantes, el proceso actual de consulta es consecuencia de la omisión del Estado mexicano, pues en sus tres niveles de gobierno otorga permisos a proyectos extractivistas, cuya principal industria en Yucatán es la producción porcícola.
Acorde a datos de Greenpeace, el consorcio porcícola posee mas de 257 granjas de cerdos la región del sureste mexicano. 43 de ellas están ubicadas en zonas de riesgo ambiental y 36 más están dentro del llamado Anillo de Cenotes, lo cual aumenta el riesgo de contaminación de las fuentes de agua.
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“Es debido al silencio del gobierno, las empresas y las autoridades que no hablan de las afectaciones, de los riesgos y de las consecuencias que traen consigo estos proyectos de desarrollo por lo cual nosotros estamos organizando la consulta, con todas las fases que marcan los estándares internacionales”, señalaron en la convocatoria.
Los comités mayas también denunciaron que la omisión de parte del Estado es una clara violación al derecho a la autonomía, así como a la libre autodeterminación que tienen como pueblos indígenas.
Asambleas
Los pueblos mayas llevaron a cabo las asambleas informativas pese a la ausencia, tanto de las autoridades estatales y federales. Tampoco se hicieron presentes, ni la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ni de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en cuyas oficinas se otorgan los permisos para la operación de las granjas sin consultar a los pueblos involucrados.
Kekén, la principal empresa porcícola de la región, tampoco asistió a las asambleas y mediante comunicado, descalificó la consulta realizada por los pueblos mayas, pues argumentó que “no cumple con los requerimientos establecidos en la ley”.
En tanto, el ejercicio inédito también contó la compartición de experiencias en la defensa del agua por parte de representantes de Kanan ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes). Dicha organización encabezó durante cuatro años la resistencia contra la operación de una mega granja de 49 mil cerdos en la comunidad maya de Homún, ubicada apenas 55 kilómetros al sureste de Mérida.
Como resultado de su organización, apenas el pasado 19 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió de manera definitiva la mega granja porcícola de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), subsidiaria de Kekén.
Comunidades defendiéndose
Por otra parte, el pasado 6 de julio, el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán admitió una demanda de amparo del pueblo maya de Sitilpech, pues han sido afectados sus derechos al medio ambiente sano, al agua y a su libre autodeterminación por la instalación y operación de una megagranja porcícola en su territorio sin haberles consultado y sin contar con los permisos necesarios.
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Kancabchen II es el nombre de la mega granja porcícola que mantiene actividades desde hace dos años, a una distancia de casi 700 metros de la población, y que preocupa a l@s pobladores debido a la contaminación que genera en suelo, agua y aire.
“Más de 100 habitantes de Sitilpech, entre los que se encuentran niños, niñas y personas adultas mayores, han presentado esta demanda de amparo porque han percibido en mayor intensidad los malos olores y el aumento de los mosquitos transmisores de enfermedades, así como por la preocupación por la contaminación del agua de sus cenotes y pozos en su territorio”, señala la organización Kanan Derechos Humanos sobre la estrategia legal interpuesta contra la granja porcina.
El amparo admitido está dirigido a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán y el Ayuntamiento de Izamal.
A dichas instituciones se les reclama por el incumplimiento en las labores de fiscalización, inspección, vigilancia y sanción a la mega granja Kancabchen II.
Debe de existir el respeto a la vida y el cuidado al medio ambiente para que no haya epidemias, autorizado de esa forma, atenta contra la vida y contra la salud, eso es un racismo ambiental.