^{por Violeta Santiago / Quinto Elemento Lab}

^{Diseño de portada: Omar Bobadilla}

En los últimos 20 años, el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fue el que más dinero federal entregó a compañías que más tarde serían declaradas Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Durante su sexenio se asignaron 5 mil 333 millones de pesos a empresas fantasma, según el análisis de 3 mil 529 contratos realizado por Quinto Elemento Lab con el apoyo del Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El cruce de información de Compranet con el listado de EFOS definitivas del SAT reveló la magnitud de estas contrataciones.

Entre cientos de beneficiarias destacó la firma petrolera Zapata Internacional, que se quedó con una tercera parte del botín que acumularon las compañías fantasma en el calderonismo. Con solo un contrato por mil 809 millones de pesos se convirtió en la EFOS que más dinero federal ha recibido en la historia.

El SAT confirmó en 2017 que la empresa carecía de activos o personal suficiente para realizar las obras. Sin embargo, años atrás fue vinculada al proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), una apuesta de Pemex Exploración y Producción (PEP) para frenar la caída de la producción petrolera nacional.

Pero Zapata Internacional no trabajaba en solitario. Era parte de una red de compañías con raíces en Tabasco y Tamaulipas, cuya influencia ha perdurado desde el sexenio de Calderón hasta el de Claudia Sheinbaum. Integrada por una veintena de petroleras, la red se ha relacionado con un exdirectivo de Pemex y empresarios cercanos al movimiento lopezobradorista.

A pesar de las irregularidades en que incurrió, ni Pemex dejó de emplear a Zapata Internacional, ni hubo investigaciones sobre los contratos o la red de empresas tejida alrededor de la facturera, incluso varias de las compañías que la integran trabajan con dinero público en la actualidad.

Dinero fantasma para un proyecto sin futuro

Presentado públicamente como la mayor reserva de crudo en territorio nacional, el proyecto ATG fue la gran apuesta petrolera del sexenio calderonista. El plan de Petróleos Mexicanos (Pemex) consistía en explotar el Paleocanal de Chicontepec, una faja de 3 mil 815 kilómetros cuadrados ubicada al norte de Veracruz, entre Poza Rica y las montañas bajas de la Sierra Madre Oriental, donde ya había un millar de pozos perforados desde 1971.

Como parte de ese proyecto, considerado fundamental para la reactivación de la industria energética del país, Pemex adjudicó en 2009 un contrato a Zapata Internacional por mil 809 millones de pesos para la perforación de pozos.

Los orígenes de Zapata Internacional son inciertos. Según su acta constitutiva, fue creada en 1991 en Reynosa, Tamaulipas, con cinco socios —un químico, un estudiante veinteañero, un contador, un biólogo y un ama de casa— y se dedicaba a distribuir fluidos químicos para perforaciones. Uno de los fundadores era Juan René Rivera Martínez, padre de César Rivera Zamudio, quien eventualmente ocuparía el cargo de representante legal en la firma.

Aunque la figura legal de las EFOS se creó en 2014, desde años antes la empresa mostraba indicios de ser una facturera.

Uno de los primeros signos de alerta fue su domicilio fiscal; según el contrato con Pemex, correspondía a una zona habitacional de Reynosa, originalmente de clase media. Era una vivienda adaptada como espacio de oficinas, anexa a una nave industrial, que además coincidía con la dirección particular de dos de sus socios. Una visita permitió comprobar que la empresa alguna vez operó en el lugar, pero el inmueble lo ocupa ahora una compañía electricista. Utilizar “viviendas de personas colaboradoras” o “una casa cuyas características no tienen coherencia con el rubro de la empresa, es indicativo de que carece de las condiciones para llevar a cabo una actividad específica”, dice Natalia Campos.

Utilizar “viviendas de personas colaboradoras” o “una casa cuyas características no tienen coherencia con el rubro de la empresa, es indicativo de que carece de las condiciones para llevar a cabo una actividad específica”, dice Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). 

La adjudicación directa es otro foco rojo, afirma Campos. “Es más fácil hacer corrupción con una adjudicación. Facilitan mucho que pagues un favor, que se ejerza soborno, desvío de recursos, porque no tienes que hacer ningún concurso, un acta de junta de aclaraciones”.

