En los últimos días de octubre, la empresa energética Iberdrola, la mayor compañía privada de producción eléctrica en México aseguró que no hará más inversiones hasta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclare qué políticas aplicará a los inversionistas extranjeros.
“No vamos a iniciar nada, salvo que el gobierno decida que quiere aclarar este tipo de políticas. Si el gobierno dice que no quiere que inviertan inversores extranjeros, no lo haremos o, si el gobierno quiere lo contrario, estableceremos un marco razonable como lo hemos hecho hasta ahora”, enfatizó Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y de paso colocó en duda la permanencia de sus inversiones en México con valor de más de 5 mil millones de dólares.
La raíz del desacuerdo con el gigante energético, que mantiene 22 proyectos activos en el país, radica en el rechazo del presidente y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de venderle gas a bajo costo para la generación energética de la planta térmica en Tuxpan, Veracruz, la cual representa una inversión de 1.2 billones de dólares.
López Obrador advirtió que la empresa española se benefició con los gobiernos priístas y panistas pasados, los cuales le entregaron contratos “muy jugosos” con el objetivo de destruir a las empresas estatales, tanto a CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex).
“El propósito, para decirlo con claridad, era dejarle el mercado de los energéticos al sector privado nacional y extranjero”, comentó el político tabasqueño, quien pretende representar una ruptura con los gobiernos anteriores.
Éste, no es el primer conflicto que estalla entre AMLO y la transnacional española.
El 15 de mayo de 2020, la Secretaría de Energía (SENER) publicó su Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, la cual buscaba ahondar en el control de “la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”, otorgándoles más poder a la SENER, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la CFE.
Al mismo tiempo, dicha política restringe la participación del sector privado en inversiones altamente rentables como la generación energética por fuentes renovables. Estas acciones provocaron el descontento de la transnacional energética, la cual anunció que retiraría su financiación de la térmica de Tuxpan, Veracruz.
Sin embargo, para el 25 de junio 2020, AMLO hizo público que eso no ocurriría y que habían llegado a un acuerdo con la energética española.
Actualmente, la situación de desacuerdo entre Iberdrola y el gobierno actual sigue sin resolverse. No obstante, cualquiera que sea el desenlace, lo que está en juego son inversiones millonarias de corporaciones energéticas, nacionales y trasnacionales quienes han expandido sus ganancias tras la aprobación de la reforma energética en 2013.
Por otro lado, aunque AMLO pretenda querer limitar las inversiones privadas en el sector energético, sigue promoviendo – a pesar del descontento de las poblaciones locales – un gran número de megaproyectos a lo largo y ancho del país, como son el mal llamado “Tren Maya”, el proyecto de central termoeléctrica en Huexca, Morelos y el corredor Transístmico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, entre otros.
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“Desde los gobiernos neoliberales anteriores… quienes autorizaron las concesiones entregando gran parte del territorio mexicano a diferentes empresas, entre ellas, Iberdrola. Actualmente, la administración del presidente junto con el Congreso de la Unión, le están dando continuidad a esas políticas de despojo”,
EXPRESA EL MOVIMIENTO SOCIAL CONTRA LA IMPOSICIÓN DE UN PARQUE SOLAR, PROPIEDAD DE IBERDROLA, EN LA SIERRA NORORIENTAL DE PUEBLA.
Iberdola y su relación con el gobierno mexicano
Durante años, Iberdrola ha mantenido relaciones de mucha cercanía con el gobierno mexicano. Hasta 2015, su subsidiaria mexicana tuvo como presidente y consejero independiente a Herminio Blanco Mendoza, jefe negociador del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), y también ex-Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000).
Por otro lado, en 2016, la filial de Iberdrola en EEUU, Avangrid, nombró como su consejero independiente al ex presidente mexicano Felipe Calderón, quien se quedó con el puesto hasta el año de 2019.
Además de Calderón, su secretaria de Energía durante su gobierno (2006-2011), Georgina Kessel, pasó al consejo de accionistas de Iberdrola en 2013.
Como señala el informe La insolación mexicana de Iberdrola , “durante la administración por Calderón y Kessel, Iberdrola consiguió permisos para generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica, que le serían inalcanzables de otra forma por contradecir el artículo 27 de la Constitución Mexicana”.
