Foto de portada por Moisés Castillo / AP
El lunes 22 de abril, tres mil migrantes que se trasladaban desde el municipio de Mapastepec hacia Pijijiapan, Chiapas, fueron interceptados por un operativo de agentes del Instituto Nacional de Migración (INAMI) y la Policía Federal para prohibir su paso rumbo hacia la frontera norte del país.
En un primer momento reportes oficiales anunciaron la detención de 500 migrantes, los cuales fueron trasladados a la ciudad fronteriza de Tapachula para ser deportados a sus países de origen.
No obstante, aproximadamente mil personas evadieron el operativo. Familias con hijos se internaron a los matorrales para evitar ser capturados, aunque centenas de ellos fueron alcanzados a escasos kilómetros antes de llegar al municipio de Pijijiapan, en la región del Soconusco.
Al final del día dos mil migrantes fueron detenidos, mientras el resto pudo evadir el operativo.
La respuesta desde los funcionarios federales es que dicha acción no ha cambiado su política para “darles opciones laborales en el sur del país, como visas de trabajo, así como atender el resto de las causas que producen el fenómeno migratorio y las recientes caravanas que han arribado a México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos”, como declaró el presidente en conferencia el martes 23 de abril.
Sin embargo, fuentes del gobierno de los EEUU afirmaron que la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) concretó compromisos, sin la firma de un acuerdo, con las políticas de Donald Trump con la finalidad de aceptar un número limitado y temporal de migrantes.
De acuerdo a lo publicado por la revista Proceso, “tres días antes de que el presidente (Trump) decretara la emergencia nacional (que le dio la facultad para deportar a los migrantes hacia México) ya habíamos realizado la primera reunión con el gobierno mexicano para encontrar una solución negociada al problema de la presencia de los peticionarios de asilo”, de a cuerdo a testimonios de un funcionario del Departamento de Seguridad Interior estadounidense, (DHS, por sus siglas en inglés), quien confirmó que ya con AMLO como presidente de México, su administración comenzó a actuar como filtro migratorio de Trump aun sin la firma de un acuerdo de Tercer País Seguro (TPS).
Desde diciembre en ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez se reportan crisis humanitarias en múltiples centros de refugio para migrantes centroamericanos, pues la espera para la oportunidad de presentar peticiones de asilo en EEUU no se concreta aún.
Reportes de medios han señalado que en la franja fronteriza del norte agentes migratorios mexicanos obstaculizan el paso de los migrantes hacia los puentes que conducen a las garitas estadounidenses. Destacan las denuncias por las detenciones de los funcionarios mexicanos quienes incluso han separado a menores de edad de sus padres.
En el discurso oficial, el gobierno de AMLO ha rechazado transitar a la figura de México como TPS. Pese a ello de acuerdo a las negociaciones entre ambos países, si el gobierno de Trump regresara de manera unilateral a los migrantes centroamericanos a México, esto se hará de forma limitada y ordenada, “con la menor afectación posible para no poner en peligro a las personas al momento de su regreso a México”, según los reportes periodísticos.
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En Chiapas, migrantes atrapados
Durante el fin de semana santa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitó refugios y estaciones migratorias en Chiapas donde constató la presencia de 1,676 menores de edad entre los migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica.
Uno de los espacios donde se encuentran los migrantes retenidos, la Estación Migratoria Siglo XXI se tiene un registro de 2,331 personas cuando su capacidad es sólo para 960.
Otro lugar, el conocido como “Recinto ferial” alberga 1,493 personas mientras en el puente fronterizo “Rodolfo Robles” se contabilizó a 1,100 migrantes quienes permanecen sin poder transitar debido al bloqueo de las autoridades mexicanas.
En el municipio de Mapastepec hasta 2 mil personas han permanecido desde los primeros días de abril, con la promesa de recibir tarjetas de visitantes y permisos de trabajo de los funcionarios mexicanos. Mientras los 3 mil migrantes que entraron hace una semana a México optaron por no permanecer en el albergue municipal. Mas tarde este contingente fue objeto de persecución.
El 16 de abril el INAMI detuvo a un centenar de migrantes cerca de Huixtla, además de deportar a 148 cubanos.
Según cifras de la Secretaría de Gobernación el INAMI se encuentra tramitando 1,632 solicitudes migratorias de personas originarias de Cuba, Haití, Honduras, El Salvador y Guatemala.
Debido a la política de hostilidad hacia las personas en tránsito, organizaciones sociales que realizan labores de monitoreo y acompañamiento a los migrantes cuestionaron la estrategia del gobierno mexicano que al mismo tiempo de proceder con trámites para visas humanitarias, ejecuta operativos para la detención y deportación de grupos que caminan por las carreteras, en domicilios particulares y sus lugares de trabajo.
