En portada: Familiares y colegas de los periodistas palestinos Sari Mansour y Hasona Saliem, que fueron asesinados mientras trabajaban, lloraban durante la ceremonia fúnebre en Deir al-Balah, Gaza, el 19 de noviembre del 2023. Foto: Ali Jadallah
Entre 2006 y 2024, más de 1,700 periodistas han sido asesinados en todo el mundo y alrededor del 85% de los casos no llegaron a los tribunales, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), lanzado el pasado 2 de noviembre, fecha Internacional elegida para la campaña Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
De acuerdo con el informe, llamado Periodistas en primera línea de crisis y emergencias, los asesinatos de los comunicadores han aumentado en un 38% solo entre 2022 y 2023, incrementando hasta 162 periodistas asesinados en este periodo. “Cada 4 días matan a periodistas por buscar la verdad”, señala este documento.
Lo más resaltante de estas cifras es que la UNESCO tiene un registro de 61 periodistas asesinados en países no afectados por conflictos armados, en este caso en países de América Latina y el Caribe, seguido con 31 casos en los Estados Árabes y con 31 por países asiáticos y del pacífico. Europa también figura con 15 decesos.
Entre las personas que perecieron por informar en este periodo bianual figuran 14 periodistas mujeres, lo que representa el 9% del total de los casos. La falta de justicia se impone, según este documento, ya que “la impunidad en estos casos se mantiene alta, con un 85% de los asesinatos sin resolver, y el tiempo promedio para la resolución de casos es de aproximadamente 4 años, lo que indica que la justicia es frecuentemente denegada”.
De acuerdo con el informe, el territorio mexicano sigue siendo uno de los países más peligrosos para quien ejerce la profesión de informar, sumando 26 periodistas caídos entre 2022 y 2023.
Periodistas mexicanos protestan por los asesinatos de periodistas palestinos y mexicanos. Fotos: Colectivo SOS
El Estado de Palestina, actualmente en conflicto armado con Israel, registra el mismo número de casos que México, con 26 asesinatos en el ejercicio de su profesión en el mismo periodo.
Palestina
Son al menos “130 periodistas palestinos asesinados en manos de las fuerzas israelíes” en los últimos 380 días según informes de la ONU hasta este mes de noviembre. La situación en Gaza ha sido descrita por esta instancia como "inédita" y "nunca antes vista en ningún conflicto de los tiempos modernos".
El Secretario General de la ONU, António Guterres, señaló que, en la actualidad, en Gaza se ha producido el mayor número de asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación” y pidió a los gobiernos que “adopten medidas urgentes para proteger a los periodistas, investigar los crímenes contra ellos y procesar a los autores”.
Voceros de la ONU han puntualizado que en Gaza la información se ha visto gravemente restringida. Se ha asesinado a periodistas, se ha destruido redacciones, se ha bloqueado a la prensa extranjera y se ha cortado las comunicaciones. “Las fuerzas israelíes, como potencia ocupante, han desmantelado sistemáticamente la infraestructura de los medios de comunicación palestinos, silenciando voces mediante restricciones, amenazas, asesinatos selectivos y censura”, resume Cheikh Niang, presidente del Comité de la ONU sobre los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino.
A pesar de ello, los periodistas en Gaza siguen informando sobre la crisis humanitaria que está sufriendo la población civil y principalmente los niños.
En contraste, el jefe de la Sección de Oriente Medio y Norte de África de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha declarado que, “según el derecho internacional humanitario, el ocupante, Israel, tiene la obligación de proteger a los civiles, incluidos los periodistas”, pero, señala que acontece lo contrario, “estamos oyendo a políticos y dirigentes de muy alto nivel decir que está bien matar a civiles para conseguir objetivos militares, lo que constituye una violación de la proporcionalidad, de los principios y también de la necesidad militar”.
En portada: Romeo Pérez Pérez y Miguel Pérez Santiz, hermano y padre del padre Marcelo encabezaron la peregrinación para exigir justicia por el asesinato del párroco. Foto: Jeny Pascacio
Miles de integrantes del Pueblo Creyente -movimiento católico que busca la paz y defensa del territorio- caminaron en una magna peregrinación para exigir justicia por el asesinato del padre tsotsil Marcelo Pérez Pérez y la desarticulación, desarme y desmantelamiento de los cárteles del crimen organizado del territorio chiapaneco.
La movilización fue convocada en el contexto del año jubilar y de los 100 años del natalicio del obispo Samuel Ruiz García, quien durante cuatro décadas sirvió y defendió los derechos de los pueblos originarios de Chiapas.
En su memoria, el Pueblo Creyente alzó la voz y exigió justicia para el también defensor de los derechos humanos Marcelo Pérez Pérez, asesinado el pasado 20 de octubre cuando salía de oficiar misa en la parroquia de Cuxtitali; lugar de donde partió uno de los tres contingentes que integró la peregrinación.
En el lugar del crimen los feligreses colocaron una ofrenda de flores y velas. Después iniciaron con la caminata con rezos y consignas. Antes de llegar al destino final, se unieron a otro extenso grupo de peregrinos, presididos por la familia de Marcelo Pérez, la parroquia de San Andrés, la Diócesis de San Cristóbal y Las Abejas de Acteal.
Fotos: Jeny Pascacio
La multitud de mujeres, hombres e infancias procedentes de todo Chiapas, clamaron justicia con imágenes del sacerdote tsotsil en manos, además de banderitas blancas con las palabras justicia y paz, entre otros enérgicos mensajes escritos contra el crimen organizado y sus vínculos con el Estado.
“Alto al desplazamiento forzado”, “alto a los proyectos de muerte”, “alto a la narcopolítica”, “fuera cárteles de Chiapas”, “Marcelo, amigo, el pueblo está contigo”, “Viva la paz con justicia y dignidad”, por mencionar algunos.
Así caminaron hasta llegar al corazón de la ciudad, donde esperaron por casi una hora a que terminaran de llegar todos los grupos de peregrinos que abarrotaron la Plaza de la Paz, donde posteriormente se celebró la eucaristía.
