Guatemala: ex preso político continúa defensa del río Cahabón

En portada: Tras salir de prisión, Caal señaló que su libertad, es una clara derrota a la criminalización. Foto: Simone Dalmaso / Prensa Comunitaria

Bernardo Caal Xol, maestro indígena y defensor del territorio del pueblo Maya Q’eqchi’, en el norte de Guatemala, fue encarcelado el 30 de enero de 2018 por defender los derechos de las comunidades afectadas por la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río Cahabón por la empresa Oxec S.A., en el departamento de Alta Verapaz.

El 16 de julio de 2020, Amnistía Internacional nombró a Bernardo Caal preso de conciencia. Tras revisar el expediente penal abierto contra Bernardo Caal Xol, la organización encontró que no había evidencia de los delitos que se le acusaban.

“El proceso en su contra muestra patrones similares de criminalización contra otras personas defensoras de derechos humanos que la organización ha documentado en Guatemala”, señaló la organización.

Pese a la falta de evidencias y a la movilización de organizaciones nacionales e internacionales en su apoyo – incluso la relatora especial de derechos de los pueblos indígenas de la ONU expresó su preocupación por la condenada tras visitarle en la cárcel -, Caal fue condenado.

Ningún recurso interpuesto en su defensa logró su puesta en libertad; 69 magistrados se rehusaron a revisar los recursos que planteó su defensa. “En realidad, no era que no quisieran o no pudieran conocer el caso, sino que esta era la estrategia del Estado de Guatemala para ir dilatando el proceso”, sostiene el indígena Maya Q’eqchi’.

Caal Xol cumplió la pena que le impusieron. Logró su libertad el 24 de marzo de 2022.

Mientras el indígena estaba en la prisión, siete proyectos de hidroeléctricas se llevaron a cabo en territorio Maya Q’eqchi’ en el cauce del río Cahabón, incluso en su comunidad.

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En una sentencia que el indígena califica como “vergonzosa”, la última instancia de Justicia de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, consideró que sí hubo violación a los derechos de los pueblos y que sí habría la necesidad de hacer una consulta libre, previa e informado; al mismo tiempo dio luz verde para que la empresa llevara a cabo el proyecto.

La empresa Oxec desvió 50 kilómetros del río Cahabón para que el agua fuera represada. En este trecho del río desviado, “están los guardias de seguridad armados de la empresa, cuidando para que nadie toque el agua”, cuenta Caal Xol.

Además, donde pasaba el río se quedó seco. “Las familias que viven ahí ya no tienen donde hacer uso del agua. El racismo con el cual actúan estas empresas y el Estado en ignorar la situación de las familias que se quedan sin agua que, ahora, tienen que caminar horas para conseguir un poco de agua. Lo único que hicieron fue regalar tinacos a las familias para colectar de la lluvia, mientras se llevaron el río”.

Avispa Midia platicó con Caal Xol en Guatemala un poco más de un mes de estar en libertad.

Recibimiento de Bernardo por pobladores de Sepos Semococh, la comunidad de donde es originario. Foto: Gilberto Cucul

En una larga entrevista, el indígena Maya Q’eqchi hace un recuento de cómo ha sido el proceso de criminalización de la lucha por defender el territorio, desde la llegada de la empresa Oxec. Lo que vivió es “una muestra de cómo en Guatemala las empresas criminalizan y cómo cooptan al Ministerio Público, los jueces, magistrados”.

Existe un segundo expediente penal abierto contra Caal, “es como una cadena para tenerme amarrado en los tribunales de Justicia”. Pese a ello, el indígena, con una mezcla de rabia e indignación de lo que está pasando en su territorio y en otras partes de América Latina, sostiene: “eso no puede ser”, “tenemos que continuar porque a nosotros se nos enseñó a defender el medio ambiente, a defender la naturaleza; esta lucha sigue”.

En lo que sigue, reportamos algunos de los temas platicados en esta entrevista.

La llegada de la empresa

Empezamos a notar la presencia de personas extrañas, vehículos extraños en el territorio. De repente llega maquinaria bastante grande y empieza a escarbar el río Cahabón y a desviar su curso. No sabíamos quién era esta gente y lo que estaba haciendo en nuestro territorio.

Fue entonces que nosotros empezamos a averiguar lo qué estaba pasando. Constatamos que el Ministerio de Energía y Minas ya había autorizado las licencias. Los permisos ya habían sido publicados en el periódico oficial del Estado, el Diario de Centroamérica. Ya era oficial la decisión de construir las hidroeléctricas.

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Estas empresas llegan con engaños, con mentiras. Como siempre lo hacen, llegan diciendo que van a llevar desarrollo a las comunidades. En mi comunidad empezó a construir la empresa Oxec S.A.

Comunidades empiezan la organización

Nos damos cuenta del desvío del río y empezamos a reunirnos en asambleas y a tomar decisiones. Buscamos asesoría hasta la capital.

Las comunidades designan, por la gran distancia entre nuestro territorio y la capital, una comisión para que esté viajando constantemente, son aproximadamente unas 15 horas de camión. Y a mi me toca estar en la comisión como un vocero, para hacer las denuncias. Me vuelvo una cara visible para lo que denuncian todas las comunidades.

Ganan amparo

Se firma un amparo, yo soy el amparista, para poder detener la construcción de la empresa Oxec S.A. Más de 100 comunidades me delegan.

Pasado alrededor de un año de haber ingresado el amparo, la Corte de Justicia [última instancia de Justicia en Guatemala] reconoce la violación de derechos. El Estado de Guatemala no realizó la consulta libre, previa e informada. Tampoco dimos nuestro consentimiento. No fuimos consultados. Nuestro fundamento legal es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Así que, con el tiempo, nos da la razón las últimas instancias de justicia y se suspenden las licencias.

Viene la persecución

A partir de la suspensión de las licencias empieza la persecución, empieza la criminalización. Los medios corporativos empiezan a difundir noticias todos los días, en grandes titulares, sobre mi persona. Difamándome, calumniándome.

Bernardo Caal en una actividad pública, antes de ser encarcelado en enero de 2018. Foto: Prensa Comunitaria

Fue una estrategia para ir preparando el terreno para que el pueblo de Guatemala me odiara, para causar el odio social.

La primera orden de captura

Entonces surge una orden de captura contra mí y después otra. La primera orden de captura decía: ‘se ordena su captura por estafar al Estado de Guatemala’.

