Por Renata Bessi
Lago de Izabal, lugar sagrado para el pueblo Maya Q’eqchi’. Las aguas azules obscuras forman un espeso espejo de casi 600 km2, cerca de la costa del Mar Caribe de Guatemala. Alrededor de todo el lago, el más grande del país, han vivido desde siempre las comunidades Maya Q’eqchi’, desde antes de la llegada de los españoles.
Desde El Estor, núcleo urbano al norte del lago, donde hay una base militar, el equipo de este reportaje siguió una línea recta, hacia el sur del lago, lo que significa aproximadamente dos horas de viaje a bordo de una lancha acondicionada para realizar viajes colectivos de la comunidad. Es la única forma, en época de lluvias, de llegar en estos territorios. Ahí, la bienvenida se recibe de un paisaje monótono verde olivo de extensas plantaciones de palma africana.
En este lado del lago habitan 16 comunidades Maya Q’eqchi’ que luchan para continuar viviendo en sus territorios y salir del arrinconamiento que les ha sometido las extensas plantaciones de palma de la empresa Naturaceites. Ahí también está un segundo destacamento militar.
A pocos metros del desembarque en esta parte sur del lago está la comunidad Chapín Abajo, que ha sufrido, por lo menos en los últimos tres años, la intensificación de los intentos de desalojo y de incursiones militares violentas por supuestas órdenes de captura a sus miembros. Durante las incursiones, militares del destacamento de la parte norte del lago se mueven en rápidas lanchas para el “combate”.
La abuela Maya Q’eqchi’ que se identificó como Juana recordó con dolor en su lengua materna el último ataque a la comunidad. “Sentía el rugir de las balas por detrás de mis pies, mientras intentaba proteger a los niños. Nos trataron como animales”, cuenta al equipo de Avispa Mídia. Los militares incursionaron violentamente en Chapín Abajo el 6 de diciembre de 2022, supuestamente contaban con 20 órdenes de captura contra comunitarios, “órdenes que nunca nos enseñaron”, agregó la abuela Juana.
Un contingente policial de aproximadamente 5 mil agentes “mezclados con cuadrillas que sabemos que son pagadas por la empresa [Naturaceites]”, cuentan los pobladores, cercaron la comunidad durante horas hasta la madrugada, “nos atacaron”. Antes de estos hechos ya habían atacado dos meses antes, el 26 de octubre de 2022.
Las mujeres de la comunidad hicieron frente y tomaron las riendas de la situación. Salieron al encuentro del contingente. “A través de un megáfono preguntábamos qué estaba pasando, si acaso éramos narcotraficantes o estábamos haciendo actos ilegales para que fuéramos criminalizados y perseguidos de esta manera. Pues ellos, de igual forma, no respondieron a nada, sino al contrario, ellos ingresaron”, relata para Avispa Mídia, en su lengua Maya Q’eqchi’, Alba María Choc, quien fue agredida y detenida en esta ocasión, junto a su hijo de 14 años. “Ingresaron sarcásticamente accionando sus fusiles y pistolas”, recuerda
Autoridad ancestral Pedro Cuc al lado de su familia. Foto: Aldo Santiago
Como en las películas del viejo oeste, tres fotos de las autoridades ancestrales figuran en carteles que ofrecen 50 mil quetzales a quienes ofrezcan informaciones sobre ellos, por participar de movimientos en defensa del territorio. “El Estado regó carteles con nuestras fotos por todo El Estor ofreciendo recompensa a cambio de informaciones sobre nosotros”, cuenta al equipo de Avispa Mídia Pedro Cuc Pan, una de las tres autoridades ancestrales perseguidas, miembro del Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ de Chapín Abajo, quien también se ha declarado en resistencia contra la minería y la plantación industrial de palma aceitera, también conocida como palma africana.
Ahora en el territorio se siente una calma tensa. La memoria de la violencia aun está presente y afecta especialmente a los niños y ancianos. La posibilidad de que en cualquier momento se pueden suscitar nuevas incursiones militares es latente. “Siguen las órdenes de captura”, señala Pedro Cuc.