En este sexenio fue también cuando Iberdrola inauguró su primer megaparque eólico en el Istmo de Tehuantepec, La Ventosa, para el cual consiguió asegurar la venta a la propia CFE de toda la energía que produzca durante 25 años.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) Iberdrola construyó para la CFE cuatro plantas de ciclo combinado (Escobedo, Topolobampo II y III, y El Carmen), dos de cogeneración (San Juan del Río y Altamira), cuatro parque eólicos (en Puebla y Guanajuato) y dos de fotovoltaica (San Luis de Potosí y Sonora).
Varias irregularidades fueron encontradas en la ejecución de esos contratos años después, las cuales fueron encubiertas por la misma CFE, como lo ha reportado el periódico mexicano Contralínea.
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Para Iberdrola, jugoso negocio en América Latina
Iberdrola es una de las empresas del oligopolio energético español, junto con Endesa y Naturgy (antes Gas Natural Fenosa). Juntas, las tres transnacionales controlan el 90% del mercado eléctrico español.
Por su lado, Iberdrola es la segunda mayor en cuanto a clientes con 10,12 millones, y sus beneficios están aumentando año con año. En 2019, fue cuando llegó a su récord con 3.406 millones de euros, situándose como las sexta energética a nivel mundial.
Iberdrola inició su expansión en Latinoamérica en la década de los 1990, principalmente en México y Brasil, pero también en Guatemala y Bolivia. Sin embargo, fue expulsada de estos últimos dos países en 2008 y 2012 respectivamente, “en ambos casos por la mala calidad del suministro eléctrico, por encarecer la tarifa y por no garantizar el acceso a los sectores más desfavorecidos”, precisa el documento La insolación mexicana de Iberdrola.
Después de la crisis financiera del 2008, que golpeó fuertemente a España, fue cuando Iberdrola profundizó su implementación en Latinoamérica, en particular en Brasil donde controla ahora, a través de su subsidiaria Neoenergia, más del 70% de la energía eléctrica del país. Fue encargada de la construcción de las hidroeléctricas de Baixo Iguaçu y Teles Pires, y consiguió ser incluida en el proyecto de Belo Monte, en el río Xingú, afluente del Amazonas, la 3ª hidroeléctrica mayor del mundo con 11.000 MW.
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Según lo ha estado denunciando el Movimiento de las Afectadas por las Represas (MAB), desde la llegada de Iberdrola y la privatización del sector energético, la tarifa de la electricidad ha subido casi el 400%, convirtiéndose Brasil en el quinto país del mundo con la electricidad más cara.
Además, en los proyectos en la que ha estado involucrada, sus subsidiarias han sido acusadas de sobornar a la policía y de ejercer actos de violencia contra las poblaciones que se oponen a los proyectos.
Iberdola se tardó más en llegar a México, por las restricciones que existían en su legislación para las empresas privadas del sector energético.
Sin embargo, la empresa logro empezar a implementarse dándole la vuelta a la reglamentación: en 2002, adquirió un permiso para generar electricidad como “productor independiente”. Rápido, obtuvo una ampliación de capacidad para autoabastecimiento. Evadiendo la regla, “usó esa electricidad para proveer a grandes consorcios, algo para lo que carecía de permiso. Después incurrió en más irregularidades como fue el aumento de potencia de otras centrales: Energía del Golfo y Tamazunchale.”, afirma el informe.
A partir del 2013, su situación se volvió mucho más provechosa gracias a la promulgación de la famosa Reforma Energética.
“En el 2017, ya era la primera compañía privada de producción eléctrica de México, con más 6.000 MWde capacidad y 17 centrales, y previendo para 2020 una instalación total de 10.000MW. Todo ello equivalía a 38%del total de la producción mundial de Iberdrola, y superaría la producción de Iberdrola en su país matriz, España”, detalla la investigación La insolación mexicana de Iberdrola.
Actualmente, con una plantilla de mil 300 trabajadores y una cuota de mercado en México del 15 por ciento, Iberdrola tiene una capacidad instalada de más de 9 mil 100 megavatios (MW) repartida en 22 centrales -ciclos combinados, cogeneraciones, parques eólicos y fotovoltaicos- ubicadas en 13 estados
y pretende doblar su producción eléctrica en el país durante los próximos 15 años.
Según el doctor en Estudios Latinoamericanos, profesor del Departamento de Antropología Social de la Universidad del País Vasco y autor del libro “Las multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples. El caso de Iberdrola en México y en Brasil”, Luis Miguel Uharte, “se observa claramente cómo América Latina es la región que ofrece mayor rentabilidad a Iberdrola, ya que, aunque supone menos de un 10% de los costos de la corporación, le brinda casi un 25% del beneficio total”.
