En portada: Protesta del Movimiento Indígena y Campesino Cotopaxi encuentra retenes militares en Lacatunga, durante la marcha de sectores indígenas en Cotopaxi este lunes 22 de septiembre.
Organizaciones sociales e indígenas en Ecuador llamaron a la población a sumarse a un paro nacional tras la más reciente medida del presidente Daniel Noboa, quien mediante decreto ejecutivo eliminó un subsidio al diésel en el país sudamericano. Dicha decisión tuvo un efecto inmediato en el incremento del combustible de hasta 56%, lo que, sumado a otras medidas implementadas por Noboa como el incremento del IVA, del 12% al 15%, han provocado la molestia de distintos sectores de la sociedad.
Una de las mayores organizaciones, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) expresó su rechazo al decreto presidencial y llamo a la realización de un paro nacional. Tras una asamblea extraordinaria donde participaron tres de sus organizaciones regionales, (la Ecuarunari, Confenaie y Conaice), decidieron hacer el llamado para las movilizaciones en todo el país, con carácter de inmediatas e indefinidas.
Tras los bloqueos realizados por transportistas en la capital, Quito, el gobierno de Noboa respondió declarando estado de excepción, por un periodo de 60 días, en siete de las 24 provincias del país sudamericano. Además, el ejecutivo implementó medidas como toques de queda en cinco de ellas, y ha lanzado advertencias de detenciones a quienes bloqueen vías de comunicación e incumplan las medidas de restricción.


El presidente Noboa señaló que catalogará por “terrorismo” a quienes presionen a la población para su participación en las protestas. Además, a través de un comunicado oficial, el gobierno ecuatoriano advirtió que las medidas que implementarán para responder a los bloqueos, que calificó de “ilegales”, no constituyen represión, sino el cumplimiento de la ley.
De esta manera, la noche del domingo (21), alrededor de 500 efectivos militares fueron desplegados en la carretera E35, en la provincia de Imbabura, donde el oficial al cargo señaló que la acción buscará contener las protestas en “sectores de mayor conflictividad”
donde, por tratarse de un estado de excepción “se hará uso progresivo de la fuerza con posibles manifestantes”.
Por la mañana de este lunes (22) se reportan múltiples actos de protesta en todo Ecuador, en lo que sugiere una escalada de movilizaciones en distintos territorios. Sin embargo, como sucede en Lacatunga, provincia de Cotopaxi, donde se encuentra en efecto el estado de excepción, fuerzas armadas impiden la movilización pacífica del movimiento indígena Pachakutik.
Exigencias
El gobierno de Noboa justifió la eliminación del subsidio al diésel como una medida para recuperar más de 1,100 millones de dólares del presupuesto nacional, monto que prometió será encauzado a la implementación de programas sociales. En contraste, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas calificó la medida como un atentado contra los sectores más empobrecidos del país, además de acusar que la decisión presidencial fue tomada sin diálogo ni consulta con la población.
Acorde a Vargas, la eliminación del subsidio al combustible representa “la profundización del paquetazo neoliberal”, por lo que advirtió que sus efectos se reflejarán en un grave aumento de la canasta básica.
No obstante, la Conaie no se limita a exigir la derogación del reciente decreto, además de que anunció la prohibición del ingreso de elementos de la fuerza pública a territorios indígesas. Para la organización indígena, uno de los mayores reclamos es la revocación de licencias ambientales a tres proyectos mineros, además del cese en la aplicación de políticas extractivistas.
En el marco del llamado al paro nacional, la Conaie denunció que las cuentas bancarias de dirigentes nacionales, así como de organizaciones regionales, fueron bloqueadas como respuesta a “órdenes estatales”, lo que denuncian como una “clara acción de intimidación y presión” contra quienes ejercen su derecho a la protesta. “El bloqueo económico a dirigentes indígenas no es un acto aislado, sino parte de una estrategia para criminalizar la protesta social y debilitar las demandas de los pueblos”, sostuvo mediante comunicado difundido el sábado (20).
Movilizaciones en ascenso
La mañana del lunes (22), el Servicio Integrado de Seguridad reporta tramos totalmente cerrados debido a protestas, principalmente en las provincias de Imbabura y Pichincha, en el norte de los Andes ecuatorianos, mientras la sede temporal del ejecutivo, en Lacatunga, provincia de Cotopaxi se encuentra completamente militarizada.


Además, se registran cierres de vías en la carreterea Panamericana Norte, corredor clave para la conexión entre la capital, Quito y la Sierra norte. Por su parte, respondiendo a los llamados de las organizaciones indígenas, los sindicatos prevén marchar en Quito el próximo martes 23 de septiembre.
Al cierre de esta edición se reportan acciones de represión como los ocurridos durante una marcha realizada por comunidades de Peguche, en Otavalo donde un pelotón de aproximadamente 100 policías, reprimió a los manifestantes. Además, en la comunidad Pijal, cantón González Suárez en Imbabura, pobladores han registrado disparos de bala por parte de la policía para reprimir a la población movilizada, por lo que hacen un llamado urgente a los organismo internacionales para vigilar lo que señalan son “flagrantes” vulneraciones a sus derechos humanos por parte del gobierno ecuatoriano.