Zapata Internacional apenas había obtenido tres contratos con PEP, el primero en 2006. A pesar de su escasa experiencia, el proyecto energético insignia del calderonismo consideró que la empresa tamaulipeca estaba a la altura de petroleras consolidadas como Schlumberger, Weatherford y Servicios Integrales GSM —subsidiaria de Grupo Carso, de Carlos Slim—.

La asignación del ATG a la facturera ocurrió en un momento delicado. Hasta 2009, la administración de Calderón había invertido más de 52 mil millones de pesos con el objetivo de producir medio millón de barriles diarios de petróleo, cuando apenas lograba generar unos 32 mil barriles. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) advirtió que el proyecto no era rentable; Pemex insistió en que se necesitaba perforar más.

La petrolera estimó que requería 20 mil pozos para que el ATG fuera productivo, pues el yacimiento, aunque rico en hidrocarburos, es como un queso gruyer: el aceite se encuentra atrapado en múltiples formaciones rocosas a más de un kilómetro y medio de profundidad y, para extraerlo, hay que romperlas inyectando agua, una técnica conocida como fractura hidráulica o fracking.

Del total de mil 779 pozos proyectados para 2009, PEP encargó a Zapata Internacional perforar 144 y hacer trabajos complementarios en siete. Según el contrato, firmado por Rivera Zamudio, apoderado de la empresa, y cinco funcionarios de la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos de la División Norte de PEP, las obras arrancaron el 17 de junio de 2009 y debían estar listas el 16 de julio de 2011.

Un mes antes de la fecha de entrega de los pozos, la facturera solicitó alargar el plazo hasta diciembre de 2011 porque la perforación era más difícil de lo previsto, ya que el petróleo se encontraba por debajo de los dos kilómetros de profundidad y las excavaciones eran inestables. Más adelante pidió otra prórroga hasta diciembre de 2012. 

Zapata Internacional no podía terminar los pozos y el sexenio de Calderón casi concluía. En los convenios modificatorios consultados por Quinto Elemento Lab, Pemex admitió que los retrasos impactaron en los planes energéticos del país, porque al no contar con los pozos “no se cumplirían las metas de producción establecidas por la Subdirección [de Exploración] para el año 2012”.

Según el contrato, las dos únicas condiciones que justificarían una prórroga eran que ocurriera un acontecimiento de fuerza mayor o que hubiera una omisión de PEP en el sitio de los trabajos afectara el desarrollo de los mismos. No queda claro en los convenios de ampliación que la justificación se debiera a alguno de esos puntos.

Finalmente, tras cuatro aplazamientos, Zapata Internacional entregó los pozos en mayo de 2013, un año y ocho meses más tarde —casi el doble del tiempo establecido— de lo acordado en el contrato inicial. Pemex solo penalizó a la empresa fachada por retrasos de 168.81 días, cuando en realidad necesitó 624 días adicionales para terminar las obras.

De acuerdo con especialistas, las factureras no siempre desaparecen sin cumplir con los trabajos. “No creo que todas las EFOS tengan servicios inexistentes, porque hay distintas características. Una es que no tenga activos, o suficiente personal, o infraestructura para llevar a cabo la razón por la que le contratan”, dice Sarahí Salvatierra, experta en rendición de cuentas de la organización civil Fundar.

Por eso, aunque exista la obra, al contratar una empresa fantasma “te enfrentas, digamos, a otro tipo de circunstancias: la calidad, el costo… y eso es muy importante”, opina el exdirector del Área Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Gerardo Lozano. 

Con base en su experiencia, el fiscalizador menciona distintos perjuicios causados por las EFOS, como atrasos en los tiempos de entrega, sobrecostos por la subcontratación de empresas que sí cuentan con maquinaria o personal, e incluso problemas de calidad en las obras, que no siempre se notan a simple vista. 

Según datos de la CNH, de los 144 pozos perforados y los siete que recibieron mantenimiento por Zapata Internacional, 97 están inactivos, de 19 no hay información, 34 tienen baja producción, y uno, el Corralillo-642,  se encuentra en estado de abandono permanente. De este último, solo queda, según se observa en imágenes de Google Earth, un círculo grisáceo rodeado de maquinaria oxidada, en medio de la exuberante vegetación que va reclamando su lugar. 

Al final, los mil 809 millones de pesos que Pemex pagó a la empresa fantasma sirvieron para perforar 34 pozos que producen apenas 326 barriles diarios de petróleo, cifra que equivale a una pipa de gasolina, que permite llenar el tanque de aproximadamente 462 autos.