Yo soy maestro, yo enseño. Y lo que argumentaban en sus acusaciones era que yo cobré salarios un año y no me presenté a la escuela con los niños – yo soy maestro de niños y niñas.

Hay un acuerdo de la ministra de Educación de Guatemala donde me cancela el trabajo, me cancela el contrato. Es aquí donde se inicia la persecución penal. Es una estrategia del Estado de Guatemala y de las empresas.

Yo me presento ante el juez, que emite la primera orden de captura, para presentar mis documentos y decirle ‘mira, yo no cometí el delito que usted dice’. Con las pruebas, no me pudieron llevar preso.

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Entonces, apuradamente, cambió el tipo penal con el cual me acusaban. Lo nombró como ‘retenciones y apropiaciones indebidas’. Todavía sigue el expediente abierto. Es como una cadena para tenerme amarrado en los tribunales de justicia. Imagínate, este expediente está abierto desde 2016. Lleva seis años este proceso penal allí.

El objetivo era hacer creer el pueblo de Guatemala que quien está denunciando estas hidroeléctricas es un estafador. Pude probar lo contrario.

La segunda orden de captura

Entonces empezaron a trabajar otra orden de captura, ‘por robo agravado y detenciones ilegales’.

Ellos decían que yo y 100 personas más detuvimos un vehículo, que yo bajé a los tripulantes y ya, cuando los tenía abajo, empecé a arrojar a las cosas del vehículo, eran unos cables de la empresa Oxec. Este es el ‘robo agravado’ que me acusaron. Y ‘detenciones ilegales’ porque detuvimos el vehículo, dicen ellos.

La prisión

En enero de 2018 me presenté a una audiencia por la primera orden de captura para poder finalizar las acusaciones. Ahí fui detenido, debido a la segunda orden de captura. Por los delitos que me acusaron, me sentenciaron a siete años y cuatro meses de prisión.

Los testigos de la empresa Oxec decían al juez que fui yo el que robó. Pero yo ¿qué he robado? Primero es ilógico que yo, un amparista contra Oxec, les haya robado. Lo otro ilógico es que yo soy maestro. Yo trabajo con lapicero, con marcador, con mi pizarrón, con carteles, con cartulina, con libros, estas son mis herramientas de trabajo y no como ellos dicen que yo me robé costales de cables que ellos llevaban para la empresa Oxec. Sin embargo, el juez me sentencia.

Cumplí la sentencia. Hay una normativa aquí en Guatemala que dice que aquel privado de libertad al llegar a la mitad de la pena si documenta y argumenta haber tenido una buena conducta en el sistema penitenciaria y haber trabajado se puede pedir la libertad. Eso fue lo que yo hice. A parte de tener una buena conducta, como yo soy maestro, también estuve dando clases a los privados de libertad, que les negaron una educación desde su niñez.

Logré la libertad el 24 de marzo de 2022. Hace un mes y un par de días que salí de la prisión.

69 magistrados

Cuando fui sentenciado procedí a la apelación de mi sentencia. Dos años estuvo mí expediente sobre los escritorios de los magistrados. Se excusaron 69 magistrados en no querer analizar el expediente. En realidad, no era que no quisieran o no pudieran conocer el caso, sino que esta era la estrategia del Estado de Guatemala para ir dilatando el proceso.

La interpretación es que el sistema de Justicia está cooptado. Esta es una muestra de cómo las empresas criminalizan, uno; lo otro es que estas empresas cooptan al Ministerio Público, los jueces, magistrados.

Clamor popular

Un punto fundamental en este proceso fue el clamor popular. Yo, en la prisión, empiezo a escribir cartas para continuar con las denuncias, se empieza a difundir las cartas, muchas organizaciones nacionales e internacionales se enteran del proceso, empiezan los pronunciamientos. Las comunidades en resistencias también siempre estuvieron al tanto de mí, nunca me abandonaron.

Carta de Bernardo escrita desde la prisión.

Luz verde para la empresa

Cuando suspenden el proyecto de la hidroeléctrica empiezan las cámaras empresariales a presionar a la Corte de Constitucionalidad; empiezan a presionar a los magistrados para que cambiaran la decisión, de manera que estas empresas continuaran sus obras. Al fin, como decimos aquí en Guatemala, estos magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad no aguantaron la casaca, se vieron presionados y cambiaran la sentencia.

Una sentencia vergonzosa

En pocas palabras lo que dice la sentencia es que si bien es cierto violaron los derechos de los pueblos mayas, las empresas pueden continuar las obras. La sentencia también dice que se debe hacer las consultas, y no las hicieron. Así lo dejaron. Entonces las empresas continuaron.

Es una sentencia vergonzosa ante los ojos del mundo. Sí, están reconociendo que hay violación de derechos y, al mismo tiempo, permiten que continúe, es decir, permite que se continúe violando.

Llegamos a la última instancia y nos dan una resolución de esta forma. Tal vez tengamos que apelar internacionalmente porque aquí ya no hay qué pelear jurídicamente.

Energía eléctrica y acuerdos de paz

En 1960 se inicia el conflicto armado interno aquí en Guatemala. La política era de tierra arrasada. Bombardeaban a las comunidades que el gobierno y el ejército consideraban guerrilleras, aunque no lo fueran. Una vez así lo declaraban, guerrilleras, acababan con esta comunidad.

Eso dura 36 años. En 1996 se firman los acuerdos de paz, que no se cumplen hasta hoy. ¿Qué es que pasaba mientras se preparaba esta firma? Se gestaban paquetes de leyes para hacer negocio con la energía eléctrica, para que pudieran entrar libremente estas empresas que hoy estamos viendo en nuestros territorios.

Los acuerdos de paz y las leyes que fueron creadas a partir de entonces fueron una estrategia de las familias oligarcas en Guatemala para entrar en los territorios, ya no con armas, sino con leyes que regulan la explotación.

En Cobán, la hidroeléctrica española Renace se ha instalado con amenazas a la población y falsas promesas de desarrollo para la zona. Foto: Pedro Armestre

Ahora hay una empresa que genera la electricidad, hay una empresa que la transporta y hay una empresa que la distribuye. Así es como se reparten los negocios. Y el mejor negocio que tienen ahorita es la construcción de hidroeléctricas porque eso les está generando muchas ganancias.

