La industria petrolera busca incrementar su producción en la Amazonía y para ello apunta a operar en Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Perú.
En esa dirección, un proyecto de Ley del Congreso peruano propone la exploración y extracción de hidrocarburos en zonas intangibles, lo que violenta a los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), quienes habitan por lo menos quince áreas naturales del territorio nacional.
“La explotación de hidrocarburos ocasiona en los PIACI huidas intempestivas, abandono de viviendas, alteración de rutas de desplazamiento, así como conflictos y enfrentamientos, que puede implicar una mayor probabilidad de riesgos de contactos no deseados y el contagio de enfermedades letales para los PIACI”, advierte la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
La propuesta legislativa fue derivada en julio a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Parlamento. Se pretende incluir las Áreas Naturales Protegidas de uso indirecto en actividades extractivas, sin mencionar a los pueblos en aislamiento, obviando su existencia.
“La iniciativa legislativa respondería a fuertes intereses económicos sobre estos territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Permitir actividades extractivas en estos territorios tradicionales podría desencadenar el exterminio de pueblos PIACI. La vulnerabilidad se agrava, aún más, ante las violaciones de derechos humanos que sufren habitualmente por actores que buscan explotar los recursos naturales en sus territorios y ante la impunidad que generalmente rodea a las agresiones que sufren estos pueblos y sus ecosistemas”, observan las organizaciones amazónicas peruanas.
El desconocimiento de la existencia de los pueblos en aislamiento es una narrativa normalizada en los últimos años desde el Ejecutivo, Congreso y gobiernos locales. Las autoridades regionales niegan su existencia para liberar sus jurisdicciones al extractivismo de minerales, hidrocarburos y monocultivos. Con el pretexto del desarrollo de los pueblos originarios, los gremios privados promueven, en alianza con las instituciones públicas, un discurso que suprime las evidencias documentadas durante más de dos décadas de la presencia de estas comunidades.
En este contexto, los pueblos amazónicos señalan que las intenciones de explorar petróleo en áreas naturales es un riesgo de genocidio para los PIACI.
Ofensiva petrolera en la región
El reciente convenio entre PetroPerú y PetroEcuador, que implica la ampliación del oleoducto norperuano, es una grave amenaza para las comunidades nativas y PIACI que habitan en las fronteras de ambas naciones.
“Los Estados de Ecuador y Perú y sus empresas tienen una deuda histórica con nuestros pueblos afectados por las unilaterales e inconsultas decisiones de explotar petróleo en territorios de la Amazonía. Además, no podemos confiar en gobiernos que no cumplen con el mandato y la voluntad democrática de dejar de explotar el Yasuní en el Ecuador”, subrayan en un comunicado organizaciones indígenas de ambos países.
Este acuerdo binacional fue concretado sin consultar a las comunidades. El oleoducto norperuano, considerado ilegítimo por los pueblos amazónicos, debido a que fue construido sin su consentimiento, tiene una historial de cientos de derrames y fugas, la mayoría por corrosión de la infraestructura y fallas operativas.
“Rechazamos los intentos políticos y económicos de avanzar con este anuncio para aumentar la producción petrolera en ambos países. Nos declaramos en alerta y anunciamos que a partir de la fecha iniciaremos una campaña internacional para advertir a cualquier empresa petrolera que quiera invertir en este proyecto, así como a los grandes bancos y otros posibles inversionistas que quieran convertirse en cómplices de estas iniciativas”, agregan.
Foto: Sociedad peruana de derecho ambiental.Foto: Agencia Andina
Ante este panorama, en el Encuentro Regional Amazónico, realizado del 18 al 22 de agosto en Bogotá, los líderes de pueblos originarios de los ocho países que comparten el territorio ancestral demandaron declarar la Amazonía zona de exclusión de hidrocarburos y minería, priorizando los territorios de etnias indígenas y de PIACI.
Desde los territorios se buscan consensos para intentar contener el ecocidio de la Amazonía, con miras a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30), que por primera vez se celebrará en una ciudad amazónica, Belém do Pará (Brasil), en noviembre.
En el marco de una transición urgente hacia economías libres de combustibles fósiles y actividades extractivas, plantean la creación de un grupo de trabajo de transición justa, cuyas medidas se reflejen en los planes nacionales de atención al cambio climático, así como fijar un plazo para este proceso.
Marcos normativos están siendo utilizados como herramientas de censura en México, alerta la organización Artículo 19 en la presentación de su más reciente informe Las Leyes como Mecanismo de Censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México, publicado este martes (26). La organización exige a las autoridades frenar el hostigamiento hacia la prensa “mediante vías electorales, civiles, penales o administrativas”.
Entre enero y julio de este año, un total de 39 periodistas (28 hombres, 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra. De acuerdo con la organización, las cifras muestran un incremento en el acoso judicial, conformando además un patrón que en promedio equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo a cada cuatro días.
Desde el 2016, Artículo 19 ha alertado sobre esta práctica, sin embargo, lejos de haber un alto, los 51 casos de acoso judicial documentados en lo que va de este año han sobrepasado las cifras de años anteriores donde, desde el 2015, el año con mayor número de víctimas había sido el 2021, con 40 casos.
Foto: Agencia EFE
Los casos de este 2025 se han presentado en 17 estados de México, lo que representa un 53% de las entidades federativas y manifiesta una práctica expansiva por todo el país. Veracruz con 10 casos, Ciudad de México con 9 y Jalisco con 6 son los tres estados que encabezan la lista, seguidos de Campeche, Oaxaca y Puebla, con tres casos cada uno.
