Foto de portada por Central Asháninka de Río Tambo
El líder indígena Fabián Antúnez Camacho es criminalizado por protestar contra la violencia que golpea a los defensores de la Amazonía. El Ministerio Público del Perú amenaza al defensor con una pena de cadena perpetua.
Al ex presidente de la Central Asháninka de Río Tambo (CART) lo acusan arbitrariamente de la desaparición de cuatro personas, en la región Junín, durante un paro convocado en abril de 2023 por la organización, como respuesta al asesinato de un histórico dirigente de su etnia a manos del narcotráfico.
Actualmente, Fabián Antúnez se encuentra en la clandestinidad, debido a la falta de garantías para un proceso justo.
Inicialmente el montaje de investigación se basó en declaraciones de testigos protegidos que señalaron que vieron a Antúnez con las cuatro víctimas y que este ordenó las desapariciones, pero en las diligencias no lo identificaron, por lo que se desestimaron los testimonios.
Entonces, el Ministerio Público cambió la imputación, responsabilizando al dirigente de todo lo sucedido en aquella movilización de su pueblo. Las cuatro personas reportadas como desaparecidas se dirigían a la localidad de Puerto Ocopa (región Junín), ubicada en la selva central peruana, a través de una carretera bloqueada por la población asháninka.
“Las pruebas de cargo perdieron credibilidad. Además de criminalizar por acciones de terceras personas que no pertenecen a su organización, se da un mensaje de escarmiento para líderes y defensores. El mensaje que se da es que, si se movilizan, la pena es altísima”, declaró para Avispa Mídia Mar Pérez, defensora de Antúnez y abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Presión social, racismo y amenazas contra dirigentes
Este jueves (27), el Juzgado de Investigación Preparatoria de Satipo, a cargo del juez Cristian Periche, aprobó la solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra el defensor.
La defensa de Antúnez apelará la resolución. Tras evidenciar que no hay medio probatorio que sustente el mandato, pide que afronte el proceso en libertad.
“No hay garantías con el Estado, la policía, son acusaciones falsas, mi hermano no puede declarar porque hay abusos, es una persecución. Mi hermano ha participado, colaborado con las autoridades en la captura de criminales, más de diez años dirigiendo al pueblo asháninka”, manifestó a este medio Gabriel Antúnez, hermano del líder.
En Río Tambo la producción y comercio de cocaína viene creciendo en los últimos años. El distrito es parte del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), zona declarada en emergencia desde el año 2006 por la violencia del narcotráfico. En junio de este año, el Estado ordenó que policías y militares asuman el control del orden interno de Río Tambo durante dos meses.
“Al parecer es por ser defensor de la Amazonía (que lo acusan), hay amenazas de invasiones, tráfico de terrenos, hay una persecución política”, añade Gabriel Antúnez, quien indica que su hermano ha impulsado la titulación de tierras de las comunidades nativas.
A la par del proceso contra el líder indígena, la policía y la fiscalía no realizan investigaciones sobre las desapariciones. La defensa de Antúnez advierte la presión social en torno al caso y amenazas de agresiones contra líderes indígenas.
“Nos preocupa que hay un discurso de odio, expresiones de violencia, racismo, llamado de violentar a los líderes indígenas, alimentado por medios de comunicación. Este clima tiene entre la espada y la pared al juez, que ha pedido prórroga, pero no tiene elementos suficientes. Nos preocupa que pueda haber agresiones”.
