En portada: Detonaciones en la mina San Xavier, propiedad de New Gold, en el cerro de San Pedro, San Luis Potosí, México. La empresa canadiense, que comenzó la explotación desde 2007, actualmente maneja el discurso de la “minería responsable con el medioambiente”, pese a que sus operaciones desplazaron a la mayoría de los habitantes de los alrededores. Foto: Aldo Santiago.
La transición energética es una de las políticas económicas de urgencia que han implementado la mayoría de los gobiernos en el planeta, para hacer frente a lo que han llamado como “cambio climático”. Aunque los territorios y la división internacional del trabajo se vienen reconfigurando de diversas formas en el planeta, en América Latina se siguen reproduciendo los viejos esquemas del despojo y el saqueo.
Las altas temperaturas han tomado por asalto a diversas poblaciones del planeta. Otras más se han visto inundadas de forma inusual. Las pérdidas van desde inmuebles, cosechas, cientos de fallecidos y bosques enteros arrasados por el fuego o el agua. Mientras que algunos han sentido el infierno en la piel, para otros más, esta realidad les queda remotamente distante de su confort. La idea que se ha vendido sobre el “cambio climático” o “calentamiento global” es que el mercado lo resuelve todo, claro, con renovadas cadenas productivas de mercancías y servicios que se enmarcan en lo que hoy se conoce como “desarrollo sostenible o sustentable”.
Desde organizaciones ambientalistas, gobiernos, círculos académicos, pero principalmente el mundo empresarial, atañe el problema a la vieja matriz energética de los combustibles fósiles y como solución se plantea la implementación de las llamadas “energías renovables”. Es decir, en nombre del “cambio climático” se ha comenzado a perfilar una nueva cadena de montaje que pretende cambiar todo para que todo siga igual. Ya que, como lo describe Samir Amin, el principio de la acumulación capitalista, aunque se pinte de sustentable, es sinónimo de “crecimiento exponencial”, y éste, “como el cáncer, lleva en sí la muerte” (Amin, 2009).
De tal modo que estas cadenas productivas debutan con sus nuevos ropajes “amigables con el medio ambiente” prometiendo ser la solución frente al “cambio climático” y omitiendo nombrar y cuestionar el escenario tal cual: como “una crisis climática, sistémica y civilizatoria”, que recarga los riesgos hacia los más desprotegidos.
Incluso, la nueva sociedad disciplinada para los mercados sustentables justifica lo que podría considerarse como un “neoliberalismo verde”, el cual viene privatizando y mercantilizando bienes comunes como el viento, la energía del sol, el agua de los ríos, las olas del mar, la lava de los volcanes, etc.
El discurso sobre éstas —no tan nuevas— soluciones se perfila de diversas maneras a escala global. Esta reconfiguración de los mercados y los territorios no es igual en Europa que en África o América Latina. Parafraseando a André Gunder Frank, primero necesitamos entender cómo los países ricos alcanzaron su fase de “desarrollo” y cómo los países del Sur se quedaron en un “subdesarrollo” (Gunder Frank, 2005) eterno debido al cual los órganos financieros supranacionales románticamente los describen como “países en vías de desarrollo o países emergentes”.
Es importante entender estos contextos históricos para revirar y poner el ojo en los rumbos que ya han comenzado a tomar las reconfiguraciones del capitalismo verde, sobre todo cuando vuelven a repetir las mismas dinámicas con el reemplazo de matriz energética.
Con las energías renovables no sólo se recurre a la vieja división internacional del trabajo — en la que unos pierden y otros ganan, en la que el Sur produce exclusivamente para el despilfarro del Norte global—, sino que al mismo tiempo su racismo ambiental se recarga hacia el Sur, en nuestro caso, hacia Latinoamérica y más específicamente hacia los pueblos originarios, comunidades negras, artesanas o comunidades autónomas.
Energía para el Norte
Los Estados Unidos (EE. UU.), con tan sólo el 4% de la población mundial, un poco más de 332 millones de habitantes, consume más del 25% de la producción energética que se genera en el planeta. Su consumo de petróleo supera los 18 millones de barriles por día. Desde el año 2012, California, el estado más rico de este país, emitió una alerta por la crisis energética que estaba experimentando, llamada Flex101. Esta alerta urgía a las empresas, gobiernos y consumidores de California a reducir su consumo eléctrico de forma voluntaria. El objetivo, desde dos años atrás, era que las compañías eléctricas californianas tenían que generar un 20% de su producción con fuentes renovables y, para el 2020, un 33%.