Los líderes religiosos agradecieron a los miles de asistentes por viajar horas desde los diferentes municipios, para unirse a la magna peregrinación este domingo 3 de noviembre. La enorme respuesta de este llamado de paz, coincidieron, los llena de esperanza.
Más sacerdotes en riesgo
Después de las actividades, los líderes religiosos y dos representantes del Pueblo Creyente dieron una rueda de prensa en la curia diocesana de la Catedral de San Cristóbal, donde en voz de Monseñor Rodrigo Aguilar, llamaron a esclarecer el asesinato del padre Marcelo.
“A nosotros no ha llegado ninguna comunicación oficial”, dijo Monseñor en referencia a las investigaciones que realizan las autoridades sobre el asesinato del padre Marcelo, “lo que saben ustedes es lo que la Fiscalía ha dado a los medios noticiosos, esperamos información oficial para nosotros”.
Para José Filiberto Velázquez Florencio, representante del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, que acompaña el caso, es necesario dar certeza a los hechos que privaron la vida al padre Marcelo.
Fotos: DKB
“Estamos en la etapa de investigación complementaria, hay una persona vinculada a proceso y dos personas con órdenes de aprehensión sin ejecutar”. Explicó que son tres meses de investigación complementaria, pero la Fiscalía General de la República (FGR) necesitará un plazo de seis meses y solicitará ampliarlo ante un juez federal.
De esta manera, la orden de aprehensión que ejecutó la Fiscalía de Chiapas puede tener todos los medios necesarios de pruebas para que se pueda ratificar la orden de aprehensión a nivel federal, precisó el también sacerdote.
Son varias líneas de investigación, se han obtenido más entrevistas de personas cercanas al sacerdote, pero aún no se puede tener claro un móvil y serán respetuosos del proceso, agregó el defensor.
Por esta labor, el equipo de trabajo del Centro Minerva Bello y el de la FGR han sido objeto de hostigamiento constante. En la recolección de pruebas se han percatado de la presencia de personas a bordo de motocicletas y, en otro momento, uno de los abogados fue intimidado por dos sujetos cuando viajaba en su automóvil.
“Llamamos a las autoridades a que ejerzan su trabajo para permitirnos realizar el nuestro y el derecho de defender los derechos humanos”, dijo Velázquez.
El Mecanismo de Protección de Defensores y Periodistas acudirá a San Cristóbal de Las Casas para estudiar este caso y la seguridad de la familia y las personas que trabajaban con el padre Marcelo.
¡Fuera cárteles de Chiapas!
Los pronunciamientos de los grupos participantes en la peregrinación detallaron que las injusticias y violencias en todo el territorio chiapaneco continúan, sobre todo en la zona de la Frontera, Sierra, Soconusco, Costa, Cuxtepeques, Frailesca, Valles, Selva y Altos.
Situación que causa muertes y desapariciones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, además de extorsiones, desplazamientos forzados, entre otros delitos que “con profundo dolor afrontamos (...) seguimos aprendiendo como pueblo a caminar entre la violencia y no vamos a renunciar a hacerlo”, fue la palabra de la Diócesis de San Cristóbal.
Exigió alto a la violencia, así como el inmediato desarme, desarticulación y desmantelamiento de los grupos criminales, demanda que se ha repetido por años en las denuncias del Pueblo Creyente.
Incluso han alertado sobre el reclutamiento forzado de menores de edad y jóvenes; las comunidades secuestradas y usadas como barrera humana por grupos criminales; además de las intimidaciones y amenazas contra defensores, sacerdotes y misioneros.
Aunque no precisó el número, Monseñor Rodrigo Aguilar dijo que son varios los sacerdotes en riesgo por la violencia en las regiones, por lo que se están valorando los riesgos y tomando medidas al respecto.
Fotos: Jeny Pascacio
El padre Miguel Ángel Montoya Moreno, agregó que a partir del asesinato del padre Marcelo ha sido bastante complicado ejercer la labor ministerial en la Diócesis de San Cristóbal y también se han percatado de la inusual presencia de personas a bordo de motocicletas.
“Nos llama la atención que el nivel de inseguridad en el estado ha incrementado muchísimo para todos. Todos los que vivimos en Chiapas estamos en riesgo y eso preocupa grandemente”, compartió el párroco.
Montoya se unió al llamado para que las autoridades del estado y federales puedan ofrecer garantías de seguridad, “pero no solo para nosotros, la iglesia, lo pedimos para todos los habitantes”.
“Ellos tienen otros datos como lo han anunciado o evidenciado, de tal manera que esta violencia no se ve, sólo la vemos nosotros, sólo la estamos sufriendo nosotros”, sostuvo Montoya quien enfatizó que es fundamental que las autoridades brinden garantías de seguridad y que no cierren los ojos a la realidad de violencia en Chiapas y otros territorios de México.
En portada: Mujeres Otomís realizan rueda de prensa en las inmediaciones de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas ‘Samir Flores Soberanes’. Foto: Diego García
En el marco de la Jornada de Lucha contra la Guerra a los Pueblos Zapatistas, y en el contexto de las celebraciones para honrar a los muertos en México, este viernes (1), la Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México realizó una conferencia de prensa para denunciar la guerra de exterminio y la contrainsurgencia, que, argumentan, junto con el crimen organizado se impone en contra de los pueblos originarios y comunidades indígenas zapatistas.
Un grupo de mujeres Otomís, quienes desde hace cuatro años habitan la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, emitió el mensaje principal: honrar a quienes ofrendaron su vida para defender los territorios, como aquellas y aquellos integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quienes murieron en los combates durante el levantamiento en Chiapas de 1994.
Recordaron al Subcomandante Pedro, fundador del EZLN y quien murió durante la toma de la cabecera municipal de Margaritas, en la región selva chiapaneca; también, a la comandanta Ramona, integrante del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) y responsable, con muchas otras comunidades, de la Ley Revolucionaria de las Mujeres.
Fotos: Diego García
Las mujeres Otomís enfatizaron que la guerra contra los pueblos continúa y lo evidenciaron con el número de asesinatos que, desde la fundación del Congreso Nacional Indígena (CNI), en 1996, y hasta octubre del año 2023, registra 128 “asesinados por defender el agua, la tierra, el territorio y la vida, por oponerse a los mal llamados megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el PIM que le costó la vida a nuestro hermano Samir Flores Soberanes”.