Análisis del acoso judicial
A diferencia de otras formas de violencia por ejercer el periodismo, el acoso judicial representa una estrategia de desgaste, de recursos económicos, legales y humanos, especialmente cuando las víctimas son sentenciadas a multas millonarias. La organización independiente explica que los principales móviles de los procesos judiciales o ministeriales contra periodistas son “revertir discursos incómodos, eliminar información publicada y mandar un mensaje colectivo sobre ‘temas prohibidos’, que personas con poder económico o político no quieren que se toquen”.
Foto: Agencia EFE
Este patrón de acoso judicial, en materia de derecho, son reconocidos como “litigios estratégicos contra la participación pública” y buscan enviar un mensaje colectivo para la prensa y quienes se dedican a la defensa de derechos humanos.
Las vías legales ministeriales y judiciales implementadas para acosar a quienes ejercen su libertad de expresión son: vía electoral, vía penal, administrativa y civil. En los 51 casos de este año, 26 han sido por vía electoral (50.98%), 14 por vía penal (27.45%), y 11 civiles (21.57%).
El acoso judicial en México está en manos de personas con alta capacidad económica y poder político, alerta la organización, pues concentran los recursos suficientes para ganar los casos y, sobre todo, pueden darse el lujo de iniciar varios procesos simultáneamente por diferentes vías legales y en distintas cortes, con la finalidad de agotar los recursos de los defensores.
Violencia política en razón de género, nueva forma de censura
De los 51 procesos documentados este año, 25 fueron por Violencia Política en Razón de Género (VPEG), demostrando que “uno de cada dos procesos de acoso judicial contra la prensa en el país se iniciaron abusando de la normativa de VPEG”, afirma el reporte de la organización.
El marco normativo que tipifica y aborda la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en México, entró en vigor el 14 de abril de 2020, tras la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación. Aunque representa un avance en la garantía de protección a las mujeres en el ámbito político y electoral, las cifras demuestran cómo esta herramienta se ha corrompido en la medida que carece de una perspectiva de derechos humanos y de libertad de expresión, generando un uso “abusivo contra periodistas y medios de comunicación de manera desproporcionada”, de acuerdo con Artículo 19.
El abuso de la VPEG ha llegado al límite de censurar a mujeres periodistas, 5 en lo que va del año, por criticar “corrupción, falta de transparencia y hasta por resaltar presuntos vínculos con grupos de delincuencia organizada o con los militares”.
Frente a ese abuso en la aplicación de la VPEG, hay una violencia real emitida contra mujeres periodistas que no está siendo atendida. La organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), en su informe “Las formas del asedio. Violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador”, ha documentado que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hubo 1,189 casos de agresiones contra mujeres periodistas mientras ejercían su trabajo informativo, 641 casos más que los registrados durante el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto.
Protesta de periodistas contra la violencia. Foto: Nayely Cruz, 2022.
Al igual que el acoso judicial, las agresiones contra mujeres periodistas tienen el objetivo de bloquear la información publicada, amenazar, intimidar y desacreditar o estigmatizar el trabajo de las corresponsales. En los casos de mayor gravedad -aunque en menor medida- esta violencia ha alcanzado el feminicidio y el exilio.
De acuerdo con la CIMAC, el bloqueo informativo es la principal causa de agresión y el 46% de su total ha sido ejercido por personas en cargos públicos, desmintiendo la narrativa oficial de este gobierno quien se define como ‘el más transparente de la historia’.
En el sexenio de Peña Nieto hubo 122 casos de agresión ejercidos por personas funcionarias estatales, quienes encabezan la lista de tipos de personas agresoras. En el periodo de AMLO, esta misma categoría ocupa el primer lugar con 219 casos registrados.
Las conferencias de prensa matutinas -conocidas como mañaneras- popularizadas por AMLO, fueron un escenario perfecto para el desprestigio de la labor periodística en México, debido a que el ex mandatario se rehusaba a aceptar críticas y cuestionamientos de la prensa calificándoles de ‘vendidos’, ‘chayoteros’, ‘conservadores’, ‘opositores’ entre otros términos despectivos tan sólo por cuestionar su gobernatura. CIMAC explica que al tratarse de una máxima figura de poder (el presidente) cometiendo una agresión, contribuye a normalizar la violencia.
Muertes
Del año 2000 a la fecha, 174 comunicadores han sido asesinados en México. Artículo 19 ha documentado que 162 son hombres y 12 mujeres. Durante la gobernatura de AMLO fueron 47 las víctimas, una menos que en el sexenio de Felipe Calderón. En la gestión de Claudia Sheinbaum 7 periodistas han sido asesinados. Cifras que evidencian la peligrosidad de no atender todo tipo de agresión contra quienes ejercen la comunicación.
Foto: Nayely Cruz
En el informe presentado, la organización llama en primer lugar a “particulares y personas con proyección pública, personas funcionarias públicas y aspirantes a cargos de elección popular” a apegarse a otros medios legales no agresivos y de censura como el derecho a réplica que se enmarca en el artículo 6to constitucional.