¿Energía verde?
En los últimos años, la compañía Iberdrola – como muchas de sus competidoras – se ha empeñado en pintarse como una empresa “verde”, e insiste más que nunca en los proyectos que desarrolla en el sector de las llamadas “energías renovables”, principalmente la eólica, hidroeléctrica y más recientemente la energía solar.
Sin embargo, la mitad de su producción total en 2019 (28.830Gwh) todavía dependía de la nuclear con 12.375 Gwh, los ciclos combinados con 3.849 Gwh y luego cogeneración 1.323 Gwh y carbón 349 Gwh.
“Iberdrola lleva años presentándose como ‘verde’, vendiendo una imagen falsa pues sólo centra su publicidad en la producción supuestamente de menos impacto en el medio ambiente, sin citar otras formas de producción eléctrica de peor consideración social como la térmica o la nuclear. Para ello ha utilizado grandes campañas de marketing y fondos. Es lo que se conoce como ‘lavado verde’, que las ecologistas hemos denunciado constantemente”, contextualiza el documento La insolación mexicana de Iberdrola.
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El informe titulado "Ambiciómetro 2019 " identificó por su parte a Iberdrola como una de las empresas con peor actitud para combatir el cambio climático.
Y Latinoamérica es la región donde tiene mayor porcentaje generación sucia (94%) y el más bajo de renovables (con sólo 0,8%), según datos compartidos por Luis Miguel Uharte.
Nuevos proyectos amenazan el territorio: el desarrollo de parques fotovoltaicos
En los años más reciente, Iberdrola ha puesto como una de sus prioridades el desarrollo de proyectos de generación de energía solar, o parques fotovoiltaicos, incluyendo a varios proyectos en territorio mexicano.
“México fue el elegido por Iberdrola para desarrollar sus “dos primeros proyectos fotovoltaicos a gran escala”, el de Santiago (2018) y Hermosillo (2919), y planear para 2021 cuatro nuevas instalaciones con la misma tecnología en Oaxaca, Tamaulipas, Puebla y Nuevo León. A las razones, la energética española aducía la posición (Cinturón Solar) y la altura (altiplano de Potosí) que permite gran exposición solar y demás potencia, y lo poco que esta energía (de forma “concentrada”) había sido desarrollada en el país”, relata el informe La insolación mexicana de Iberdrola.
Los proyectos de energía fotovoltaica a menudo son pensados como productores de energía limpia. Sin embargo, la realidad es algo distinta.
El documento que aborda los impactos socioambientales de los mega‐parques fotovoltaicos explica que “la fabricación de paneles solares requiere por un lado los materiales y sus impactos (platino, plata, telurio, indio, galio, selenio y cobre), y por otro el gran volumen de agua y de energía (...). El proceso requiere materiales cáusticos como el hidróxido de sodio y el ácido flúor hídrico que en su elaboración precisan también mucha agua que resulta altamente contaminada. Las personas trabajadoras necesitan también estar debidamente protegidas pues el proceso es muy tóxico, en especial por el polvo desprendido. Y si China es el lugar donde se ha localizado mucha de la industria que ha abaratado los costes y hecho a esta energía más rentable (en 2016 fabricó el 71% de los paneles del mundo), somos sabedoras de que no se priman ni derechos ambientales ni sociales, ni laborales.”
De hecho, el documento también recuerda que la industria productora de paneles solares en China ha provocado a lo largo de los últimos años varios conflictos sociales, como fue el caso de la planta Jinko Solar en la ciudad industrial de Haining, la cual provocó el descontento de la población al contaminar el río local, “matando un gran número de peces y contaminando el suministro de agua local”.
Además de los impactos asociados a la fabricación de los paneles, su desecho también debe de ser considerado con atención ya que la vida de un panel es de aproximadamente unos 30 años. Así, “con la cantidad de ellos, pronto iremos creando, como con otros objetos, toneladas de residuos”, señala el informe.
En el caso mexicano, el tamaño de los parques también representa un gran problema.
Por ejemplo, la planta solar de Hermosillo (Sonora) tiene el tamaño equivalente a 34 estadios de béisbol, con 305 hectáreas. Tiene 100 MW de potencia con 389.580 paneles solares.
En sus comunicaciones, Iberdrola se refiere a la aridez de la zona en la que se ubica, minimizando el interés ecológico de estas zonas, donde habitan muchas especies endémicas y amenazadas. De hecho, como lo informó la propia compañía, “durante la construcción de esta instalación se han rescatado y reubicado más de 1,000 ejemplares de fauna, entre reptiles, mamíferos, aves e insectos; y ejemplares de 40 especies de flora”.