Chapín Abajo arrinconada por la plantación de la palma africana. Foto: Aldo Santiago
¿De quién es la tierra?
En Chapín Abajo, alrededor de 200 familias viven en cuatro hectáreas. Esta comunidad está cercada por plantaciones de palma de la empresa Naturaceites, la cual se vanagloria de estar certificada al 100% bajo la certificación estándar RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil, en español Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible).
Las familias no tienen espacio suficiente para sus cultivos de subsistencia y tampoco para criar animales. Ya no les queda espacio para construcciones esenciales para la comunidad como una escuela para los niños.
La zona es controlada por la seguridad de la empresa y por los militares. “Somos vigilados todo el tiempo, incluso por drones”, sostiene Ana Coc.
Naturaceites sostiene que todas las tierras donde tienen plantación son suyas. También dice en sus informes que posee los documentos que le aseguran la propiedad de las tierras. No obstante, las comunidades y organizaciones tienen otra perspectiva de cómo la empresa fue acumulando tierras.
La empresa afirma que posee un total de 11 mil 736 hectáreas propias
y 16 mil 249 hectáreas de productores asociados en los municipios de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz; San Luis, Petén; Panzós, Alta Verapaz y El Estor, Izabal.
En el Valle de Polochic, donde está Chapín Abajo, según información de la propia empresa, posee 6 mil hectáreas no continuas de plantaciones y una planta de beneficio. Sus marcas comerciales son: Capullo, Cora y Great Taste.
Erwin Tut, de la Fundación Guillermo Toriello, que ofrece asesoría y acompaña no solamente Chapín Abajo, sino que también a otras comunidades afectadas por la palma y la minería en la región, sostiene para Avispa Mídia que gradualmente “las comunidades fueron siendo arrinconadas por la palma”.
La estrategia utilizada por Naturaceites fue apropiarse poco a poco de las tierras y, en muchos casos, fueron registrando “de manera anómala” en su nombre, sostiene Tut. “Hay un acaparamiento enorme de tierras y hay mucha vinculación con el gobierno”, señala.
La Ley de la Oficina de Control de las Reservas Territoriales, por ejemplo, garantiza que las tierras que están a una distancia de hasta 200 metros del lago son del Estado. “Pero ¿qué pasa?, la palma está en toda la orilla del lago. Y si vamos a reclamar, la empresa dice que tiene los títulos de estas tierras. ¿Y cómo lo obtuvieron?”, indaga.
Plantación de palma en las orillas del Lago de Izabal. Foto: Aldo Santiago
Otro caso que ilustra las formas turbias de cómo Naturaceites fue concentrando las tierras es respecto al proceso del indígena Maya Q’eqchi’ Oswaldo Rey Chub Caal, capturado y acusado por usurpación de tierras, en el desalojo de la comunidad llamada Palestina, en la finca Chabiland, Chinebal, al sur de El Estor, en noviembre de 2021. La acusación es de la empresa Naturaceites, quien alega que las tierras son suyas.
Él permaneció nueve meses en prisión. Al final, la empresa no pudo comprobar las acusaciones contra el indígena y fue puesto en libertad. El indígena Caal, que es de la comunidad de Chapín Abajo y quien, en solidaridad, estuvo presente en el desalojo violento de la comunidad Palestina, fue liberado porque la empresa no logró probar que es propietaria de las tierras. El registro de propiedad que presentó durante el proceso no correspondía a la finca en El Estor, pertenecía a otra jurisdicción, al municipio de Livingston.
Oswaldo Rey Chub Caal. Foto Renata Bessi
Es decir, “¿cómo Caal pudo ser acusado por Naturaceites de usurpar una tierra que no tiene cómo probar que son suyas?”, dijo el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro, quien defendió el indígena Maya Q’eqchi’ en los tribunales.
Con base a ese mismo título de propiedad, señala el abogado, existe una serie de otras órdenes de captura en contra de otros comunitarios que estuvieron en el desalojo.
