Aunque el gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador ha tomado cuidado en utilizar la palabra Zona Económica Especial (ZEE), la infraestructura trazada para el periodo de su gobierno, específicamente en el Istmo de Tehuantepec, tiene las mismas líneas de inversión que contienen la ZEE para Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz, decretada durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Incluso, el abogado Adelfo Regino Montes, Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se atreve a sostener que “las ZEEs ya no existen”. Y argumenta que el nuevo gobierno dio un giro en el momento en que “el señor presidente de la República ha dicho con mucha claridad que este nuevo gobierno no comparte esta concepción de las ZEEs. Más bien, lo que ha dicho el presidente es que habrá un esfuerzo del gobierno por garantizar inversión pública en la región, para rehabilitar el tren que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos y así se pueda trasportar mayor carga”, señaló para Avispa Midia el funcionario del INPI.
Efectivamente, en el documento, donde se ha trazado el Diseño e Instrumentación de una Estrategia de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, las líneas estratégicas de inversión son: La modernización del ferrocarril para facilitar el transporte de mercancías desde Asia y Estados Unidos; Rediseño y fortalecimiento de infraestructura de vías terrestres y comunicaciones; Modernización de la infraestructura portuaria; Modernización de la infraestructura energética, entre otros.
Pero, también se busca continuar con el flujo de energía producida por los más de 26 parques eólicos existentes en la región y, reactivar la construcción del Gasoducto Transoceánico que conecta de Jaltipán, Veracruz, hacia el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. El monto inicial para estos proyectos es de 40,000 millones de pesos.
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Para Adelfo Regino, estos proyectos están pensados de forma conjunta para la reactivación de la economía, “en efecto uno de los componentes del programa es la modernización de las refinerías y de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos para reactivar la economía de esta región”, dijo el funcionario.
Con el ánimo de poder continuar con la siguiente fase, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció oficialmente en su comunicado No. 026, la Consulta Indígena que sería implementada hacia los pueblos indígenas de esta región para la creación del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
Consulta fallida
El funcionario e indígena Mixe aseguró que la tarea de crear el protocolo de esta consulta fue delegado al INPI y, que se creó apegado a los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).
Para la aplicación de este protocolo de consulta, el INPI eligió 7 sedes para realizar las llamadas “Asambleas Regionales Consultivas”. El día 30 de marzo fueron realizadas en la comunidad de Oaxaca : Santiago Laollaga; Jaltepec de Candayoc; Salina Cruz y San Pedro Huamelula. En este primer día de consulta participaron indígenas Binnizá (zapoteco), Ayuuk (Mixe), Chinanteco, Mazateco, Ikoots (Huave), Chontales y Mixtecos.
Para el segundo día, 31 de marzo, se establecieron las Asambleas en 3 comunidades más; Santa María Chimalapa Oaxaca con los pueblos Zoques. En Veracruz, en las comunidades de Oteapan y Uxpanapa, con indígenas Mixtecos, Mixe, Nàhuatlh, Afromexicanos, Poluca, Chinanteco, Zoque, Zapoteco y Totonaco.
Lo más interesante es que en el protocolo de consulta figura en primera instancia, por parte de la SHCP, el titular de las Zonas Económicas Especiales y Coordinador del corredor Transoceánico, Rafael Marín Mollinedo. Quien también hizo acto de presencia en la asamblea de Santiago Laollaga. “Integrar y desarrollar el corredor para aprovechar su capacidad de generación de valor implica realizar inversiones públicas para modernizar el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz y fortalecer la infraestructura carretera y de caminos rurales”, fueron las palabras de Marin.
“Este protocolo se construyó junto con la participación de la SHCP y la Sectaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). Nosotros hemos solicitado a la SHCP que nos proporcione lo que es el Programa, sus componentes generales, para darlos a conocer”,
AFIRMA EL DIRECTOR DEL INPI.
“Sí hay cambios de forma, pero no vemos ningún cambio de fondo. El día de hoy, los proyectos son los mismos de la ZEE”, señaló Carlos Beas, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni).
Por otra parte, previo al ejercicio de este protocolo, los indígenas Huaves de la comunidad de San Matero del Mar, se adelantaron a realizar una asamblea donde determinaron que “la consulta es una imposición”, al no considerar sus usos y costumbres. “Además, porque no se puede tomar una decisión en unas cuantas horas. Por tanto, esta consulta no esta apegada al acuerdo 169 de la OIT, porque no es previa, ni mucho menos libre e informada. Por ejemplo, nosotros no sabemos cuáles son los riesgos que corremos con estos proyectos”, expresó para Avispa Midia Juan Gijón Meléndez, alcalde de esta comunidad.