Por otro lado, la planta de Santiago (San Luis Potosí), que entró en funcionamiento en 2018, cuenta con 672.000 paneles solares, una capacidad instalada de 170 MW y una producción anual de 460 Gwh y ocupa una extensión de 750 hectáreas.
Iberdrola está ahora construyendo su tercer proyecto solar: Cuyoaco, en el la Sierra nororiental de Puebla. “Con sus más de 720 mil paneles solares la central solar de Cuyoaco, Puebla, tendrá una capacidad de 200 MW y se ubicará en una superficie de más de 703 hectáreas, es decir que tendrá el tamaño equivalente a 390 canchas de fútbol, juntas. Igualmente, la generación anual de este parque será de 551 GWh y con su operación se reducirán alrededor de 145,540 de CO 2 al año”, afirma la empresa en su página.
Campesinas y campesinos de Puebla en resistencia
Como lo cuenta Oswaldo Villegas, integrante del Movimiento Regional para la Defensa del Agua y de la Tierra (MODAT), adscrito a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPAMN) de la que es portavoz en el estado de Puebla, “en este caso, existe una férrea oposición de los pobladores en el municipio de Ocotepec”.
La oposición de las y los pobladores tiene que ver con la transformación del uso de suelo que implica el proyecto en su territorio: con la construcción del parque, la capa fértil superficial de 40 cm de espesor desaparecerá y será cubierta con cemento y grava, con lo que las antes productivas tierras comunales se tornarán infértiles.
Y como lo relata el documento La insolación mexicana de Iberdrola, “además de ser la tierra fundamental para su economía agrícola, otro elemento les es también imprescindible: el agua. Como Villegas nos transmite, a Iberdrola le preocupa que el polvo se acumule en los paneles solares y que les reste capacidad energética, por lo que la solución sería regar continuamente el suelo en que se erigen dichos paneles. A los y las ejidatarias les preocupa este hecho porque la cantidad de agua para regar 700 hectáreas todos los días del año reducirá el agua para uso comunitario y agrícola”.
Por otro lado, los campesinos de Cuyoaco saben que han sido engañados pues la empresa Iberdrola les paga la ridícula cantidad de 2,5 pesos por cada m² de tierra donde instala las placas solares.
Cabe señalar que la energía eléctrica producida por Iberdrola, no está dirigida a ser utilizada por los pobladores de la región, sino que es destinada a las líneas de la CFE para ser utilizada por las grandes transnacionales, incluidas las mineras que planean instalarse en los municipios de Libres, Tepeyahualco, Ixtacamaxtitlan y Zautla, donde ya opera la minera canadiense Almaden Minerals.
El 1 de agosto 2020, en una asamblea informativa organizada por Iberdrola en Ocotepec para convencer a los ejidatarios a entregar sus tierras para el parque solar, cuando Villegas les preguntó cuáles serían los beneficios para las comunidades, “no supieron qué decir”, relató el poblador.
Las y los habitantes de la zona ya han denunciado también la corrupción de las autoridades locales, las cuales han recibido dinero por parte de la empresa a cambio de su autorización para el cambio de uso de suelo de las tierras ejidales.
En este caso, el informe compara el comportamiento y los abusos de Iberdrola con el desarrollo de sus proyectos eólicos: “En el caso de la energía solar, observamos que se replican los problemas suscitados con los parques eólicos. Iberdrola ha desarrollado cuatro parques eólicos en Oaxaca y otro en Puebla que ahora se agrandará. En todos ellos se han observado contratos leoninos, escasa información a las personas afectadas, falta de consultas, abuso en los pagos por uso/apropiación de la tierra y abuso del sistema ejidatario para sus intereses. Estos problemas se replican en sus proyectos solares”.
Según el líder Oswaldo Villegas, “Iberdrola engaña a las comunidades para que la dejen instalar con la falsa promesa de que generará empleos bien pagados. Pero se han encontrado con pueblos organizados que se oponen a ser despojados de sus tierras y de su agua”. Finalmente, para Villegas, la política de AMLO no representa una ruptura con los gobiernos anteriores, sino que está en su continuidad: en el caso de Cuyoaco como en muchos otros, los intereses económicos y de supuesto “desarrollo” pasan por encima de los derechos y el bienestar de las comunidades locales.