Foto de portada por Felipe Correia
En la región Agreste del estado de Pernambuco, nordeste de Brasil, más específicamente en la región del Planalto da Barborema, formado por un conjunto de tierras altas, el viento sopla fuerte y constante. En estas tierras se asentó hace nueve años el mayor complejo eólico del Estado, el Vientos de São Clemente, perteneciente a la empresa Casa dos Ventos, que integra a Echoenergia, una subsidiaria del grupo Equatorial, formado por grandes fondos de inversión, como es el Black Rock, con sede en Nova York.
Cuando la empresa llegó provocó conmoción en la región con promesas de progreso. “Hubo una festividad. Se decía que la región iba a ayudar en el desarrollo de la nación, y en la transición energética”, se acuerda João do Vale, agente de la Comisión Pastoral de la Tierra en Brasil.
No tardó mucho, alrededor de un año tras la instalación de los 120 aerogeneradores en tierras campesinas de los municipios de Pedra, Capoeiras, Caetés y Venturosa, para que la gente se diera cuenta de que las promesas no se cumplirían y de los impactos que estaban causando.
Los aerogeneradores, en parte, fueron instalados muy cerca de las casas, en muchos casos a tan solamente 100 o 150 metros, lo que condicionó a los campesinos a vivir con un ruido constante, arriba del permitido por ley, en las 24 horas del día. Además de un polvo blanco lanzado por las aspas que, según relato de los campesinos, causa problemas respiratorios y en la piel.
“El constante ruido trajo el padecimiento del cuerpo. Las personas empezaron a enfermarse. Hay comunidades enteras que están depresivas. Las personas que viven cerca de las torres empezaron a percibir la enfermedad”, sostiene João do Vale.
La situación generó polarización en la comunidad. De un lado los campesinos que no poseen aerogeneradores en sus tierras, pero están muy cerca de ellos. Y de otro, aquellos que reciben recursos por tener aerogeneradores en sus tierras.
Como los campesinos poseen pequeñas tierras - una hectárea, dos hectáreas - los impactos de los aerogeneradores son divididos entre todos. “Hay comunidades en las cuales 80% de las personas no tienen torre, pero todos sufren las consecuencias, porque las torres son gigantes y aquí todo es muy cerca”, explica.
La articulación entre los vecinos no tardó en acontecer. “Hace ocho años nos reunimos, por primera vez, en el terreno de una familia que estaba sufriendo por el ruido, me acuerdo hasta hoy, bajo un juazeiro [árbol frutal típico de la región semiárida brasileña] de su patio”, se acuerda.
Desde entonces la articulación de los campesinos de esta región – comunidades con orígenes a partir de un gran encuentro entre pueblos indígenas y africanos – se expandió alcanzando universidades, organizaciones, parlamentarios, pueblos indígenas.
Además, campesinos con presencia de aerogeneradores en sus tierras también empezaron a demostrar su descontento, ya que con el tiempo la empresa empezó a pagar menos de lo acordado inicialmente, hasta 50% menos. “Hay una cláusula contractual que sostiene que pueden variar el pago de acuerdo con el mercado de energía, una cláusula bastante abusiva”, explica el agente.La articulación derivó, en febrero, en la ocupación de la sede de la Agencia de Desarrollo Económico de Pernambuco (Adepe), en la capital del Estado, la ciudad de Recife. “Las familias no pueden sostener más la situación. O la empresa se hace cargo de los impactos que causa o simplemente les queda salir de sus tierras debido a que el nivel de padecimiento ya es insostenible”, comparte João do Vale, que vive en el Sertão (región semiárida) de Pernambuco, donde igual está “inundado de aerogeneradores”, como él describe.
Avispa Mídia
Campesinos y indígenas del pueblo Kapinawá, cuyo territorio también es codiciado para la construcción de un parque eólico, sostuvieron por dos días la ocupación del edificio público. Salieron con la promesa del Estado de suspender la licencia de operación del parque Ventos de São Clemente y de no instalar nuevos parques eólicos en territorio indígena.