A los poderes ejecutivos estatales y federales llama a ser tolerantes frente a discursos críticos y a emplear correctamente la normativa de la VPEG. Y en términos generales llama al Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales locales, al Congreso de la Unión y sus congresos locales, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a ejercer su labor de forma transparente, garantizando con efectividad el derecho a la libre expresión en México.
Desde Mediterráneo Occidental, en el Moll de la Fusta de Barcelona, un puerto que ha visto zarpar históricas travesías, una a una se preparan decenas de pequeñas embarcaciones civiles para partir este domingo (30). Su objetivo es desafiar uno de los bloqueos más bestiales del mundo contemporáneo: el del Estado israelí sobre la Franja de Gaza. Esta es la llamada Flotilla Global Sumud, una iniciativa que aspira a convertirse en la "mayor misión humanitaria" de la historia liderada por la sociedad civil global.
La palabra "Sumud" en árabe significa "firmeza" o "resistencia pacífica", un concepto profundamente arraigado en la identidad palestina. Es esta la firmeza que marca el corazón y la razón de cada tripulante que sostiene esta coalición sin precedentes, compuesta por cuatro grandes alianzas internacionales: la Campaña Global para el Retorno a Palestina, la veterana Coalición de la Flotilla de la Libertad —cuya tragedia del Mavi Marmara en 2010 aún resuena—, el Convoy Sumud del Magreb y la Iniciativa Nusantara Sumud del Sudeste Asiático.
El portavoz de la Global Sumud Flotilla Saif Abukeshek, dirigiéndose a los manifestants aúnados en a la Plaza de Sant Jaume de Barcelona por Gaza. Foto: Albert Hernández
Hasta el momento se han sumado activistas provenientes de 44 países, desde Argelia, España, Italia, Grecia, Marruecos, Colombia, Brasil, México, EEUU, Arabia Saudita, Irlanda, entre otros. Nuevamente se suma a esta iniciativa la activista sueca Greta Thunberg, ya que en junio pasado, en un intento por romper el bloqueo con la entonces llamada Flotilla de la Libertad, fueron detenidos y deportados.
Hasta el momento se mantiene en total secretismo el número de embarcaciones que se han sumado a esta gran travesía humanitaria, así como los puestos de donde zarparán, aparte de Barcelona y Túnez. Lo que se sabe es que abordo no viajan soldados, sino sindicalistas, médicos, parlamentarios y activistas como la actriz estadounidense Susan Sarandon y la portuguesa Sofía Aparício. También se suman activistas de Indonesia, Malasia, Filipinas, Maldivas, Bangladesh, Bután, Tailandia, Sri Lanka, Nepal y Pakistán, entre otros.
Lo organizadores aseguran que las embarcaciones en su mayoría son pequeñas y medianas, como el Madleen, ya “que son legalmente viables, ágiles y más difíciles de obstruir. Cada barco es supervisado por una delegación regional con apoyo legal, náutico y logístico de la coalición de la flotilla”.
Su objetivo es triple: entregar ayuda de forma directa, romper el aislamiento mediático y político de Gaza, y denunciar ante el mundo lo que califican como una "guerra genocida" y un "asedio ilegal" que constituye un castigo colectivo, violando el Cuarto Convenio de Ginebra.
Desde octubre de 2023, Israel ha matado a más de 62 mil palestinos y ha herido a más de 157 mil personas. Mientras, Tel Aviv sigue obstaculizando sistemáticamente la entrada de alimentos y ayuda humanitaria en el enclave.
"Es lamentable que tengamos que hacerlo nosotros; que tengamos que cargar barcos con ayuda humanitaria para intentar romper el bloqueo y frenar el genocidio", declaró Saïf Abukeshek, portavoz de la flotilla, quien el pasado junio fue detenido por Egipto durante la Marcha Global por Gaza. “No solo anunciamos la misión en sí, sino la construcción de un movimiento global de solidaridad que trabaja con todos los pueblos oprimidos”, detalló el activista.
Esta travesía esta planeada para ejecutarse entre siete y ocho días. Se han establecido estrictas medidas de seguridad y discreción, conscientes de las experiencias vividas enteriormente por la represión israelí. Este año ya se han registrado dos amargos precedentes: el buque Madleen, con Thunberg abordo, y el Handala, los cuales fueron interceptados en junio y julio respectivamente mediante ataques con drones y abordajes por comandos israelíes en aguas internacionales. Sus pasajeros fueron golpeados, secuestrados, deportados y se les confiscaron sus teléfonos.
Los coordinadores de la Flotilla Sumud tienen la certeza de que esta acción es legal según el derecho internacional, además porque “las embarcaciones civiles que transportan ayuda humanitaria o participan en protestas pacíficas en aguas internacionales están protegidas por el derecho marítimo”, puntualizan
La iniciativa de la Flotilla Global Sumud represeta el despliegue de solidaridad marítima más ambicioso desde 2007. La estrategia se basa en la masa y la atención internacional: con docenas de barcos pequeños y ágiles —más difíciles de obstruir— y una cobertura mediática constante, se busca elevar el coste político de cualquier agresión israelí, así mismo, se busca que los gobiernos del mundo se posicionen y tomen partido sobre este genocidio.
“Nuestro modelo descentralizado, con cientos de embarcaciones pequeñas, fomenta la resiliencia, distribuye la responsabilidad y amplifica el liderazgo de base. Si un buque grande está disponible y se alinea con nuestra misión, puede unirse. Pero nuestra fuerza está en la escala, la velocidad y la estrategia”, anuncian los activistas de la flotilla humanitaria.
