“Fuimos parte de tortura por parte del Ministerio Público y sus agentes con la finalidad de firmar automáticamente los delitos que se nos fabricaron”, denuncia el comunicado firmado por presos de las organizaciones La Voz de Indígenas en Resistencia, La Voz Verdadera del Amate y Viniketik en Resistencia, quienes anuncian el inicio de una huelga de hambre para exigir su libertad incondicional e inmediata.
En el documento difunden la decisión de seis de sus integrantes presos en los penales de Cintalapa, Comitán y San Cristóbal de las Casas, para además demandar el mejoramiento de las condiciones de vida dentro de las cárceles en materia de alimentación, salud, seguridad y justicia para todos los presos.
Casos como el de Adrián Gómez Jiménez, quien acumula 15 años recluido en el penal No.5 ubicado en la región de los Altos de Chiapas, repiten un patrón de abusos e irregularidades por parte de las autoridades. En las cárceles del estado sureño mexicano el 50% de la población indígena permanecen en prisión sin que se haya dictado sentencia.
Entre las violaciones cometidas por el sistema penal mexicano se enumeran: no se les mostró orden de aprehensión, no se les notificó los cargos en su contra y no contaron con traductor al momento de su declaración. En algunos casos no existen testigos ni evidencia en su contra, o inclusive se han perdido sus expedientes, lo cual alarga la espera sin sentencia dentro de la cárcel.
También un tercio de los recluidos en cárceles chiapanecas sufrió algún tipo de tortura, tal como en el caso de Alejandro Díaz Sántiz, tsotsil integrante de La Voz del Amate.
Aún en la reclusión, las accione de personas como Adrián Gómez Jiménez y Juan de la Cruz Ruiz La (Voz de Indígenas en Resistencia), Abraham y Germán López Montejo (La Voz Verdadera del Amate), además de Marcelino Ruíz Gómez y Baldemar Gómez Herández (Viniketik en Resistencia), mantienen los esfuerzos en sus organizaciones para denunciar los maltratos del sistema penal.
En ocasiones, como el pasado 15 de noviembre de 2018, la respuesta del Estado mexicano ha retribuido con acciones de castigo como en el traslado de Díaz Sántiz hacia un penal federal de máxima seguridad en Villa Comaltitlán, cerca de la frontera con Guatemala.
“Como gente indígena humilde dijimos ya basta de tantas humillaciones, hostigamientos, marginados no tenemos voz ni voto alguno porque los poderosos nos ven como la escoria de la sociedad. Por esos motivos y razones decidimos llegar a realizar esta acción para que seamos escuchados nuestras voces y peticiones que tenemos 6 puntos importantes para el bienestar de la población en este penal nº5 porque hemos sido pisoteados nuestros derechos como seres humanos”,
SE LEE EN EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS PRESOS EN LOS TRES RECLUSORIOS.
Tortura sistemática contra pueblos originarios
Representantes de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) visitaron el estado de Chiapas como parte de sus actividades previas a la sesión 66 del Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU, a realizarse el próximo 24 y 25 de abril.
Será en ese foro donde el gobierno mexicano será evaluado ante las sistemáticas denuncias de abuso e irregularidades en el sistema penal de dicho país, donde se destacará la desprotección de los pueblos originarios frente a la tortura y tratos inhumanos.
En 2014 el entonces relator de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, documentó que la tortura en México es sistemática. Encontró que en el sistema de justicia es cotidiano para obligar a los detenidos a inculparse, por lo que las cárceles están llenas de personas víctimas de tortura.
Actualmente en México existe la Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, en vigor desde 2017 pero que de acuerdo a organismos de derechos humanos continua sin ser implementada.
“De tantas torturas nos autoinculpamos, aceptamos porque sentíamos la muerte, porque fueron tres días y tres noches de tortura que nuestro cuerpo ya no resistía. Y con esas pruebas obtenidas bajo golpes nos dictaron auto de formal prisión y hasta la fecha nos tienen secuestrados el Estado. Y por causa de las situaciones, de las injusticias, por el mal sistema del Poder Judicial y en los Centros Penitenciarios donde también se sufre y sufrimos como presos de manera injusta pagando una condena de muchos años sin que la debamos. Nos han matado nuestras normas, nuestros sueños, nos han alejado de nuestros familiares y nos han destruido nuestras vidas”, relatan los presos en sus comunicados.
El proceso de Adrián Gómez Jiménez por fin parecía llegar a un final y por ello solicitó su libertad absolutoria el pasado 29 de enero 2019, sin embargo el Juez Cesar Rodriguez Robles no solo le negó la salida del reclusorio sino que le dictó sentencia de 20 años de prisión.
“En cambio los poderosos de arriba ellos son los verdaderos culpables, ya sea asesino, secuestradores y como en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, eso son los malos gobiernos que han provocado tantos dolores y tantos sufrimientos”, denuncia Gómez Jiménez y agrega que “El supuesto centro de reinserción social y su supuesta justicia es pura falsedad, no hay justicia para la gente indígena y pobre, la justicia se compra, los que tienen dinero ofrecen un dinero para sobornar a los funcionarios públicos y luego salen libre aunque estén confesos”.
Libertad a cuentagotas
El 11 de marzo pasado, Diego López Méndez fue liberado tras pasar más de tres años recluido cientos de kilómetros de su hogar. Su detención ocurrió cuando terminaba su trabajo en San Cristóbal de las Casas. Fue torturado y extorsionado por fuerzas judiciales antes de ser encarcelado en el penal No. 14 en Cintalapa.
Diego es parte de la organización Solidarios de la Voz del Amate, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Se integró a ella en diciembre del 2017 cuando fue trasladado al penal de San Cristóbal. Diego permaneció encarcelado sin sentencia pues las autoridades no contaban con las pruebas suficientes.
“La historia de Diego ejemplifica la discriminación y exclusión, por parte del sistema de justicia en Chiapas, carente de una perspectiva cultural que no toma en cuenta el contexto y las particularidades de una población sistemáticamente vulnerable. A lo anterior se suma la indefensión igualmente sistémica de quien no cuenta con recursos económicos para defender lo que por derecho le corresponde y que las instancias del Estado encargadas de ello son inoperantes”, declaró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas quien reporta que solo en el penal No. 5 existen 15 indígenas recluidos injustamente.
Además, el organismo reporta haber documentado 60 casos similares durante los últimos años. Para 2018, el centro recibió 13 denuncias más de casos de tortura a integrantes de pueblos originarios.
Como el Diego, en México y en Chiapas se cuentan por cientos los casos documentados contra personas indígenas a las que se les obliga a declararse culpables de delitos a través de la tortura practicada por integrantes del aparato de justicia.
Desde el inicio del proceso Diego denunció haberse autoinculpado por la tortura a que fue sometido, pero el juez Belisario Filemón ignoró la declaración. No obstante, fue hasta 2018 que la denuncia se formalizó ante la Fiscalía Contra la Tortura y apenas en 2019 recuperó su libertad.
Libertad a todos.los.presos.políticos e indemnización por malos tratos y torturas. Basta de tanta violencia contra. los pueblos. indígenas y los luchadores sociales..