“Nosotros, las organizaciones, así como las comunidades, no tenemos recursos para hacer un estudio completo de la ocupación de las tierras y de los registros catastrales, es muy caro. El Estado no tiene interés de hacerlo. Pero en estudios que hemos logrado hacer en casos específicos, nos deparamos con esta realidad, con esta misma lógica anómala de apropiación de tierras”, argumenta el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas.
“No necesitamos que un documento nos diga que esta tierra es nuestra”
Durante el periodo colonial, explica el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro, los maya Q’eqchi’s no fueron pueblos que habían desarrollado una titulación de sus territorios, como ocurrió en otras regiones de Guatemala, cuyos títulos se conservan hasta la actualidad.
Tener el registro implicaba comprar sus propias tierras a la Corona española y, como consecuencia, tenían que someterse al régimen de tributación que había en ese entonces.
Después, con la creación del Registro de la Propiedad, alrededor de 1870, “muchas de estas tierras fueron tituladas a particulares y también como fincas públicas. Sin embargo, las comunidades siguieron permaneciendo ahí, a pesar de no tener títulos”, puntualiza el abogado.
“Son comunidades que no tienen registros de la titulación de esas tierras, pero tienen una posesión histórica y tienen una relación histórica con el territorio”, subraya Castro.
El Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial del municipio de El Estor 2018 – 2032 identifica Chapín Abajo como uno de los lugares con “mayor antigüedad e importancia por su densidad y pertenencia Q’eqchi’ se ubican en el área de la cuenca del lago de Izabal”. Además de Chapín Abajo, mencionan: Nueva Esperanza, Lancetillo, Chinebal, Río Zarquito, Pataxté, Chichipate, Setal y Selempin.“A nosotros no nos pertenece la tierra porque un documento lo diga o porque un ingeniero lo dijo, nos pertenece la tierra porque aquí murieron nuestros antepasados y aquí nacimos nosotros. Entonces la defendemos”, dijo Pedro Cuc
Alba María, mujer Maya Q’eqchi’ que fue detenida junto a su hijo de 14 años en el ataque a su comunidad el 6 de diciembre. Foto: Renata Bessi
Foto: Santiago Navarro F
Foto: Aldo Santiago
Foto: Santiago Navarro F
Foto: Santiago Navarro F
Foto: Renata Bessi
Foto: Santiago Navarro F
Comunitarios en las tierras recuperadas. Foto: Renata Bessi
Niños que sobrevivieron al conflicto armado, hoy reclaman las tierras de sus ancestros
Mientras la abuela Juana gesticulaba para enseñarnos cómo sentía las balas que le pasaban por detrás de sus pies en el ataque del 6 de diciembre de 2022, se acordaba de situaciones de violencia que pasó en el mismo lugar, 40 años atrás, rememorando el Conflicto Armado Interno en Guatemala (1960-1996).
“Cómo es posible que en Guatemala estemos volviendo a los años 1980, cuando mataron muchos niños, niñas, ancianas, ancianos. Es eso lo que estamos viendo hoy, en estos días. Estas empresas no solo vienen a despojar nuestras tierras, sino que vienen a exterminar nuestra población como Maya Q’eqchi’, dice la señora.
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Pedro Cuc recuerda que el Conflicto Armado Interno se vivió por los mismos motivos que generan resistencia de los pueblos hoy. “Hace mucho tiempo, empresas de otros países como Alemania, España, de los Estados Unidos venían aquí a invertir en café, banano, algodón, ganadería. Desde ese entonces, ellos obtenían las tierras a fuerza bruta, desalojaban y se quedaban con los patrimonios de los pueblos originarios. Fue por eso que se hizo la insurgencia”, señala Pedro Cuc.