Detrás de cada barco hay una historia de convicción; por ejemplo, desde el País Vasco, donde colectivos han organizado ayunos, manifestaciones y una marcha por la ría de Bilbao en apoyo a la causa Palestina, hasta los puertos de Túnez e Italia que zarparán en simultáneo. Incluso hay un barco exclusivo para mujeres y otro para veteranos de EEUU, simbolizando el amplio espectro de apoyo.
Manifestantes participan en una concentración a favor de Palestina contra las acciones de Israel y la actual escasez de alimentos en la Franja de Gaza, que la ONU declaró oficialmente en estado de hambruna el 22 de agosto, durante una protesta en Melbourne el 24 de agosto de 2025. Foto de William West.
Mientras tanto, en Gaza, el ejército israelí intensifica su ofensiva, donde un millón de personas vive una pesadilla a diario. La hambruna, declarada oficialmente por la ONU, se ha cobrado ya 317 vidas desde octubre del 2023, 121 de ellos niños. El bloqueo, total por tierra, mar y aire, convierte cada envío de ayuda en una trampa burocrática o mortal.
Quienes se encaminan a esta travesía aseguran, “nuestros esfuerzos se basan en décadas de resistencia palestina y solidaridad internacional. Aunque pertenecemos a diferentes naciones, religiones y creencias políticas, nos une una sola verdad: el asedio y el genocidio deben terminar”.
Esta iniciativa es totalmente independiente, no están afiliados a ningún gobierno o partido político. “Nuestra lealtad es a la justicia, la libertad y la santidad de la vida humana”, declara la Flotilla Global Sumud.
Tras once años del asesinato de cuatro líderes ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto (región Ucayali), el Poder Judicial del Perú ratificó la sentencia contra los autores del crimen.
En un fallo que marca precedentes para casos de crímenes contra dirigentes indígenas, la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó, este lunes 25 de agosto, la pena de 28 años de cárcel por homicidio calificado a cuatro taladores ilegales, quienes aún no son capturados.
Se teme que los asesinos escapen del país y la sentencia no se ejecute. Hay, además, un quinto acusado cuyo proceso se encuentra suspendido y de quién se desconoce su paradero.
“Tenemos información de que ya han intentado huir hacia Brasil. Si no se actúa de inmediato, la justicia podría volver a quedar impune”, señaló la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).
En este largo proceso, los familiares de las víctimas se enfrentaron a obstáculos por parte de las autoridades, como la anulación de una primera condena en 2023, lo que significó el inicio de un nuevo juicio. La presión de las comunidades amazónicas para visibilizar el caso Saweto durante estos años fue clave.
El crimen fue cometido el 1 de setiembre de 2014, cuando a Edwin Chota -un emblemático defensor de los territorios ashéninka-, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo los emboscaron cerca de la frontera con Brasil, adonde se dirigían para participar en una reunión internacional de líderes indígenas.
Desde años anteriores, Edwin Chota denunció e identificó ante el Ministerio Público, la Policía y el Gobierno Regional de Ucayali a los taladores que extraían madera de territorios de su comunidad. En sus denuncias incluyó las coordenadas de las áreas donde operaban. Sin embargo, él y los demás defensores no recibieron protección.
“Con este fallo, la sala confirma la responsabilidad de los sentenciados en el crimen de los líderes indígenas asesinados por defender los bosques y el ambiente, que son parte de su territorio. Esto genera un precedente para los otros casos de defensores indígenas y un mensaje de resistencia y esperanza frente a la impunidad”, declaró Rocío Trujillo Solís, abogada de la familia de Edwin Chota.
Entre 2013 y este año se registran por lo menos 36 asesinatos de defensores de la Amazonía en circunstancias similares, de acuerdo a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
“Esta resolución en segunda instancia constituye un paso sólido y trascendental en la ardua lucha contra la impunidad. Además, ratifica el rigor de la pena indicada en la instancia anterior, que fue la primera condena significativa relacionada con crímenes en que líderes indígenas peruanos fueron las víctimas”, resaltó la organización indígena.
Entre 2010 y 2024 se reportaron, solo entre Ucayali y otras dos regiones de la Amazonía peruana, 226 casos de defensoras y defensores de pueblos originarios en riesgo, según el informe Situación de los defensores indígenas en Ucayali 2024, elaborado por ProPurús y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).
El seguimiento y la acreditación de la madera extraída de la Amazonía tiene graves vacíos. En un estudio que abarca de 2010 a 2019, Global Witness halló que más del 60% de la madera inspeccionada por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) en Loreto y Ucayali es de origen ilícito. Una estimación incluso insuficiente, puesto que se basa solo en los bosques supervisados, menos de la mitad de las áreas madereras.
En portada: Ejercicios en el Curso Combinado de Orientación en la Selva entre Estados Unidos y Panamá en territorio panameño, en la Base Cristóbal Colón.
Mientras se avivan los vientos de intervencionismo de los Estados Unidos (EEUU) frente a México y Venezuela, solo durante el mes de agosto, el Comando Sur realiza al menos tres ejercicios militares en diversos países de Latinoamérica. Estas acciones buscan afianzar su estrategia con la cual afirman van a contrarrestar lo que denominan como Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT, por sus siglas en inglés) o Redes Ilícitas Transregionales y Transnacionales (T3Ns, por sus siglas en inglés).
