Al igual que la masacre de migrantes de San Fernando y Camargo, Tamaulipas, México, en los años 2010 y 2021, respectivamente, y la volcadura de un tráiler en Chiapas hace seis meses con 53 migrantes fallecidos, la historia se vuelve a repetir. En los Estados Unidos fueron hallados 53 migrantes muertos en el remolque de un tráiler abandonado.
El tema del tráfico de migrantes volvió a acaparar los medios internacionales. El pasado 27 de junio, en otro tráiler, ahora en San Antonio, Texas, fueron encontradas 64 personas, de las cuales, “al menos 53 fallecieron”, según el departamento de justicia estadounidense. Cuatro menores permanecen hospitalizados.
Los oficiales del Departamento de Policía de San Antonio (SAPD) informaron a los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que llegaron a la ubicación del camión después de recibir llamadas al 911 de ciudadanos preocupados por llamados de auxilio que escucharon al interior del vehículo.
Según las autoridades de la Unión Americana, la Patrulla Fronteriza del Sector de Laredo proporcionó a los agentes de HSI imágenes de vigilancia del camión cruzando un puesto de control de inmigración. Actualmente cuatro personas han sido detenidas al estar involucradas en el tráfico de estas personas, incluyendo el conductor. Los detenidos podrían pagar “con cadena perpetua o pena de muerte”, según el departamento de los Estados Unidos.
Mediante la utilización de un dispositivo móvil de huellas dactilares el HSI confirmó que, de los fallecidos, 22 eran ciudadanos mexicanos, siete ciudadanos guatemaltecos, dos ciudadanos hondureños y los demás de origen desconocido.
Los gobiernos de México, Honduras, Guatemala y Estados Unidos han manifestado condolencias en redes sociales y consignaron que buscarán la justicia. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo que hará lo posible para que los hechos no se repitan.
Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, consideró necesario el endurecimiento de las penas y pidió que el ‘coyotaje sea un delito con fines de extradición’. En el discurso, Andrés Manuel López Obrador también dijo que atenderá el problema y, el próximo 12 de julio, será la migración un tema que aborde en la reunión con Joe Bide.
Los países involucrados de nueva cuenta crearán un grupo para "combatir" a los Carteles del Tráfico de Personas (CTP).
La Organización Internacional para las Migraciones estima que 3,059 migrantes perdieron la vida en las rutas entre México y Estados Unidos entre el 2014 y 2021. En sus registros, 400 mil personas transitan anualmente por México para llegar a Estados Unidos.
Desde Centroamérica
El 14 de marzo, Alejandro Morkayas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), se reunió con el Ejecutivo federal de México para hablar sobre el tema migratorio en términos de infraestructura, vigilancia y derechos humanos en México.
Pero la operatividad contemplada para una migración “segura y ordenada”, incluso, desde los acuerdos con Donald Trump en 2019, se redujeron a operativos militares “contra los migrantes que no son traficados” y que caminan por rutas conocidas como las vías del tren en el Istmo, explicó el experto en migración, Rubén Figueroa.
“No vemos autoridades contra el tráfico de personas para desarticular o para prevenir el mismo”, cuestionó, pues a la par del control de las rutas migratorias incrementa la corrupción de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) que permiten o participan en el delito.
La trata de personas es uno de los tres delitos con mayor remuneración en el mundo. De acuerdo a defensores de migrantes en México, que por seguridad prefirieron el anonimato, las ganancias que los traficantes generan son multimillonarias y en dólares, “a costa de la vida de los seres humanos”.
Al menos cinco cárteles, mencionaron, ofrecen traslados desde el país de origen hasta Estados Unidos. En México circulan por el lado del Golfo. Quienes vienen de Centroamérica ingresan a Chiapas por la localidad mexicana Carmen Xhán o Frontera Comalapa, pasan por el centro del estado y siguen rumbo a Veracruz, Puebla y la frontera norte.
Rubén Figueroa, que también acompaña los casos de madres centroamericanas que buscan a sus familiares migrantes desaparecidos en México, agregó que las personas son enganchadas y las familias se endeudan para pagar el viaje de alguno de sus miembros que puede costar entre ocho y 12 mil dólares.
Los grupos del crimen también reciben dinero a través de las empresas que perciben remesas. “Seguramente las familias de las víctimas de Texas ya pagaron porque los traficantes nunca pierden, cobran por adelantado; los que pierden la vida son las personas migrantes”, añadió Figueroa.
Al contrario de la frontera sur, donde el tráfico de personas incrementa, en los límites entre México y Estados Unidos, los traficantes representan el único medio para cruzar.
Las organizaciones hablan de un aumento de estos delitos a partir de 2005 con la implementación del Plan Frontera Sur; pero fue en 2019, con las políticas de Donald Trump y los primeros despliegues de la Guardia Nacional en la frontera sur y norte de México, que las violencias se agudizaron.
“Ninguna ruta, ningún camino, ninguna forma de migrar hoy en día es segura para las personas, de una u otra forma ellos pueden morir”, lamentó Figueroa.
El informe titulado Bajo la bota; militarización de la política migratoria en México, de la Fundación para la Justicia, señala que para enero de 2022, el gobierno mexicano había desplegado 28 mil 397 elementos militares para la ejecución del Plan de Migración y Desarrollo en la Frontera Norte y Sur: 13,663 de la Sedena y 13,828 de la Guardia Nacional.
El estudio da cuenta que el tema migratorio se incluyó en la Iniciativa Mérida (2008) como un eje central de cooperación de México con Estados Unidos, como un tema de seguridad fronteriza en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Pero las medidas sólo criminalizan la migración, “esta política cada vez más restrictiva incrementó los riesgos y violaciones a derechos humanos”.
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El Colectivo de Observación y Monitoreo del Sureste Mexicano coincide en que la militarización de las políticas migratorias actuales cada vez coloca en mayor riesgo a las distintas migraciones.
Las fuentes consultadas externaron su preocupación por las violencias contra defensores y periodistas que hablan sobre el control de las rutas migratorias y la operatividad que involucra a funcionarios de distintos rangos de gobierno. Tanto en el caso de San Fernando, Camargo y Chiapas, además de las situaciones que no han tenido cobertura mediática, las familias de las víctimas no obtienen la reparación del daño, tampoco el acceso a la justicia.