Para el Estado de Guatemala, liderado por militares en aquel periodo, el enemigo pasó a ser toda la sociedad y se persiguió no sólo a los que estaban involucrados en la lucha armada, sino a todos quienes consideraban opositores a sus intereses, principalmente los económicos, y las comunidades indígenas y campesinas fueron blanco de esta represión. Utilizaba el Conflicto Armando Interno para justificar la política de “tierra arrasada”.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), nombrada por las Naciones Unidas para recopilar información histórica del Conflicto Armado Interno, estima que el saldo al final del conflicto fue de 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos y alrededor de 100 mil desplazados. Según la CEH, las fuerzas gubernamentales son responsables del 93% de la violencia del conflicto y los grupos guerrilleros del 3%.
Ocurrieron masacres de comunidades enteras, de indígenas y campesinos. “Hay comunidades que en verdad se exterminaron y hay comunidades que desalojaron porque los habitantes se fueron huyendo para las montañas por las masacres. O se iban para otros países, como México”, cuenta Pedro Cuc.
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El caso de Chapín Abajo y la región del Valle de Polochic, de la cual hace parte la comunidad, no fue distinto. Pedro Choc, otra de las autoridades indígenas quien también es buscado por 50 mil quetzales como recompensa, hoy con 40 años, vivió con su padre en estas tierras hasta los ocho años, en la época del Conflicto Armado Interno.
Pedro Choc, autoridad ancestral Maya Q’eqchi’. Foto Renata Bessi
Tuvo que salir de su comunidad, su padre fue asesinado. “Nosotros pudimos crecer. Nosotros somos los niños que logramos crecer en este tiempo. Mi padre fue masacrado cuando los militares protegían a las empresas en aquella época, igual como está hoy. Firmaron la paz, pero no sé para qué, porque no hay ningún cambio. Los militares de los tiempos anteriores son los que hoy prestan seguridad de las empresas, los policías. Los ubicamos”, cuenta al equipo de este reportaje.
Naturaceites pertenece al empresario guatemalteco Juan Maegli Müller. Este personaje tiene su origen de una familia suizo-alemana que llegó a Guatemala durante la Reforma Liberal, en el siglo XIX.
Según la organización Entre Mundos, en un informe publicado en abril de 2022, la familia de este empresario es considerada “una de las más grandes terratenientes en la región. Participó en el partido Movimiento de Liberación Nacional (MLN), financiando paramilitares y en la campaña contrainsurgente represiva de 1970 y 1980”, durante el Conflicto Armado Interno.Por las masacres y por los desalojos, las tierras “quedaron vacías y libres para las empresas y para los finqueros establecer sus negocios”, sostiene Pedro Cuc. “A nosotros lo que nos tocó fue la palma y todas sus consecuencias en nuestro territorio. Lo que logramos recuperar hasta ahora fue este pequeño espacio”, refiriéndose a su comunidad
La guerra contra los mayas en el Valle Polochic
En 1964 varias comunidades asentadas durante décadas en la orilla del río Polochic se organizaron en torno al reclamo de títulos de propiedad al Instituto Nacional de Transformación Agraria (Inta), creado en octubre de 1962, de acuerdo con el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico Guatemala Memoria del Silencio. Sin embargo, las tierras fueron adjudicadas a terratenientes.
En algunos casos los finqueros manipularon a las instituciones del Estado, como el Inta, para neutralizar los reclamos por tierras, afirma la Comisión en el informe. El Ejército apoyó a los finqueros para contener estas demandas, bajo la acusación de que los indígenas-campesinos eran “comunistas”.
Fue la demanda por la tierra, según documentó la Comisión, lo que generó la reacción violenta propiciada por las autoridades municipales, el Ejército y los finqueros de la zona, resultando en la “masacre de Panzós”, el 29 de mayo de 1978.
A partir de la masacre el Ejército, según el informe, inició en el Valle Polochic, donde se ubica Chapín Abajo, una represión selectiva contra los líderes comunitarios que reivindicaban tierras y contra sacerdotes mayas. De las personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente por los soldados, comisionados militares y patrulleros de la autodefensa civil, entre 1978 y 1982, la CEH registró 310 víctimas.