Desde el pasado 7 de agosto, la administración de Donald Trump, endureció su postura frente al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, equiparándolo como presunto líder del llamado "Cártel de los Soles". Ante ello, el Departamento de Estado de EEUU, bajo el liderazgo del secretario Marco Rubio, anunció una oferta de recompensa de hasta 50 millones de dólares a quien brinde información que conduzca al arresto del mandatario de Venezuela.
La oferta de recompensa, autorizada por el secretario en virtud del Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP, en inglés), se dio justo dos semanas atrás cuando el Departamento del Tesoro había designado al “Cártel de los Soles” como "Terroristas Globales Especialmente Designados" (SDGT), un estatus que permite congelar los activos del grupo en jurisdicción estadounidense y criminaliza cualquier transacción con él.
Es así que la situación ha escalado a una crisis tensa entre Estados Unidos y Venezuela, ya que Trump ordenó el despliegue de tropas militares estadounidenses hacia el Caribe, en las proximidades de las costas venezolanas.
Según información confirmada por funcionarios de Defensa, el despliegue ordenado por el presidente Donald Trump incluye: el Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG), compuesto por los buques de desembarco anfibio USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio. También 4 mil infantes de Marina de la 22.ª Unidad Expedicionaria.
El Departamento de Defensa de EE.UU. publicó fotos del USS Iwo Jima, el buque que lidera el grupo anfibio que se dirige al Caribe Sur
A este despliegue sin precedentes se suman al menos tres destructores de la clase Arleigh Burke equipados con el sistema de misiles guiados Aegis: el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson.
El Comando Sur de EEUU afirma que las operaciones se enmarcan dentro de la estrategia de operación en contra de la lucha contra los cárteles de droga. Por su parte, el presidente Trump, advirtió que usaría "todos los medios" del poder estadounidense para detener el narcotráfico.
El Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM, por sus siglas en inglés), es uno de los once comandos combatientes unificados (COCOM) del Departamento de Defensa del país norteamericano.
Milicianos venezolanos responden al llamado de Maduro.
Frente a este escenario, Maduro anunció la movilización de 4,5 millones de milicianos para hacer frente a lo que calificó como "amenazas" de Washington, preparando el escenario para un potencial conflicto.
México
El teatro de operaciones que se presenta en la región se fue fraguando desde tiempo atrás y se intensificó desde el momento en que Trump firmó, en secreto, una indicación que ordena al ejército estadounidense actuar contra los cárteles del narcotráfico y otros grupos criminales de América Latina, como lo informó, desde el 8 de agosto, el medio estadounidense The New York Times.
Al referirse a América Latina también incluye a México. Desde su primera administración (2017 a 2021), el presidente Trump ya perfilaba la idea de bombardear laboratorios de drogas en territorio mexicano. Posteriormente, en campaña para su segundo mandato, Trump prometió que desplegaría las tropas de Operaciones Especiales y Fuerzas Navales para “declarar la guerra a los cárteles”.
Participación de México en Fuerzas Comando 2025.
Por su parte, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo declaró tajantemente que "Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado. Absolutamente descartado”.
La mandataría afirmó que, a través de las llamadas entabladas con Trump, de ninguna manera se ha llegado a un acuerdo sobre una posible intervención de EEUU. “Cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no. Entonces no. Incluso, fuimos informados de esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestros territorios”, señaló la jefa del ejecutivo.
Desde el año 2022, al menos 1,500 militares y civiles de EEUU ampliaron sus ejercicios militares de Belice hacia México, por primera vez se les permitió a las tropas estadounidenses entrar al territorio mexicano con los ejercicios llamados Tradewinds.
Los ejercicios militares en agosto
Actualmente el Comando Sur ejecuta en El Salvador, desde el 18 hasta el 29 de agosto, la competencia denominada Fuerzas Comando 2025, donde participan 16 equipos de élite provenientes de Argentina, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.
La sede de la 19.ª edición de Fuerzas Comando es la Base Aérea de Ilopango. Más que una competencia, se desarrolla como una herramienta estratégica de la política de seguridad de Washington y para afianzar las alianzas. Los altos mando del Comando Sur aseguran que estos ejercicios son para “hacer frente a las amenazas transnacionales que afectan a la defensa y la estabilidad en toda la región”.
Panamá
Casi simultáneamente, entre el 17 al 18 de agosto, el Comando Sur realizó el Curso Combinado de Orientación en la Selva entre Estados Unidos y Panamá en territorio panameño, en la Base Cristóbal Colón.Este ejercicio tuvo como objetivo capacitar a las fuerzas armadas de ambas naciones en habilidades de supervivencia y movilidad necesarias para operar en entornos austeros.
El embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó que este ejercicio “subraya cómo Panamá y Estados Unidos estamos ampliando nuestra cooperación en seguridad en maneras que fortalecen a ambas naciones”.
Por su parte, el almirante de la Marina de Estados Unidos Alvin Holsey, actual comandante del Comando Sur, sostuvo, mientras se realizaban las actividades, que “entrenar hombro a hombro con nuestros socios panameños en uno de los entornos más exigentes del mundo genera confianza, mejora nuestra interoperabilidad y nos prepara para enfrentar desafíos de seguridad que compartimos en toda la región”.
