con información de Contagio Radio
Si el 2017 no cerró bien, este nuevo año empieza de la misma manera. Enero cierra con la penosa cifra de 27 lideresas y líderes sociales y reclamantes de tierras asesinados en por lo menos 10 departamentos colombianos. El año pasado, 170 líderes y defensores fueron asesinados según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), y solo en Enero de 2018 mataron al menos a un líder casi todos los días.
En Diciembre del año anterior, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos enunció “la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización” de los defensores de derechos humanos en el país latinoamericano. A su vez destacó la "labor legítima, necesaria y fundamental para la consolidación de la democracia, el estado de Derecho y la construcción de una paz sostenible"
No obstante, en los primeros días del mes de Febrero, ya son dos las líderesas sociales en Colombia víctimas de la violencia. Se trata de Yolanda Maturana, líder ambientalista asesinada el pasado 2 de Febrero en Pueblo Rico, Risaralda, y Sandra Yaneth Luna, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Totumito Carboneras, en Tibú, Norte de Santander.
La defensora del medio ambiente, Yolanda Maturana, fue asesinada en el interior de su vivienda. Maturana era conocida en los departamentos de Risalda y Chocó por su trabajado denunciando la minería ilegal y la contaminación de las fuentes hídricas.
El asesinato de Sandra Yaneth se conoció este miércoles, aunque se encontraba desaparecida desde el mes de septiembre del año pasado. Su cuerpo fue hallado en horas de la noche en la vereda La Primavera, zona rural de Campo Dos, en horas de la noche.
Ante estos hechos, nuevamente las organizaciones defensoras de derechos humanos prenden las alarmas, y hacen un llamado al Gobierno Nacional y a la Defensoría del Pueblo para que adopten medidas contundentes en materia de política pública de prevención de asesinatos de lideresas y líderes sociales en el país,
Departamentos donde se ha registrado numerosos homicidios como el Chocó se han convertido en escenario de conflicto por los derechos territoriales para el desarrollo de actividades económicas como el negocio de la palma, la madera, la minería, la ganadería, entre otras. Una de las constantes en esta actual disputa por la tierra es la acción conjunta entre fuerzas de seguridad del Estado y grupos paramilitares.
A finales del año pasado cerca de 25 líderes sociales se desplazaron a Bogotá para denunciar la grave situación que viven en el Bajo Atrato, región del Chocó donde existen planes para asesinar a decenas de líderes. "Los paramilitares siguen presentes en el territorio, han instalado puestos de control a la salida Zonas Humanitarias e incluso han amenazado a los integrantes de la Unidad Nacional de Protección que prestan seguridad a los líderes". Allí, con sus rostros cubiertos con máscaras denunciaron las actividades ilegales de varios empresarios y las amenazas constantes por parte de grupos paramilitares.
También denunciaron que las fuerzas armadas de Colombia“no ven a los paramilitares porque entre ellos están confabulados". Con el fortalecimiento de las estructuras paramilitares, han llegado a denunciar que en la Zona Humanitaria de Costa Azul “han puesto un paramilitar con el alias “cuervo” que está armado, tiene un radio de comunicación y está realizando acciones intimidatorias". (Le puede interesar: "Una luz de memoria en el Bajo Atrato")
Con este panorama, las comunidades de la cuenca del Curvaradó se encuentran en alerta constante pues “hasta los escoltas están amenazados”. A los escoltas de los hijos del líder asesinado Hernán Bedoya, “les han dicho que tuvieran mucho cuidado con los muchachos porque los iban a matar”. Esta situación se repite con diferentes familias que ya han tenido que salir desplazadas de sus territorios.
En 2017 fueron asesinados 105 defensores de derechos humanos, incluidos 73 homicidios contra líderes sociales, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales.
Agronegocios y conflicto armado
8 mil personas fueron desplazadas de la región del Bajo Atrato durante los 90s. Durante aquellos años los grupos paramilitares aglutinados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) atacaron ferozmente dicho territorio para controlar la ruta del trasiego de drogas a través del río Atrato, controlado anteriormente por los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN.
Puesto a que desde 1993 el congreso colombiano reconoce la propiedad comunal de tierras, fue hasta el año 2000 que se le otorgaron 48 mil hectáreas en la región del Bajo Atrato a la comunidad de Pedeguita-Mancilla, la cual tenía derechos ancestrales sobre la tierra. Fu en el mismo año 2000 cuando empresarios y autoridades locales impulsaron la expansión de los monocultivos de palma aceitera en tierras abandonadas o rematadas a precios reducidos por parte de comunidades afrocolombianas y agricultores mestizos que huyeron para salvar sus vidas.
Según testimonios de ex paramilitares algunos dirigentes de las AUC mantienen relaciones con los productores de palma aceitera y ganaderos a quienes promueven la inversión en el territorio.
