En portada: El pasado sábado (19) colectivos e individuos realizaron una protesta en la CDMX para exigir el cese de la violencia paramilitar contra las comunidades autónomas zapatistas. Foto: Alejandro Meléndez.
El Congreso Nacional Indígena (CNI) anunció la Jornada de Movilizaciones en Solidaridad con las Comunidades Zapatistas que se replica a nivel internacional contra la violencia criminal y brutal en el sur de México.
Entre las actividades por realizar, el miércoles 23 de octubre, a las 14h, proyectarán películas y medios libres e independientes harán transmisiones en vivo de programas. Para el jueves 24 de octubre, a las 16h, convocan a una manifestación Contra la guerra a los pueblos zapatistas, que saldrá del Antimonumento de los 43 hasta llegar al Zócalo en la Ciudad de México.
El sábado 26 de octubre, 16h, participarán en la acción global por Ayotzinapa en el Ángel de Independencia. Las movilizaciones y diferentes formas de protesta pacífica se replicarán en otros estados, así como a nivel internacional.
Las acciones iniciaron tras el mensaje del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el que denunció la violencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra la comunidad 6 de Octubre, perteneciente al Caracol Jerusalén, ubicado en Ocosingo, Chiapas.
En rueda de prensa, el CNI señaló que los pobladores de la comunidad 6 de Octubre, en Ocosingo, Zona Selva, son amenazados con armas de alto poder, les dicen que violarán a las mujeres, quemarán casas y robarán sus pertenencias, cosechas y animales para desalojarlos de las tierras que ocupan y trabajan desde hace más de 30 años.
“Estamos reunidos pero en denunciar la intensificación de la violencia de esta guerra que ya dura años en Chiapas y en el país”, dijo Carlos González García, integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI.
La comunidad 6 de octubre está ubicada en el polígono de Bienes Comunales de la Zona Lacandona que frecuentemente es agredida, sostiene González, por pobladores de la comunidad Palestina aliados al crimen organizado.
“Esta situación es de suma gravedad pero con lo que ocurrió con el asesinato violento y atroz del párroco Marcelo Pérez Pérez, el escenario se vuelve todavía más oscuro”, dijo González.
El también abogado recordó que la situación no es nueva en el sur del país. Desde 2021 lo denunció el EZLN en un comunicado en el que habló sobre la guerra civil que aún se gestaba.
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“Chiapas está en guerra, pero también Guerrero, con una cruenta guerra en la Costa Chica, en la montaña baja y alta. En Michoacán también con decenas de comuneros asesinados en la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula. Se vive en el norte de Nayarit, donde poblaciones Nayeri han sido desplazadas; también en Colima, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y muchas otras regiones de este país”, detalló Carlos González.
Hizo hincapié que se trata de un problema añejo, no pertenece a un sexenio o color de partido, pues desde hace años las instituciones del Estado mexicano están consumadas con los cárteles criminales que se encargan de ocupar los territorios, “son intereses criminales”.
Por ello, dijo, no existe una acción determinada del Estado por detener la cruenta guerra y, por el contrario, deja en el abandono territorios como Frontera Comalapa, en la frontera de Chiapas con Guatemala. Un municipio avasallado por los enfrentamientos entre el cárteles, desapariciones, secuestros y otros delitos.
“Y esta guerra se articula o tiene como uno de sus capítulos los grandes megaproyectos impulsados desde hace 20 años por los intereses de Estados Unidos y las corporaciones multinacionales”, pero se ha nombrado de diferente manera, como Plan Mesoamérica, Plan Puebla Panamá y desde el 2018 es conocido como Tren Maya y Corredor Interoceánico.
Para Isabel Valencia de la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México, en México se vive mucha crueldad del gobierno, que busca criminalizar y callar las voces, sobre todo de los pueblos originarios.
“Estamos alzando la voz e invitándole al pueblo de México, al mundo entero a sumarse a esta lucha de exigencia de ¡ya basta con esta guerra!, ya no vamos a permitir que nos sigan matando y que nos sigan desplazando”, dijo la Otomí.
Militarización igual a inseguridad
La organización Europa Insumisa, en la que convergen más de 10 países, manifestó la preocupación e indignación que ha provocado el contexto de las comunidades zapatistas. “Pareciera contradictorio que uno de los Estados con más presencia militar de todo el país es también uno de los Estados con mayor inseguridad”, dijo uno de los representantes de la ONG en la rueda de prensa.
El contexto de Chiapas refleja no sólo el fracaso de la política de Seguridad Nacional, dijo, sino que pone en evidencia la carencia de interés del Estado mexicano en garantizar los derechos de autodeterminación de los pueblos originarios, pactados en la Convención Internacional del Trabajo.
“Las amenazas a la comunidad zapatista 6 de octubre, las más de 15,000 víctimas del desplazamiento forzado documentadas de 2023 al 2024 en la Frontera, Sierra, Altos y Norte de Chiapas, el constante acoso a los migrantes, el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez y creciente número de desapariciones negadas por los registros oficiales, no deben entenderse de manera aislada”, precisó el representante de Europa Insumisa.
Llamó a los tres niveles de gobierno a detener esta guerra de larga intensidad y garantizar la seguridad de la paz de defensores de territorios, de los derechos humanos y a la sociedad civil organizada, como las madres buscadoras y las bases eclesiásticas.
El exhorto se compartió también en un pronunciamiento firmado por más de 200 organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, actores, cineastas, periodistas, académicos y demás aliados zapatistas en todo el mundo contra la violencia y despojo criminal que sufren las comunidades indígenas de Chiapas.
“Las mismas tierras que el EZLN liberó de manos de los finqueros en 1994 son las que ahora los gobiernos de los tres niveles pretenden, favoreciendo pasiva o activamente los despojos y la violencia, poner nuevamente en manos de criminales”, reza el texto.
Menciona que ell gobierno justifica el creciente e ineficaz militarismo para proteger a criminales extractivistas, intereses narcoeconómicos y contrainsurgentes para que suceda esta “guerra narcoparamilitar”.
“Y uno de los pocos rincones de dignidad que le quedan a México y al planeta, el territorio Zapatista, es nuevamente acechado por la muerte y la destrucción. Como dice el comunicado del EZLN: “ésta es la realidad de la ‘continuidad con cambio’ en los malos gobiernos”.
Para el pueblo Otomí en voz de Isabel Valencia, el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum no representa a los pueblos originarios y el Bastón de Mando que recibió de mujeres indígenas durante la ceremonia de cambio de gobierno se trató de una simulación más, porque no estuvieron presentes todos los pueblos, “como ella dijo”, ni los Otomíes ni los zapatistas, “ni madres buscadoras o los padres de Ayotzinapa”.