Destacaron que, en varios casos, se dieron otras agresiones previas, tales como tortura y desaparición forzada. Sobre todo, estas agresiones se registraron en los estados de Chiapas, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Morelos, Guerrero y CDMX.
Sólo en Chiapas se ha denunciado el mayor número de asesinatos, alcanzando el 45% del total. Le siguen Guerrero, con el 20%, Michoacán con el 14% y Oaxaca con el 12%. El resto se divide entre los seis estados restantes y, subrayaron, que aún no se contemplan los asesinatos registrados durante lo que va de este 2024. “No basta la militarización en los territorios. Hoy denunciamos la complicidad e impunidad con la que opera el crimen organizado en contra de los pueblos indígenas”, sostuvo una joven Otomí durante la rueda de prensa.
Las mujeres condenaron que en Chiapas, y especialmente en territorio zapatista se está llevando a cabo una estrategia de guerra en contra de sus procesos de organización y autonomía, por lo que exigieron a Claudia Sheinbaum y a Rutilio Escandón, responsables respectivamente, de las autoridades a nivel federal y estatal, para que detengan la escala represiva contra las comunidades autónomas en Chiapas.
“Seguimos exigiendo alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, no más amenazas y ataques a los compañeros y compañeras de la comunidad ‘6 de octubre’ parte del caracol de Jerusalém, quienes han sido amenazados de desalojarlos de las tierras que ocupan y trabajan por pobladores de la comunidad de Palestina”, demandaron las mujeres Otomís.
La continuidad de la guerra en México
Carlos González, integrante de la coordinación del CNI tomó el micrófono para aseverar que México es un país sumido en una guerra, en la cual, durante el sexenio de AMLO, los homicidios rebasaron los 200 mil casos.
Aún más grave, a esta cifra queda pendiente la incorporación de los desaparecimientos forzados, los cuales alcanzan a 51 mil seres humanos en territorio mexicano. “Este gobierno que ha iniciado, lleva en el mes de octubre, mas de 2,000 asesinados y más de 500 desaparecidos y desaparecidas”, compartió González sobre la permanencia de esta tendencia violenta en el país.
Además, criticó que la estrategia “para combatir este infierno, fue y sigue siendo la de crecer la guerra”, pues explicó que al poner a los militares al cargo de las estrategias de seguridad, sólo se ha continuado el “fallido esquema”, inaugurado por el gobierno de Calderón y profundizado por AMLO.
“Lo que nos siguen prometiendo es guerra. Esta guerra la han vivido nuestros pueblos y comunidades durante siglos, pero se ha profundizado en los últimos años y décadas con las cruentas políticas neoliberales que tienen como uno de sus propósitos centrales el despojo de las tierras y territorios de las comunidades indígenas”, sostuvo el miembro del CNI, al referirse a la reproducción actual de las políticas neoliberales en los gobiernos del partido Morena.
Y para dar un ejemplo, citó lo ocurrido tras la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia indígena. Publicada durante el último día del mandato de AMLO, el pasado 30 de septiembre, pero, argumenta González, dicha ley “ignoró por completo toda la parte de derechos territoriales”.
“Las significativas reformas que se produjeron en 1992 y en años subsecuentes para trastocar la propiedad ejidal y comunal para permitir la privatización de las aguas, de la tierra, de los bienes colectivos de la nación, siguen básicamente intocadas. Siguen generando sus terribles consecuencias para este país y particularmente para los pueblos originarios”, destacó el también abogado.
Fotos: Otomí rebelde
Al referirse a la ofrenda que la comunidad Otomí preparó, junto con manos de personas solidarias de la ciudad y de otros pueblos, Carlos González resaltó que es un testimonio de la cruenta guerra que se vive en desde el norte, en Chihuahua, Jalisco, Sinaloa y hasta el sur del país en Guerrero y Chiapas.
“Pero también testimonia la celebración en medio de la muerte, la celebración de la vida. La tenaz resistencia de esta comunidad, en esta ciudad de México brilla, y mucho, porque es casi única y creo que eso debemos guardarlo en nuestros corazones, tomarlo como ejemplo y hacernos solidarios de esta importante lucha, de las luchas de los pueblos originarios de este país”, reflexionó el abogado.
Por último, las mujeres Otomís anunciaron la convocatoria para quienes se quieran sumar a una reunión de coordinación para preparar actividades a celebrarse durante los días 10 al 17 de novimebre, fecha en que se cumplirán 41 años de la fundación del EZLN. La cita es el próximo lunes 4 de noviembre a las 17hrs en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas ‘Samir Flores Soberanes’.
En portada: Líderes de comunidades amenazadas por el proyecto GPM exigen la cancelación del proyecto. Foto: Emily Almeida.
Por Colectivo Recherche-AG
Publicado por primera vez en alemán en ANF News, el 9 de junio de 2024.
Nota actual: Mientras tanto, la DB alemana se ha retirado del proyecto «Tren Maya» tras muchas incoherencias y declaraciones poco transparentes. Una declaración correspondiente (también en español) del colectivo Recherche AG / Grupo de InvestigAcción puede encontrarse aquí.