La sede de Salina Cruz, Oaxaca, fue elegida en último momento a raíz de la determinación de San Mateo del Mar, la cual era la sede original. En este cambio de sede, la participación fue mínima.
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Mientras tanto, en la comunidad de Santiago Loallaga, donde también hizo acto de presencia Rafael Marín Mollinedo, participaron 68 autoridades municipales y 16 comunidades zapotecas. La posición de los pueblos, autoridades y organizaciones sociales fue similar a la de San Mateo del Mar, ya que “expresaron que esta consulta no está apegada a los convenios establecidos porque se han condicionado programas sociales para que los pueblos participaran en este proceso”, dijo Omar Martínez Hernández, de Matías Romero, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, quien participó en esta asamblea.
Para Carlos Beas, quien también fue participe en Santiago Loallaga, dijo para Avispa Midia que “la consulta es una maniobra con el fin de imponer los proyectos de la ZEE. Para justificarlo, al mismo tiempo, preguntaron si las comunidades querían carreteras o proyectos ganaderos en sus comunidades y, la respuesta de varios pueblos fue afirmativa. Entonces, no es una consulta libre, ya que la están condicionando a créditos o programas de gobierno. No es una consulta previa, sino que es más bien un requisito administrativo, porque las licitaciones de estos proyectos ya están en camino. Esta consulta nació muerta ”, dijo el integrante de Ucizoni.
El activista de Ucizoni asevera que el territorio del Istmo donde se pretende instalar este complejo de megaproyectos es delicado, porque hay comunidades muy bien organizadas donde hay territorio comunal y, otras más son muy vulnerables donde ya no hay asambleas que están sujetas a las determinaciones del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). “Un caso es el de la diputada Gloria Sánchez que tiene serias denuncias por desviación de recursos, en los últimos días ha intentado incidir en las comunidades de San Dionisio y San Mateo del Mar, a ofrecido créditos, ganado y camionetas para aprobar este proyecto”, dice Carlos Beas.
El protocolo se trazó con 2 objetivos principales:
- Recibir opiniones, propuestas, sugerencias y planteamientos de los pueblos y comunidades indígenas con relación al contenido del Programa, a fin de que sean incorporadas en su concepción, diseño e implementación, garantizando el desarrollo integral, intercultural y sostenible de dichos pueblos.
- Establecer acuerdos con los pueblos y comunidades indígenas que se encuentren en el área de influencia del proyecto respecto de su participación en la implementación del Programa, así́ como la distribución justa y equitativa de los beneficios.
En ninguna fase de este protocolo se plantean los proyectos que componen el Programa de Desarrollo, pero además, no plantean las fases de construcción, funcionamiento y posibles impactos negativos. Es un protocolo con información superficial.
“De lo que se trata, al definir este Programa de Desarrollo, es escuchar a los pueblos. Y en este proceso se están levantando actas y relatorías con la intención de incorporar las propuestas de las comunidades y, dejemos atrás estas viejas prácticas donde se impone un proyecto a las comunidades indígenas”, agrega Adelfo Regino.
Intimidación
En Jaltepec de Candayoc participaron pueblos Mixes (Ayuk), Chinantecos y Mazatecos. Esta comunidad fue simbólica para el director del INPI, ya que la mayoría de los participantes hablaban su lengua materna y, además porque es donde mejor conoce las costumbres y tradiciones, pero también porque es muy bien conocido por las comunidades de esta región, pero no fue nada fácil implementar el protocolo. La asamblea se tornó tensa y hubieron jóvenes que discreparon con los conceptos y términos manejados.
“Los funcionarios de las diversas dependencias de gobierno y el INPI intentaron manipular el acta de acuerdos que se levantó después de 12 horas. Además, solo estaba el 50% de las personas que participaron al inicio. El ambiente se tornó estresante y cansado, al grado de ser intimidatorio”,
DIJO PARA AVISPA MIDIA ESPERANZA GONZÁLES, INTEGRANTE DE LA RED DE DEFENSORES Y DEFENSORAS COMUNITARIAS DE LOS PUEBLOS DE OAXACA.
Adelfo Regino señaló que las Asambleas Regionales Consultivas se realizaron “en un marco de paz y tranquilidad” y, previo a ello estuvieron “distribuyendo las convocatorias y la información en cada una de las comunidades indígenas participantes tanto de Oaxaca y Veracruz, por eso se tuvieron asambleas con mucha participación”.
