En portada: El cacique Francisco Guajajara junto con familias que habitan la Aldea Teko-Haw durante su participación en el Acampamento Terra Livre 2025. Los indígenas asistieron para solicitar solidaridad del movimiento y resistir los intentos de desalojo que son promovidos por intereses inmobiliarios. Foto: Aldo Santiago
La mañana de este martes (15), elementos de la Policía Militar del Distrito Federal (PMDF), Brasilia, realizaron una incursión violenta en la aldea Teko-Haw donde viven 40 familias del pueblo Guajajara. Con uso de violencia, bombas lacrimógenas, tractores y drones, los elementos de la PMDF avanzaron para permitir el ingreso de maquinaria que deforestó un área de vegetación del Cerrado -la sábana con mayor biodiversidad del mundo-, y que también destruyó la caza de Rezo Kwarahy Guajajara construida por familias Guajajara, quienes migraron desde el estado de Maranhão, al norte de Brasil, en el año de 2009.
Ubicadas al noroeste de Brasilia, estas tierras han sido habitadas por pueblos indígenas como Fulni-ô Tapuya, Tuxá, Kariri-Xocó, Wapichana y Guajajara, cuyo territorio ancestral se encuentra dentro de la zona de expansión urbana donde el Gobierno del Distrito Federal (GDF) está interesado en construir el barrio más caro de la ciudad capital, -y uno de los más caros de todo Brasil-, mientras lo promociona como “barrio verde ecológico”.
Desde hace años, las familias indígenas enfrentan presiones por parte de desarrollos inmobiliarios que buscan expulsarlos para urbanizar la zona, en las tierras conocidas como Santuário dos Pajés, un lugar sagrado para la espiritualidad indígena.
Acorde al Mapa de conflictos sobre injusticia ambiental y salúd en Brasil, desde la década de 1990 el territorio del Santuário dos Pajés es disputado por las constructoras Emplavi y Brasal, que pretenden beneficiarse del plan de expansión del Sector Noroeste de Brasilia. Según el mapeo, ambas constructoras cuentan con el apoyo de Terracap, empresa pública con jurisdicción distrital y federal, responsable por el registro de tierras en la capital y quien ha realizado acuerdos con otras comunidades indígenas para desocupar áreas destinadas a proyectos urbanísticos.
Hasta la actualidad, sólo han sido reconocidas oficialmente 32.4 hectáreas como Territorio Indígena dentro del Santuário dos Pajés (las únicas demarcadas en la capital de Brasil), el cual abarca una superficie mayor, de 50 hectáreas. Este reconocimiento fue resultado de una disputa judicial de una década, resuelta mediante un acuerdo en 2018 entre el Ministerio Público Federal (MPF), la Fundación Nacional del Indio (Funai), el Instituto Brasília Ambiental (Ibram) y la Agencia de Desarrollo del Distrito Federal (Terracap).
Sin embargo, las 32.4 hectáreas están destinadas al uso exclusivo de la comunidad Fulni-ô Tapuya, pero otras comunidades como los Guajajara, Tuxá, Kariri-Xocó y Wapichana también habitan el área. Mantienen la exigencia para ampliar y reconocer todo el territorio ancestral ocupado históricamente por los pueblos indígenas.
Brasília tiene aldeas indígenas
La aldea Teko-Haw fue instalada en los territorios indígenas de Brasilia, a sólo 20 minutos del centro de poder político brasileño, como forma de protesta política en el año 2009, cuando por medio de decreto presidencial -emitido por Lula da Silva durante su segundo mandato- se ordenó la reestructuración de la Funai sin la participación de las comunidades indígenas de Brasil.
Desde entonces, la aldea conformada por indígenas Guajajara provenientes de Maranhão, permanece en las tierras ancestrales al noroeste de Brasilia donde practican la siembra tradicional de maíz y yuca entre árboles nativos del Cerrado como el pequi y el araticum.
A pesar de haber presentado múltiples solicitudes formales ante diversos organismos gubernamentales, durante más de una década se les ha negado el reconocimiento oficial del territorio, así como el acceso a derechos básicos como saneamiento, electricidad, agua potable, educación o salud. En este contexto, las familias de la aldea Teko-Haw —sobre todo la niñez— enfrentan una situación de vulnerabilidad alimentaria severa.
A pocos días de la conclusión del ATL 2025 —donde se movilizaron miles de indígenas de todo Brasil—, las fuerzas de seguridad del GDF lanzaron el operativo policial contra la aldea. Esto, pese a que durante las jornadas del campamento miembros de la comunidad sostuvieron reuniones con funcionarios federales, a quienes exigieron compromisos para respetar a las familias Guajajara que resisten en la aldea Teko-Haw.
Durante las jornadas del ATL 2025, el cacique Francisco Guajajara y otros miembros de la aldea Teko-Haw se unieron a las movilizaciones para solicitar el apoyo de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) y de otros pueblos indígenas que participaron de las protestas. En entrevista para Avispa Mídia, el cacique Francisco sostuvo que su comunidad es la responsable por cuidar y defender el medio ambiente en un contexto de expansión urbana que provoca deforestación y amenaza las nacientes de agua en la región.
“Estamos aquí para exigir la demarcación de nuestro territorio, nuestra salud y la preservación del medio ambiente, porque somos nosotros, los pueblos originarios de Brasil, quienes luchamos por justicia climática”, compartió el cacique Francisco, al mismo tiempo que reclamó por los intentos de destrucción de la caza de rezo, construcción que pese a los esfuerzos de la comunidad fue desmantelada durante el operativo de este martes (15).
“Nosotros estamos disputando con Terracap para que podamos regularizar nuestro territorio. Eso es lo que necesitamos, porque necesitamos de nuestro territorio vivo. Eso es lo que exigimos”, sostuvo el cacique Guajajara.
Un intento más
La operación policial de este martes es solo el más reciente en los esfuerzos promovidos por Terracap para desplazar a la aldeia Teko-Haw. Recientemente, a finales de marzo, la Justicia Federal ordenó la suspensión temporal del desalojo de la comunidad después de recibir una solicitud de la Defensoría Pública Federal (DPU), que denunció la violación de los derechos de los indígenas durante una acción policial ocurrida en febrero de este año.
No obstante, el intento de desalojo de este martes (15) fue ordenado por la jueza Kátia Balbino, quien autorizó a al GDF y a Terracap a tomar medidas conjuntas para “frenar nuevas ocupaciones irregulares en la región y continuar las obras de infraestructura en el sector”.
De acuerdo a un boletín del GDF, basado en una inspeccion de marzo del 2025, la propiedad, “ubicada en el bloque 707 del Noroeste, está desocupada, sin presencia de residentes ni comunidades indígenas. La decisión judicial se basó en imágenes aéreas que confirmaron la ausencia de ocupaciones habitacionales en el lugar”.
Pese a la incursión violenta y la destrucción de la casa de rezo, al cierre de esta edición no se registran heridos en la aldea Teko-haw, al tiempo que las familias Guajajara se mantienen en alerta en sus viviendas ante cualquier otra incursión de los cuerpos de seguridad.