Para lograr la primera fase de esta meta, California necesitaba producir 2,600 MW adicionales y, para la segunda, aproximadamente 10,000 MW adicionales, un horizonte que se veía muy lejano. Fue entonces que pusieron la mirada sobre México, principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde ya se tenía la capacidad de producción de 2,600 MW. Pero encontraron un problema, no existía la infraestructura para la venta hacia EEUU: redes de alto voltaje.
Curiosamente, antes de que el gobierno mexicano, presidido en su momento por Enrique Peña Nieto, lanzara su Programa Especial de la Transición Energética, los Estados Unidos ya habían trazado su estrategia como una prioridad y se sugirió al gobierno de México implementar una reforma energética (USAID, 2009). El gobierno de EE. UU. argumentaba que, a pesar de compartir más de 3,000 km de frontera, el comercio de energía eléctrica entre México y Estados Unidos era relativamente limitado y habría que aprovechar las ventajas de la cercanía.
Fue entonces que en el año 2013 el gobierno de Peña Nieto lanzó su reforma energética, junto al Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, justificando que en el sector eléctrico las principales dificultades eran: la saturación de líneas de transmisión y la necesidad de interconectar con “redes de alto voltaje” también denominadas como “redes inteligentes” a las zonas en donde se genera electricidad a partir de energías renovables.
Estas líneas de transmisión desde Oaxaca avanzaron lentamente y aún no cumplen el objetivo de llevar energía a EE. UU. No obstante, sí se logró la conexión con las principales empresas ensambladoras de automóviles de la General Motors, Ford, Chrysler entre otras. También se han beneficiado las maquilas y centros comerciales de capital estadounidense y europeo establecidas en México. Además, se establecieron las primeras redes de interconexión de Baja California con el Consejo de Coordinación de la Western Electric (WECC) en California a través de dos interconexiones privadas. La paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) también tiene siete interconexiones en la parte norte de su sistema con el estado de Texas. A cambio, México importa de EE. UU. gas esquisto o shale.
La región del Istmo de Tehuantepec sigue siendo punta de lanza en la producción de energía eólica, ya que cuenta con 28 de los 31 parques eólicos funcionando en todo el territorio mexicano que, en conjunto, según el Panorama General de las Energías Renovables, generan 7.7 GW de energía eólica en el país.
Hasta 2021 en territorio mexicano se produjo, de acuerdo con los datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 48,958 GWh, posicionándose la energía Hidroeléctrica con el 67.2%, seguido de la nucleoeléctrica con el 23.7%, y el resto 9.1% con las tecnologías geotermoeléctrica, eólica, fotovoltaica y hasta la nuclear, considerada contradictoriamente como “energía limpia”.
La producción de energía solar en México se ha posicionado como la segunda más grande de América Latina, después de Brasil, con una capacidad instalada de generación solar fotovoltaica de más de 7 GW en 2021.
Las redes de interconexión avanzan aceleradamente en el sur-sureste de México, hacia donde se han recargado las obras estratégicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a través del Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista.
Recientemente el gobierno de AMLO estableció acuerdos con 17 empresas estadounidenses para elevar la producción de energía solar y eólica. Por su parte, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, expresó en sus redes sociales que, “el sol y las fuentes renovables de México podrían satisfacer las necesidades de México 100 veces, sin mencionar la creación de industrias limpias completamente nuevas”.
De acuerdo con el Departamento de Energía de EE. UU., en el territorio mexicano hay suficiente capacidad como para producir, tan sólo en energía solar, 24,918 GW. Además, plantean que se puede aumentar la producción de energía eólica a 3,669 GW, así como energía geotérmica convencional en 2.5 GW y 1.2 GW de energía hidráulica. Esto implica establecer miles de celdas solares, más parques eólicos, entre otros complejos de generación de energía renovable que, con certeza, afectarán a cientos de comunidades, las mismas que tienen que pagar altos costos por el acceso a la energía.
Mientras tanto, las redes de interconexión también se están trazando desde Centroamérica, justificadas para “contribuir al desarrollo sostenible de la región” mediante el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central. Los países que forman parte del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) han trazado como uno de sus objetivos la integración de las energías renovables. Estas redes conectan en el norte con México y hacia el sur se extienden hasta Colombia.
A través de SIEPAC se podrán conectar los complejos de generación de energía renovable en manos de privados, por medio de una red pagada con dinero de los gobiernos de la región, cuyo objetivo es insertar la energía renovable al mercado regional, destinado a las maquiladoras, industrias ensambladoras y extractivistas, tales como la “minería verde”.