Contrario a estas declaraciones, Gonzales sostiene que se generaron tensiones, porque las personas que participaron pusieron sobre la mesa del debate los temas de las deudas históricas de los gobiernos anteriores y reivindicaron sus tierras. “Es algo que no querían escuchar. Hubo el caso particular del delegado regional del INPI con sede en Ayutla Mixes, Salomón Maximiano Emeterio, que se puso muy prepotente en unas de las mesas, al grado de tomarnos fotografías porque cuestionamos conceptos como el desarrollo y el bienestar de las comunidades”, complementa la defensora comunitaria.
El funcionario Maximiano tiene una aproximación muy estrecha con Adelfo Regino y actúa como “un operador político”, denunció Gonzales.
La defensora, quien también es Ayuk, afirma que los presentes en la asamblea manifestaron su inconformidad con ciertas comunidades que no fueron invitados y que son directamente afectados, principalmente por la ruta del tren y la ampliación de carreteras. “Todas las comunidades que estaban presentes se centraron en expresar su inconformidad con el despojo y destierro que sufrieron 60 años atrás. Por ejemplo, una señora de la 3ra edad compartió que en su comunidad, en Temascal, llegaron con el mismo cuento 40 años atrás. Les dijeron que con la construcción de la Presa Miguel Alemán su calidad de vida sería mucho mejor y no iban a sufrir, pero los expulsaron. Esos testimonios provocaron que otras comunidades expresaran sus inconformidades, asumiendo que no puede haber una consulta sin antes resolver estas deudas históricas”, agrega la defensora.
Al final de la Asamblea, en Jaltepec, los funcionarios de gobierno modificaron los acuerdos de la mesas de trabajo y, “la lectura del acta de asamblea pues fue todo a favor de esta consulta. Entonces eso generó muchas molestias con los que aun quedábamos en la asamblea, que éramos minoría, y pedimos que se modificará, porque nunca dijimos que sí y, para no generar más tensión, no profundizamos más en las principales comunidades afectadas. No hubo información con claridad como se dice, todo giró en torno al tren. Entonces, las autoridades que quedaban en la asamblea respondieron que no se mandan solos y como tal se deben a sus asambleas y que no podían tomar una decisión”, expresa Gonzales.
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Una de las principales violaciones en las que incurrió esta consulta es que no hubo traductores de las lenguas nativas . “ Por ejemplo, la sede en Jaltepec, la lengua que habla el 80% de la población es el Ayuk. También estuvieron presentes pueblos Mixtecos, Mazatecos y Chinantecos, en ningún momento se tomó en cuanta brindar información en sus lenguas, eso no fue prioritario. Eso es una violación a los derechos indígenas”, agrega la integrante de la red de defensores.
Chimalapas
En el segundo día de actividades, las formas de implementar el protocolo cambió. Las sedes fueron Oteapan y Uxpanapan Veracruz, pero faltaba una sede en Oaxaca, Santa María Chimalapas. “En ningún momento esta consulta se considero previa en las demás sedes, por los tiempos en que quiso ser aplicada. Entonces los funcionarios reafirmaron que no se resolvería en una sola asamblea.
En Santa María Chimalapas se portaron más flexibles y se sostuvo que no era una consulta, sino que más bien era un espacio para escuchar sus necesidades”, afirmó para Avispa Midia Omar Martínez, quien también es parte de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Comunitarios del estado de Oaxaca.
Los principales acuerdos de quienes participaron en la Asamblea en Santa María Chimalapas fueron, en primera instancia, “resolver los conflictos agrarios y de limítrofes” antes de cualquier consulta.
En relación al tren, fueron tajantes en que se tiene que preguntar a “los pueblos donde pasa el tren, porque son ellos quienes tienen que definir y no otros pueblos”, fueron los resolutivos de esta asamblea.
Quienes participaron en Santa María Chimalapas coincidieron en que, “tienen otras necesidades, antes que un megaproyecto. Por tanto, no pueden ser consultados por un megaproyecto que no va a pasar por sus tierras. Hay una postura muy clara de los hermanos Zoques, ellos no van a traicionar a los pueblos indígenas Ayuuk, a los pueblos Zapotecas donde pretende pasar el tren. Ellos solo quieren que se les resuelvan sus necesidades de salud, educación y, con mayor atención, los conflictos limítrofes agrarios”, agrega Martínez.
El rechazo a la consulta se compartió por la mayoría de los pueblos, “porque estuvo mal planteada, mal formulada de fondo. Solo presentaron los beneficios, no hay estudios de impacto ambiental, no hubo información en las lenguas nativas. No están delimitados los proyectos. Más bien existe prisa por ejecutar el proyecto que tienen en mano, esta Consulta fue fallida”, dijo Omar Martínez.