En la selva cercada, vi un árbol vivo que sostenía un árbol muerto y lloraba (1)
y un cocodrilo leerá poemas a los peces y a los pájaros,
desde los manglares,
que un día, hace mucho tiempo, casi echaron raíces,
allí,
allí donde antes estaba el potsdamer platz
Hace tres años, representantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) de México se plantaron frente a la Torre DB (propiedad de la empresa “Deutsche Bahn / Tren alemán”) en Berlín. «El exterminio de nuestros pueblos viaja en sus vagones», gritaban en dirección a la torre de oficinas en la Potsdamer Platz (Plaza Potsdam), aún iluminada pero muerta. Protestaban contra la implicación de Deutsche Bahn en el Tren “Maya”. Junto con el Corredor Interoceánico, el proyecto de infraestructuras constituye la base de una reorganización territorial del sureste de México: administrado por el ejército, acompañado de un enorme aumento de la violencia del crimen organizado e impulsado por empresas nacionales y transnacionales, las comunidades indígenas y su modo de vida agrícola a pequeña escala van a ceder el paso al «progreso», como ejemplifica el centro comercial The Playce en este desierto de hormigón, del que, al parecer, sólo pueden brotar edificios de gran altura. A pesar de los acuerdos internacionales para proteger a los pueblos indígenas, las críticas y las protestas, DB participa a través de su filial «DB Engineering & Consulting» (parte del grupo DB-ECO) en el proyecto estrella del presidente mexicano saliente, que anunció la ampliación del Tren “Maya” y del Corredor Interoceánico a Guatemala poco antes de que su sucesora fuera elegida. El turismo de masas, los parques industriales, los monocultivos, los centros urbanos, las minas, los oleoductos y las refinerías están desplazando a los diversos habitantes de selvas tropicales, sistemas de cuevas de agua dulce, arrecifes de coral y manglares cada vez más destruidos.
Manglares hasta donde alcanza la vista. Tres años después de la protesta del CNI, representantes de la organización brasileña de derechos humanos Justiça nos Trilhos (JnT) (Justicia en los rieles) se encuentran en Berlín. Flávia da Silva Nascimento y Mikaell de Souza Carvalho hablan en la Fundación Rosa-Luxemburg el 30 de mayo de 2024 sobre un megaproyecto planificado que también les llevó al día siguiente a la Torre DB de la siempre muerta Plaza Potsdam.
Flávia y Mikaell delante de la Torre DB durante la concentración pública del 31 de mayo de 2024 (Foto: CR)
El acto informativo comienza con un vídeo de la isla de Cajual. Manglares, playas de arena blanca, bosques de palmeras y aún más manglares son el hogar de miles de especies animales y plantas. Y lo han sido durante mucho tiempo: «Las costas del este de la isla albergan los importantes yacimientos arqueológicos de Falésia do Sismito, Ponta Leste y Laje do Coringa, que contienen enormes cantidades de fósiles del Cretácico medio, de hace unos 95 millones de años, como dinosaurios, cocodrilos, tortugas, peces y helechos arborescentes.« (2) Sus descendientes no fosilizados deambulan por este mundo entre el bosque y el mar: nutrias marinas, manatíes, delfines... Visitada por más de 150.000 aves migratorias cada año, y especies en peligro crítico como el ibis escarlata, la isla constituye un importante lugar de cría. (2)
Durante mucho tiempo, esta costa ha sido también un lugar de refugio para los humanos, que se ha convertido en un querido hogar lejos del infierno: Aquí viven comunidades de quilombolas, descendientes de africanos esclavizados que huyeron a la isla desde las plantaciones y a finales del siglo XIX, tras la abolición de la esclavitud en Brasil. (2) Su esmerada pesca y agricultura tradicional contribuyen a que este manglar, que se extiende hasta la cercana tierra firme, no sólo sea el mayor sistema contiguo de manglares del mundo, sino el mejor conservado.
Se dice que la tercera generación tiene la oportunidad de ser libre después de un trauma (1)
Portugal, en particular, se había beneficiado del tráfico de esclavos a Brasil, a veces con el apoyo de otras potencias coloniales y sus agentes, incluida Alemania. Pero los quilombolas resistieron, sobrevivieron y ganaron un territorio. Tres generaciones después, tres empresarios portugueses y sus pretendidos aliados -incluso de Alemania- planean destruir la población y los manglares de la Amazonía, en el estado brasileño de Maranhão, para seguir enriqueciéndose con el envío de recursos al Norte Global.
«El proyecto Grão Pará Maranhão (GPM) prevé la construcción de un puerto privado de aguas profundas con terminales - Terminal Portuário de Alcântara (TPA) en la pequeña isla de Cajual, en el Atlántico. Desde allí se exportarán materias primas como soja, minerales e hidrógeno para satisfacer la demanda de China, Europa y Estados Unidos. Las materias primas se transportarán al puerto a través de una línea ferroviaria privada (EF-317) de 520 kilómetros entre Açailândia, en el interior del país, y Alcântara, en el Atlántico. La línea ferroviaria de mercancías atravesará 21 municipios. Tres zonas quilombolas también se verán directamente afectadas por la línea ferroviaria. Además, la línea ferroviaria pasará directamente por 16 asentamientos de reforma agraria, es decir, zonas del Estado brasileño destinadas exclusivamente a las actividades productivas de pequeñas familias campesinas. También está previsto que la línea ferroviaria EF-317 discurra muy cerca de seis zonas indígenas. En Awá, Caru, Alto Turiaçu y Arariboia hay una presencia oficialmente reconocida de grupos indígenas en aislamiento voluntario. La población indígena no contactada ya está seriamente amenazada por otros factores, como la intrusión de madereros ilegales en los bosques, la deforestación criminal por parte de grandes ganaderos y productores de soja y la intrusión de mineros ilegales. Además, parte de estos territorios indígenas ya están afectados por el ferrocarril de Carajás de la empresa minera Vale.« (2)
Flavia y Mikaell pueden cantar una canción sobre este ferrocarril de Vale. Una canción triste, porque ¿cómo pueden cantar en comunidades atravesadas varias veces al día por un atronador tren de mercancías de tres kilómetros de largo? «Ya no vemos ningún color verde, sólo el polvo del mineral». La organización Justiça nos Trilhos se fundó en oposición a esta línea ferroviaria, la Estrada de Ferro Carajás (EFC). Desde el mayor yacimiento de mineral de hierro del mundo, en plena selva amazónica, atraviesa comunidades y zonas protegidas hasta el puerto de exportación en el Atlántico, en São Luís, y lleva décadas despreciando los derechos básicos de las comunidades atravesadas por el tren: «A veces el tren simplemente se detiene en un pueblo y nadie sabe cuándo continuará», explica Mikaell. «Como un muro de tres kilómetros, separa entonces a las familias entre sí o a los alumnos de su escuela. Muchos se meten debajo del tren y tenemos muchos casos de accidentes y muertes». El tren no sólo atraviesa pueblos enteros, sino también casas individuales: «Aparecen muchas grietas en los edificios cercanos a la vía».