Es “una enorme cantidad de recursos para haber obtenido tan poco petróleo”, señala Roberto Gutiérrez, investigador del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa, quien ha estudiado la política energética en el sexenio de Calderón.

Tormentas, béisbol y redes que llegaron al gobierno de AMLO

Aunque Zapata Internacional no cumplió con los plazos establecidos para acabar los pozos, PEP le otorgó, todavía en el sexenio de Calderón, un nuevo contrato a esta empresa en propuesta conjunta con Integradora de Perforaciones y Servicios (IPS). Pemex estableció en dos tipos de divisa el monto a pagar por trabajos de limpieza en el pozo Samaria-864, en Tabasco, que en total sumaron 98.7 millones de pesos y 14.6 millones de dólares

Luego, en la administración de Enrique Peña Nieto, PEP contrató a Zapata Internacional en ocho ocasiones más, por un total de 292.1 millones de dólares. El primer convenio del peñanietismo se firmó en marzo de 2013, cuando la EFOS aún no entregaba los pozos del ATG. Pero la facturera no estuvo sola, ya que volvió a trabajar con IPS, una empresa constituida en Tihuatlán, municipio vecino de Poza Rica.

Según información de Transparencia, este contrato por adjudicación directa fue otorgado para terminar el pozo Coapechaca-850, como parte del moribundo proyecto ATG. Pero, al igual que en el pasado, Zapata Internacional e IPS no pudieron concluir la perforación en el plazo estipulado.

La relatoría del contrato muestra que el retraso de la empresa fantasma ocasionó que los trabajos se extendieran hasta una temporada con clima adverso. Entonces, lo peor que podía pasar, ocurrió. La tormenta tropical Ferdinand asoló la región, el río Cazones aumentó su cauce, y uno de sus brazales inundó la zona de trabajo, que por falta de bombas de succión quedó anegada durante meses. Coapechaca-850 tuvo que ser taponado temporalmente.

El pozo que debía estar listo para septiembre de 2013 nunca se terminó. A mediados de 2014, Pemex insistió a Zapata Internacional que siguiera con la obra a cambio de ampliar los tiempos de entrega, pero se negó, “argumentando su falta de recursos para continuar con la ejecución del contrato”. Vía Transparencia, PEP confirmó que por este pozo inconcluso pagó 9.5 millones de dólares a las dos firmas.

En 2017, el SAT incluyó a Zapata Internacional en su lista de EFOS definitivas y puso un freno a su contratación, después de dos sexenios de convenios por más de 900 millones de pesos y 312 millones de dólares.

Pero esta historia no termina aquí.

Quinto Elemento Lab descubrió que la EFOS que más dinero federal ha facturado en las últimas décadas es apenas un nodo dentro de una red conformada por más de cincuenta empresas, de las que al menos 25 han sido contratadas alguna vez por Pemex. Y con las conexiones expuestas, las contratistas que parecían estrellas solitarias se desvelan como parte de una misma constelación.

Que una facturera como Zapata Internacional pertenezca a una amplia red de compañías con servicios similares puede explicar tanto su capacidad para cumplir con algunas obras —aunque a destiempo—, como su razón de existir, dicen especialistas. 

“Es más por un tema de beneficiarios finales o empresas que se crean para recibir moches [...], que se pierda el rastro del dinero”, explica Oropeza, de Fundar. Es decir,  que hay firmas que funcionan como fachada de compañías que sí tienen la capacidad de hacer las obras, pero quieren ocultar a los verdaderos ganadores de los recursos, denominados “beneficiarios finales”.

En su círculo más cercano, las raíces de Zapata Internacional abarcan otras cuatro empresas constituidas principalmente por César Rivera Zamudio —quien firmó el contrato para los pozos del proyecto ATG— y su madre, Lilia Guadalupe Zamudio, también accionista de la EFOS. 

Una es Grupo Deportivo Reynosa, dueña de la marca del equipo de béisbol Broncos de Reynosa, que creó una sociedad con el Ayuntamiento de Reynosa, representado por el exalcalde Óscar Luebbert Gutiérrez. De acuerdo con el periódico El Mañana, el municipio pagó la totalidad de la rehabilitación del estadio Adolfo López Mateos para beneficio de la firma, que no tuvo que invertir.