Belice
También en Belice, desde el 6 de agosto, se realizó el evento militar denominado AGILE BEAR 25, un ejercicio donde participaron integrantes de la Fuerza de Defensa de Belice, la Guardia Costera de Belice, la Unidad de Apoyo de Entrenamiento del Ejército Británico y la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-Bravo,por sus siglas en inglés) la cual es el puesto de avanzada militar permanente del Comando Sur en el corazón de Centroamérica.
Ejercicios Agile Bear en Belice.
AGILE BEAR se ha presentado como un ejercicio en torno a la necesidad de aumentar la capacidad de respuesta hacia “desastres naturales y desafíos de seguridad”, a través de capacidades multifacéticas que garantizan “nuestra fortaleza mediante la unidad y consolidan a la Fuerza Operativa Conjunta Bravo del Comando Sur de los Estados Unidos como el socio preferido en Centroamérica”, expresan los instructores estadounidenses pertenecientes a la JTF-Bravo, establecida en la Base Área Soto Cano en Palmerola, Honduras.
La estrategia de la lucha contra el crimen organizado se viene arrastrando con estos ejercicios militares desde el año 2017. En el primer mandato de Trump, a través del Comando Sur, dirigido en ese momento por el Almirante Kurt Walter Tidd, se actualizaron diversas incitativas a nivel Latinoamérica, para ser ejecutadas hasta el año 2027, llamada Estrategia del Teatro 2017-2027.
La columna vertebral de esta estrategia gira en torno a lo que Estados Unidos (EEUU) denomina como enemigos establecidos en diversas esferas llamándolos como Redes Ilícitas Transregionales y Transnacionales (T3Ns, por sus siglas en inglés), mediante el cual han justificado diversos ejercicios militares, campañas de ayuda humanitaria, apoyo para organizaciones de derechos humanos, apoyo a periodistas y hasta universidades, tal como lo establece la Estrategia del Teatro 2017-2027 .
Por tanto, el escenario bélico que se asoma por la región, no es nuevo, se viene configurando desde tiempo atrás. Incluso, el Comando Sur, en 2020, realizó un simulacro de guerra convencional entre los estados de Amazonas y Roraima de Brasil, los mismos que hacen frontera con Venezuela.
En portada: Ari, retrato por Tyara Rebeca Pérez Olvera
En México, las personas transmasculinas, como hombres trans y personas no binarias, viven una lucha constante para ejercer su derecho de acceder a una atención médica digna, tanto en general, como específicamente para quienes deciden llevar procesos médicos de afirmación de género.
En los últimos cinco años, se ha fortalecido el marco legal para el acceso de las personas trans a la salud. Actualmente 21 estados cuentan con leyes de identidad de género, además de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Específicamente en temas de salud, desde 2020 existe el Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual. Es un documento donde se recuperan los Principios de Yogyakarta, los cuales establecen que las personas trans, entre otras cosas, tienen “elderecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, así como el derecho a la protección contra abusos médicos”.
Sin embargo, estas regulaciones parecen no tener el efecto deseado en la práctica del personal médico, tanto de instituciones públicas como privadas. La constante son distintas formas de patologización y estigmatización que se expresan a través de la negación del servicio, la malgenerización (una forma de transfobia que consiste en tratar a las personas trans como si fueran de un género que no es el suyo), y otras violencias.
El resultado de este tipo de barreras es que las personas trans dejan de utilizar los servicios médicos, teniendo el riesgo de obtener diagnósticos tardíos o la falta de tratamiento en general, lo que tiene importantes efectos en su salud y su calidad de vida. “La discriminación y la estigmatización en el ámbito médico son barreras importantes que impiden que las personas trans y de género diverso (TGD) busquen atención médica. Las experiencias negativas, como el trato irrespetuoso, la falta de conocimiento por parte de los profesionales de la salud y la negación de servicios, son comunes”, sostiene la doctora Daniela Muñoz en un informe emitido por la comunidad de atención médica Transsalud, este año.
Este es el caso de Kiki, quien ha tenido constantes experiencias de malgenerización y violencia por parte de médicos privados, haciéndole sentir incómode e insegure de acudir de nuevo a este tipo de servicios, “A mí me da pavor ir a cualquier tipo de doctor, incluso al Simi [red de Farmacias Similares], cuando iba a que me inyectaran, me decían cada mamada. No tienen idea de qué es ser una persona trans”, relata Kiki, carpinterx trans no binarie que habita en las afueras de la ciudad de Oaxaca.
Kiki, carpinterx trans no binarie. Foto: Isabel Ortega
El acceso a servicios de salud ginecológica es especialmente complicado para las personas transmasculinas, y resulta en una serie de violencias, como nos cuenta Manuel, estudiante radicado en Querétaro: “Se han negado a atenderme en el área de ginecología y a hacerme estudios para prevenir el cáncer de mama, diciendo que los hombres trans no pueden tener cáncer de mamá porque toman hormonas”.
Acceso al tratamiento de remplazo hormonal
Además de la atención médica general, las personas transmasculinas se enfrentan a una serie de retos al querer acceder a procesos de afirmación de género. Sobre este punto, es importante aclarar que llevar tratamiento de remplazo hormonal no es sinónimo de ser una persona trans, existen personas trans que deciden llevarlos a cabo y otras que deciden no hacerlo, así como existen personas trans que tienen la posibilidad de tener el tratamiento, y otras que no.
