En portada: En Aldama, hasta noviembre del 2021, se documentó a 4399 personas desplazadas con 23 personas heridas y 7 muertos. Actualmente la población sigue asediada con disparos cotidianos de armas de fuego. Foto: CDH Frayba
Los ataques armados contra comunidades tsotsiles pertenecientes al municipio de Aldama, en los Altos de Chiapas, continúan impunes. Solo en el pasado mes de febrero se registraron 346 ataques armados. Además, hasta los primeros ocho días de marzo se recibieron 78 reportes de agresiones con armas de fuego.
Estos datos fueron recabados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), quien señala que el aumento de la violencia sucede mientras el gobierno “sigue simulando la situación desbordada”.
La organización de derechos humanos resalta que persiste la simulación del Estado mexicano en su deber de garantizar la paz y seguridad en los territorios y para ello destaca hechos contradictorios.
Por ejemplo, el pasado 3 de marzo, funcionarios del gobierno estatal y federal realizaron la ceremonia de entrega, para 115 comuneros de Aldama, del predio Cerro Bola ubicado en el municipio de Ixtapa.
De acuerdo a la Secretaría de Gobernación, la ceremonia que se realizó con presencia del gobernador de Chiapas se dio en cumplimiento del acuerdo de solución definitivo, firmado el 27 de noviembre del 2020, entre funcionarios de la secretaría, el gobierno del estado y autoridades de Aldama y Chenalhó.
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Gobernación hace alusión a que la entrega del predio de 180 hectáreas a los comuneros de Aldama cumple con el acuerdo firmado y con ello “se da resolución al conflicto agrario de más de 45 años entre estas comunidades”.
Sin embargo, el mismo 3 de marzo por la mañana, continuaron las agresiones. En esa ocasión fue atacada la comunidad de San Pedro Kotsilnam, la cual “estuvo bajo fuego proveniente del punto El Ranchito en Fracción Ak'tik 2 dentro de las 60 hectáreas en disputa”, reporta el CDH Frayba.
“La entrega del predio no ha resuelto las agresiones que vive la población”, denuncia la organización, quien también detalla que los ataques perduraron durante el primer fin de semana de marzo en el cual registraron 40 agresiones armadas.
Para el CDH Frayba el conflicto existe desde el inadecuado deslinde territorial, por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria en la década de 1970, entre los pobladores del municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha en Chenalhó. A esto se suma la omisión para resolver dicha situación por parte del Estado, lo que ha permitido la continuación del conflicto entre las comunidades indígenas.
No es un caso aislado
Desde 2018 el conflicto se ha recrudecido y los ataques armados se suceden diariamente sin intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Pero no es el único caso en Chiapas.
En una carta publicada el pasado lunes (7) por el CDH Frayba, cientos de firmantes enfatizan que el conflicto en Chenalhó y Aldama se suma a una enorme lista de casos: en la misma región Altos, en los municipios de Pantelhó, Oxchuc, Chalchihuitán, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula, El Bosque y Simojovel. En el norte del estado desde Chapultenango y Amatán hasta Tila, Palenque y Chilón; en la zona de los llanos en Socoltenango y Venustiano Carranza; en la selva entre los municipios de Altamirano, Ocosingo, Las Margaritas y en la zona fronteriza con Guatemala en Frontera Comalapa y Chicomuselo.
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“La lista de episodios violentos, enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, crece día con día en todo el estado, como expresión de una clara, acelerada y, al parecer, incontrolable descomposición social”, resalta el documento.
En la carta, dirigida a los gobiernos federal y estatal, sostienen la alarmante cantidad de armas de alto poder y de uso exclusivo del Ejército que circulan por todo Chiapas “sin que ninguna autoridad intervenga para detener el flujo”. También denuncian la absoluta impunidad con que diversos grupos delincuenciales, algunos de relevancia nacional, operan en el Estado.
“Estamos hablando de una abierta disputa por el control territorial, en la que confluyen intereses de todo tipo, y cuyas terribles consecuencias hemos visto en otros estados de la República”, alerta el documento, el cual se suma a la preocupación señalada por el CDH Frayba de que las múltiples expresiones de violencia en Chiapas están aterrorizando a la población y creando zonas de silencio donde se opta por no denunciar las agresiones para salvaguardar las vidas de la población.