A consecuencia de estos hechos, se veían a diario cadáveres de indígenas flotando en el río Polochic. Según registró la CEH, una persona, que trabajó en proyectos de desarrollo en el Valle Polochic entre 1978 y 1982, declaró: “Cada día, cuando iba a trabajar, me imaginaba que eran los mismos cadáveres que pasaban en el río, aunque sabía que no era posible, era demasiado fuerte darme cuenta que cada remolino traía nuevos muertos”.
Mujeres Maya Q’eqchi’. Foto Renata Bessi
“¿Las instituciones del Estado?”
Hoy no existe un proceso de regularización de los territorios de las comunidades en la región, tampoco un espacio de diálogo para estos temas. Lo que existe son regularizaciones bajo los intereses de la empresa.
Un ejemplo, cita Tut, es la comunidad Manguito 1, que está a una hora de Chapín Abajo. La finca posee alrededor de 21 caballerías - caballería es un predio agrícola de 6 a 43 hectáreas - y, de esas 21 caballerías, la mitad la tiene Naturaceites con una plantación de palma. “Qué dice Naturaceites a la comunidad? Miren, no nos metamos a pelear. ‘Yo les facilito el título de propiedad de donde están ubicados ustedes y me dejan trabajar donde ya está la palma’. Como si fuera la dueña de las tierras”, cuestiona el indígena Tut.
Antes de la creación del Fondo de Tierras, que es la entidad que regula la tierra en Guatemala, creada en 1999 tras la finalización del conflicto armado interno, fruto de los Acuerdos de Paz, existía el Instituto Nacional de Transformación Agraria (Inta). “El Inta había dado acompañamiento a varias comunidades y estaban a punto de tener su certeza jurídica. Con la llegada de la palma todo este proceso se viene abajo”, dijo Tut.
Ahora la situación se puso más complicada, explica él, porque el gobierno que asumió el poder el 20 de enero del 2020, quitó varias secretarías, como la Secretaría de Asuntos Agrarios, que “era la entidad más cercana de las comunidades para dialogar en temas relacionados con conflicto de tierras, como es el caso de la finca de Chapín Abajo”, señala Tut.
El Fondo de Tierras solamente registra la tierra. La Secretaría de Asuntos Agrarios tenía la función de resolver el conflicto “antes que el proceso de regularización llegara al Fondo”, explica Tuit.
La secretaría era también la institución de gobierno que había compilado información relacionada con las tierras y los conflictos que las involucraban en todo el país. Ahora, comenta el abogado Castro, es muy difícil tener acceso a estos documentos, por la desaparición de la secretaría “nos deja desarmados frente a los finqueros”, señala.
Otra de las instituciones creadas tras la firma de los acuerdos de paz fue el Registro de Información Catastral, pero “el registro solo declara que existen anomalías, y no entra en el saneamiento de la tierra”, agrega el asesor jurídico.
La nueva gestión creó la Comisión Presidencial para la Paz. “Cuando la invocas para ir a hacer una mediación dice, ‘bueno, yo no tengo facultades para resolver conflictos agrarios’”, justifican, según el abogado Castro.
El derecho indígena
Niños Maya Q’eqchi’ juegan en la comunidad de Chapín Abajo. Foto: Renata Bessi
En el país tampoco existe la figura de “tierras indígenas” o un marco legal que permita las “demarcaciones de tierras indígenas”. “Cuando el Fondo de Tierras busca la regularización de las tierras para pueblos indígenas, es todavía a través de la compra. Es necesario que el finquero quiera vender las tierras. El Estado subsidia, pero las comunidades tienen que pagar una parte”, explica Castro. En la actualidad es muy difícil que estas compras ocurran, resalta.
Para el abogado Castro, el derecho civil en Guatemala tampoco es suficiente para poder comprender la relación histórica que tienen los pueblos con sus tierras. “Lo que privilegia son los documentos. Y un finquero que tiene un documento dice esto es mío y está registrado, eso es suficiente para considerarse el dueño sin tomar en cuenta si la comunidad tenía 200 años de existir en estos territorios”, lamenta.