«Justiça nos Trilhos» pone en red a los vecinos, organiza reuniones y actos, apoya la autoorganización, ofrece asesoramiento jurídico útil con sus abogados y a veces demanda a las empresas responsables y al Estado en nombre de los afectados. Gracias a este trabajo, Flavia y Mikaell saben perfectamente que las promesas de prosperidad de las minas de hierro («A veces ofrecen construir una escuela u otras instalaciones como programa social, pero no tiene sentido construir una escuela si no hay profesores ni cursos de formación que seguir») son tan incumplibles como las garantías de que el tren apenas tendría consecuencias negativas para las comunidades («¿Cómo puede ser que de repente se suponga que la nueva línea ferroviaria [del proyecto GPM] va a tener más efectos positivos que la línea del Grupo Vale? Sabemos que sus promesas no son ciertas»). Así que la resistencia de Justiça nos Trilhos investigó de forma independiente para averiguar los planes e impactos exactos del nuevo proyecto de GPM y así compartirlos con las comunidades -porque, en contra de la normativa nacional e internacional y hasta el día de hoy- apenas han recibido información sobre el proyecto que las amenaza:
«Pasamos seis meses investigando para averiguar por dónde pasaría exactamente la línea de tren. Al principio, las autoridades nos dijeron 'no sabemos nada', pero cuando nos acogimos a la Ley [brasileña] de Libertad de Información, recibimos información, incluida información que las empresas querían mantener confidencial. Después de muchos días y de insistentes consultas [a las autoridades estatales y federales], recibimos las primeras informaciones sobre el proyecto portuario y ferroviario, y pudimos crear un mapa de la región afectada, a modo de mosaico, que difiere mucho de los que aparecen en los sitios web de las empresas».
Por ejemplo, está la comunidad quilombola de Tanque de Valença. No aparecía en la información facilitada por las empresas como comunidad afectada por el proyecto GPM y debería haber sido consultada hace tiempo. «Pretenden que la comunidad sencillamente no existe, pero el tren la atravesará. Así que les visitamos y todos allí estaban totalmente sorprendidos, nadie sabía nada...».
Sin embargo, no es sólo el tren y las vías lo que preocupa a los dos delegadxs de la JnT, sino lo que conlleva: «La línea ferroviaria conlleva otros proyectos: primero tenemos que ver lo que transporta, sobre todo soja, pero también minerales. Así que más capacidad de exportación significa también una ampliación de la frontera del cultivo de soja». Es precisamente este desarrollo el que ya está provocando una destrucción masiva del medio ambiente y actos de violencia en interés de los grandes agricultores contra las pequeñas familias campesinas, incluyendo conflictos armados y expulsiones, en el estado y en toda la Amazonía. «Maranhão es el estado con uno de los mayores índices de violencia y asesinatos contra la población indígena. La construcción de una nueva línea de ferrocarril y de un nuevo puerto de exportación aumentará aún más la presión sobre las tierras existentes y, por tanto, el número de conflictos territoriales sangrientos», confirman las ONG Misereor y la asociación Selva la Selva (2). Lxs activistas brasileños coinciden con ellos: «Los conflictos territoriales de larga data se están exacerbando. El gran agronegocio es el ganador, las comunidades son las perdedoras, ya conocemos esta evolución. También nos preocupa lo que ocurra a lo largo de la línea ferroviaria, la cadena de valor que se supone que va a permitir».
Y así, Flavia habla de las acerías que acompañan al tren Vale desde 1987 y que destruyeron su casa: «Vivíamos bajo los altos hornos, las cementeras, los estacionamientos, los vertederos, todo el municipio por el que pasa el tren pertenece a las empresas. Pero yo no quería dejar este lugar donde nací porque no podía llevarme el río conmigo. Este río es nuestra vida, la tierra es nuestra vida, pero luego vienen las máquinas y nadie te pregunta». Su padre ya estaba en la resistencia, Flavia lleva luchando con JnT desde 2015: «Como colectivo de jóvenes investigadores de la comunidad, demostramos que la contaminación por polvo de las fábricas era la causante de las enfermedades que padecían muchos en la comunidad. No queremos irnos, pero tuvimos que hacerlo, pudimos luchar por el reasentamiento, pero queremos volver. Quiero que mis hijos puedan bañarse algún día en nuestro río. Tenemos que ser fuertes y seguir luchando».
DB hace esperar a lxs activistas brasileños ante una puerta cerrada antes de entregarles su carta de queja al final del mitin (c) CR
Durante más de treinta años, familias como la de Flavia han experimentado que un proyecto como el proyectado GPM les amenaza con algo más que una línea de ferrocarril: Cada vez más zonas de cultivo de soja bajo el control de grandes terratenientes, minas polvorientas y fábricas tóxicas («¿y de dónde sale la energía para ellas?») sólo acaban llenando los vagones -hasta 350 de ellos cuelgan de uno de los atronadores trenes sólo en el actual ferrocarril de Vale-. «Estos vagones transportan mucha riqueza, riqueza que en realidad pertenece a las comunidades, pero sólo ven pasar el tren a toda velocidad, ésa es la farsa del discurso del desarrollo», añade Mikaell.
Gracias a su trabajo, las dimensiones del proyecto GPM se van haciendo poco a poco patentes: «Los barcos más grandes del mundo van a poder hacer escala en el nuevo puerto de aguas profundas, y ya tenemos indicios de que se van a duplicar los atracaderos previstos; antes incluso de que el proyecto haya empezado, ya se habla de ampliación. Igual que el ferrocarril de Vale en 1985».
No se trata de una línea de tren y un puerto, sino de la reorganización de un territorio protegido en el que comunidades indígenas, quilombolas y de pequeños agricultores defienden una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo: «Así que no hemos venido aquí a Alemania para hablar de cómo reducir los impactos negativos del proyecto, ¡sino para rechazar el proyecto en su conjunto! Hemos venido a causar tensión». Dicho eso, el acto informativo concluye con la convocatoria de una manifestación conjunta frente a la Torre DB.