Al mismo tiempo, Zapata Internacional se conecta con dos grandes brazos, compuestos, sobre todo, por compañías petroleras. El vínculo se explica a partir de Edmundo Andrade Martínez, un hombre originario de Tabasco, actualmente de 66 años. Además de ser el representante encargado de solicitar la disolución de la empresa ante la Secretaría de Economía, poseía acciones de Grupo Industrial de Tabasco, Ciabe y OTS Oil Tools Services.

Uno de los ramales surge del Grupo Industrial de Tabasco. Por medio de uno de sus socios, Julio César Campos Frías, la red se entrelaza con Luis Carlos Vizcarra Millán, relacionado con firmas como Canamex Energy Holdings, American Oil Tools, Grupo Industrial de Tamaulipas, y Perfolat de México, todas constituidas en Villahermosa en la Notaría 27 de Adán Augusto López Hernández, líder de Morena en el Senado.

El otro ramal parte de OTS Oil Tools Services y Ciabe, que comparten múltiples vínculos con IPS, la firma con la que Zapata Internacional trabajó en conjunto. Mario Alberto y Elvia Guadalupe Basurto Origel, de IPS, también forman parte del Núcleo de Desarrollo Técnico Chicontepec —ahora llamado Núcleo Sepec OFS—, al que se sumaría como accionista Maclovio Yáñez Villagrán, exsubdirector de la región norte de PEP en el sexenio de Vicente Fox.

A partir de aquí, la red explota alrededor del exfuncionario y de su hijo, Maclovio Esteban Yáñez Mondragón, señalados como figuras cercanas a López Hernández, según publicaciones de Latinus y de medios locales. Entre sus múltiples firmas destacan Núcleo y Zook Oilfield Services, seis compañías cuyos nombres inician con Sepec, y el equipo de fútbol Racing F. C. Porto Palmeiras de Boca del Río, el Monstruo Morado.

A todas las empresas y personas mencionadas en el reportaje se les envió un cuestionario a los correos electrónicos registrados ante el SAT. Con algunas, además, se buscó el contacto mediante sus páginas web, redes sociales o por teléfono. En algunos casos se encontró que las empresas compartían contactos o registros. No hubo respuestas. También se le compartió un listado de preguntas al senador Adán Augusto López mediante un enlace de prensa, pero no lo contestó.

Como las factureras suelen funcionar en redes, explica Salvatierra, “hace falta un cruce masivo de información que pueda identificar quiénes son los dueños de las empresas, los socios, los representantes legales, los accionistas”.

No obstante, hasta ahora la única compañía de este entramado inmovilizada por el SAT es Zapata Internacional.

“No se les busca a los servidores públicos, no hay ni quien haga un cruce para decir: esta era una EFOS, apenas la descubrieron en el 2020, pero resulta que fue una EFOS en el 2015… Quienes están haciendo estos cruces son los periodistas”, señala Vania Pérez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

La Fiscalía General de la República no respondió a Quinto Elemento Lab sobre si existen denuncias iniciadas por PEP por la contratación de EFOS. Y la Secretaría de la Función Pública (SFP) tampoco confirmó si el Órgano Interno de Control de PEP u otra dependencias realizó alguna observación, recomendación o sanción por los contratos con Zapata Internacional.

Las empresas de la red que han estado más cerca del escrutinio de las autoridades han sido Sepec Cts y Sepec Well Services, por presentar información falsa en licitaciones.  Fueron sancionadas en 2017 por la SFP con cinco y diez años, respectivamente, aunque en 2021 un tribunal echó abajo las penalizaciones. Canamex, Perfolat de México y American Oil Tools también fueron castigadas en 2017 por incumplir con el programa mínimo de trabajo en un campo petrolero de Veracruz. 

Sin embargo, eso no ha frenado a las compañías de la red para seguir obteniendo contratos.

Aunque no fue posible precisar cuánto dinero se han llevado las contratistas de esta estructura empresarial —muchos convenios se firmaron hace dos o hasta tres sexenios—, esta investigación descubrió que, durante el gobierno de AMLO, nueve empresas de la red obtuvieron contratos con Pemex por más de 45 mil millones de pesos, de los cuales seis están vigentes hasta 2025 y 2026, es decir, en la administración de Claudia Sheinbaum.

Son Canamex Energy Holdings, del ramal de compañías de Luis Carlos Vizcarra; Multiservicios de Perforación Geopetroleros e IPS, relacionadas con Mario Alberto Basurto, y Núcleo Sepec OFS, Tabasco OFS y Sepec Oilfield Services, de las firmas vinculadas a Maclovio Yáñez.

