En portada: Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón a las afueras del Juzgado de Huautla. Fotografías por David Peralta
Este lunes (18) fue suspendida una audiencia en Huautla de Jiménez, cuya finalidad era dar seguimiento a los casos de tres miembros de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón. La razón de la suspensión se debió a que abogados de la Defensoría Pública Federal no se presentaron, debido a las modificaciones en la Reforma Judicial que implican, que este 1 de septiembre tomen posesión los nuevos titulares surgidos de la elección judicial el 1 de junio pasado.
Desde el 2014, Manuel Zepeda Cortés –expresidente municipal de Eloxochitlán—, su hija Elisa Zepeda Lagunas –diputada de Morena–, demás familiares y otros miembros de Eloxochitlán, han perseguido a integrantes de la Asamblea comunitaria porque representan una amenzan a su poder caciquil y a su empresa extractiva que se sustenta despojando al río Xanga Ndá Ge. Hasta el año pasado eran 40 los perseguidos políticos, pero a partir de junio de este año la lista aumentó a 56 personas -entre estas 8 mujeres- con 200 órdenes de aprehensión en su contra.
La audiencia que este lunes se vió suspendida correspondía al caso de Antonio, Adán y Gaspar, tres hombres mazatecos acusados de daño por incendio y robo desde el 2014. La Asamblea comunitaria espera una nueva fecha en el juzgado de Huautla de Jiménez, que será después del 1 de septiembre cuando la nueva administración esté instalada. Así mismo, determinaron que no tomarán acciones legales sin los defensores federales de confianza, para evitar retrocesos y enturbiar el caso.
Al tiempo que posponían la audiencia, les llegaba una noticia desde el Juzgado de Boca del Río Veracruz: la resolución en el expediente 989/2024 que declara la preescripción del delito para Francisco Durán, es decir, que la persecución judicial por los cargos de daño por incendio y robo en su contra llegó a su fin. Posteriormente, este miércoles (20), la abogada Argelia Betanzos viajó al juzgado en Veracruz para obtener la copia de la sentencia y poder corroborar la información notificada.
Además de la preescripción del delito para Francisco Durán, otro de los logros recientes en materia legal que la comunidad mazateca ha tenido es la obtención de auto de libertad para la profesora Olga Maribel el pasado 11 de julio de este año. Sin embargo, en medio de las victorias legales también han obtenido regresiones.
El retroceso
El 12 de junio del 2024, la Asamblea comunitaria mazateca logró la liberación de sus últimos tres presos políticos: Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán, después de permanecer nueve años y seis meses en prisión.
El 26 de febrero de este año, voceras mazatecas anunciaron que la continuidad de su lucha únicamente sería por la imposibilidad que tienen 14 personas para volver a sus hogares en Eloxochitlán, tras 10 años de exilio político. Dos meses después, sus planes políticos cambiaron de rumbo.
A inicios de mayo de este año, la abogada Argelia Betanzos confirmó la existencia de 200 nuevas órdenes de aprehensión, liberadas el 31 de marzo de este año por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Estas están dirigidas contra 56 personas de la comunidad, entre las que figuran adultos mayores, madres, padres, ex presos y perseguidos políticos.
“Estas nuevas órdenes están fundadas en delitos fabricados y preescritos” explicó Betanzos en la conferencia de prensa realizada en la comunidad el pasado jueves (14) y que contó con la presencia de familiares de las 56 personas criminalizadas por el cacique Manuel Zepeda. La abogada detalló que el expendiente 81/2017 de la Tercera Sala, contiene antecedentes donde el daño por incendio se declaró inexsistente, se reclasificó a daño con fuego y se declaró prescrito, es decir, que el plazo para juzgar a los comuneros por esa acusación había expirado y por lo tanto, la acción penal ya no podía ni puede ejercerse.
Pese a la preescripción ya mencionada, el 31 de marzo del 2025 fueron reactivadas 200 órdenes de aprehensión que señalan la existencia del incendio. Lo anterior, se debe a que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en Huautla violaron la norma de competencia por antecedentes, asignando el caso de las 200 órdenes de aprehensión a la Segunda Sala y no a la Tercera -como correspondía- para ignorar la invadilación de la acción penal.