Hace tres años, los activistas indígenas del CNI mexicano hablaron frente a esta torre, porque ellos también están amenazados por un proyecto que, a pesar de todas las diferencias, tiene muchos paralelismos con el proyecto GPM en Brasil: aunque el Tren “Maya” es también un tren turístico para el transporte de pasajeros, va acompañado, como en Brasil, de rutas de carga, carreteras y la ampliación de puertos para transportar productos de monocultivos, minas y fábricas a Europa, China y EE.UU., conectados al Corredor Interoceánico. La participación colonial de los actores alemanes es totalmente indiscriminada en ambos proyectos:
«El DB E.C.O. Group ha firmado un Memorandum of Understanding -Memorándum de acuerdo- (MoU) con Grão-Pará Maranhão (GPM) sobre el desarrollo conjunto del proyecto y la posterior explotación del ferrocarril, con DB Engineering & Consulting asumiendo el papel de ”operador en la sombra”», informa el DB E.C.O. Grupo. El Banco de Desarrollo de Alemania (KfW) y la también estatal Cooperación Técnica Alemana (GIZ) «ya están examinando cómo se puede apoyar el proyecto», escribe Saskia Berling, Directora de KfW Brasil, en LinkedIn - y al igual que en México, la participación del Grupo como «operador en la sombra» está estrechamente vinculada a los responsables políticos en Alemania: La mediación ante las corporaciones alemanas también tuvo lugar en Brasil a través de la embajada alemana: «Por invitación del embajador alemán en Brasil, Heiko Thoms, DB junto con políticos brasileños, funcionarios de la UE y directivos de empresas (entre ellos de Siemens) participaron en una presentación del proyecto por parte de los operadores de GPM en la representación alemana en Brasilia a finales de enero, durante la cual DB E. C.O. Group también presentó la asociación prevista con el consorcio de operadores. Según informaciones de la Agência INFRA, la embajada alemana habría solicitado informaciones sobre el proyecto e instruido al canciller alemán, Olaf Scholz, a tratar el asunto durante sus conversaciones con el presidente Lula da Silva en su visita de Estado a Brasil a finales de enero» (2).
Y puede trazarse otro paralelismo entre los dos proyectos coloniales: Las empresas alemanas y los políticos federales no sólo no responden a las críticas por los daños medioambientales y las violaciones de los derechos humanos, sino que incluso hacen hincapié en los beneficios de los proyectos para los derechos humanos, medioambientales y objetivos climáticos:
«Las ventajas del proyecto ferroviario y portuario residirían en la atención prestada a las preocupaciones sociales y medioambientales, así como en las oportunidades que la proximidad a Europa ofrece para el desarrollo del sector energético», explica Peter Mirow, responsable de DB en Brasil, a la Agência INFRA. Podría tratarse de gas natural licuado procedente de proyectos de fracturación hidráulica (fracking) previstos en el interior de Maranhao y de petróleo crudo que se bombeará desde las profundidades marinas frente a las costas brasileñas (2).
Esta pancarta habla para México y Brasil: «DB - El asesino climático más rápido de Alemania » (c) CR
Mientras, el proyecto GPM desplaza artificialmente la selva amazónica kilómetros hacia el oeste en sus mapas, que DB también distribuye en su página web, para crear la impresión de «que la producción de la agricultura brasileña crecerá un 180 por ciento en los próximos diez años sin talar un solo árbol», y los políticos alemanes (en México y Brasil) hacen hincapié en las oportunidades de generar «energía verde» a través de los proyectos en los que DB participa o tiene previsto participar. «Los operadores del proyecto habrían mantenido conversaciones con Siemens como posible socio para la construcción de un centro de exportación de energías renovables e “hidrógeno verde”». El Ministerio Federal (alemán) de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) ya financia la expansión de la producción de «hidrógeno verde» en Brasil para consumo local y exportación a través de la GIZ. Para ello, entre otras cosas, se ha fundado una alianza germano-brasileña para el «hidrógeno verde». El propio Grupo DB E.C.O. afirma que «la solución logística prevista creará un nuevo corredor de transporte de productos agrícolas, para los que se ha identificado un potencial de demanda en el interior de 80 millones de toneladas anuales. Además, habría una gran demanda de servicios de transporte de materias primas minerales. Según los operadores, se prevé que las exportaciones de mineral de hierro a través del puerto de TPA alcancen los 200 millones de toneladas anuales de aquí a 2030.» (2).
La organización Salva la Selva está segura: «Este aumento de la producción y las exportaciones significa inevitablemente la expansión de la agricultura - especialmente para el cultivo de soja, caña de azúcar (incluso para etanol), maíz, la cría de ganado para la producción de carne -, así como la expansión de la minería a expensas de la selva amazónica y la sabana del Cerrado. Todas estas actividades son los principales motores de la deforestación en Brasil.» (²)
Fiel al lema de la empresa alemana “el mejor protector del clima” DB «La protección del clima también puede ser sencilla», un proyecto que destruye reservas naturales estatales, humedales RASMAR reconocidos internacionalmente e islas atlánticas vírgenes se convierte en un «proyecto verde de protección del clima»: “es sólo un tren, y el puerto de aguas profundas también puede suministrar «energía verde» además de mineral y soja.”
Ante eso, los que verdaderamente protegen el clima sólo pueden llorar.
Y así lloran los manglares.
En plena catástrofe climática, están siendo destruidos allí donde aún conservan los poemas de los cocodrilos, y con ellos la mejor protección contra las inundaciones y la subida del nivel del mar.
La Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático (COP30) se celebrará no muy lejos de aquí el año que viene, en la metrópoli amazónica brasileña de Belém. El Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL), que organizó el acto informativo y la concentración contra el proyecto GPM junto con otras ONG y la JnT, escribe:
«Las conferencias sobre el clima de los últimos años han sido acontecimientos bastante frustrantes. Apenas avances, una creciente influencia del lobby fósil. Parece que el cambio climático avanza más rápido que la lucha contra él. En esta situación, Belém se convierte en un lugar de esperanza. La elección del lugar es una señal política y tiene un gran valor simbólico. La Amazonía y las selvas tropicales del mundo desempeñan un papel central en la política climática internacional, ya que la deforestación es un factor clave tanto de la crisis climática como de la pérdida de biodiversidad y amenaza el hábitat de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales."