Zapata Internacional resultó ser un mechón más en un campo petrolero —como los miles de pozos que arden en el ATG— que creció con Calderón y tuvo su declive en el sexenio de Peña Nieto, pero su entramado sobrevivió. 

“La corrupción trabaja en red, que es también muy similar a como trabaja la delincuencia organizada: si tú cortas una cabeza no va a pasar nada, se va a volver a reestructurar”, ejemplifica Salvatierra, especialista de Fundar.

Con una sola firma inmovilizada por el SAT, el resto se ha ramificado en inmobiliarias, transportistas, operadoras de eventos, hoteles y hasta equipos deportivos, pero sobre todo en compañías petroleras. El resultado: un consorcio que ha perforado los recursos públicos durante tres sexenios y sigue vigente gracias a contratos con Pemex.

^{por Violeta Santiago / Quinto Elemento Lab}

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En 2017, el gobierno oaxaqueño de Alejandro Murat destinó 127 millones de pesos de un programa federal a la construcción del Hospital de Especialidades en Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec. Pero el contrato terminó en manos de Constructora Kedmex, una empresa fantasma con un historial de obras hospitalarias inconclusas. Por más de un año, la edificación del hospital ni siquiera comenzó.

Servicios de Salud de Oaxaca asegura que el contrato se rescindió. Y como no se volvió a licitar, una empresa privada construyó el cascarón y lo donó. Aunque actualmente funciona en ese lugar el Hospital Materno Infantil de Juchitán, el verdadero costo de haberle entregado la obra a una compañía inexistente fue el tiempo: el inmueble, que debía estar listo en agosto de 2019, se inauguró apenas en 2023.

La dependencia y el exgobernador recibieron por escrito una serie de preguntas para este reportaje, aunque no ofrecieron respuesta.

Para juchitecos como Roxana Palma Pérez, la confusión permanece. “Se supone que tenemos un hospital de especialidades”, dice. “Sería muy bueno que se investigara qué tipo de hospital es”. Palma, quien recuerda muy bien el proyecto original, desconocía que una empresa fantasma retrasó y condicionó su entrega.

Este es solo uno de los cientos de contratos de obras de infraestructura que el Gobierno mexicano dejó en manos de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), como define el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a las compañías que existen solo en el papel.

Quinto Elemento Lab reveló en un reportaje anterior que, entre 2002 y 2022, las empresas fantasma obtuvieron contratos públicos por un total de 11 mil 492 millones de pesos. Esta entrega expone que, de ese monto, 5 mil 716 millones de pesos —incluidos 694 millones de pesos procedentes de programas federales— eran para ejecutar proyectos destinados a mejorar la vida de la ciudadanía.

Es decir, casi la mitad del dinero que en dos décadas terminó en manos de EFOS era para infraestructura básica: obras carreteras, en hospitales o escuelas, pavimentación de calles, ampliación de redes de agua y otros servicios esenciales que, en el mejor de los casos, se hicieron con sobrecostos, a destiempo o con problemas de calidad, y, en el peor, quedaron inconclusos o se cancelaron.

El flujo de recursos federales —de los tres niveles de gobierno— a EFOS equivale a poco más de 285 millones de pesos anuales durante dos décadas.

“Hay hospitales que no se terminaron por factureras, […] hay compras de medicamentos y de equipo que no se realizaron”, destaca Luis Pérez de Acha, abogado experto en derecho fiscal y en EFOS. “Son muchas fugas de dinero que no se transmiten en obras y servicios públicos federales, estatales y municipales”.

En carreteras, mayores recursos para EFOS

La mayor cantidad de dinero que recibieron las empresas fantasma en los últimos 20 años se asignó a contratos de mantenimiento, construcción o rehabilitación de caminos rurales y carreteras, sobre todo en Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, Chiapas y Nuevo León, entidades que concentran más de una cuarta parte de la red carretera nacional.

Más de 4 mil millones de pesos se distribuyeron entre 81 factureras a través de 330 contratos para ese tipo de obras, según la base de datos con información de Compranet y el listado del SAT de empresas declaradas EFOS definitivas al corte del 31 de enero de 2023, elaborada por Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

De la treintena de oficinas federales y estatales, y gobiernos municipales que asignaron los recursos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) fue la que concentró más de la mitad de los contratos y del dinero.

