El nuevo jefe de comercio agrícola de Estados Unidos, Doug McKalip, y el Subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USTR), Alexis Taylor, dieron un ultimátum al gobierno de México, hasta el 14 de febrero, para que demuestre científicamente el sustento de la prohibición de la siembra del maíz genéticamente modificado y el uso del glifosato en territorio mexicano. De no cumplir con la solicitud de Washington, amenazan con recurrir a medidas formales apegadas al Acuerdo Comercial de América del Norte (T-MEC).
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Los diplomáticos estadounidenses declararon que desde noviembre del año 2022 ya habían propuesto al gobierno mexicano cambios en el decreto que el presidente Andrés Manuel López Obrador había emitido, el cual proyectó la eliminación gradual del uso y la importación de maíz transgénico y otros productos hasta el 31 de enero de 2024.
Tras la presión, el plazo de la eliminación de los tan controvertidos paquetes biotecnológicos en México se recorrió hasta el 2025. “Sin embargo, estos cambios no son suficientes y el enfoque propuesto por México, que no se basa en la ciencia, aún amenaza con interrumpir miles de millones de dólares en el comercio agrícola bilateral, causar un grave daño económico a los agricultores estadounidenses y a los productores ganaderos mexicanos”, sostienen los funcionarios de EEUU.
Con este decreto de prohibición, señalan los emisarios de EEUU, se intenta sofocar importantes innovaciones necesarias que pretende ayudar a los productores a responder a los apremiantes desafíos climáticos y de seguridad alimentaria.
El ultimátum de Estados Unidos se dio a través de una carta enviada por el USTR el 30 de enero a la Secretaría de Economía de México, en la misiva se solicitaban pruebas científicas sobre las prohibiciones y las evaluaciones de riesgo que respaldan las decisiones, ya que son exigidas en el TEMEC.
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México “rechazó 14 rasgos de productos agrícolas por separado que se les presentaron y no proporcionaron ninguna justificación”, dijo McKalip a Reuters en su primera entrevista con los medios de comunicación desde su confirmación en el Senado de Estados Unidos el 23 de diciembre.
Así mismo, el funcionario estadounidense concluye diciendo, “queremos asegurarnos de que hacen ciencia, muestran su trabajo y toman decisiones basadas en evaluaciones de riesgo”.La fecha que Washington puso como límite se acera y aún no hay una declaración del gobierno Mexicano.
