La Tierra Indígena Yanomami (TIY), en la Amazonia brasileña, fue uno de los territorios más afectados por los “garimpeiros” (buscadores de oro clandestinos) en 2021, de acuerdo con el informe Conflictos en el Campo Brasil 2021, realizado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).
Demarcada en 1992, la TIY es la mayor de Brasil en área, con 9,6 millones de hectáreas en donde viven los indígenas Yanomami y los Ye'kwana. También consta la presencia de ocho grupos de indígenas aislados en la selva, uno de los cuales son conocidos como indígenas Moxihatëtëa.
La actividad clandestina de extracción minera está en acelerada expansión en el país por lo menos desde 2012, con impacto significativo sobre la Amazonia. Durante 2020, el Centro de Documentación de la CPT – Don Tomás Balduino había registrado 9 muertes en consecuencia de conflictos del campo, la mayor parte dentro del estado de Amazonas (6).
En 2021 fueron registradas 109 muertes en consecuencia de conflictos, lo que significa un aumento de 1,110%. Del total, 101 muertes fueron registradas dentro del estado de Roraima, en la Amazonia. Todas de indígenas Yanomamis. Todas causadas por acciones de buscadores de oro clandestinos.
Desde 2020, la Asociación Hutukara alerta a las autoridades de los riesgos de la escalada de violencia en las regiones de la TIY donde la extracción minera ilegal, el “garimpo”, ha avanzado. Según datos obtenidos por el Sistema de Vigilancia de la Minería Ilegal dentro de la TIY, el cauce del río Uraricoera es la región más afectada por la actividad, concentrando un 45% de toda la área degradada por la minería ilegal dentro del territorio indígena yanomani.
Apiaú es otra región que sufre amenazas por la presencia de minería ilegal. En noviembre de 2021, una comitiva de líderes informó a Hutukara sobre el deterioro de las condiciones de vida comunitaria en la aldea Serriña, con distribución de alcohol y de drogas traídas por mineros que usan la comunidad como dormitorio.
En la misma ocasión, los líderes informaron sobre el asesinato de tres indígenas del grupo aislado Moxihatëtëa en agosto de 2021.
Conflicto
En 2021 fueron registrados un total de 1,768 conflictos en el campo en todo el país, involucrando 897,335 personas. De acuerdo con Carlos Pinto, coordinador del Centro de Documentación – Tomas Balduino, de la CPT, el informe considera como conflicto “la relación de disputa por la tierra, por el territorio”.
El agente causador del conflicto es, generalmente, el “latifundiario [gran propietario de tierras]”. En esta relación, “entre opresores y oprimidos”, se da, según Pinto, el conflicto en el campo. “Registramos entonces la violencia en esta relación, en tres ejes: agua, tierra y trabajo”, explica.
Asesinatos
En 2021, la violencia contra personas fue brutal. Sólo dentro de los estados de la Amazonia Legal hubo 28 asesinatos, 80% del total. La actuación de “pistoleros por encargo” y de las llamadas “agromilicias”, así como de agentes públicos, ocasionaron 35 asesinatos por conflictos en el campo en Brasil, durante el año 2021.
Durante este período hubo, todavía, 27 tentativas de asesinato y 132 amenazas de muerte. También fueron registradas 75 agresiones físicas con diversos heridos, inúmeras intimidaciones y humillantes intentos de subyugación, con 13 registros de tortura practicadas principalmente por agentes privados de grandes propiedades, terratenientes identificados como “fazendeiros”. En este año de 2022, según datos parciales, ya son 14 los asesinatos en conflictos del campo.
El número de personas sin-tierras asesinadas aumentó un 350% de 2020 para 2021, pasando de 2 a 9; y el número de pequeños agricultores sin título de propiedad aumentó 500%, pasando de 1, en 2020, para 6, en 2021. Aumentó, también, el número de torturados, pasando de 9 a 13, un aumento de 44%; y de agredidos, que de 54 pasaron a 75, con aumento de 39%.
Trabajo esclavo
En 2021, la fiscalía del trabajo rescató 1,726 personas. Este es el mayor número desde 2013. Un aumento de 113% en relación a la cifra de 2020. Fueron 169 casos de trabajo esclavo en ambiente rural en 2021, un aumento de 76% en relación al año anterior.
Del total de rescatados de esta práctica criminal, 64 eran niños y adolescentes. Las regiones Sudeste y Centro-Oeste concentraron el mayor número de menores de edad esclavizados, 19 en cada una.
Desalojos
Durante 2021 hubo 2,143 familias desalojadas judicialmente, más de 12% en relación al año 2020. Del mismo modo hubo un aumento de 18% de la cantidad de familias expulsadas violentamente en 2021. El número pasó de 469, en 2020, para 555 en 2021.
Más de 71 millones de hectáreas estuvieron o están en situaciones de conflicto, lo que equivale a 8,35% del territorio nacional. Las tierras indígenas constituyen la mayoría aplastante de estas tierras que sufrieran intrusiones con violencia y agresivos saqueos, correspondiendo a 81% de las áreas en situación de tensión social y conflicto.
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Los llamados sin-tierra constituyen la segunda categoría de identidad con más áreas bajo cruenta presión y conflicto. El total de familias afectadas por las ocurrencias de conflictos de tierra, en el curso de 2021, refleja la creciente tendencia de los últimos cinco años, correspondiendo a 164,782 familias, siendo que 17,706 de las cuales están amenazadas de desahucios judiciales.
Por lo que respecta a los datos sobre el número de familias implicadas en conflictos por tierra en los últimos diez años, hubo aumento de la cantidad de familias que sufrieron invasión de sus tierras desde el inicio del actual gobierno (2019- 2021): 206% más que en relación a 2018.
En cuanto a la ocurrencia de conflictos por tierra en Brasil en el último bienio, entre los cinco primeros estados con mayores números (Pará, Maranhão, Bahía, Mato Grosso e Rondônia), cuatro están en la Amazonia Legal.
En 2021, la Amazonia registró 52% de los conflictos por tierra de Brasil y 61% del número de familias envueltas. Cuando se observa la cantidad de terreno de áreas en disputa, la escala de los conflictos muestra todo el motivo de las disputas por tierras y territorios en la región.
En la Amazonia ocurrieron, todavía, 64,5% de las amenazas de expulsión, 63% de las contaminaciones por agrotóxicos, 78% de la deforestación ilegal, 87% de las expulsiones, 81% de las “grilagens” (acaparamiento ilegal de tierras), 82% de las invasiones, 69% de los registros de sicarios y pistoleros, 73% de las omisiones/connivencias del Estado y 70% de violaciones de las condiciones de existencia.
Resistencia
Las acciones de ocupaciones y retomadas tuvieron un aumento expresivo en 2021. En total pasaron de 29 en 2020, para 50 en 2021, con aumento de 72%, y de 1,391 familias en 2020, para 4,761 familias en 2021. Un aumento de 242%.
Conflictos por agua
En 2021 se registraron 304 conflictos por agua en Brasil, involucrando a 56,135 familias, de acuerdo con los datos de la CPT. En 2020 fueron 350 conflictos con 56,292 familias.
Alrededor de 30% de los conflictos por agua fueron provocados por empresas mineras internacionales, 19% por sectores empresariales, 14% por grandes propietarios de tierras, 10% por instalación de hidroeléctricas, 9% por entidades gubernamentales (federales, estatales y municipales) y 8% por la acción de “garimpeiros” (minería clandestina).
En relación a los principales afectados por los conflictos por agua, destaca el predominio de las comunidades tradicionales.