La proveedora fantasma que más recursos obtuvo de la SICT fue la compañía Insumos y Maquinaria, fundada en 2002 en Monterrey por un par de socios domiciliados en la Ciudad de México y el Estado de México. Solo de esta dependencia recibió contratos por casi 662 millones de pesos.

Eran para obras de mantenimiento carretero en Nuevo León y Tamaulipas, aunque también se le asignaron trabajos en otras regiones, como el mantenimiento de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, y tramos del libramiento Guadalupe-Zacatecas y de la México-Cuautla.

En segundo puesto, con 559 millones de pesos en contratos, figura Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, una empresa tamaulipeca que acabó involucrada en un juicio por lavado de dinero iniciado en Texas contra el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington.

A ambas empresas se les envió por correo electrónico un listado de preguntas, sin que se obtuviera respuesta.

Para expertas como Janet Oropeza y Sarahí Salvatierra, de Fundar, organización civil que analiza políticas públicas, el principal problema de contratar a estas empresas es que carecen de personal, recursos o equipo para ejecutar los proyectos. Una vez que son detectadas el SAT las inmoviliza e incluye en el listado 69-B, el registro de empresas fantasma.

Mediante solicitudes de información, Quinto Elemento Lab obtuvo datos de 175 de los 330 contratos carreteros entregados a EFOS en las últimas dos décadas.De estos, en 62 contratos las dependencias admitieron no contar con pruebas de que las obras se hubieran realizado. En 67 casos no fue posible hacer una verificación porque las oficinas se declararon incompetentes o solo ofrecieron la información de manera presencial.

Sin embargo, las facturas evidencian que el dinero fue entregado a compañías inexistentes, sin que haya documentos probatorios de la ejecución de las tareas en archivos físicos y electrónicos, como en el caso de Materiales y Construcciones Villa de Aguayo.

La revisión de los contratos permitió conocer que en algunos casos  fueron rescindidos anticipadamente por las dependencias debido al incumplimiento de los proveedores fantasma.

Por ejemplo, en 2010, la SICT contrató a Consorcio Corporativo de Construcción en México (Cocomex) para realizar la ampliación de un tramo de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido. La firma recibió un anticipo de más de 10 millones de pesos, pero dejó el camino inconcluso luego de múltiples retrasos causados, según su representante legal, por “la terrible inseguridad que agobia al país en general”. En los últimos recorridos de la secretaría por la obra, el personal de la empresa ni siquiera se presentó.

La investigación también revela que, en ocasiones, cuando una EFOS abandona un proyecto, las dependencias no lo vuelven a licitar, lo que priva a las comunidades de las mejoras. Este fue el caso de un camino en Veracruz y una carretera en Sonora; en esta última, la empresa cobró el anticipo. Para ambos contratos, licitados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la SICT confirmó que no existían planes para reactivarlos .

Solo se encontraron pruebas de cumplimiento en 46 contratos de caminos y carreteras principalmente en Nuevo León, Oaxaca, Sonora y San Luis Potosí, entre otras entidades. La mayoría de los documentos son actas de entrega-recepción y, en pocos casos, bitácoras con fotos, evidencias que los especialistas consideran poco fiables.

Según Gerardo Lozano Dubernard, quien se desempeñó entre 2018 y 2021 como titular del Área Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, “no necesariamente el hecho de que te manden fotografías significa que pertenecen a la obra, sobre todo en pavimentación de caminos, calles, etcétera”.

No obstante, Quinto Elemento Lab descubrió que las empresas fantasma han hecho más que solo simular operaciones en el país: a veces sí realizan los trabajos.

El Libramiento Norte de Morelia, cuyos dos tramos costaron 162 millones de pesos, se considera una de las obras insignia de la administración de Enrique Peña Nieto. Inaugurada en 2016 por el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el desgaste del distribuidor vial ya ha requerido reparaciones, comenta una reportera local. Esta vía rápida, construida para descongestionar el tráfico de la ciudad, fue realizada por Saro Infraestructura, una empresa fantasma.

Las facturas de la compañía ubican su domicilio en el 212 de la calle Ignacio Pérez, en Toluca, una vivienda de una planta donde se rentan departamentos. Detrás de la firma se encontraban dos ingenieros civiles —un español, que ya falleció, y un mexiquense—, en ese entonces radicados en la capital del Estado de México.