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Cuando llegan las comunidades a solicitar electricidad – porque están viendo que allí en su territorio se está produciendo mientras están en la obscuridad – entonces lo que les dicen, ‘pues mira, mi trabajo es solamente generar, yo no vendo’. Ya viene otra empresa toma esta electricidad y se la lleva a México y a otros países de Centroamérica, mientras las comunidades de Alta Verapaz, que más produce energía en Guatemala, se quedan en la obscuridad.

Y ¿de dónde sale la arquitectura de toda esta infraestructura? De las leyes que se iban preparando cuando se estaba negociando los acuerdos de paz.

Una persona que le haga daño a un bosque, a una montaña o a un río, uno va a denunciar y el mismo fiscal dice: ‘mire, su denuncia sí vale la pena, pero la ley dice que no tiene caso’. Se puede pagar una multa de cierta cantidad, que es vergonzosa, y se acaba el delito. ¿Cuándo prepararon esta ley? Uno ve la fecha y es de cuando estaban negociando los acuerdos de paz.

La criminalización también desde allí la preparan a todos los que se opongan a los megaproyectos. Para eso están los jueces, los Ministerios Públicos, la policía para ir a defender estas empresas.

En 2012, en el gobierno del presidente de Otto Pérez Molina [un general retirado del Ejército de Guatemala, que gobernó entre 2102 y 2015 y fue encarcelado por corrupción] firmó licencias para autorizar que se construyeran varias centrales eléctricas sobre el río Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz.

Son 195 kilómetros de río Cahabón, desde que nace hasta que se desemboca en un lago que se llama Lago de Izabal. De estos 195 kilómetros, 50 kilómetros lo cortan, lo desvían para construir varias centrales hidroeléctricas. Actualmente han sido construidas siete hidroeléctricas sobre el río Cahabón.

Libertad

Ahora que llevo más de un mes de estar en libertad, vamos a retomar nuevamente el tema, porque eso no puede ser, ¿verdad? Las comunidades han continuado y las organizaciones, que nos han acompañado, siguen en la lucha. Tenemos que continuar porque a nosotros se nos enseñó a defender el medio ambiente, a defender la naturaleza. Esta lucha sigue.

Economía mundial se convulsiona; sector minero se beneficia

En portada: Habitantes de la favela de Moinho se movilizan para exigir su derecho a la vivienda. Sao Paulo, 2014. Foto: Santiago Navarro F.

Hace un mes, 19 de abril de 2022, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alertó que la economía mundial continúa sufriendo un derrumbe catastrófico. Se espera que en 2022 el crecimiento a escala global llegue a un poco más de la mitad de lo que se logró en el año 2021, es decir, 3.6%. En 2021, se llegó a 6.1%.

Georgieva ha sostenido que este escenario se debe al conflicto entre Rusia y Ucrania que “impacta directamente a 184 países que representan el 86% del PIB mundial”, dijo en una conversación con el presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass.

El FMI y el Banco Mundial (BM) están respaldando nuevos paquetes de ajuste estructural en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, asegurando que, tras el conflicto bélico, se ha provocado una gran conmoción en los mercados de productos básicos que ha alterado las cadenas de suministro a nivel mundial, propiciando una crisis alimentaria con el aumento de los costos.

“El impacto se siente en América Latina a través del aumento de la inflación, que está afectando los ingresos reales, en especial de los más vulnerables. Ante este desafío, las autoridades están adoptando políticas monetarias más restrictivas”, según el FMI.

Indermit Gill, vicepresidente de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones del Banco Mundial, ha calificado este escenario como “la mayor crisis de productos básicos que hemos experimentado desde la década de 1970. Como ocurrió entonces, la crisis se ve agravada por el aumento de las restricciones al comercio de alimentos, combustibles y fertilizantes”.

Los tiempos venideros pueden ser peores, ya que los precios seguirán en aumento hasta fines de 2024, según el informe titulado Commodity Markets Outlook. Por ello, entre las distintas iniciativas que ha decidido tomar el BM está la emisión de más deuda, con créditos de 30 mil millones de dólares, “para hacer frente a la inseguridad alimentaria en los próximos 15 meses”.

El BM también está pidiendo a los países que faciliten el aumento del comercio, sobre todo creando “un consenso internacional (G7, G20, otros) y un compromiso para evitar las restricciones a la exportación que aumentan los precios mundiales de los alimentos y las restricciones a la importación que desalientan la producción en los países en desarrollo”.

Mientras tanto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) avizora que, con este contexto, se espera la perdida de al menos 52 millones de puestos de trabajo en lo que resta del 2022, afectando, principalmente, “Asia Sudoriental, América Latina y el Caribe”, destaca la OIT.

Transición energética y la minería

Tras la decisión de algunos países como Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos de imponer sanciones a los países que importen energía rusa, varias empresas productoras de energía anunciaron el cese de sus operaciones en Rusia, lo que ha implicado un aumento acelerado, no solo de la canasta básica, sino que, paralelamente, de los energéticos y minerales.

Esto ha servido para que el BM y el FMI pidan a los países aliados una aceleración en el cambio de la matriz tecnológica, principalmente, la reconversión energética por las llamadas energías limpias.

Las tecnologías utilizadas para la producción de dichas energías incentivan el aumento de la explotación de minerales necesarios, por ejemplo, para construir turbinas de los aerogeneradores o los componentes de los nuevos automóviles eléctricos. Entre los principales metales demandados están el aluminio, cobre, plomo, litio, manganeso, níquel, plata, acero y zinc y minerales de tierras raras.

El Banco Mundial estima que para sostener esta transición energética se requiere la explotación de más de 3 mil millones de toneladas de minerales y metales, principalmente, para la implementación de tecnologías como la energía eólica, solar y geotérmica y para las baterías para almacenar energía y para automóviles eléctricos.

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En su informe el BM documenta que el índice de precios de metales y minerales subió un 13% en el primer trimestre de 2022 y algunos precios de los metales alcanzaron máximos históricos en marzo. “La guerra en Ucrania ha sido una fuerza impulsora clave de los movimientos de los precios del aluminio y el níquel, mientras que los altos precios de la energía han afectado a la mayoría de los metales, especialmente al aluminio y al zinc”.

El aluminio, el cobre, el níquel y el estaño alcanzaron máximos históricos. El mercado del cobre se ha visto afectado, principalmente, por la escasez de agua en Chile y los conflictos laborales en Perú. Se prevé que los precios aumentarán un 8% en 2022, ya que persisten las limitaciones en Chile y Perú.

