Portada: Aldo Santiago
La comunidad maya Chortí de Azacualpa, en el departamento de Copán, noroeste de Honduras, está asentada sobre un cerro que compone una enorme franja de oro, explotada por la empresa Minerales de Occidente S.A de C.V. (Minosa), filial de la minera canadiense Aura Minerals.
Minosa inició sus actividades de explotación en la parte baja del cerro donde está Azacualpa. “Al pie del cerro, todos los días hacen explotación de dinamita. Suena increíble”, cuenta para Avispa Midia Yesica Rodríguez, integrante de la comunidad.
Las excavaciones a cielo abierto van avanzando día a día hacia la cima del cerro, destruyendo todo lo que encuentran. En estos momentos el objetivo de la minera es el cementerio tradicional de la comunidad, donde se encuentran alrededor de 338 millones de onzas de oro, según informe del Centro de Estudios para la Democracia.
La minera no ha reparado en esfuerzos para remover los restos mortales de los ancestros de la comunidad. La respuesta inmediata a las protestas y resistencia de la comunidad fue la militarización del cementerio y su entorno para respaldar la maquinaria de la empresa en su tarea de remover los cuerpos.
Así fue el último 20 de febrero. Los funcionarios de la empresa entraron en la madrugada, protegidos por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional. Por la mañana los militares y funcionarios ya se habían ido. Fue cuando los familiares que estaban contra la exhumación pudieron entrar y “obviamente nos dolió el alma al ver el desastre que habían hecho, por todas las partes la tierra estaba revuelta”, dice la Maya Chortí quien hace parte del Comité de Afectados por Minosa.
La empresa comunicó que había exhumado todos los cadáveres del cementerio. “Según ellos, sacaron todos los cadáveres, pero nosotros estamos seguros que no fueron todos, solamente los que estaban en mausoleos. Hicieron un desastre en el cementero, lo rasparon, perdieron tumbas, todo para que se parezca que ya exhumaron todos. Creemos que todavía hay restos de nuestros familiares revueltos con la tierra que escarbaron”, sostiene Rodríguez.
Además, cuenta, no se informó dónde están los restos mortales de sus familiares. El nuevo cementerio se queda en el mismo cerro, sin embargo, según Rodríguez, no hubo una identificación. “Nadie sabe cuáles son los restos de cada quien, no sabemos donde están, no podemos ir a visitarlo, además, este nuevo cementerio, van a volver a reubicarlo porque está en la zona minera”.
Ahora lo que sigue, señala ella, es que la empresa buscará “limpiar el terreno”, sacar la tierra ya excavada para empezar las explotaciones con dinamita. El último martes (22 de febrero), la empresa “se tomó el abuso de ir y entrar en el cementerio a las 4 de la mañana para iniciar a sacar esta tierra”.
El conflicto en la comunidad se tornó más evidente a partir de 2012, cuando se volvió pública la pretensión de la minera de remover el cementerio de Azacualpa. “No es justo que personas extranjeras vengan destruir nuestro territorio, nuestra cultura, terrenos donde están nuestros ancestros”, afirma Rodríguez.
Destrucción por generaciones
Un poco arriba del cementerio está la comunidad de Azacualpa que hace parte del área de concesión de la empresa. “Destruyendo la parte de abajo, vamos a quedar en un total abismo. Es lógico que quieren destruir nuestra aldea también (…) pero no vamos a dejar”.
Azacualpa no sería la primera comunidad en desaparecer en el área de esta concesión. Las aldeas San Andrés, Platanares y San Miguel fueron reubicadas en la década de 1990. En San Andrés, una iglesia con vestigios coloniales del siglo XVIII, incluso declarada patrimonio histórico y cultural, fue abandonada en el área de explotación.
Donde había vida, animales, agua y bosque de pinos ahora es una zona de tierra seca de color naranja, cubierta de nubes de polvo, vigilada por la guardia de seguridad de la empresa. Grandes cráteres y pilas de lixiviación están en las faldas del cierro, además de una gran cantidad de maquinaria. El sonido del viento en las hojas de los pinos fue sustituido por el ruido de las excavadoras y de volquetas que llevan y traen toneladas de broza.
En 2016, cuando el conflicto por el cementerio estaba llegando a su auge, el equipo de Avispa Midia estuvo en Azacualpa para documentarlo. María Rodríguez Villanueva, hoy con 52 años, era niña en la época de la reubicación de las comunidades. Ella contó que sus padres, así como muchas otras familias, decidieron ir a vivir en Azacualpa porque “ya no había donde construir casas en el terreno donde la empresa les había destinado, la Nueva San Andrés”. Además, la empresa no cumplió con el pago que había prometido para la construcción de las casas.
Cuando sacaron la comunidad de San Andrés, su hermana era presidente del patronato. Ella se acuerda que parte de la gente estaba de acuerdo y otra parte no lo estaba. “Hubo resistencia por parte de los que no querían salir. Los últimos que quedaron enfrentaron las máquinas de la empresa que llegaron para destruir toda la comunidad. Me acuerdo de un muchacho, que no quería salir, lo fracturaron la columna con la máquina. Al final lo sacaron porque estaba herido. Se recuperó y se fue a Estados Unidos”.