Saro Infraestructura ya había trabajado con el gobierno de Calderón, pero fue durante el mandato de Peña Nieto cuando obtuvo cerca de 165 millones de pesos. Los recursos fueron otorgados principalmente para la construcción de los puentes Pedregal y Realito del libramiento en Morelia, licitaciones que ganó ofreciendo cotizaciones entre 15 y 30 millones de pesos más bajas que sus competidores.

Los contratos fueron firmados en 2014 por cuatro funcionarios; uno era el entonces director del Centro SCT Michoacán, Roberto Cervantes Martínez, quien actualmente es director general de Administración del Poder Judicial del Estado de México.

La empresa no contestó al cuestionario enviado por correo electrónico. Cervantes dijo por escrito que la empresa cumplió los requisitos de la licitación y desconoce si alguna autoridad inició un procedimiento de investigación por esta obra; también negó que hubiera subcontrataciones, aunque aclaró que la Ley de Obras Públicas lo permite.

El hecho de que una facturera sí construyera una obra llama la atención incluso de los expertos. Las EFOS se caracterizan por tener domicilios inexistentes y carecer de equipos o personal. Pero la explicación de estos proyectos radica en la subcontratación.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) comenzó a detectar este esquema de simulación de servicios o compras —posteriormente conocido por casos como la “estafa maestra”— en empresas que subcontrataban “proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos, y estos a su vez subcontratan a otras empresas y personas físicas, y se ha dado el caso de que son empresas inexistentes o vinculadas”.

Y eso fue exactamente lo que pasó con el Libramiento Norte de Morelia.

Héctor Santillán, contratista de Morelia, conoció a los representantes de Saro Infraestructura cuando lo contactaron después de que, en un comercio local donde fueron a preguntar quién rentaba maquinaria —“para no traerla desde México”—, les dieron su número. “No tenía ni idea de dónde venían”, cuenta Santillán vía telefónica a Quinto Elemento Lab. “Todo fue bien hasta que, ya casi al final, tuvieron este problema con el pago”.

A mediados de 2015 medios locales informaron que siete empresas detuvieron la construcción del distribuidor vial para exigir el pago de entre 7 y 9 millones de pesos de adeudos de Saro Infraestructura y otra compañía asociada que las subcontrató para levantar los puentes Pedregal y Realito. Santillán cuenta que le ofrecieron saldar su deuda con maquinaria, pero rechazó la oferta. “Al final del día sí nos pagaron”, afirma.

De ambos contratos la SICT expidió a Saro Infraestructura las actas de extinción de derechos y obligaciones que amparaban el cumplimiento de la compañía “en tiempo y forma”, conforme a “las normas de calidad” y “las especificaciones generales y particulares”. 

Para el exauditor Lozano, que una obra haya sido construida por una empresa que acabó calificada por el SAT como fantasma, expone irregularidades.

“Evidentemente hubo un sobreprecio, porque […] la entidad o dependencia que contrató a una EFOS, a su vez se volteó a subcontratar, es decir, no tenía los recursos humanos, materiales, financieros, para llevar a cabo la obra”, señala. “El daño está en la cantidad que se quedó la empresa que a su vez subcontrató”.

Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), añade que los trabajos realizados por las EFOS también pueden evidenciar problemas de calidad: “La obra está, pero está mal. De mala calidad. No con los estándares que debería”.

Contrataron factureras en obras públicas, salud y educación

Además del Hospital de Especialidades en Juchitán, la empresa Constructora Kedmex obtuvo contratos por 96 millones de pesos para realizar mejoras en un centro de salud en Tuxtepec y en otro hospital en Juchitán, además de pavimentar calles, rehabilitar o ampliar sistemas de agua potable, y construir drenajes y baños ecológicos.

La firma fue constituida en 2012 por dos hombres de entonces 20 y 31 años de edad. Sus domicilios se ubicaban en una zona ejidal al norte de la capital de Oaxaca. En el acta constitutiva, la compañía declaró dedicarse a 52 actividades comerciales, que incluían desde compraventa de material de construcción, trabajos de diseño gráfico, alquiler de mobiliario y ejecución de proyectos de infraestructura hasta la reparación de relojes.

Pero Constructora Kedmex no fue la única EFOS contratada para realizar obras públicas, mejoras en hospitales o escuelas, o adquirir equipo médico. En Oaxaca, otras 24 empresas obtuvieron contratos por 393 millones de pesos para proyectos similares. Y el panorama se repitió en todo el país.

