Los pueblos originarios de Costa Rica han alzado sus voces en un video que muestra en sus propias palabras sus temores, su dolor y su demanda de justicia ante la escalada de violencia debido a las acciones de recuperación de tierras.
Hace cinco años, el 30 de abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares (MC 321-12) a favor de los pueblos Brörán de Térraba y los Bribri de Salitre en Costa Rica.
Esta medida excepcional, única en su género en el país centroamericano, se concedió en respuesta al grave peligro en que se encontraban las comunidades indígenas y a la total falta de protección por parte de las autoridades estatales.
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Transcurridos cinco años después, aún no se ha adoptado ninguna de las medidas urgentes exigidas por la CIDH, y el Estado de Costa Rica ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones en virtud de los tratados de proteger y garantizar los derechos de las comunidades.
Además, la violencia sistemática y generalizada persiste en ambos territorios, y de hecho está aumentando con impunidad. Esta violencia tiene su origen en el despliegue tanto de ocupantes ilegales y sus aliados, como de grupos armados y organizados que atacan directamente a los beneficiarios de estas medidas cautelares, a veces a plena luz del día y ante la presencia y omisión de las autoridades.
Ante el incremento de la violencia, desde el año 2018, los beneficiarios han solicitado a la CIDH que presente su solicitud de medidas cautelares a la Corte, argumentando que la CIDH debería tener la facultad de decidir sobre el asunto.
“Hasta el día de hoy (las medidas cautelares) no han sido implementadas en seguridad para nuestro pueblo… Hemos tenido que hacer acciones de distintas maneras para recuperar nuestro territorio, nuestra seguridad y del derecho a nuestras propias autoridades tradicionales”, detalla Elides Rivera del pueblo Brörán de Térraba sobre el porqué de las acciones de recuperación de tierras.
“El 23 de febrero de este año tomamos la decisión de recuperar algunas tierras de nuestro territorio que habíamos pensado… son tierras que nos corresponden ya que el plan de recuperación del Estado es un plan lento, complejo… tiene seis años de estar en la mesa y hasta el día de hoy no se ha recuperado ni una hectárea”, enfatiza Rivera.
En los últimos dos años, dos líderes indígenas, Sergio Rojas y Jehry Rivera, han sido asesinados y muchos miembros de la comunidad (incluyendo mujeres y niños) han sufrido amenazas, ataques y lesiones. Otros líderes han sobrevivido a intentos de asesinato y han sufrido el terror de que les quemen sus tierras.
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“Tengo miedo de mi vida por la situación de las recuperaciones”, comparte Pablo Síbar, defensor de los derechos de los pueblos indígenas perteneciente al pueblo Brörán de Térraba.
“No estoy de acuerdo con el Estado cuando dice que el consejo Brörán acordó suspender las recuperaciones por la vía de hecho, ya que la única opción que nos ha dado derecho a tener una tierra para poder cultivar y poder seguir nuestra sobrevivencia es las recuperaciones por las vías de hecho… no se van a suspender, los pueblos indígenas vamos a seguir con las recuperaciones en vista que el Estado costarricense no ha cumplido en 40 años el tema de devolvernos las tierras”, enfatiza Síbar sobre el hecho que ni una solo terreno indígena ha sido recuperada por parte del Estado.
Por ello, el pasado 8 de julio de 2020, los pueblos Bribri de Salitre y Brörán de Térraba, acompañados de sus representantes legales, reiteraron en una reunión de trabajo con la CIDH y el Estado de Costa Rica, la necesidad de que la CIDH se pronuncie sobre la solicitud presentada desde el año 2018 para que los beneficiarios que se encuentran en grave riesgo cuenten con la protección de las Medidas Provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, esta solicitud urgente no ha recibido respuesta. Desde esa audiencia, las comunidades han enfrentado nuevas amenazas y han sufrido las respuestas infructuosas de un sistema judicial que las discrimina, que cierra la investigación del asesinato de Sergio Rojas sin establecer responsabilidades penales, que no avanza en la investigación del asesinato de Jehry Rivera, ni de ninguna de las otras víctimas indígenas que han sido atacadas.
Ahora estas comunidades temen por sus vidas, se enfrentan a la impunidad, al dolor de ver el impacto de la violencia en sus hijos, y ven morir a lxs adultxs mayores sin obtener la justicia por la que tanto lucharon. Observan el silencio continuo de la CIDH a pesar de la reiterada y fundamentada solicitud de provisionalidad.
Continúa violencia y amenaza de desalojos
A las recuperaciones de los pueblos Bribri y Brörán al sur de Costa Rica, se suman también las acciones de recuperación de tierras en el territorio Cabécar de China Kichá.
Actualmente existen cinco recuperaciones de tierras realizadas entre los años de 2019 y 2020. Desde aquel momento, los usurpadores no indígenas han realizado agresiones físicas contra lxs recuperadorxs. También han quemado bosques circundantes, además de casas y cultivos de las familias Cabécar que han tomado acciones para recuperar sus territorios.
Además de la violencia física, los usurpadores no indígenas han recurrido al sistema de justicia para demandar el desalojo de las familias Cabécar.
Como informa el colectivo de comunicación Radio 8 de octubre, “Las recuperantes y los recuperantes de la primera finca recuperada llamada Kono Ju recibieron la notificación de que el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José ordenaba el desalojo de la finca para el pasado 28 de setiembre”, acción interpuesta por Ángel Marín Espinoza para que el juzgado regional le permitiera la posesión del terreno mientras ocurre el proceso agrario.
Sin embargo, “Este tribunal falló a favor del pueblo Cabécar para mantenerse en su territorio, por lo que el usurpador apeló la resolución en un Juzgado de la capital y esta le concedió la apelación”, detalla la información del medio costarricense.
Como respuesta a la amenaza de desalojo, el mismo 28 de septiembre pasado, el pueblo Cabécar accionó con la recuperación del quinto territorio ancestral llamado Yuwi Senaglö.
La reacción de los usurpadores no se hizo esperar pues durante los primeros días de octubre realizaron agresiones contra las familias Cabécar.
El día jueves 8 de octubre a eso de las 5 de la mañana, detalla Radio 8 de octubre, prosiguió con la agresión de una turba de unas 20 personas no indígenas contra las personas que se encontraban resguardadas en el corral de la nueva finca recuperada Yuwi Senaglö… Producto de este ataque, al compañero Efraín que escuchamos a lo largo de este reporte, le provocaron una herida en la cabeza por la que necesitó atención médica.
“Casi 12 horas después del ataque, la policía logra sacar solamente a tres de los 20 agresores, pues el resto ya habían huido del lugar. En ese momento, les decomisaron armas de fuego y bombas caseras, que demostraban las intenciones de agresión”, además de que los agresores bloquearon la entrada al territorio de China Kichá, “una estrategia que ya antes han utilizado y que ha representado el preámbulo de ataques aún más violentas”, denuncia Radio 8 de octubre.
Ante la ola de violencia, distintos colectivos, organizaciones e instituciones de Abya Yala demandaron al Estado de Costa Rica que se detengan los desalojos y agresiones contra pueblos originarios y específicamente contra la violencia hacia el pueblo Chiná Kichá en el territorio Cabécar, “en el tanto un desalojo como medida cautelar anticipada genera indefensión a los Pueblos Originarios y violenta su derecho fundamental, colectivo y comunitario a la tierra y en el contexto de la pandemia del Covid-19 el desalojo aumentaría la vulnerabilidad de este Pueblo.