“A largo plazo, el cobre se beneficiará cada vez más de la creciente demanda en los sectores de las energías renovables (principalmente la fotovoltaica) y de los vehículos eléctricos, así como de las infraestructuras de red y de recarga relacionadas”, según el informe Commodity Markets Outlook.

Guatemala: Periodismo comunitario comprueba corrupción y crímenes de minera

Por Aldo Santiago, en colaboración con Santiago Navarro F. / Foto de portada: Pobladores maya q’eqchi’ encabezaron protestas para reclamar al gobierno guatemalteco por no tomarlos en cuenta y permitir el funcionamiento de la mina Fénix. Octubre, 2021. Foto: Nelton Rivera

Un equipo de Avispa Midia tuvo la oportunidad de charlar con integrantes del medio de Guatemala Prensa Comunitaria, quienes participaron en la investigación Mining Secrets, un trabajo que involucró a 65 periodistas del mundo, pertenecientes a 20 medios de comunicación, para revelar los crímenes de la mina Fénix que extrae níquel en El Estor, Izabal, caribe guatemalteco.

De acuerdo con Nelton Rivera, miembro del equipo de investigación de Prensa Comunitaria, el trabajo de Mining Secrets surgió por la necesidad de romper el cerco mediático de lo que ocurre en la mina, propiedad de la compañía ruso-suiza Solway Invesment Group.

En medio del contexto de persecución, amenazas y hostigamiento por parte de la minera coludida con el Estado, los miembros de Prensa Comunitaria también se enfrentan ante el reto de las descalificaciones de su labor, debido a la idea, errónea para Rivera, de que sólo se es periodista si se trabaja en un medio corporativo o una empresa de comunicación.

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El periodista asevera que su labor es importante porque cubre donde los medios corporativos en Guatemala no llegan. Por su parte, Simón Antonio, también integrante de Prensa Comunitaria, señala que desde el medio han querido posicionar el trabajo que se hace con la comunicación comunitaria. “Contar nuestras experiencias como lo hemos hecho a lo largo de 10 años y que ha sido desde la colaboración, ha sido desde la persistencia de las comunidades”.

Nelton Rivera enfatiza que esa es una labor a contracorriente. “Se necesita de la complicidad de otros y de otras, especialmente de otros medios hermanos, de otros medios con los que coincidimos en metodologías, en criterios, en formas de trabajo porque esto fortalece nuestro trabajo”.

También destaca que la descalificación de su labor aumenta los riesgos de quienes ejercen el periodismo comunitario pues es “evidente y latente” que el Estado no reconoce su labor y en casos, como lo ocurrido en El Estor, donde develaron la red de corrupción e impunidad entre la empresa minera y el Estado, son perseguidos.

Revelaciones

Para Rivera, el trabajo de Mining Secrets pudo confirmar denuncias que, por años, habían señalado a la empresa minera por violaciones a derechos humanos, así como la corrupción, impunidad y colusión del Estado con Solway Invesment Group.

Fotografía de la mina Fénix, en El Estor, Izabal. Crédito: Forbidden Stories.

Se pudo comprobar “la presencia de capitales trasnacionales, como empresas rusas, haciendo lo que se les antoje en el territorio con total impunidad”, sintetiza Rivera, para quien la investigación permitió reafirmar las denuncias de todas las ilegalidades que los empresarios y el Estado cometen en contra del pueblo q’eqchi que se ha opuesto por años a la operación minera.

Para Simón Antonio, la resistencia de estas comunidades ha logrado atraer la atención mundial sobre el caso. “Uno de los momentos que nos lleva a que los otros medios internacionales se interesen en esto es la criminalización contra el periodismo, porque Forbidden Stories [organización de periodistas] su trabajo es retomar las investigaciones periodísticas que han sido censuradas, entonces, cuando ellos conocen este tema pues se interesan”, relata el comunicador sobre la alianza con l@s periodistas europeos. 

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Según Rivera, la trasnacional Solway, en complicidad con el Estado, realiza prácticas de contrainsurgencia, similares a las ejecutadas en Guatemala durante el conflicto armado interno. “El control, la vigilancia, el acoso sistemático (…) incluso planes de asesinar dirigentes comunitarios o desplazarlos de manera forzada son prácticas que el ejército y la inteligencia del ejército guatemalteco desarrollaron por muchísimos años durante la guerra y que, nosotros decimos, en Guatemala vivimos la continuidad de la guerra, solo que sin grupos armados y sin organizaciones guerrilleras”.

Policía acude al llamado de la minera de CGN-Pronico para seguir operando. Crédito: Prensa Comunitaria.

La planificación de este tipo de operaciones, en las cuales se involucran elementos militares colaborando con la empresa, la vinculación de la Policía Nacional Civil, la participación de funcionarios como el ministro de gobernación y otros dentro de este tipo de operaciones son algunos de los hallazgos del trabajo de investigación.

Mediante el acceso a comunicaciones internas de la compañía minera, filtradas por un hacker, también se confirmó la contaminación al lago de Izabal que está provocando la extracción y fundición de níquel. Tal como ocurrió en 2017, cuando un derrame químico sobre el lago produjo una mancha gigantesca roja en sus aguas y que, pese a las denuncias de la población local, el Estado se mantuvo omiso.

“Lo que hizo el Estado guatemalteco durante el gobierno de Jimmy Morales fue mentir, engañar a las personas, ocultar que en efecto fue un derrame químico por la inseguridad industrial con que opera esta empresa y pues políticamente no sucedió nada. Intentaron ocultarlo”, lamenta Rivera, quien enfatiza que constantemente hay contaminación en los afluentes de agua, los cuales también suministran del líquido a las comunidades q’eqchi.

Reacciones

Para los integrantes de Prensa Comunitaria, la investigación de Mining Secrets coincide en el contexto de ataques contra la democracia en Guatemala. “Los ataques a la prensa, a la libertad de expresión están aumentando (…), prácticamente es una investigación que pone en evidencia la corrupción al mas alto nivel de gobierno, pero también la corrupción que se da desde lo local, para que una empresa trasnacional funcione con tanta impunidad”, sostiene Nelton Rivera.

Según Rivera, el gobierno ha estado atacando a la prensa que no se alinea a sus directrices y especialmente a la prensa independiente por el trabajo que está haciendo de investigación, debido a que incluso se ha difundido el caso de la “alfombra roja”, mediante el cual se señala al presidente Giammattei por recibir sobornos de empresarios rusos para la operación de un puerto en el caribe, en la región donde opera Solway.