El abogado menciona que hace poco más de cinco años, la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal en materia constitucional de Guatemala, dio fallos importantes a favor de los derechos de los pueblos. “La Corte reconoce que existen otras formas de propiedad que están reguladas en el artículo 67 constitucional y que otorgan derechos para las comunidades indígenas. Pero hubo un cambió de la Corte y todos esos avances que se tenía retrocedieron. Ahora la única vía que tenemos es acudir ante la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana, pero claro, son trayectos mucho más largos”, cuenta el abogado cuyo bufete litiga en defensa de los derechos de los pueblos en distintas partes de Guatemala.
Una de las pocas herramientas jurídicas que existen en el país para intentar defender los territorios indígenas es la “acción de tutela o la acción de amparo”.
Este es un mecanismo para solucionar una cuestión urgente en casos donde los derechos humanos están siendo vulnerados, como en un desalojo. “Porque claro, cuando te despojan de tu tierra está en riesgo derechos básicos como la vivienda, la alimentación, la educación, la salud”, señala el abogado.
Delante de un desamparo institucional quedaría a las propias comunidades llevar a cabo procesos de investigación para develar las irregularidades en la forma que adquirió Naturaceites las tierras. “Sin embargo, difícilmente ellas logran recursos suficientes para producir estudios que puedan sostener un proceso de defensa de su tierra. Es muy difícil armar un juicio ordinario civil, es muy costoso, hay que hacer mediciones, investigaciones, estudios antropológicos”.
Las instituciones, tanto administrativas como judiciales, no son suficientes para resolver un conflicto agrario indígena que tiene más de 200 años. “Entonces abre camino para que el Estado y empresas puedan utilizar directamente la vía penal, lo que implica desalojos y órdenes de captura”, añade el abogado.
Desde los pueblos asumen no queda otra salida más que organizarse para resistir y sobrevivir a los desalojos y a las órdenes de captura, lamenta.
Palma avanza en los bosques. Foto: Aldo Santiago
La palma avanza sobre la reserva
Naturaceites dice en sus informes de sostenibilidad que sus plantaciones de palma están entre dos áreas protegidas, la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas, de 242 mil 642 hectáreas, reconocidas por la Unesco, y el Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic, de 20 mil 760 hectáreas, un humedal reconocido internacionalmente por la convención Ramsar - convención que busca proteger los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.
Tanto las comunidades indígenas, así como órganos ambientales del gobierno y diversas investigaciones, han comprobado que la palma también avanza sobre las reservas ambientales.
La cuarta Actualización del Plan Maestro de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas menciona que, según recomendaciones del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), se considera al cultivo de palma africana como una amenaza potencial a la reserva. “El crecimiento de las actividades agroindustriales se realiza a expensas de áreas boscosas en muchos casos sin ninguna planificación más que la necesidad de terrenos para sembrar o producir materia prima para las industrias”.
Otro documento, Riesgos de la Agroindustria de la Palma Africana para las Áreas Protegidas y Diversidad Biológica en Guatemala, del Conap, alerta que la expansión del cultivo de palma africana avanza aceleradamente en áreas protegidas. La Reserva de Biosfera Sierra de las Minas es una de las áreas citadas por el órgano ambiental. Un estudio de la bióloga Heidy Amely García de la Vega titulado Dinámica del uso del suelo asociado al cultivo de palma africana (Elaeis guineensis Jacq.) durante el periodo 1995-2017 en el Valle del Polochic, realizado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, determinó que, hasta 2017, el área cubierta con plantaciones de palma africana en el Valle de Polochic es de 8 mil 696 hectáreas. Un total de 1,477.2 ha (17%) se encuentra dentro de áreas protegidas (1,477 ha en la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas y 0.2 ha en el Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic).
Fuente: Investigación Dinámica del uso del suelo asociado al cultivo de palma africana (Elaeis guineensis Jacq.) durante el periodo 1995-2017 en el Valle del Polochic, de Heidy Amely García de la Vega
El Plan Maestro de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas establece cuatro tipos de zonificación. En las zonas núcleo, de usos múltiples y de recuperación, “no se permitirá la introducción de nuevos cultivos intensivos de flora exótica tanto de especies forestales como no forestales”.