De acuerdo a las personas entrevistadas para este reportaje, así como a la información promovida por Transsalud, un proceso de afirmación de género para hombres trans o personas no binarias transmasculinas, idealmente, tendría que ser un tratamiento integral y personalizado que incluya diversas áreas de atención del cuerpo, entre las que destacan la endocrinología, la dermatología, la cardiología y la nutrición, siendo complementadas con cualquier tipo de atención específica que requieran las personas a partir de sus experiencias de vida, genética y otras manifestaciones específicas del efecto del tratamiento en sus cuerpos.
Además, es necesario el monitoreo constante a partir de consultas y exámenes médicos. Este proceso también tendría que ser acompañado por atención psicológica no patologizante y la posibilidad de compartir experiencias entre pares.
En la realidad, las experiencias que tienen los hombres trans y otras personas transmasculinas dependen mucho del acceso que tengan a todos estos tipos de atención, lo que a su vez depende principalmente del lugar donde radican y su clase social. En la mayor parte del país, no existen instituciones públicas de salud que atiendan especializadamente a las personas trans o que brinden acompañamiento para el tratamiento de remplazo hormonal u otros procedimientos de afirmación de género, por lo que en la mayoría de los casos, el costo y la gestión de estos procesos recaen en las personas mismas.
Aunque existe el marco legal y, en teoría, instituciones como el IMSS (Instituto Mexicano de Seguridad Social) y el ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) tendrían que proveer estos servicios a sus derechohabientes, en la realidad no lo hacen, salvo en casos muy específicos donde las personas libran una batalla legal con la institución, como es el caso de una mujer trans que, en marzo de este año, en Chihuahua, logró que un juez ordenara al IMSS proveerle de tratamientos de afirmación de género.
El procedimiento es largo y desgastante y generalmente implica denuncias ante las instancias gubernamentales que trabajan contra la discriminación y en defensa de los derechos humanos. Sobre esto, André, estudiante de Veracruz, comenta: “No he accedido a mi derecho público porque los trámites son muy transfóbicos y cero informados, es muy cansado ir a pedir atención como persona trans”.
Esta negativa, además de la evidente transfobia que contiene, responde a que los tratamientos y procedimientos alrededor de la afirmación de género para personas trans se conciben desde las instituciones de salud tradicionales como procedimientos estéticos, no como necesidades reales de la población que tendrían que atenderse como parte de su derecho a gozar de una salud plena.
Kiki, carpinterx trans no binaria. Foto: Isabel Ortega.
Es por esta razón que la mayoría de las personas transmasculinas que deciden iniciar el tratamiento de remplazo hormonal lo hacen a través de servicios médicos privados, o que son facilitados por asociaciones civiles o redes de profesionales de la salud solidaries, como son Transsalud e Impulso Trans, solo por mencionar dos. En algunos casos, el acompañamiento se hace de forma integral, por medio de clínicas especializadas, en otros, mediante la atención de profesionales específicos.
La autogestión del tratamiento, aunque tiene ventajas como poder elegir a qué servicios acudir, y no tener que pasar por filtros y trámites institucionales, es poco accesible por sus costos elevados, al mismo tiempo que representa una serie de riesgos para las personas que lo reciben, ya que el proceso requiere monitoreo constante y se necesita del diálogo entre las distintas especialidades médicas, así como de una comprensión global del proceso. Si existe alguna condición crónica o vigente previa, debe monitorearse, y partir de las consultas, cada persona debe recibir dosis adecuadas y en ocasiones tratamientos alternos.
En el caso específico de las transmasculinidades, los riesgos más conocidos tienen que ver con el agravamiento de condiciones previas como la resistencia a la insulina, el aumento de colesterol, condiciones dermatológicas y problemas cardiovasculares. Sin embargo, también pueden presentarse diversas reacciones y condiciones que es imprescindible atender. Es por esto que la atención integral se vuelve relevante, sobre todo una atención no estigmatizada que trascienda la tendencia a culpar a las personas o cuestionar sus decisiones sobre el tratamiento.
La omisión y la negligencia son una constante en la atención a personas transmasculinas que presentan alguna complicación, o cualquier problema de salud en general, esté relacionado o no con el tratamiento, como relata Manuel que le ha pasado en varias ocasiones:
“De parte de mi endocrinólogo todo prefecto, pero al tener problemas de salud, todo lo relacionan con la terapia de reemplazo hormonal, no hacen seguimiento, ni estudios para llegar a un diagnóstico adecuado. El primer caso fue cuando me dijeron que tenía un tumor en el hígado y que, si seguía tomando testosterona, este se iba a convertir en cáncer. Al final tuve que ir con un especialista en oncología y me explicó que era un nódulo, algo de nacimiento, y que la testosterona no generaba cáncer en el hígado. El primer doctor nunca contestó mis mensajes, me canceló mi cita de seguimiento y al final todo fue un mal diagnóstico”.
Además de la falta de acompañamiento integral, la autogestión en el tratamiento de remplazo hormonal es complicada por los altos costos que implica. Dependiendo de los servicios a los que pueda acceder, una persona transmasculina que autogestiona su tratamiento de remplazo hormonal en México gasta entre 1,500 y 6,000 pesos mensualmente entre medicamentos, suplementos, consultas, estudios de laboratorio y otros servicios. De esta manera, hay quienes tienen las posibilidades económicas de llevar un tratamiento integral, mientras otres lo llevan de manera parcial, y muches de elles cubren lo más esencial.