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El periodista señala que la trasnacional ha reaccionado de manera contradictoria, pues a nivel internacional declaró que la información de Mining Secrets es falsa, pese a que después reconoció que sí son documentos internos, pero “sustraídos de manera criminal”.

Acorde a Rivera, en Guatemala las declaraciones de la empresa han sido realizadas en un tono más violento, “asegurando que van a tomar medidas en contra de quienes hicieron las publicaciones”, que como en el pasado, subraya Rivera, han sido acciones para criminalizar, estigmatizar o incluso iniciar procesos penales contra periodistas.

Carlos Choc, miembro de Prensa Comunitaria durante una cobertura en El Estor, Izabal, es fotografiado a escondidas. Crédito: The Store Project.

Entre las violencias ejercidas por la minera en el pasado se encuentran los esfuerzos por acallar las denuncias de los periodistas comunitarios que laboran en la región. Entre ellos, un miembro de Prensa Comunitaria estuvo preso y otro de sus integrantes pasó dos años con una orden de detención tras denunciar la contaminación del lago de Izabal, ubicado cerca de las instalaciones mineras.

“Sabemos que el equipo de Prensa, frente a este contexto de inseguridad, en un contexto donde no hay protección para periodistas, en un contexto en donde el ministerio público mueve la justicia a favor de quienes la violan y no de quienes están sufriendo violaciones, es bastante complejo y complicado”, contextualiza Rivera.

Para ejemplificar esto, cuenta que actualmente existe una orden de detención contra otro integrante de Prensa Comunitaria. Además, también existen 11 órdenes de aprehensión contra las principales autoridades q’eqchis que se oponen a la minería. “Nosotros prevemos que puedan venir denuncias o procesos penales en contra del medio por el trabajo que estamos haciendo”

Romper el cerco

La industria extractiva opera desde hace más de 60 años en El Estor, donde también se ha identificado la presencia de tierras raras. Para la década de los noventas, la empresa fue privatizada y pasó de ser propiedad de capitales canadienses a manos de la compañía ruso-suiza entre 2010 y 2012.

En aquella época, rememora Simón Antonio, Solway reactivó la actividad extractiva, originando con ello conflictos agrarios en la zona. El periodista aclara que sólo la licencia de la minera abarca 280 km cuadrados y, mediante su expansión, ha obligado el retiro de comunidades.

Fotografía aérea de la mina El Estor, Guatemala. Crédito: Google Maps.

“Conocemos muchas familias que han sido obligadas a irse de sus tierras, que llevan generaciones ahí y, otras, las que no se van, son circuladas por las distintas actividades de la minera o también son detenidas arbitrariamente y son enviadas a prisión”, denuncia el comunicador, quien además señala que han documentado casos de tortura contra las personas privadas de su libertad.

“El Estado ha sido cómplice de la represión a las comunidades cuando se han impuesto los proyectos mineros de esta empresa y, en la actualidad, desde 2017 para acá, las comunidades indígenas, especialmente la gremial de pescadores, han venido denunciando la contaminación del lago de Izabal”, afirma Nelton Rivera.

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Simón Antonio destaca que la investigación de Mining Secrets comenzó el 24 de octubre de 2021, tan solo dos días después de la declaración de Estado de sitio en El Estor, derivado de las protestas de la población local contra las actividades contaminantes e ilegales de la minera. En ese momento, miembros de Prensa Comunitaria fueron perseguidos e incluso hubo allanamientos de sus hogares.

Es en este contexto, ante el registro de ataques contra la labor periodística, que Nelton Rivera espera que la difusión de la investigación sirva para encauzar procesos penales contra funcionarios implicados en la red de corrupción minera, así como también “que los pueblos puedan obtener justicia frente a estos operarios y empresarios trasnacionales que tanto daño están cometiendo en el país”.

Campesinos mexicanos protestan en Londres contra minería

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Por London Mexico Solidarity

¡El Bajío no se vende, el bajío no se va, el bajío se defiende, con mucha dignidad! —gritaban ayer martes 17 de mayo un grupo de personas en el centro de Londres a las nueve con treinta minutos de la mañana. Protestaban frente al edificio donde la minera Fresnillo PLC llevaría su junta anual de accionistas. La minera, propiedad de Alejandro Bailleres, es la primera empresa mexicana listada en la Bolsa de Valores de Londres. 

Fresnillo PLC es la dueña de la Minera Penmont, que desde 2014 está obligada por 67 sentencias a devolver a los habitantes del ejido El Bajío, en Sonora, el oro que extrajo ilegalmente de sus tierras. La empresa también está obligada a restituir la tierra a su estado natural, pagar rentas a los ejidatarios por el tiempo que las explotó, y a reparar el costo ambiental de sus actividades. A pesar de las sentencias, el tribunal agrario, de nivel federal, ha sido incapaz de ejecturar las sentencias a favor de los ejidatarios, permitiendo que la minera permanezca impune. 

Fresnillo PLC es la dueña de la Minera Penmont quien extrae ilegalmente oro en Sonora, México

En punto de las diez de la mañana de Londres, dos ejidatarios de El Bajío, su representante legal, y tres miembros de las asociaciones London Mining Network y London Mexico Solidarity, entraron al edificio donde se llevaría a cabo la reunión. 

En el salón de juntas esperaba personal de la empresa y sus accionistas. Al frente, en el estrado, se encontraba el nuevo presidente de la compañía, Alejandro Baillères, y el director ejecutivo de la misma, Octavio Alvídrez, junto con otros representantes del consejo de administración. 

La representación del ejido aprovechó la oportunidad para narrar los atropellos de la minera en el ejido El Bajío y las violaciones a los derechos humanos que han acompañado sus acciones y las omisiones del gobierno mexicano por ya ocho años. Las actividades de la minera han desencadenado una ola de violencia sobre los y las ejidatarias, resultando en privaciones de la libertad, amenazas, secuestros, torturas, órdenes de aprensión emitidas sin fundamentos, robos de vehículos y desplazamiento forzado del territorio. Esta ola ha alcanzado su máximo punto de expresión en el asesinato de los compañeros José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega y Raúl Ibarra de la Paz, y en la desaparición de Noemí López Gutiérrez, como lo narró uno de los ejidatarios que consiguieron recuperar las tierras.