En la zona de amortiguamiento, “para la introducción de nuevos cultivos intensivos se deberá contar con la autorización de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, con base a criterios científicos que demuestren que no interfieren en los procesos ecológicos para los cuales fue creado el área”.
“La palma, como una planta exótica, necesita estudios de impacto ambiental. Ninguna plantación de palma aceitera en Guatemala tiene estos estudios”, señala el abogado del Bufete para los Pueblos Indígenas.
Naturaceites sostiene que desde 2015 tiene una política de “cero deforestación”, mismo periodo en que fue aprobada la certificación de la RSPO.
Para “compensar” la deforestación que ha provocado, la empresa informa que aportará por 25 años a la financiación del proyecto Perú-Peruito, que abarca una zona forestal de 9 mil 400 hectáreas en el sur del Parque Nacional Laguna del Tigre, parte de la Reserva de la Biosfera Maya, en el cual participa la organización internacional Wildlife Conservation Society (WCS) y el Consejo Nacional para las Áreas Protegidas (Conap).
Palma africana ha avanzado hacia los límites de la reserva Sierra de Las Minas. Foto Aldo Santiago
Doble expulsión
Si en la parte más plana del sur del Lago de Izabal, al pie de la Sierra de las Minas, las tierras fueron tomadas por la palma de Naturaceites, quedaría la región más montañosa para una posible ocupación de las comunidades. Pero tampoco son zonas que pueden ser ocupadas porque fueron declaradas pertenecientes a la Reserva Sierra de las Minas en 1990, mismo año que empieza a ser controlada y gestionada por la Fundación Defensoras de la Naturaleza (FDN).
La connivencia de la FDN con las plantaciones de palma, no se aplica cuando se trata de la necesidad de subsistencia de las comunidades. “Cuando intentan entrar en la reserva son desalojados. No pueden regresar a sus tierras porque están tomadas por palma, pero tampoco pueden ir a vivir en las montañas porque están protegidas por organizaciones que no permiten la presencia de gente. Entonces no tienen para donde ir los pueblos de este lugar”, sostiene Castro.
Si alguien quiere sembrar milpa, frijol, “tiene que poner su semilla en una zona de riesgo, en zonas vulnerables para el cultivo, mientras que los terratenientes están establecidos en los lugares más fértiles”, señala el indígena Pedro Cuc.
Además, son áreas controladas, “existe mucha vigilancia, casi nadie puede entrar”, advierte Erwin Tut. En 2020, por ejemplo, “la comunidad Guaritas, aislada por palma, intentó recuperar tierras que les pertenecía dentro de la reserva. Defensores de la Naturaleza pidió el desalojo y los sacó”, comenta Tut.
Naturaceites y Fundación Defensores de la Naturaleza poseen convenios en diversos proyectos de conservación. Uno de ellos es el programa de identificación y monitoreo de la diversidad en la Sierra de las Minas y Lago de Izabal.
Se identificó seis áreas consideradas de Alto Valor de Conservación (AVC), con “un valor biológico, ecológico, social o cultural excepcionalmente significativo o de importancia crítica”, según sus informes. Todas ellas en áreas públicas, en las reservas.
Con base al estudio “hemos definido e implementado cinco programas de protección de áreas AVC”. La “protección” de áreas consideradas de Alto Valor de Conservación es uno de los puntos necesarios para lograr y mantener la certificación RSPO.
El equipo de RSPO contestó a preguntas enviadas por Avispa Mídia, por correo electrónico, en marzo de este año, en el cual explica la importancia de las áreas de AVC para la certificación: “La certificación RSPO requiere evaluaciones de Alto Valor de Conservación y el Enfoque de Altas Reservas de Carbono para identificar, proteger y conservar los bosques y las áreas de importancia para la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas (...)”.
Es decir, la empresa utiliza bosques en tierras públicas para mantener la certificación, necesaria para que tenga acceso a los mercados europeos y norteamericanos, mientras se dificulta el acceso a las comunidades a estos mismos bosques.