Continúa el desarrollo del subdesarrollo
Recientemente la Fundación de Investigación de Política Energética (EPRINC por sus siglas en inglés), un órgano que produce investigación para el sector privado, así como para el gobierno y departamento de energía de EE. UU., alertó que la estrategia del reemplazo de la matriz energética, promovida por la Agencia Internacional de Energía (AIE), no estaba funcionando como se había planeado. Esta transición implicaba detener nuevas inversiones en la exploración de petróleo y gas, en la lógica de que el mundo no requería más suministros adicionales de petróleo y gas a mediano plazo. Esto, junto con el COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, llevó a que aumentaran “los precios de la energía y la pobreza energética”, sostuvo Iván R. Sandrea Silva, vocero de esta fundación.
Por si no bastara con este escenario, Sandrea, sin pensarlo, le dio un golpe duro al discurso que sustentan las políticas económicas promovidas desde la Agenda 2030 de la ONU, que pretendían, hasta el año 2030, alcanzar una reducción considerable de “emisiones de carbono” con el reemplazo del uso de energía fósil. Contrario a ello, el representante de esta fundación sostuvo que no se reducirá el uso de combustibles fósiles, “en el mejor de los casos de llegar a cero netos (de emisiones), se necesitarán más de 1,5 billones de barriles de petróleo y gas hasta 2070.”
Para ello, el integrante de EPRINC enfatizó que al menos los países de África y América Latina no deberían “cerrar la industria de los hidrocarburos”, remarcando que son economías que dependen de ello para su “crecimiento económico y la estabilidad fiscal”.
De cierta forma, mientras los países del Norte global reemplazan su matriz energética de forma acelerada, los países latinoamericanos serviremos como un puente hacia esa transición. No sólo porque seguiremos suministrando energía fósil, sino porque también tendremos que ceder más territorios para producir energía verde y ampliar las áreas mineras, ya que también tendremos que suministrar aluminio, cobre, plomo, litio, manganeso, níquel, plata, acero, zinc y otros minerales de tierras raras para las nuevas cadenas productivas.
El Banco Mundial estima que serán necesarias más de 3 mil millones de toneladas de minerales y metales sólo para la implementación de las nuevas tecnologías como la energía eólica, solar y geotérmica y para las de los automóviles eléctricos.
Incluso estos minerales estratégicos escalan al orden de seguridad nacional de EE. UU., ya que ha comenzado una disputa encarnizada entre la propia clase capitalista para controlar y administrar su explotación y comercialización. Recientemente, Laura Richardson, la general del Comando Sur de los EE. UU., mostró su preocupación sobre la presencia de Rusia y China en Latinoamérica, asegurando que están ahí “para socavar a EE. UU. y las democracias”, enfatizando además que, la región tiene mucho que ofrecer porque “es tan rica en recursos minerales, en tierras raras y con el triángulo del litio”.
El 60% del litio en el mundo está en el llamado Triángulo de Litio: Argentina, Bolivia y Chile. “En mi opinión, van de la mano con lo que los chinos están haciendo con su Iniciativa de la Franja y la Ruta y expandiendo su alcance a América Latina”, subrayó Richardson.
El litio es sólo uno de los minerales que sustentan los nuevos mercados, sobre todo, para las baterías de los autos eléctricos que tanto añoran en los países ricos y con el cual piensan que resolverán el problema del “cambio climático”. Esta nueva mercancía es un ejemplo de cómo la reconfiguración del capitalismo verde reproduce la vieja división internacional del trabajo y, detrás de cada eslabón, un ciclo destructivo que la economía clásica la nombra como “fallas de mercado” o “externalidades negativas”.
Mientras tanto en los países pobres se sigue pensando que los vehículos eléctricos pertenecen a un futuro muy lejano, en las economías más poderosas en su conjunto alcanzaron, sólo en 2021, un récord de 6,6 millones de unidades vendidas. En el asfalto de estos países ya circulan diariamente más de 16,5 millones de autos eléctricos y esto es sólo el comienzo.
El viejo parque vehicular de máquinas de combustión interna no es destruido, sino que es desplazado, como siempre se ha hecho históricamente con la tecnología obsoleta, hacia los países pobres, como México y Centroamérica. Al final, la solución que presentan con el automóvil individual, no resuelve el problema, pero sí representa un nuevo nicho de oportunidades que se materializa en mayor “crecimiento económico sostenible”. Por otra parte, continuará reproduciendo una sociedad individualista, egoísta y competitiva, ya que, de los camiones eléctricos vendidos, entre ellos los de transporte colectivo, tan sólo representaron el 0,3 % de las ventas mundiales en 2021.
