“Los cambios serán profundos, pero se darán en apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial. En materia económica se respetara la autonomía del Banco de México. El nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal. Se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros”, fue el discurso del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), elegido el pasado 2 de julio de este año 2018. Con ello anunció que durante su periodo de gobierno, el cual asumirá en diciembre próximo y terminará en octubre de 2024, se dará continuidad, en pro del desarrollo, a los proyectos inconclusos o proyectos ya pactados en las administraciones anteriores.
Entre los compromisos contraídos con empresas y bancos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) están los proyectos que absorberán grandes flujos de capital, como las Zonas Económicas Especiales (ZEE), regiones establecidas por Enrique Peña Nieto a través de un decreto presidencial, así como el Corredor Transístmico en el Istmo de Tehuantepec. También esta el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), los gaseoductos en todo el territorio mexicano que conectan con los Estados Unidos. También el Tren Turístico Transpeninsular, conocido como Tren Maya, de una longitud de 1500 kilómetros, el cual dijo Obrador este 11 de octubre en Cancún Quintana Roo que se va a construir, “les guste o no les guste a nuestros adversarios”, y además porque descartó que este proyecto pueda provocar un impacto ambiental severo.
Si hay alguien que también se ha opuesto no solo a la construcción del Tren Maya sino también al NAICM, a las ZEEs y a la promoción del monocultivos han sido los pueblos originarios reunidos desde el 11 al 14 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con motivo de la Segunda Asamblea Plenaria del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).
Los miembros del CNI-CIG, acompañados por la Comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) expresaron estar en descuerdo con las argumentaciones de AMLO. “Abajo no tenemos más que defender la vida con o sin las mentiras del gobierno que sale (de Enrique Peña Nieto), del gobierno que entra (de López Obrador). Porque las palabras sobran cuando se amenaza a los pueblos Binniza, Chontal, Ikoots, Mixe, Zoque, Nahua y Popoluca del Istmo de Tehuantepec con sus proyectos Transístmico y la expansión de las Zonas Económicas Especiales”. También “a los pueblos Mayas con su proyecto de tren capitalista que despoja y destruye a su paso la tierra”. Este es el posicionamiento que han construido los pueblos que discutieron en 9 mesas de análisis durante tres días de trabajo compartiendo sus reflexiones y acciones tomadas en sus territorios.
A este encuentro acudieron 589 representantes de los pueblos, entre delegados, concejales e invitados y, junto a su posicionamiento ante el nuevo gobierno en México y los programas que busca implementar, también han dicho que “las palabras sobran ante la anunciada siembra de un millón de hectáreas con árboles frutales y maderables en el sur del país”. Esta a sido la respuesta a la declaración de López Obrador al considerar que “100 millones de hectáreas de propiedad social (comunales y ejidales) están abandonadas” en esta región, lo que busca con el monocultivo es “convertirlas en tierras productivas”.
Así mismo AMLO también propuso desde agosto una consulta para decidir si su gobierno procederá con la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, proyectado a tan solo 30 kilómetros al noreste de la capital, sobre el lago de Texcoco, Edo de México. “Nuestro rechazo a la construcción de este proyecto de muerte es total y no hay nada que consultar porque provocará, no solo la muerte del lago de Texcoco, sino que provocara un daño ambiental irreversible en todas las comunidades que habitamos en torno a la cuenca del lago de Texcoco. Este lago es un patrimonio de nuestra historia”, dijo para Avispa Midia Heriberto Salas de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura, miembro del CNI-CIG.
“Las palabras sobran cuando el futuro gobierno impone la creación, al estilo del viejo indigenismo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), comandado por los desertores de nuestra larga lucha de resistencia”, dijeron los pueblos miembros del CNI refiriéndose a la creación del INPI, que estará a cargo del indígena Oaxaqueño, Adelfo Regino, quien también fungió como secretario de Asuntos Indígenas en Oaxaca, en el periodo del controvertido gobernador Gabino Cué, quien cooptó y desmovilizó diversos movimientos sociales con su llamado “tequio por el cambio”, a través del cual buscó apoyo y ofreció puestos en su gobierno.