Esta desigualdad provoca que, ante la falta de atención médica adecuada, muchas personas transmasculinas sostengan tratamientos de remplazo hormonal con poca o nula supervisión médica, o que, ante cambios de residencia o empleo, tengan que interrumpir sus tratamientos, con los respectivos riesgos a la salud que esto implica. Un riesgo adicional es la circulación de medicamentos de origen dudoso y la poca regulación que existe sobre ellos.
Opciones desde el servicio público
Sam tiene 29 años, es originarie de Oaxaca y estudia en la Ciudad de México. Como persona trans no binaria lleva, desde hace poco más de un año, acompañamiento y tratamiento de remplazo hormonal en la Unidad de Salud Integral para Personas Trans (USIPT). Esta instancia le provee, además de las dosis del tratamiento, seguimiento endocrinológico, dermatológico y acompañamiento psicológico.
Los servicios son brindados por personas trans y sexodisidentes, lo que, para Sam, hace toda la diferencia en la atención. “Eso cambia completamente, porque además de vivir desde su corpo-sentir, siempre están tomando talleres de sensibilización respecto a identidades trans, personas no binarias, etc. Sin romantizar, pero en mi experiencia, en su trato no son violentxs. Para mi es muy chido, y me hace sentir en un lugar seguro, que al llegar haya una mujer trans en la mesa de registro, por ejemplo”, comenta Sam.
Otra de las ventajas que ofrece esta clínica, fundada en 2021, es que es un centro de salud integral, donde también se llevan a cabo actividades entre pares, lo que permite el diálogo entre personas sobre sus distintos procesos, y talleres para familiares y redes de apoyo. De igual manera, las personas trans pueden ser atendidas por complicaciones de procedimientos anteriores no seguros, sin ser juzgadas.
La USIPT, junto con otras dos clínicas que ofrecen algunos de los mismos servicios, son las únicas instituciones de salud pública que ofrecen acompañamiento para la afirmación de género en México, y las tres se encuentran en la capital del país.
Entre los límites y retos de estas instituciones se encuentra que para el ingreso solicitan como requisito no contar con seguro social, algo que obstaculiza a las personas trans en el acceso a una salud integral. No toma en cuenta que la atención para personas trans y no binaries con seguro social, en el IMSS e ISSSTE, no cuenta con los protocolos necesarios e implica una serie de violencias y omisiones para las personas que quieran acceder a ella, ya que, como afirma Sam: “Si la atención fuera en el seguro no sería sensible, sería a partir de la patologización”.
Otro reto es la amplia demanda que tienen las clínicas, lo que hace que las consultas deban ser muy espaciadas, o que los estudios sean entregados de manera tardía, lo que a veces implica que las personas usuarias tengan que acudir a servicios privados para mantener la constancia en sus tratamientos. Por último, y al igual que los servicios privados, la información que reciben las personas no es completa o siempre oportuna: “Aunque parece que el tema trans ya está en la agenda pública, al menos en la CDMX, hay cosas que no te dicen sobre los cambios que vas vivir, algunos cuidados que tienes que tener, y tampoco hay información clara disponible, es un poco como ir a ciegas, es ir descubriendo cómo reacciona tu cuerpo”, comenta Sam.
Redes de apoyo frente al estigma
Como nos muestran estas experiencias de transmasculinidades en diversas partes del país, la salud de las personas trans en México no se ha colocado aún como un tema en la agenda de salud pública, más allá de la atención a las enfermedades de transmisión sexual. Esto se hizo evidente en 2021 y 2022, cuando la crisis del desabasto de testosterona puso en riesgo la continuidad de los tratamientos de miles de personas transmasculinas en el país, ante los ojos omisos del gobierno y las instituciones de salud.
Los logros en las demandas de la población sexodisidente son visibles, junto con el surgimiento de actores en la sociedad civil que proveen alternativas, sin embargo, estos servicios siguen concentrados en la Ciudad de México, y aunque se han convertido en una opción muy importante para cierta población, hay mucho camino que recorrer hasta que existan las condiciones para que los hombres trans, las personas transmasculinas y en general las personas sexodisidentes de otros Estados puedan ejercer su derecho a la salud de forma segura y libre de violencia.
Por otro lado, autogestionar un tratamiento de remplazo hormonal desde la periferia, donde no hay servicios públicos, ni oferta de clínicas especializadas, implica que las personas transmasculinas dependan del autocuidado y de procurar para sí mismes y sus cuerpos, procesos de cambio seguros. “A veces las personas trans tenemos mucha más conexión con nuestro cuerpo y sus necesidades de cuidados y de salud, porque le ponemos mucha más atención a nuestros deseos y necesidades, que las personas cis. Entonces, pensando en la gente que piensa que lo que hacemos a nuestro cuerpo es dañarlo, pues al contrario, estamos mucho más al pendiente de nuestra salud”, afirma Ari, persona trans no binaria de Oaxaca, quien desde hace años trata de llevar un proceso integral, adecuado a sus posibilidades, que le permita cuidar su cuerpo y su salud.
Ante la ausencia de servicios públicos de salud, personas transmasculinas dependen también de las redes de apoyo que van construyendo, lo que muchas veces les provee, además de cuidados, de información relevante en sus procesos y contención emocional. “Antes de empezar con las hormonas, para mi fue importante hacer red, tener amix que estuvieran en las mismas, o algo similar, que estuviéramos en esos procesos y pudiéramos hablarlo, y compartir información, compartir cómo nos sentíamos”, comenta Kiki.