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En la reunión, la representación de el ejido señaló las mentiras y la información que Fresnillo oculta a sus accionistas. Particularmente, rechazaron las afirmaciones de la minera sobre el título de propiedad que aseguran poseer, ya que el Tribunal Agrario #28 sentenció el pasado mes de enero de 2022 que el título de propiedad número 1021745 fue otorgado a dicha empresa de forma ilegal, por lo que declaró su nulidad. Los representantes del ejido compartieron en la asamblea anual de accionistas que desde el 2014 el ejido cuenta con 67 sentencias firmes y que la empresa no ha acatado la ley desde hace ocho años.

Sobre el estrado, miembros de la compañía escuchaban atentamente en un inicio, pero conforme escucharon las preguntas y testimonios de los representantes de El Bajío fueron mostrando mayor incomodidad e inconformidad hasta el punto de cerrar la junta de negocios apenas unos minutos después de que el equipo de El Bajío terminó sus preguntas. Ante los cuestionamientos, Alvidrez y Baillères respondieron de forma ambigua y trataron de distraer la atención hablando de la inversión social de su empresa. Ésta, sin embargo, es insuficiente para restaurar la naturaleza, devolver el oro extraido ilegalmente de la misma, y reparar o prevenir los abusos a los que ejidatarios y ejidatarias han tenido que enfrentarse en la lucha contra la minera, tal como lo compartieron con Haroon Siddique, quien documentó la protesta en una nota para la sección de negocios del diario británico The Guardian.

Protesta en Londres por las actividades ilegales de la Minera Penmont

Mientras transcurría la reunión, personas y colectivos en solidaridad con El Bajío permanecieron fuera informando al público de las acciones de la minera en México.

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En su estancia en Londres, los representantes de El Bajío han presentado su caso ante parlamentarios del Reino Unido y han sostenido encuentros con grupos locales que resisten a la actividad minera y el extractivismo. Se han reunido, también, con académicos y profesores para compartir su experiencia de lucha por la naturaleza y en defensa de los derechos humanos.

Con el apoyo del grupo de solidaridad con México en Londres (London Mexico Solidarity) y la Red de Solidaridad Zapatista (Zapatista Solidarity Network), los ejidatarios han presentado el documental ‘Tolvanera’ ante distintas audiencias en Londres y en Lancaster. La película, dirigida por Angel Melgoza, narra la historia de abusos de la minera y la resistencia de las y los ejidatarios. Estrenado en 2021, documenta la falta de acción de los gobiernos estatales y federales de las administraciones pasadas y presentes, que garantizan la impunidad de la familia Baillères, una de las más ricas de México. 

Los representantes del ejido continuarán su estadía en Londres, donde tienen una reuniones agendadas con organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos.

Contra todos los males de este mundo: cooperativa Jallalla

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Por Juan Pablo Pantano*

Un árbol se alza firmemente. Describe el tiempo, los olores y los colores. Dignifica la relación entre la tierra y el aire. Un árbol, ante todo, es aquello que lo conforma: una red inmensa e indescifrable de relaciones que ocurren bajo la tierra. Es allí donde reside su fuerza y su resistencia. Para un pueblo, lo mismo. Entre sus calles, sus encuentros y sus miradas, los pueblos generan sus vidas para enfrentarse al mundo que los oculta. A 42 km de la ciudad de Córdoba, se alza firmemente El Sauce. No es casualidad que se llame de esta manera. Aquí, una pequeña cartografía de su fortaleza. 

Canteras El Sauce fue el nombre que le otorgó una actividad productiva al pueblo durante los años 50. La producción de cal bajo la empresa “El milagro” constituyó un principio territorial: puestos de trabajos, viviendas para trabajadores y familias, una escuela, una capilla, servicios básicos (luz, agua corriente, recolección de basura) y algunos comercios. Poco a poco, entre picos y palas —literalmente—, el pueblo se levantó. En la década del 90, al igual que en tantos espacios y puestos de trabajo, el neoliberalismo cerró las puertas a la producción y, con ella, a múltiples formas de vida. 

A partir de ese momento, el pueblo resiste a la falta de políticas públicas, a la ausencia de servicios y de trabajo, y, principalmente, a la ausencia de títulos de propiedad. 85 familias componen al pueblo, de las cuales la mayoría reside allí desde su origen. Sin embargo, para la ley, el Estado y algunos empresarios de la zona, la tierra no es de quien la trabaja. 

5 km separan al pueblo de la ruta E53. El camino, encurvado y con un ripio más o menos estable, no se caracteriza por la belleza natural o, más bien, aquella belleza queda tapada por el tráfico constante de camiones de dimensiones desubicadas para ese paisaje. ¿Qué hay en el medio de una fábrica en quiebra y abandonada hace años, y un pueblo sensiblemente afectado por una corriente constante de camiones? Un millón de cosas. Desde una nueva empresa que se instala en el lugar a historias, momentos, quiebres y renaceres. Este artículo es sobre una de esas historias: la cooperativa de cerámica Jallalla.

Canteras Amadeo y el monopolio territorial

El principal drama que viven las familias del Sauce es a partir de la imposibilidad de obtener un título de tierra. De allí se desprenden tantos otros. Cuando, a fines de la década del 90, la empresa CEFAS (última en explotar la cantera) quiebra, sus dueños deciden “donar” las viviendas construidas a extrabajadores y sus familias. El tema es que nunca se concretó el trámite y las familias aún hoy continúan sin el título. Durante el funcionamiento de la fábrica, había mantenimiento de viviendas e infraestructura urbana, lo cual devino, posterior a su cierre, en el abandono total por parte del Estado.

En el año 2005, la empresa “Canteras Amadeo”, dedicada principalmente a la extracción de ripio, comienza a ejercer su dominio territorial sobre El Sauce. La situación cambió dramáticamente con la llegada de la misma: de 900 empleados durante la década de los 90 a solo una decena en la actualidad. A su vez, la calidad de vida también se ve afectada por los ruidos que producen las explotaciones en la cantera; por el polvo y la tierra en el aire; por el tráfico de camiones en pequeñas calles, lo que supone un riesgo para la población que, en su mayoría, se mueve a pie. Nunca se realizó —como no es de extrañar— el informe de impacto ambiental.