En un lugar que irradia lo contrario de esperanza, la esperanza real se reúne al día siguiente del acto informativo: el 31 de mayo de 2024, Mikaell alza su voz en nombre de la JnT y de las comunidades amenazadas de Maranhão frente al gigantesco rascacielos Deutsche Bahn. Y la Plaza Potsdam le escucha. Tal vez intuye que si la mentira que afirma que la protección del clima y la destrucción de los manglares pueden ir de la mano continúa, él también podría estar bajo el agua en un futuro no muy lejano, tan alto que los manglares podrían incluso sentirse cómodos, los manglares cuyas lágrimas hoy seguramente acelerarán la subida del nivel del mar.
¿Pueden llorar los árboles? ¿O sangrar?
Protesta frente la sede de la DB en la Plaza Potsdam (c) Salva la Selva
Al fin y al cabo, Brasil debe su nombre a un árbol cuyo fluido interno es tan rojo como la sangre. Sus flores parecen pájaros heridos. Hoy está casi extinto. (1)
Pero Flavia las anima, subraya la lucha de las mujeres, de las mujeres negras, incluso en su organización (seis de los siete miembros del comité ejecutivo son mujeres). Y como si se lo susurrara a los manglares y al árbol pájaro herido con sus venas rojas, su río, y como si al mismo tiempo lo tronara hacia el bloque de torres a cuya sombra tiene lugar la concentración, habla:
«Somos los más débiles luchando contra los más fuertes. Pero esa es también la belleza de nuestra lucha».
En portada: Comunidades maya Q’eqchi’ denuncian escasez de agua derivado por la actividad de Industrias Chiquibul y la expansión de sus monocultivos de palma aceitera. Foto: Joel Pérez / Prensa Comunitaria
La noche del pasado 17 de octubre, Francisco Pop Ico, defensor 40 años y originario de la comunidad maya Q’eqchi’ de Santa Elena, departamento del Petén, fue asesinado con arma de fuego mientras conducía su motocicleta en la frontera entre México y Guatemala.
Resalta que el homicidio ocurrió un día antes de que el defensor se presentara a una audiencia judicial, relacionada a la acusación presentada por la empresa Industrias Chiquibul, quien le señalaba, junto a otros cuatro ex trabajadores de la palmera, por delitos de usurpación y amenazas en el contexto de su organización para defender derechos laborales.
Para el 9 de octubre, comunitarios de Santa Elena presentaron una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por las múltiples y continuas violaciones a los derechos humanos ocasionadas por Industria Chiquibul. Destaca que, ese mismo día, se preveía una reunión de diálogo entre una delegación de la Secretaria Privada de la Presidencia junto con el gerente de relaciones comunitarias de Industria Chiquibul.
Francisco Pop Ico, defensor comunitario asesinado el pasado 17 de octubre del 2024.
Fue en 2012 cuando Industrias Chiquibul compró terrenos en la comunidad Q’eqchi’ de Santa Elena, acorralando a la población paulatinamente con monocultivos de palma aceitera, que fueron acompañados por la instalación de instalaciones militares y presencia de policía y seguridad privada.
Tras un paro de labores organizado por trabajadores de Chiquibul en 2019, para noviembre del 2020 fueron criminalizados cuatro indígenas maya acusados de plagio, extorsión, usurpación agravada y detención ilegal. Hasta la actualidad, el proceso penal continúa, mientras a la par, habitantes de Santa Elena denuncian persecución y vigilancia de las fuerzas de seguridad quienes incluso emplean vuelos nocturnos con drones.
Condena
En este contexto, el Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Qana’ Ch’och, organización social que aglutina más de 20 comunidades indígenas y rurales sobre todo de las tierras bajas del norte de Guatemala, condenaron el asesinato de Pop Ico y exigieron justicia a través de un comunicado.
La organización, cuyo significado es “Madre Tierra” en maya Q’eqchi’ articula las luchas para detener la expansión de los monocultivos, conservar sus recursos hídricos y garantizar la justicia para las comunidades afectadas por la contaminación y la explotación de sus tierras.
Desde febrero de este año, la articulación indígena, junto a organizaciones internacionales exigieron a las autoridades guatemaltecas que tomaran medidas urgentes ante el incremento de los acosos y violaciones de los derechos humanos contra la comunidad de Santa Elena por parte de Industrias Chiquibul.
Esto, debido a que durante la última década la empresa de palma aceitera mantiene un patrón de violencia que acumula violaciones como la apropiación ilegal de tierras comunitarias en Aldea Carolina (en Chisec, Alta Verapaz); la contaminación del río San Román (también en Alta Verapaz), así como la criminalización por medio de órdenes de captura y detenciones orquestadas por la empresa, violaciones laborales y deforestación en comunidades del Petén.
Organizaciones nacionales, como la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag) e internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenaron el asesinato de Pop Ico y se sumaron a las exigencias por justicia.
“Este caso ilustra la peligrosa realidad que enfrentan las y los defensores del territorio en Guatemala, quienes son frecuentemente criminalizados y perseguidos judicialmente por proteger sus tierras y derechos”, enfatizó la Oacnudh mediante sus redes sociales.
En medio de un escenario donde los Estados Unidos (EEUU) buscan romper su dependencia con China en el mercado de los semiconductores, México es el epicentro de la relocalización de esta industria, por ser un competidor en mano de obra barata, y porque las universidades están abriendo las puertas para formar personas calificadas en el ramo debido a la cercanía con Texas y California. Es así que el pasado mes de junio se llevó acabo el tercer Foro de Colaboración para Semiconductores México-Estados Unidos, realizado en el estado fronterizo de Chihuahua.
El capitulo 3 de estos eventos ha sido desarrollado como acuerdo por los gobiernos de México y EEUU. El primer foro se realizó en Guadalajara y el segundo en Tijuana, contando con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) de México. También, hubo la participación activa de la embajada estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, A.C. (FUMEC), una organización binacional creada en 1993 en el marco del Tratado de Libre Comercio, autorizada por ambos gobiernos para facilitar el movimiento de fondos e implementar programas binacionales científicos, de salud pública y tecnología.