“Si Obrador piensa que nuestros hijos van a ser militares o policías para dejar de defender nuestras tierras, se equivoca. No va a pasar eso. La gente que asesinó a mi hijo esta protegida por el gobierno y la policía. Yo no creo que Obrador nos vaya a dar justicia”
Transformación
“Por el bien de todos, primero los pobres” es el lema del programa de gobierno de López Obrador bautizado como la Cuarta Transformación de México la cual implica, según el nuevo mandatario mexicano, “fortalecer el mercado interno, tratando de producir en nuestra tierra todo lo que necesitamos consumir. Que todo mexicano pueda ser feliz donde nació, donde están sus costumbres y tradiciones”. Para ello, AMLO ha retomado las negociaciones del Tratado de libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora llamado Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA por sus siglas en inglés) y que entrará en vigor en el segundo semestre de 2019.
También entre los programas de la 4ª transformación se ha anunciado que desde el 1 de diciembre se lanzará una convocatoria para emplear a 50 mil jóvenes para que se sumen al Ejército, a la Marina y a la Policía Federal.
El CNI-CIG no da crédito a estas iniciativas y las considera como la continuidad de las políticas neoliberales anteriores. “Las palabras sobran cuando vemos el cinismo con que son entregados los pueblos de México a los intereses de Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio, que promete ratificar el futuro gobierno de López Obrador”, dice el pronunciamiento. Aseverando también que el político recién electo “en uno de sus primeros discursos no dudó en ratificar la continuidad en la actual política monetaria y fiscal, es decir, continuidad en la política neoliberal, la cual será garantizada con el anuncio de que las corporaciones militares seguirán en las calles y con la pretensión de reclutar 50 mil jóvenes para las filas armadas que han servido para reprimir, despojar y sembrar el terror en toda la nación”, han denunciado en sus resolutivos finales los pueblos indígenas.
Los asistentes a esta 2a Asamblea del CNI-CIG provinieron de diversas partes de México, como la delegada Floreta Vázquez Molina, una mujer indígena Yaqui de la comunidad de Loma de Bacúm Sonora. Cuatro meses atrás asesinaron a su hijo de 18 años por oponerse al Gaseoducto de Sonora, en el tramo Guaymas-El Oro, que atravesará su territorio.
“Si Obrador piensa que nuestros hijos van a ser militares o policías para dejar de defender nuestras tierras, se equivoca. No va a pasar eso. La gente que asesinó a mi hijo esta protegida por el gobierno y la policía. Yo no creo que Obrador nos vaya a dar justicia”,
DICE LA INDÍGENA YAQUI.
Este gaseoducto es de la empresa estadounidense Sempra Energy y tiene por objetivo vender gas natural desde Arizona hasta los estados del Pacífico mexicano. Este proyecto fue impuesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto, el cual no respetó la determinación de los pueblos y el cual se tendrá que concluir en el periodo de López Obrador. “Este nuevo gobierno no nos va ayudar a detener este proyecto. Porque ellos no son como nosotros, ellos no son indígenas, no piensan como nosotros”, comparte para Avispa Midia la delegada Floreta, indígena Yaqui.
“Entonces, las palabras sobran también cuando con cinismo hablan de reconocer en sus leyes profundamente podridas los Acuerdos de San Andrés o nuestra libre determinación, sin siquiera tocar el asesino montaje capitalista que es el Estado Mexicano”
Acuerdos de San Andrés
Los Acuerdos de San Andrés fueron establecidos por el gobierno de México quien firmó con el EZLN el 16 de febrero de 1996 para comprometerse a modificar la Constitución nacional y otorgar derechos, incluyendo autonomía y autodeterminación a los Pueblos Indígenas de México. Pero fueron traicionados por el gobierno mexicano al modificar los acuerdos y querer aprobar algo totalmente diferente. El EZLN decidió construir su autonomía sin permiso, fue como nacieron las Juntas de Buen Gobierno en territorio rebelde zapatista. Pero también en otros territorios indígenas, con base a estos acuerdos han construido sus autonomía.
