El pasado 16 de Agosto cientos de personas se movilizaron contra la violencia machista y feminicida que se vive en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Según los registros del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas y diversas colectivas y organizaciones que documentan la violencia feminicida en Chiapas, tan sólo en lo que va del 2019 se han registrado 120 muertes violentas de mujeres, de los cuales únicamente 49 han sido tipificados como feminicidios.
También se suman los cuatrio casos de feminicidios y 63 casos de desapariciones de niñas y adolescentes de entre 2 y 17 años de edad.
En dicho contexto, grupos y organizaciones de la Campaña Popular contra el Feminicidio en Chiapas denunciaron que “pese a que desde noviembre de 2016, se encuentra activa la Alerta de Violencia de Género en Chiapas, es patente la violencia feminicida que enfrentamos las Mujeres día a día, lo cual denota claramente la falta de interés de las autoridades de los diferentes niveles para la implementación de medidas concretas y urgentes en todos los ámbitos de su actuación pública”.
San Cristóbal de las Casas, uno de los municipios con alerta de violencia de género en Chiapas, es un claro ejemplo de la violencia machista que enfrentamos las Mujeres día a día y que ante la omisión de las autoridades culminan en feminicidios. Muestra indignante de ello son los recientes feminicidios de María de la Luz Vázquez Jiménez, ocurrido el pasado miércoles 14 de agosto, quien fue asesinada en su propio domicilio y de la menor Patricia X de 12 años de edad, encontrada el día de ayer 19 de agosto en Bachajon, Municipio de Chilón.
Además de la denuncia por los casos de violencia feminicida, personas, grupos y colectivos publicaron un comunicado de prensa el 20 de Agosto, donde hicieron énfasis en que “la falta de acceso de las Mujeres a la Justicia, la impunidad, el abuso de poder, y la negligencia de las autoridades de los diferentes niveles, se sigue perpetuando y reproduciendo la violencia patriarcal, culpabilizándonos y/o responsabilizándonos a las Mujeres de todo lo que sucede, sin que las autoridades correspondientes asuman la responsabilidad y obligación que les corresponde en materia de derechos humanos de las mujeres”.
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Alerta engañosa
Apenas el 8 de Marzo de 2019, organizaciones de la Campaña Popular contra el Feminicidio en Chiapas exigieron el cese de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAGV) en el estado debido a la simulación institucional y su “engañosa aplicación”.
“Consideramos que las limitadas acciones emprendidas e informadas por el gobierno, a más de un año de su aplicación, lejos de detener la violencia, han resultado ser una simulación y una burla para las mujeres violentadas y asesinadas. Así mismo denunciamos que, las autoridades responsables de cumplir y hacer cumplir el derecho que tenemos las mujeres a la seguridad de nuestras vidas, es decir a vivir una vida sin violencia, han generado impunidad y han mostrado indiferencia, negligencia, desconocimiento y hasta complicidad con los perpetradores”, manifestaron organizaciones civiles peticionarias de la DAVG durante conferencia de prensa.
La postura de las organizaciones deriva de un análisis del informe presentado por el gobierno del estado de Chiapas y elaborado por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) en noviembre de 2018.
“Son tan inocuas, superficiales e insuficientes que sólo han vulgarizado el concepto de género mostrando no sólo la incapacidad del gobierno para abordar el problema, sino también el carácter patriarcal obtuso de las instituciones y su funcionamiento. Estos hechos nos reafirman en nuestro posicionamiento de que no es sólo la presión al Estado lo que va a desaparecer la violencia de género hacia las mujeres, sino que somos los pueblos y especialmente las mujeres, quienes tenemos que luchar por nuestra autodeterminación personal y nuestra autonomía política, quienes podremos transformar el carácter patriarcal de la sociedad y hacer una lucha efectiva contra la violencia de este régimen neoliberal”, denunciaron las organizaciones feministas.
Entre las acciones revisadas destacan la realización de mesas públicas de información sin mayor trascendencia bajo la etiqueta de Unidades de Atención Inmediata a la violencia; los discursos oficiales vulgarizaron el género en vez de promover relaciones de igualdad pues acciones como iluminación, limpieza de baldíos, construcción de bardas de lotes, y patrullajes, son actividades que forman parte de las obligaciones cotidianas del municipio y que fueron reportadas como emergentes para aparentar el cumplimiento de la DAVG.
“Se informa de miles de órdenes de protección emitidas por las autoridades, sin embargo, no se presenta el análisis de su implementación y menos de los resultados obtenidos. Las órdenes de protección se tradujeron en meros documentos y no en acciones reales de protección a la vida de las mujeres”, exhibieron las participantes de la conferencia en marzo pasado.
Otra de las denuncias es que el informe argumenta que el gasto de más del 60% del presupuesto asignado a la DAVG se canalizó a la capacitación de funcionarios y policías de diversos niveles, sin que haya redundado en las transformaciones personales necesarias para asumir y aplicar la justicia con visión de género.