A nivel legal, las tierras “pertenecen” a la empresa. Esto significa que todos los trámites para el correcto funcionamiento de los servicios, como así también para la posibilidad de acceder a una vivienda propia, deben pasar por Canteras Amadeo. Valeria Cotaimich, directora del ELAPS (Espacio laboratorio de arte/s performance/s política, salud y subjetividad/es), perteneciente a la facultad de Psicología de la UNC, nos brindó parte su trabajo doctoral, basado en experiencias y articulaciones con vecinxs de la comunidad. Esta es la situación:

“Del total de 74 (100%) casos relevados, 44 casos (59,46%) corresponden a ‘Ocupantes por préstamo’; 16 (21,62%) a ‘Ocupantes por trabajo’; 11 (14,86%) a ‘Propietarios de vivienda y terreno’; 1 (1,35%) a ‘Propietario solo de vivienda’; 1 (1,35%) a ‘Inquilinato’ y 1 (1,35%) a otra situación no especificada”. 

No hay agua corriente, el abastecimiento es mediante pozos de algunos hogares y camiones que pasan a cuentagotas. Recién a fines de abril de este año, EPEC comenzó el trabajo para abastecer de luz al pueblo. Hasta que la obra concluya —obra que lleva más de 20 años de atraso—, solo un transformador suministra electricidad a las 85 familias. La frecuencia en la recolección de residuos es escasa —solo lunes y jueves por la mañana—, lo que genera basurales a cielo abierto. No hay sistema cloacal ni de transporte que le permita a la comunidad trasladarse de un pueblo a otro. En todas sus dimensiones, el derecho a la vivienda se encuentra totalmente ausente. 

Pero El Sauce trama su resistir y su insistir. En las calles, en las casas de lxs vecinxs, en espacios recuperados, a la orilla del río. Por el encuentro vecinal —sumado a organizaciones sociales y sectores de la Universidad de Córdoba que se acercan—, se entrama un futuro otro, diverso y colectivo. 

Rescatamos el caso de un grupo de mujeres que se juntaron para formar una cooperativa y, con ella, una forma de hacer, de su espacio de vida, su territorio de existencia. Como el árbol que se sostiene desde sus raíces, la cooperativa “Jallalla” teje sus propias redes.  

Jallalla: así es, aquí estamos 

El lugar en donde se desarrolla la cooperativa “Jallalla” es una reinvención total del tiempo y del espacio. Sus ladrillos y su ubicación, indican que es el cuarto delantero de la capilla “San José”, un cuarto debajo de las campanas. Pero hoy, ese cuarto, pequeño de espacio, pero gigante de fuerza, ha sido reinventado por tres mujeres emprendedoras. “Somos un grupo de compañeras que formó una cooperativa en 2018, apostando por la autogestión y la economía social. Nos unimos en busca de un salario digno en el que podamos decidir sobre nuestra forma de trabajo”, afirman sus integrantes. 

En el lugar —entre cientos de productos de cerámica (terminados y por terminar), un horno para cocinar, algunas sillas y una mesa que ocupa poco más de la mitad del espacio—, Carolina, Gabriela y Vanesa miran atentas sus producciones y la ventana que abre paso al pueblo.  “Es hermoso trabajar con cerámica”, nos dice Carolina mientras observa un mate con el símbolo de la cooperativa dibujado. “Estamos todo el día acá, pasamos nuestra vida acá adentro. La colada, la pintura, cocinar los productos… Encontramos nuestro oficio y nuestro lugar en el mundo”.

La cooperativa surge a partir de la organización asamblearia que se desarrolla en el pueblo desde hace un poco más de 5 años, con la llegada de la organización social “La Poderosa”. “Como organización, en cada barrio, territorio donde trabajamos, lo hacemos de forma asamblearia. Por eso, son asambleas de La Poderosa en cada territorio, es la asamblea de La Poderosa en El Sauce. Así trabajamos, horizontalmente, con consenso, es la forma que nos atraviesa en cualquier espacio”, dice una de las referentes de la organización en el lugar. 

El camino recorrido para la realización de la cooperativa comenzó con un curso de capacitación en trabajo con cerámica, posterior pedido del lugar —con todo lo que ello significa— y la puesta en marcha de la producción. “Empezamos con un curso del CEDER. Nos conocimos allí. Decidimos hacer la coope acá, con las chicas. Y aquí estamos, trabajando. Al curso lo hicimos en la parroquia y, luego, nos donaron esta parte”, comenta Gabriela. Entre risas de complicidad, Carolina agrega: “Costó conseguir el lugar, costó mucho, pero acá estamos”.

El proceso de cooperativizarse a nivel legal está en marcha. Pero claro está que el proceso de trabajar cooperativamente ya es una realidad: trabajo sin patronxs, horizontal y solidario, y con una potencia política pensada hacia el futuro y como forma de resistir y luchar por la tierra. Es una cooperativa con todas sus letras y más. Una red. Porque es a partir de relaciones, diversas, pero no jerarquizadas, de encuentros, entre su propio lugar y trabajo, con otras asambleas y otros espacios.

“Acá decimos que El Sauce volvió a ser vida desde que comenzamos a organizarnos en las asambleas y con La Poderosa. Nosotras éramos en nuestras casas nomás. Teniendo hijos, lavando, limpiando. Ahora estamos llenos de vida, de amor. Estamos trabajando, además, para tener un espacio propio para el merendero, las peñas, el apoyo escolar y juegos para los chicos. Los chicos sueñan con tener ese espacio. Yo hace 22 años que vivo en El Sauce y nunca había tenido un trabajo. Y ahora lo tengo y amo mi trabajo. Y estamos cerca”, refiere Gabriela. 

Las uñas enmarañadas con tierra crean productos que expresan la forma de vida por la que se combate. Mates, cuencos —soperos, locreros, guiseros—, tazas de diferentes colores, tamaños y dibujos se producen en ese pequeño cuarto. Jallalla, que en aymara significa agradecimiento por la vida y la esperanza, es el principio de un proceso que tiende a recuperar la tierra y la dignidad del trabajo.O, por qué no, de reinventar la tierra y la dignidad por el trabajo. “Tomamos esta palabra para honrar a las comunidades que dignifican sus vidas día a día”, así lo afirman las compañeras. La tierra es para quien la trabaja, reza una y otra vez la lucha popular. Podríamos decir, también, que el pueblo es de quien lo habita.

*Este texto fue originalmente publicado en La tinta / Imagen de portada: Cooperativa de cerámica Jallalla.