En este Capitulo 3, Jene Thomas, director de USAID, puntualizó que “México se encuentra en un momento clave para capitalizar las oportunidades en el sector de semiconductores y aprovechar el potencial del nearshoring”.
Es así que la embajada estadounidense declaró que en este foro se ha lanzado el Plan Maestro para el Desarrollo de la Industria de Semiconductores 2024-2030, que tiene por objetivo duplicar las exportaciones y empleos. “La colaboración entre el gobierno de EE.UU. y México es clave para relocalizar operaciones de diseño, ensamble, empaque y validación en el país. Con la creciente competencia global, se requiere un impulso decisivo para asegurar que México se consolide como un jugador principal en la industria de semiconductores”, puntualizaron los voceros estadounidenses.
También se contó con la participación del secretario de Economía e Innovación de Baja California, Kurt Honold Morales, quien agregó que en su estado se están creando las condiciones para esta industria, ya que cuentan con “una posición privilegiada a nivel internacional, por lo que hemos orientado las acciones de gobierno hacia la creación de programas de formación de talento y fortalecimiento de la infraestructura para la competitividad”.
El secretario detalló que para incursionar en el sector de semiconductores ya se tiene un acercamiento estrecho con empresas como Skyworks, Qualcomm e Infineon, líderes en el ramo, quienes buscan invertir en la cadena de valor y talento especializado, con iniciativas como el “Programa de Formación de Semiconductores, el Centro de Excelencia, la certificación en alta tecnología y el seminario colaborativo con la Universidad Japonesa de Tsukuba para docentes e investigadores y otros programas de colaboración con universidades de Arizona y California”.
La estadounidense Skyworks Solutions, Inc. ya lleva al menos 52 años en Mexicali, mientras que Infineon Technologies AG, fabricante de chips con sede en Múnich, ex filial del grupo tecnológico Siemens, lleva más de 50 años en Tijuana. Mientras que, en 2023, se anunció que la estadounidense Qualcomm se establecería en Rosarito.
Por ello, la delegación de Baja California en el foro enfatizó que la colaboración se está dando entre el gobierno, la academia y el sector empresarial, que el secretario define como "triple hélice". Entre los asistentes se encontraron representantes de universidades locales y centros de investigación, como la Universidad Autónoma de Baja California y el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, destacando el compromiso regional para contribuir al plan nacional de semiconductores.
La relocalización
En el 118 congreso de “Cuestiones de ciencia y tecnología”, documentado por el parlamento estadounidense, se mostró una preocupación con el avance de China en el sector de los semiconductores con tácticas que han denominado como “asimétricas”, enfocadas principalmente en la investigación. Puntualmente, resaltaron que el país asiático está incentivando a algunos de sus ciudadanos a participar “en la investigación estadounidense para adquirir capacidades en áreas específicas que apoyen los objetivos de China”, entre ellos, de los semiconductores.
Además de ello, la preocupación también se inclinó por los incentivos del gigante asiático hacia expertos extranjeros en ciencia y tecnología para que trabajen en China. “Las agencias estadounidenses encargadas de hacer cumplir la ley y de contrainteligencia han destacado el uso que hace China de la transferencia de tecnología forzada o incentivada, las subvenciones industriales, los requisitos para la concesión de licencias y la creación de empresas conjuntas”, remarca el documento del Congreso de los Estados Unidos, publicado en octubre pasado.
Los semiconductores y la Ley CHIPS
Los semiconductores (también conocidos como circuitos integrados, chips microelectrónicos o chips informáticos) son dispositivos diminutos que se encuentran en nuestros teléfonos, en los automóviles, en la inteligencia artificial y en la mayoría de los aparatos eléctricos que usamos diariamente. EEUU solo representa el 13% de la capacidad productiva global, mientras que Taiwán abarca una producción del 35%, China produce el 23% y el resto es manufacturado por Corea del Sur y Japón.
Según el Congreso estadounidense, ellos fueron pioneros en el desarrollo de semiconductores durante las décadas de 1960 y 1970, liderando su fabricación. Pero, también destacan que esta industria fue trasladada a la región de Asia Oriental, por los bajos costos que implica sus construcciones, además del acceso a minerales considerados críticos por su escasez como el silicio o germanio, con los cuales se construyen estos microchips.
Hoy, los Estados Unidos, debido a su dependencia de esta mercancía, ha escalado a nivel de “seguridad nacional” la disposición de estos microchips, sobre todo, para asegurar la garantía de un suministro adecuado, buscando evitar “posible interrupción de la fabricación y el transporte marítimo en Asia Oriental debido a conflictos comerciales, peligros naturales o conflictos armados”, reza el documento presentado en octubre por el Servicio de Investigación del Congreso de los EEUU.
Como respuesta a esta preocupación, el Congreso promulgó en 2021 la Ley P.L. 116-283, con la cual autorizó un programa de incentivos para construir y equipar fábricas de semiconductores en Estados Unidos. En julio de 2022, aprobó la Ley CHIPS y de Ciencia (P.L. 117-167), que el presidente Biden firmó en agosto de 2022, a través del cual se asignó 39 mil millones de dólares al Fondo CHIPS para América para la fabricación de microchips y para el sector de la investigación en diversas universidades.
En mayo del 2023 se anuncio en el Capitulo 1 de este foro que México ya había establecido un acuerdo con la Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés) para acelerar la producción de semiconductores en la franja fronteriza entre ambos países, siguiendo la Ley CHIPS para América. Lo que contempla formar mano de obra calificada a través de distintas universidades en conjunto con socios de la industria.
Es así que se firma el primer memorando de entendimiento con Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en EEUU. “El acuerdo con la ASU allanará el camino para que una alianza de universidades de Estados Unidos y México, además de fabricantes de microelectrónica, se centren en la formación de trabajadores y la creación de capacidad de producción en los estados fronterizos del noroeste. Este cambio reducirá la dependencia estadounidense de la fabricación asiática”, se anunció en su momento en el portal de la universidad ASU, donde se llevó acabo este evento.