Su padre, cuando llegó la empresa en la década de 1980, advirtió de los riesgos. “Mi papa decía: ‘viene una empresa y esta empresa va a ser destructora, la mina va a destruir los terrenos y los lugares’. Pero nunca pensamos hasta donde esto iba a llegar. Si en aquel tiempo nuestra mente estuviera despierta no hubiéramos permitido que se iniciara”.
De todo eso “me recuerdo, recuerdo también que pasábamos por aquí [apunta para el área de operaciones de la empresa donde todo está seco y árido] trayendo leña, todo bien forestado, bien bonito, hasta agua había”.
Yesica Rodríguez no tuvo la suerte de tener los recuerdos de una Azacualpa sin minería como lo tuvo Villanueva. Rodríguez tiene 21 años. “Crecí con el conflicto de la Minosa”. La Maya Chortí recuerda que desde niña presenció conflictos. “Me acuerdo que las personas se ponían a manifestar y entonces la policía venía, tiraba bombas lacrimógenas, golpeaba a la gente”.
Se acuerda también que en la escuela les decían que la comunidad no podría vivir sin la minera. “Había maestro que nos inculcaban que la empresa era todo para que pidiéramos sobrevivir. Ahora veo con clareza que no es así, no nos ayuda, nos destruye, violenta nuestros derechos, nos humilla. Si nuestros ancestros podían vivir de los cultivos, creo que nosotros también podemos vivir así”, dice Rodríguez.
Cementerio en los tribunales
En 2015, la comunidad de Azacualpa, mediante Cabildo Abierto, determinó que el cementerio comunitario es patrimonio cultural y, por tanto, no se permitirían las exhumaciones, ni su destrucción. “Pese a esto, la empresa minera junto con la municipalidad de La Unión y la Secretaría de Salud iniciaron procesos de exhumación en el cementerio”, explicó en un comunicado el Bufete Estudio para la Dignidad, que asesora jurídicamente la comunidad.
Entonces, se instalaron recursos legales. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una orden de amparo que protegió el cementerio de la destrucción e implican su reparación.
Contraviniendo la decisión de la Corte Suprema, en octubre de 2021, una resolución emitida por el juez Rafael Rivera, de los juzgados de Santa Rosa de Copán, otorgó una orden judicial para que con “carácter de urgencia” se ordenara la exhumación, traslado e inhumación de los restos humanos del cementerio Maya Chortí.
En noviembre de 2021 se realizó Audiencia de Nulidad en contra de la resolución del juez Rafael Rivera Tábora. “A pesar de que se demostró que dicha autorización violenta lo dictado por la CSJ en sentencia de amparo, que ordena la protección del cementerio, el juez declaró sin lugar la solicitud de nulidad cuyo objetivo era la preservación y protección del cementerio comunitario”, explicó el bufete en sus redes sociales.
Así que exhumaron por la fuerza a los familiares de quienes no estaban de acuerdo.
En su resolución, el juez desconoce, además, la identidad Maya Chortí de la comunidad y el valor y patrimonio histórico que representa el cementerio para las y los habitantes de Azacualpa.
Tomando en cuenta, tanto el expediente judicial y el desacato contra la orden de amparo emitida por la Corte Suprema de Justicia, el bufete Estudios Para la Dignidad interpuso una denuncia contra el juez Rafael Rivera por prevaricato judicial ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública.
De acuerdo con declaraciones de los abogados del bufete en medios locales, ninguna de las autoridades judiciales locales reconoció la identidad Maya Chortí a los pobladores de la comunidad de Azacualpa, identidad que sí fue reconocida por la CSJ en su sentencia de amparo.
Minería verde
Durante el recorrido de Avispa Midia por Azacualpa, entrevistamos a José Armando Acosta Contreras, quien trabajó alrededor de 20 años para la empresa Minosa. Contreras, que fue despedido por la minera acusado de actuar en su contra por defender el cementerio de su comunidad, tenía la sangre contaminada por los metales pesados como arsénico, mercurio y plomo y sufrió las consecuencias en su salud por esta contaminación.
A pesar de las evidencias, la Minosa sostiene que sus negocios están “enfocados en el desarrollo sostenible”. Para Contreras no existe minería ambientalmente responsable. ‘Desarrollo sostenible’, para él que conoce los procesos mineros desde adentro, es puramente un juego de palabras. “Sino no harían daño a los bosques, tampoco mataría los animalitos. Antes existían muchos animales en estos cerros, pajaritos de todas las clases, ardillas, venados, hasta coyotes. Además, las cinco fuentes de agua que teníamos ya no existen. Todo eso la empresa poco a poco lo destruyó”, comentó para Avispa Midia.
Las denuncias por contaminación no faltan. De acuerdo con un informe del Centro de Estudios por la Democracia, hubo derrame de cianuro y metales pesados en el Río Lara en los años 2003, 2009 y 2017. “Diversos estudios más han evidenciado que la descarga de aguas residuales por parte de la minera, a las aguas del Río Lara, presenta un grave peligro en el corto y mediano plazo en la salud de sus habitantes” y de los municipios aledaños, constata el reporte.
El Comité Ambientalista de Azacualpa declaró que considera que el número de descargas es mayor, y que personal de la empresa realiza actividades de limpieza y recolección de evidencia. Esta situación es preocupante pues nadie controla las descargas y sus efectos, al igual que las sanciones a la empresa minera.