Cuando fueron traicionados estos acuerdos al mismo tiempo también se estaba ejecutando un plan de contrainsurgencia llamado Plan Chiapas 94, una estrategia que operó la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para crear grupos paramilitares que existen hasta el día de hoy. Estos paramilitares han provocado más de 3,500 desplazados, 81 ejecuciones extrajudiciales, y 37 desapariciones forzadas, así lo ha documentado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC).
Los objetivos del proyecto de contrainsurgencia eran debilitar y restar la solidaridad para con el EZLN y los pueblos indígenas organizados. El gobierno también “ordenó tender sobre nosotros muchas leyes que hacen legal robarnos con violencia la tierra, programas para dividirnos y hacernos pelear entre nosotros, sembrar el desprecio y el racismo hacia todas las direcciones”, argumentan los integrantes del CNI-CIG en su pronunciamiento, como una respuesta a López Obrador quien quiere retomar estos acuerdos para establecerlos en la constitución mexicana.
Mario Luna, indígena Yaquí, asegura que los acuerdos de San Andrés se están ejerciendo como construcción cotidiana de la autonomía de los pueblos que se han organizado en torno al CNI-CIG y no necesitan de su legislación. “Nuestro proceso es por la autonomía y el consenso general por parte de nosotros es que con el conjunto de las reformas estructurales establecidas en nuestro país se rebasan la posibilidad de que los acuerdos de San Andrés tengan cabida en la legislación mexicana. Porque en esencia es contraria, porque nuestros procesos son de autonomía y no estamos sujetos a aun ley, ni mucho menos a los calendarios de los gobiernos o los partidos políticos”, argumenta Luna.
“Entonces, las palabras sobran también cuando con cinismo hablan de reconocer en sus leyes profundamente podridas los Acuerdos de San Andrés o nuestra libre determinación, sin siquiera tocar el asesino montaje capitalista que es el Estado Mexicano”, expresa en la plenaria del CNI-CIG.
Los pueblos reunidos durante tres días continuos para analizar y reflexionar sobre el contexto político y económico nacional e internacional, concluyeron con firmeza que de aprobarse los Acuerdos de San Andrés en el actual contexto, es decir en el periodo de gobierno de López Obrador, se legitimaria el despojo de sus territorios. Porque en su mandato aun no se ha cuestionado la reforma al artículo 27 constitucional que permite la parcelación y privatización de la tierra social indígena.
Pero además dicen los indígenas, porque este articulo ha permitido mercantilizar sus tierras para las empresas nacionales y transnacionales. Por tanto es contradictorio que López Obrador quiera aprobar los Acuerdos de San Andrés “sin acabar con los regímenes de concesiones de aguas, minería, bienes nacionales e hidrocarburos, sin imponer límites al poder imperial derogando el actual Tratado de Libre Comercio”. Pero también sin poner un limite “a las grandes corporaciones trasnacionales, sin destruir el control que los grandes cárteles de la delincuencia ejercen, apoyados en las corporaciones militares, sobre nuestros territorios”.
De aceptar que se legislen estos acuerdos, los pueblos indígenas, “estaremos viviendo, en el mejor de los casos, una burda ilusión, que nos oculta la embestida del dinero contra nuestros pueblos”, arremeten en su posicionamiento los representantes de los pueblos en esta 2ª asamblea.