Durante la conferencia, Betanzos presentó el amparo más antiguo que tienen (917/2017) en el tema de las 200 órdenes de aprehensión, el cual se encuentra en revisión. En ese amparo, una autoridad judicial a nivel de Tribunal Colegiado, determinó que el delito de daño por incendio no se puede comprobar pues no se acredita con las acusaciones que hicieron en contra personas de la comunidad.
En ese mismo documento, hay una diferenciación aseverada por la magistrada Berenice Ramírez Jiménez y el Juez Constantino Agustín, donde se menciona que “un incendio es la intención de acabar con lo que quede. Un daño con fuego es un incendio controlado” explica la abogada. Sin embargo, el mismo juez afirmó que sí existe el daño por incendio y “lo dijo porque le pagaron porque así funciona ese tribunal en Huatlua no porque haya hecho un estudio conforme a la ley”, afirma Betanzos.
Para la abogada se trata de una criminalización de Estado “porque son los tres poderes quienes arropan a Elisa Zepeda y le dan poder para hablar cínicamente de derechos de los pueblos indígenas” afirmó. También se trata de un problema de corrupción por parte de los jueces de Huautla de Jiménez y la Segunda Sala del Tribunal, al evadir la argumentación jurídica y científica resuelta por el Tribunal Colegiado y que la Tercera Sala resolvió en 2017.
Refierió que en el expediente 789HJ2014 se encuentran las puebas científicas que evidencian que el grupo caciquil de la comunidad intentó asesinar con balas a la asamblea comunitaria. “La Fiscalía tiene archivado un expediente donde ahí sí obran pruebas científicas de los orificios de entrada y orificios de salida de las balas en los cuerpos de nuestros compañeros”, afirmó la abogada.
Uno de los puntos más sobresalientes durante la conferencia de prensa fue que Argelia Betanzos se dirigió directamente hacia Hugo Aguilar Ortiz, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien ha ganado fama por ser el primer indígena ocupando ese cargo: “Usted es abogado, Hugo Aguilar, usted debe resolver y no debe ver la situación de manera dogmática, ni por la corrupción, ni por el amiguismo político que tenga usted con MORENA o con Elisa Zepeda, le retamos a que el hombre que va a dirigir la Suprema Corte de la Nación tenga la capacidad de decir: ‘en efecto el caso de Eloxochitlán está preescrito y debe llegar a su fin”, señaló con coraje.
Preescripción de un delito
Francisco Durán fue acusado de robo e incendio en el expediente 16/2016. Posteriormente, en tribunales se determinó la inexistencia de los delitos y fue liberado. Sin embargo, la Décima Tercera Sala Penal, a través del magistrado Javier García, revirtió la libertad de Durán y reactivó el proceso legal en su contra.
El Juzgado Sexto de Boca del Río, Veracruz, bajo la dirección del juez Vicente Salazar, fue quien este lunes (18) notificó la resolución en el expediente 989/2024 que declara la preescripción del delito para Durán y en consecuencia, el final de la persecución en su contra.
La abogada Argelia Betanzos refiere, para Avispa Mídia, que lo anterior es de gran significado “pues sienta un precedente en el Séptimo Circuito para exigir la prescripción del delito en las 200 órdenes de aprehensión que mantienen criminalizadas y perseguidas a 56 personas pertenecientes a la Asamblea, pero para ello, es importante que el tema se traslade al juzgado de Boca Río”.
Uno de los pendientes legales para la comunidad mazateca, es que los juzgados veracruzanos decidan quién llevará cada caso en el amparo contra las 200 órdenes de aprehensión y el resto de amparos para los 14 mazatecos que aún no pueden volver a la comunidad. Betanzos explica que esa falta de decisión es sumamente grave pues “se están entreteniendo con asuntos administrativos en lugar de procurar la justicia expedita como lo señala la Constitución Mexicana” .
El próximo 2 de septiembre en Boca del Río, Veracruz, la comunidad mazateca realizará frente a los juzgados federales el FESTIVAL ‘ÉNNÁ’ Nuestra Palabra + Cumbia, para continuar exigiendo el fin a la criminalización de más de una década.