El despunte de esta industria verde se debe, según la AIE, a que en los países con mayor poder económico, sólo en 2021, se han desplegado subsidios e incentivos para vehículos eléctricos de hasta 30 mil millones de dólares. El aumento de las ventas de vehículos eléctricos en este año estuvo liderado principalmente por la República Popular China, con 3,3 millones; Europa con 2,3 millones y EE. UU. con 630 mil unidades.
Según la AIE, “las ventas de vehículos eléctricos siguen rezagadas en otras economías emergentes y en desarrollo”, por seguir siendo inasequibles para los consumidores del mercado masivo. No obstante, América Latina y el Caribe es una de las regiones donde se han acelerado los complejos de producción de energías renovables, principalmente la hidroeléctrica. De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo del 2020, sólo esta fuente “proporciona aproximadamente la mitad de la electricidad de esta región y es la principal fuente de generación eléctrica en muchos países”, principalmente Paraguay, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Brasil.
Con más del 50% de energía renovable en la región, el costo que tienen que pagar los usuarios es demasiado alto en países como Haití, Guatemala y Honduras, donde según la USAID “más del 70% de la población es pobre en energía”. Además de carecer de acceso a este tipo de energéticos, son despojados y expulsados de sus territorios. Esta es la cara del “desarrollo sostenible” en la región que tanto se promueve desde las agendas de los Estados, las empresas, la academia, pero, sobre todo, de las empresas. De tal modo que, el discurso de sostenibilidad es una cortina de humo que está asegurando un nuevo ciclo expansivo del capital y esto representa, con certeza, una escalada de despojos masivos. Mientras tanto, las diversas clases sociales vienen aceptando dócilmente las falsas soluciones que está ofreciendo el capitalismo verde.
Economía verde manchada de sangre
El proyecto Belo Monte en Brasil, Barro Blanco en Panamá, Chixoy en Guatemala y el Proyecto Hidroeléctrico San Antonio en México, por mencionar algunos ejemplos, tienen algo en común: no sólo reflejan los Giga Watts generados de “energía renovable”, también son complejos de donde derivan cifras de indígenas asesinados. Estos son sólo algunos ejemplos de proyectos que están manchados de sangre y que han provocado el desplazamiento y despojo de comunidades enteras, presos y perseguidos. Sobre ello no hablan los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), los informes de los bancos, ni los gobiernos y ni las empresas.
Incluso, la controvertida USAID, aunque no nombra los asesinatos, sí documentó en su Análisis de Tendencias 2020-2030 que sólo en 2017, en Sudamérica, hubo un impacto por presas hidroeléctricas hacia 5,7 millones de personas. A esto sumamos la deforestación y afectación de una gran diversidad de especies, provocadas por la represa de los ríos que se cristaliza en “energía renovable”.
Si a esto sumamos a los ambientalistas asesinados por el resto de complejos de energía y proyectos de “desarrollo” en general, estamos hablando de cientos de comunidades afectadas en nombre del “cambio climático” y en favor del reemplazo de la matriz energética. Por algo la organización Global Witness registró desde 2019 a la región latinoamericana como “la región más mortífera para los defensores ambientales”.
Si bien la energía hidroeléctrica en la región, de propiedad privada principalmente y vinculada a empresas europeas y estadounidenses, representa más del doble del promedio mundial, los resultados no son tan favorables, ya que, “la pobreza energética aún socava los medios de vida en muchas áreas”, remarca la USAID. Entonces podemos percibir que el reemplazo de la matriz energética no está hecho para resolver la crisis climática, ni mucho menos para un mejor acceso para los consumidores. Es estrictamente la continuidad de la reproducción ampliada del capital.
El nuevo nicho de mercado es disputado por los países y empresas más poderosas del mundo, incluyendo las del sector petrolero. Entonces, pedir que nos incluyan en sus agendas o reformas y planes estratégicos es como pedir peras al olmo. Porque la lógica sigue siendo el crecimiento económico exponencial.
Lo que resta es pensar y construir alternativas fuera del sistema “renovado”, hoy pintado de verde. Reciclar tecnología y producir nuestra propia energía, fuera de las empresas y la administración del Estado, se vuelve subversivo. Nombrar la crisis y repensar alternativas desde abajo se hace necesario, incluso, fuera de los márgenes de lo que nos han hecho creer con los conceptos de “desarrollo” y “crecimiento”. Las soluciones terminarán siendo subversivas o, de lo contrario, con el llamado “desarrollo sostenible”, nos encaminaremos como dóciles ovejas hacia las soluciones que nos ofrece el mercado verde y, nuevamente, seremos un ejército disciplinado de consumo. Porque su transición energética no busca resolver la crisis climática, sino sostener el ritmo de acumulación del capital a cualquier costo.
*Una versión de este texto se publicó en el Dossier Crisis Climática de la Revista Común
