En portada: Cientos de indígenas lencas se movilizaron en Tegucigalpa para exigir el reconocimiento de sus tierras ancestrales.
Tras una semana de movilizaciones, más de 500 indígenas lencas pertenecientes a 12 comunidades del suroeste hondureño alcanzaron un acuerdo histórico con el Instituto Nacional Agrario (INA), por medio del cual el Estado se compromete a la titulación comunitaria de más de 9 mil manzanas de tierras en las que viven más de 900 familias.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización que aglutina a las comunidades lencas, anunció el pasado viernes (19) la firma de un acta de entendimiento con las autoridades agrarias del país centroamericano.
El acuerdo fue anunciado tras las movilizaciones donde participaron representantes de las comunidades lencas de Montaña Verde, Limoncillo, El Achiotal, Río Blanco, Wise, El Naranjo, 1 de Agosto y Grupo Campesino Nueva Esperanza, quienes reivindican la posesión comunal de sus territorios.
“El Copinh estará vigilante del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el INA, asegurando el respeto e implementación de manera justa y pronta. De no cumplirse, se desarrollarán nuevas jornadas de exigencia y protesta en la capital. Esta vigilancia no solo es un deber, sino un compromiso con nuestras comunidades y con las futuras generaciones que dependen de la protección de nuestros territorios”, aseguró la organización mediante comunicado tras el anuncio de los acuerdos.
Sostuvo también que el Estado se comprometió a tiempos concretos y responsabilidades específicas para la titulación de los territorios lencas. “En particular la titulación de 4 procesos comunitarios en el término de 20 días, y el avance sin más retrasos en los procesos restantes. Este acuerdo representa un gran paso hacia la certeza jurídica sobre las tierras que nuestras comunidades han poseído por generaciones, luego de más de 25 años de espera”.
Bertha Zúñiga Cáceres, coordinadora del Copinh, celebró los acuerdos que posibilitarán la ratificación en la posesión comunitaria de las tierras lencas. “Son tierras ancestrales, tierras del pueblo lenca sobre las que existe una incertidumbre jurídica que nos expone a la persecución judicial”, argumentó debido a que, en las comunidades afectadas, se han otorgado títulos de propiedad a privados lo cual permite que se acuse a la población indígena del delito de “usurpación de tierras”.
Zúñiga sostuvo que el acuerdo brinda pasos para la solución de algunos casos, pero que aún existen otras comunidades que exigen el involucramiento de la Comisión Nacional Agraria, e incluso de la Corte Suprema de Justicia “para que oriente a jueces locales, quienes han tenido papeles muy nefastos retrasando procesos u obstaculizando la posesión comunitaria de las tierras”.
Desconfianza
Destaca que en las protestas también participaron la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), organizaciones campesinas del valle del Bajo Aguán, en el departamento de Colón, y quienes encabezan la reivindicación de tierras campesinas despojadas por la agroindustria de la palma aceitera.
Esly Banegas, integrante de COPA, indicó que actualmente son varias las organizaciones que han firmado acuerdos con la administración nacional, encabezada por la presidenta Xiomara Castro, para la resolución de los conflictos en la titularidad de tierras. No obstante, señaló que, a pesar de la voluntad política, “no se ve reflejada en soluciones a las problemáticas que les han ido provocando los sectores oligárquicos contra las familias campesinas e indígenas”.
Justicia
En los mismos días, los indígenas lencas también se movilizaron ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras para reclamar la confirmación de las sentencias contra las ocho personas condenadas por el asesinato de la lideresa Berta Cáceres, acontecido en marzo de 2016.
Acompañados de organizaciones campesinas y de derechos humanos, los indígenas lencas se plantaron para exigir respuesta de los magistrados de la Sala Penal, quienes aún no se pronuncian respecto a dos recursos de casación presentados por la defensa de los acusados, que busca invalidar las sentencias emitidas en años previos.
“No puedo dar un día exacto, porque sería irresponsable de mi parte hacerlo. Lo que sí les digo es que estamos trabajando fuertemente y que eso va a estar en el menor tiempo posible y será del conocimiento público”, respondió el magistrado Mario Díaz ante la protesta lenca.
Por su aparte, habitantes de La Esperanza, Intibucá, advirtieron que cada día se sumaran más personas y organizaciones para exigir la confirmación de la sentencia contra los siete autores materiales y el coautor del crimen, además de que demandan un proceso judicial contra miembros de la familia Atala, a quienes se les responsabiliza de ser autores intelectuales del homicidio.
“No les quieren hacer nada [a los autores intelectuales]. Aquí las autoridades están muy de acuerdo con los empresarios, se ponen de acuerdo para arreglar las situaciones y venirnos a dar un discurso muy bonito a nosotros los pobres, a nosotras las comunidades humildes, a los campesinos, a las mujeres”, reclamó Catalina Hernández, habitante de la comunidad lenca.
A su vez, la movilización también exigió que se investiguen las denuncias de los asesinatos de campesinos en el Valle del Bajo Aguán, así como las relaciones de los crímenes con los empresarios agroindustriales que operan en la región.