“Acordamos consultar en nuestras comunidades, pueblos, naciones, tribus y barrios las formas y modos de construir junto con las redes de redes, chiquitas y grandes, una coordinación que nos enriquezca en el apoyo y la solidaridad. Que haga de nuestras diferencias nuestra fuerza, en redes de resistencia y rebeldía con la palabra que nos hace ser uno solo, de manera respetuosa y horizontal”
La organización del CIG continúa
El común de los pueblos originarios en México es la posesión colectiva de la tierra, entre ejidos y tierras comunales, que representa el 52% del territorio mexicano. Este tipo de posesión se ha venido desdibujando con diversos programas para le regularización de la tierra en este país, que busca entregar títulos individuales a los indígenas, es decir convertirlas a tierras privadas. Pero también tienen en común, no solo este despojo, sino que también la persecución, el encarcelamiento y el asesinato. No hay ningún pueblo indígena que no haya sido despojado de una parte de su territorio para que los proyectos de emprendimiento del capital nacional o transnacional puedan ejercer su derecho a reproducir sus ganancias. Tan solo en las prisiones de todo México se han registrado por lo menos 9 mil presos indígenas, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
Por tanto, los integrantes del CNI-CIG, como parte de sus resolutivo en asamblea, han decidido llamar a una campaña nacional e internacional para la liberación de 8 de sus miembros quienes están actualmente presos por defender su territorio. Los presos indígenas son, Dominga González Martínez, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Míreles, Teófilo Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González de la comunidad de San Pedro Tlanixco, estado de México. También de Fidencio Aldama Pérez de la comunidad de Loma de Bácum, Sonora.
Severo Aguilar Ontamucha, gobernador Tradicional del Pueblo Originario de Cohuirimpo, uno de los 8 pueblos Mayos del Estado de Sonora, denuncia, “en todo momento hemos enfrentado los intentos de despojo de nuestro territorio por parte del gobierno mexicano y sus instancias locales. Estamos consientes de que esto es un proceso donde el gobierno mexicano busca desaparecer a las autoridades tradicionales y el nuevo gobierno hará lo mismo. A la continuidad de esta guerra lo que nos queda es el fortalecimiento de nuestras formas de gobierno y la organización con otros pueblos y gente que lucha”, señala para Avispa Midia.
El CNI-CIG ha tomado como única opción “seguir construyendo la organización que se convierta en un gobierno propio, autónomo y rebelde, con compañeras y compañeros de otras geografías, para romper en colectivo la inercia que nos imponen”. Y para poder identificar “por donde viene la tormenta y en medio de ella no dejar de tejer, hasta que nuestro tejido se junte con los otros, que brotan por todos los rincones de México y el mundo”, señalan los pueblos.
Otra de las resoluciones es que El Consejo Indígena de Gobierno dejará de ser solo indígena y mexicano, porque buscaran alianza con otros sectores, organizaciones, colectivos y otros pueblos del mundo. “La ampliación de estos horizontes se esta analizando con cuidado para dar pasos seguros para el fortalecimiento del movimiento indígena. Y de entrada los vínculos se van amarrando con las redes que ya se han creado pero todo se tiene que consultar. Pero ratificamos nuestra posición anticapitalista y reafirmamos nuestro compromiso con nuestras comunidades”, comparte para Avispa Midia Mario Luna, de la Tribu Yaqui de Sonora México. Luna es uno de los indígenas que se han encargado de establecer puentes con otros pueblos indígenas de Estados Unidos, así como migrantes y otros pueblos de Latinoamérica
Por ello y, para que no solo quede en un discurso, han acordado consultar a sus comunidades para trazar en conjunto las formas en que se llevarán a cabo estas alianzas que no pongan en riesgo lo que ya se ha construido como CNI-CIG. “Acordamos consultar en nuestras comunidades, pueblos, naciones, tribus y barrios las formas y modos de construir junto con las redes de redes, chiquitas y grandes, una coordinación que nos enriquezca en el apoyo y la solidaridad. Que haga de nuestras diferencias nuestra fuerza, en redes de resistencia y rebeldía con la palabra que nos hace ser uno solo, de manera respetuosa y horizontal”, exponen en el pronunciamiento. Piden también que a quienes les intereses este proceso, “que consulten de manera seria y comprometida al interior de sus organizaciones y colectivos si es o no necesario para ustedes conformar su Concejo de Gobierno”.
Lo que busca el CNI-CIG con estas consultas dicen, es “la incorporación a algo más grande, que sea capaz de incorporar nuestras luchas, pensamientos e identidades. Algo más grande que se haga fuerte con las visiones, modos, formas y tiempos de cada quien”.
