Por Renata Bessi
La comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, presentó el pasado 8 de febrero una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el objetivo de denunciar las violaciones de derechos cometidas por Electricité De France (EDF Group), empresa transnacional fundada por el gobierno francés. La empresa pretende instalar el parque eólico “Gunaá Sicarú” con 115 aerogeneradores en la comunidad. Con este seria el cuarto parque de la empresa en México.
Avispa Midia reportó en noviembre pasado algunas de las estrategias que la empresa ha utilizado para llegar al territorio y las consecuencias para su tejido social, así como para el medio ambiente. Mientras los trámites legales están adelantados para iniciar la instalación del proyecto, la propuesta de consulta indígena aún no ha llegado a la comunidad.
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Con la queja, realizada en acompañamiento de la asesoría del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC A.C.) y firmada por el representante de la Asamblea Comunal, Oscar Marín, y la defensora comunitaria indígena de Unión Hidalgo, Guadalupe Ramírez, se espera que la OCDE “llame a EDF a cumplir su responsabilidad de generar mecanismos de diálogo con la comunidad; e impida una actuación corporativa contraria a lo que marcan las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales”, sostuvo ProDESC en su boletín de prensa, también reconoce que Francia, “como miembro de la OCDE, el Estado francés está obligado a vigilar que sus empresas respeten los derechos humanos en otros países”.
De acuerdo con las directrices de la OCDE, las empresas deberán respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos de las personas afectadas por sus actividades; implementar la debida diligencia basada en los riesgos; facilitar a las partes interesadas posibilidades reales de participación para planificar y tomar decisiones relativas a proyectos u otras actividades susceptibles de influir de forma significativa en las poblaciones locales; y abstenerse de cualquier injerencia indebida en las actividades políticas locales.
Desde inicios de 2017, la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo reunió evidencia sobre la eventual instalación en su tierra y territorio del parque eólico “Gunaá Sicarú”. Con el paso de los meses, la comunidad constató el avance y desarrollo de este proyecto sin que el Estado mexicano realizara una consulta indígena para obtener su consentimiento.
“Esperamos que la EDF cumpla con su responsabilidad de generar procesos de diálogo con la comunidad. De igual forma, esperamos que se pronuncie sobre los posibles abusos a derechos humanos cometidos por EDF o sus subsidiarias y que, de ser el caso, ofrezca acceso a mecanismos de reparación y remedio que puedan ser implementados y monitoreados”, sostuvo ProDESC.
Lo que sigue
Lo que sigue, explica el coordinador del Área de Justicia Transnacional de ProDESC, Juan Antonio López, para Avispa Midia, es la admisibilidad de la queja, presentada específicamente al Punto Nacional de Contacto (PNC) en Francia, una instancia intermediadora de la OCDE. “Van a decidir si se admite la queja en el PNC de Francia o en el PNC en México. Pero que se admite, se admite”, explica.
Después sigue un proceso de conciliación para llegar a acuerdos entre la empresa y la comunidad. “Hay dos posibilidades. Una es por mesa de trabajo o diálogo. Y la otra es por medio de escritos entre la empresa y la comunidad por medio del PNC”, dijo López.
El estado Francés participa del proceso ya que EDF es una empresa paraestatal. No solo entrarían los funcionarios de la empresa, también entrarían funcionarios del gobierno.
“Lo mejor es que la queja sea admitida en Francia. Eso porque, como han señalado distintos procedimientos de Naciones Unidas, los niveles de violencia, corrupción e impunidad en México hace que estos procedimientos sean poco funcionales”, sostuvo.
Todo el proceso puede tardar de seis meses a dos años, dependiendo de la voluntad de la empresa, señala el coordinador.
Preocupación
En la nota, ProDESC expresa su “preocupación por las recientes voces críticas sobre el desempeño del PNC con respecto a su mandato de impulsar la efectividad de los Líneas Directrices de la OCDE y de contribuir a la resolución de los temas relativos a la implementación de éstas. Esperamos que el PNC, en su facultad de resolver instancias específicas, garantice imparcialidad, equidad, accesibilidad, transparencia y participación de la comunidad durante el proceso”.
Otras acciones legales
Esta acción legal se suma a las demandas de amparo que la comunidad indígena, con el acompañamiento de ProDESC, presentó desde 2017 por la actuación y omisión de las autoridades mexicanas para: exigir información sobre el desarrollo del proyecto “Gunná Sicarú”; denunciar la autorización de permisos sin cumplir con los estándares internacionales; y denunciar la falta de una consulta indígena y el consentimiento libre, previo e informado para la instalación del parque.
Conducta reiterada de las empresas
El proyecto “Gunaá Sicarú” se estaría sumando a otros 23 parques ya instalados en la región del Istmo de Tehuantepec. La gran mayoría de estos proyectos se instauró con graves omisiones por parte de las empresas y el Estado mexicano, lo que trajo importantes afectaciones para las comunidades. “La comunidad enfatiza que las omisiones observadas para este proyecto eólico no son aisladas, sino parte de una conducta reiterada que debe ser modificada al interior de las empresas”, dice la nota.
En la queja también se advierte sobre la actuación de las filiales de EDF Group: EDF EN México, S. de R.L. de C.V. (EDF EN México) y Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V. (Eólica de Oaxaca) en México.