¿Defensores de la Naturaleza?
En su sitio oficial, la Fundación Defensores de la Naturaleza es muy emotiva al explicar los inicios de la organización: “Tras conocerse, Thor Janson y Magaly Rey Rosa descubrieron un amor mutuo hacia el mundo natural que eventualmente los llevó a unir fuerzas en 1983 y trabajar juntos para defender la naturaleza y trasladar la filosofía ‘verde’ a la sociedad guatemalteca”.
Una de las personas que ayudó a “establecer los cimientos de la Fundación” fue Luis Movil, gerente general de Esso/Exxon de Centroamérica en la época, “quien brindó el financiamiento necesario para producir los primeros documentos oficiales” de la organización.
Hoy sus aliados son: la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en sus siglas en inglés), el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos USFish, en sus siglas en inglés), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Unión Europea, y las organizaciones conservacionistas, Rainforest Alliance, WWF, The Nature Conservancy.
En un documento de 2021, la USAID, presente en la región con diversos proyectos de conservación, subraya lo “importante que ha sido el establecimiento de alianzas para el desarrollo de estrategias de conservación de la reserva con organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales y el sector privado, que incluso facilitó que la Fundación Defensores de la Naturaleza adquiriera propiedades en la zona núcleo”.
Mujeres Maya Q’eqchi’s en la siembra de milpa en la recuperación de tierras ancestrales. Foto: Renata Bessi
Responsabilidad con generaciones pasadas y futuras
La vista cansada de la palma, que se dibuja en el infinito, se complace en un rincón detrás de la comunidad. Ahí, troncos de palma se ven perdidos entre la siembra de maíz, arroz, frijol, plátano, y diversidad de plantas frutales. Los niños juegan, subiendo y bajando de los troncos que tienen al menos 25 años de existir.
En este lugar los comunitarios de Chapín Abajo empezaron, hace un poco más de un año, la recuperación de tierras a pesar de todo el peso de los dos destacamentos militares que los vigilan todo el tiempo.
Para eso hay una fuerte organización comunitaria para talar la palma. “Bien organizados, podemos tirar 400 palmas por día”, dicen los comunitarios mientras acompañaban el equipo de este reportaje a un recorrido a las tierras ocupadas.
“Cuando yo nací aquí, era una comunidad amplia. Hoy se ve muy reducida por el tiempo del conflicto. Muchos se fueron a refundir en las montañas. Decían que eran guerrilleros en este tiempo, pero no eran, eran campesinos, agricultores. Todas esas tierras la empresa las invadió. Entonces ese es nuestro coraje, volvemos a recuperarlas nuevamente”, dice Pedro Choc.
Tener la tierra y cultivarla no es solamente un derecho, es una responsabilidad, señala Mariano Choc Bol, cuyos padres también fueron asesinados en estas tierras en el Conflicto Armado Interno. “Tenemos que ponernos de pie y quitarles lo que a nuestros antepasados les quitaron. Tenemos esta responsabilidad con nuestros padres y con nuestros hijos”.
Los Maya Q’eqchi’ de Chapín Abajo avisan que el proceso de recuperación de las tierras continúa, “es un trabajo difícil, pero no imposible”, dice Pedro Cuc. El objetivo, según él, es lograr la soberanía alimentaria y la autonomía como pueblo. “La idea que nosotros llevamos con nuestra organización es ser independientes, nunca pedir trabajo a ellos. Acceder a la tierra estén o no estén de acuerdo. Vamos a recuperar esas tierras a costa de lo que sea. Si un día pues llegamos a pagar esa factura con nuestras vidas, hay jóvenes, hay niños, mujeres, padres jóvenes que están en la lucha. Seguirán trabajando hasta llegar a obtener lo que nos pertenece como pueblos. Esta lucha no se piensa abandonar mientras haya vida”, dice Pedro Cuc.
Tierras recuperadas en la comunidad de Chapín Abajo. Fotos Renata Bessi y Santiago Navarro F