Caravana Wixárika avanza casi 600 km; se deslinda de partidos políticos

Desde muy tempranas horas de la mañana hasta que entra la noche, miembros del pueblo Wixárika avanzan a pie desde sus tierras ancestrales, establecidas entre los estados de Guadalajara y Nayarit, hasta llegar al Palacio Nacional, Ciudad de México; un total de 900 kilómetros.

Su objetivo es caminar hasta Ciudad de México, para que les sea atendida la exigencia de la restitución de sus tierras. Hasta el momento han avanzado 580 km en 22 días.

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no le ha dedicado ni un minuto al tema en sus conferencias matutinas. Por otra parte, se ha dejado ver el oportunismo político, como la aparición improvisada del gobernador de Jalisco, quien provocó una escena de solidaridad al doceavo día de que la caravana inició.

En conferencia de prensa, realizada este lunes (16), los integrantes de la caravana se deslindaron de pertenecer a cualquier partido político, así como de ser financiados por alguna instancia.

“No hay nadie detrás de nosotros como pueblo Wixárika”, señaló el indígena Oscar Hernández Hernández, quien es comisariado de bienes comunales de la comunidad Wixárika. “Ni un partido político nos ha estado financiando. Muchos de los funcionarios que no les caemos bien como pueblos originarios seguramente están pensado de que alguien está detrás de nosotros”. 

Con una mezcla de rabia y cierta calma, Ubaldo Valdez Castañeda, comisionado agrario de la comunidad Wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlan y Tuxpan de los municipios de Mezquitic y Bolaños, en Guadalajara, Jalisco, expresa, “están cansados nuestros pies, pero estamos más cansados de esperar la justicia, para que se nos restituyan nuestras tierras, eso sí es un verdadero cansancio”.

El pueblo Wixárika es uno de los pueblos más grandes de México, con un territorio de más de 240 mil hectáreas, donde siembran sus alimentos y reproducen su cotidianidad pero, sobre todo, donde realizan sus ceremonias ancestrales “con la tierra y el universo”, como lo describe el indígena Valdez.

Tierras

Desde 15 años atrás, han emprendido una disputa jurídica por el despojo de más de 11 mil hectáreas de tierras, ocupadas, principalmente, por ganaderos de la región.

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Son 81 ganaderos que, en la zona de Huajimic, municipio de La Yesca, en el estado de Nayarit, tienen en sus manos 10448 hectáreas. Otras 800 hectáreas han sido invadidas en Puente de Camotlán, del mismo municipio.

Según el abogado de la comunidad, Carlos Gonzales, en el primer caso, “hasta el día de hoy, la comunidad ha logrado que se ejecuten 4 expedientes por 290 hectáreas, lo cual es aproximadamente el 2%, una superficie insignificante”, dijo.

El abogado agrario destaca que se está efectuando una violación grave de derechos humanos sobre diversos convenios y tratados internacionales, al no resolverles el problema del despojo de esta tierra a este pueblo. Tan solo en Wajimik “en total estamos hablando de 54 juicios”, asevera Gonzales.

Este pueblo originario es reconocido por conservar fuertemente su lengua y sus tradiciones. Con esta caravana a pie, hombres, mujeres y niños que la componen, buscan ser atendidos por el presidente López Obrador, “para que dialoguemos y platiquemos y nos comente cuál va a ser el mecanismo o cómo va proceder para que se nos restituyan las tierras que nos han invadido y que hemos ganado en los tribunales agrarios”, sostiene el comisariado de bienes comunales de la comunidad Wixárika.

Silencio

A unos cuantos días para arribar a Palacio Nacional, hasta el momento, la respuesta por parte del mandatario mexicano ha sido el absoluto silencio. “López Obrador no se ha pronunciado al respecto y, con esto, vuelvo a reafirmar que en México los pueblos indígenas somos los invisibles, los sin voz, los sin derechos. Solo en el discurso está el ‘primero los pobres, primero los pueblos originarios’”, ha señalado Sitlali Chino Carrillo, presidenta de la Concertación Agraria de la comunidad.

La presidenta argumenta que la lucha y resistencia por sus tierras comprende más de 60 años. Por ello, sostiene Chino, “venimos caminando como manifiesto para que se nos atienda”, ya que “en México, es el mismo Estado que nos despoja de nuestras tierras, de nuestra identidad, también de nuestra lengua.  Y sino es así, que se nos demuestre con hechos, que se nos atienda el conflicto agrario”.

Esta caravana empezó el 25 de abril y se planeó durante todo un año en sus asambleas, “por la falta de interés por parte del gobierno para restituir las tierras”, agrega el comisionado Valdez.

Tras el silencio del presidente de México, existe una preocupación latente por parte de los integrantes de la caravana. No obstante, han anunciado que no regresarán a sus comunidades de origen hasta que se les restituyan sus tierras.

López Obrador, desde que asumió el poder, ha usado despectivamente ciertos conceptos, principalmente, contra pueblos originarios que defienden sus territorios. Por ello, el pueblo Wixárica ha puntualizado, “no somos conservadores, no somos liberales, no somos demócratas, no somos de derecha, nos somos de izquierda. Somos pueblos originarios del norte de Jalisco, que lucha, para seguir seduciendo a las deidades de nuestro universo y, sobre todo, a la madre tierra”.

Los miembros de esta caravana esperan también visitar la Cámara de Diputados, como un derecho al ser mexicanos, donde también se sumarán más pueblos originarios, su objetivo es dar un mensaje al país sobre la situación que viven como pueblos.

“En unos días más vamos a convocar a otros pueblos. De hecho, otros pueblos ya se están sumando a esta caravana, de la dignidad y conciencia. ¿Por qué dignidad? porque los pueblos debemos tener dignidad, que no se nos pisoteé la dignidad. ¿Y por que conciencia? tenemos que mostrar el verdadero rostro del pueblo de México, esto es un ejercicio de hacer conciencia, en la caravana”, sobre todo del despojo, anuncia el comisionado Valdez.

Al cierre de esta nota, la Caravana de la Dignidad y Conciencia está por cumplir 23 días caminando y, hasta el momento, se han sumado expresiones de solidaridad a su paso, desde comida, hospedaje y el apoyo de otros pueblos. En la Universidad de Guadalajara se creó un centro de acopio de víveres.

Desde el 9 de mayo, por decisión en asamblea, también se ha sumado a la caminata el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta y en Contra de la Minería en su territorio.