Además, representantes del Estado pernambucano se comprometieron a crear una normativa que determine cuál es la distancia segura entre las casas y los aerogeneradores. “El gobierno debió de haber reglamentado eso hace mucho tiempo. Por lo menos 2 km, distancia considerada mínimamente segura. Existe una omisión en reglamentar la instalación de los parques”.
Energía eólica en números
De acuerdo a la Agencia Brasileña de Energía Eólica, existen 1,109 parques eólicos, totalizando 11,773 aerogeneradores, distribuidos en 12 estados brasileños. La gran concentración está en el nordeste del país, especialmente en el Sertão y Agreste. En 2023, la región fue responsable por 92% de la producción nacional de energía eólica.
"Llegaron primero a la Costa y después fueron expandiéndose hacia el interior del Estado, las regiones Agreste y Sertão. Hoy están por todos los lados, se reproducen como peste", señala el agente pastoral.
El viento es la segunda principal fuente generadora de energía en el país, el 16%. Las hidroeléctricas son la principal fuente, generan el 49% de la energía consumida en Brasil.
Presión
A partir de la presión ejercida por la articulación entre indígenas, campesinos, organizaciones y universidad, el Ministerio Público brasileño realizó un peritaje técnico para analizar el nivel de ruido emitido por los aerogeneradores. “Las pericias comprueban lo que sostenemos, que el ruido está arriba de lo que permite la ley. Eso se configura como un crimen. Tenemos laudos en las manos”, señala João do Vale. El Ministerio Público concluyó que existe daños socioambientales en estas comunidades.
El órgano ambiental del Estado, entonces, impuso una serie de recomendaciones tanto para el complejo Vientos de São Clemente así como para el parque Ventos de Santa Brígida, que también está instalado en la región desde 2015 con 107 aerogeneradores distribuidos por los municipios de Caetés, Pedra y Paranatama.
“La empresa dueña de Ventos de Santa Brígida [que también está en proceso de renovación de la licencia de funcionamiento] hizo una propuesta de adecuación a las condiciones establecidas por el órgano ambiental y eso fue considerado suficiente por el Estado. Ya Vientos de São Clemente nunca respondió a las recomendaciones del órgano ambiental”, explica Vale.
Fue entonces que la ocupación de la Adepe obligó el Estado a tomar medidas contra la empresa Casa dos Ventos, suspendiendo el funcionamiento del parque, hasta que cumpliera directrices para mitigar sus impactos. “Es la primera vez que eso pasa en Brasil a través de una lucha popular”, conmemora.

Foto por Felipe Correia
La justicia
Después de la decisión del órgano ambiental, la empresa inició una acción judicial contra el Estado, pidiendo el retorno de las actividades del parque. “El juez de primera instancia decidió que el parque debería continuar suspendido. La empresa llevó el caso a jueces de segunda instancia. Fue entonces que el tribunal de justicia autorizó el retorno de las actividades [hasta que haya una sentencia final del caso], justificando que la empresa iba a tener muchos perjuicios financieros”, explica João do Vale.
Días después de la decisión judicial los campesinos reportaron la queda de una torre, sin mayores acciones del Estado.
Mientras tanto, reportan desde la región una tensa calma. “Ha habido agresiones por parte de quienes quieren los parques, porque con la paralización de las actividades la empresa no pagaría a los dueños de las tierras. Esta situación ha provocado la confrontación de campesino contra campesino”.
El Agreste es una región brasileña formada por poblaciones tradicionales – entre ellas quilombolas, catingueros y diversos pueblos indígenas. “Es una región de una memoria comunitaria todavía muy fuerte”, describe el agente. Allí se vive de la pequeña producción agrícola, frijol, maíz, legumbres, hortalizas, se crea pequeñas cantidades de animales.
Si no hay un acuerdo con estas empresas que permita que se detengan las instalaciones de nuevos parques, la solución vislumbrada por las familias es el desplazamiento a otras tierras o a las periferias de las grandes ciudades, donde tendrán que iniciar sus vidas de cero. “Es un proceso muy violento. Ninguna de las dos opciones es justa”, añade João do Vale.

Foto por Felipe Correia