Únicamente a obras públicas se destinaron más de mil millones de pesos. Poco más de la mitad de las 114 pavimentaciones encargadas a empresas fantasma se concentraron en Oaxaca, Tabasco y Sonora. Los contratos también incluyen 31 proyectos de alumbrado público, 37 obras de  drenaje y alcantarillado, 63 proyectos hidráulicos —incluidas plantas de tratamiento de aguas residuales—, 24 trabajos de mejoras en viviendas —donde destacan reconstrucciones tras los huracanes Kenia (en Nayarit) y Lane (en Sinaloa)— y 67 obras diversas.

En el sector salud, las EFOS obtuvieron contratos por 389 millones de pesos para construir o hacer mejoras en clínicas y hospitales comunitarios o generales, además de para la compra de medicamentos e insumos médicos.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hicieron tratos con empresas fantasma en estos rubros, desde el periodo de Fox hasta el de AMLO. Los contratos principalmente fueron para la adquisición de insumos utilizados en la atención de heridas crónicas, equipo de urgencias, termómetros, material de curación, medicamentos de especialidad, e incluso equipo para tratamientos de quimioterapia.

Detrás de esos contratos hay empresas como Interacción Biomédica, la mayor facturera del sector salud; Lurma Integral, una consultora multifunciones que vendía equipo médico, y Alyfranz, cuyo objeto principal era la manufactura en general, pero obtuvo convenios para suministrar material de curación, aspirinas, cremas para las quemaduras, fármacos antibacterianos, fungicidas y otros insumos.

Las firmas fueron contactadas a los correos electrónicos con los que se registraron ante la autoridad fiscal, pero no contestaron a las preguntas de este equipo.

Y en el sector educativo, los contratos sumaron 166 millones de pesos. Los proyectos incluían la edificación de domos, bardas perimetrales, mejoras en espacios, y construcción de aulas en 19 estados del país.

También entregaron dinero de programas federales

Además de los 5 mil 716 millones de pesos en convenios con empresas inexistentes para  carreteras, obras públicas, salud y educación, Quinto Elemento Lab identificó en su base de datos la existencia de otras contrataciones fantasma por 236 millones de pesos con recursos provenientes de 59 programas federales, creados para atender problemas públicos.

Algunos de ellos fueron el Programa Hábitat, que se diseñó para mejorar las condiciones de la vivienda; el de Fortalecimiento para la Atención Médica, que buscaba acercar servicios de salud a poblaciones marginadas; el de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua), enfocado en ampliar la cobertura de servicios hidráulicos y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que se destinó para brindar ayuda a poblaciones afectadas por fenómenos naturales.

Los contratos identificados tendrían que haber contribuido a alcanzar las metas de estos programas, pero fueron asignados a empresas fantasma.

Por ejemplo, a través del subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), gobiernos municipales en Tabasco, Coahuila, Puebla y Sinaloa otorgaron a firmas inexistentes 11.5 millones de pesos que debieron utilizarse en la compra de uniformes, chalecos antibalas o equipo de primeros auxilios.

Y, en algunos casos, los contratos fantasma ni siquiera estaban alineados con lo que requería la población o con los objetivos de dichos programas. Una situación que ilustra este hecho ocurrió a finales de 2018, cuando la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca asignó 21 millones de pesos del Fonden a la compañía fachada Grupo Constructor Raiza para el desazolve de una zona que conecta con una laguna en San Dionisio del Mar, en la costa oaxaqueña. En ese tiempo se necesitaban drenajes, recuerda Alfredo Velázquez, un habitante de la comunidad. Por esa razón, la población rechazó la obra, y porque no se habían realizado previamente procesos de consulta ni asambleas informativas.

En otro caso similar, el Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, contrató a la EFOS Comercializadora en General Hercalop para impartir  67 cursos y talleres por un total de 3.2 millones de pesos procedentes de los programas Hábitat y Comunidad Diferente, que buscaban impactar en una mejora de las viviendas o en las condiciones sociales de comunidades marginadas.

Los talleres adquiridos resultaron ser de yoga, defensa personal, computación, corte y confección, repostería, belleza y herrería; en ocasiones, los cursos combinaban temas como derechos humanos de las mujeres con ejercicios aeróbicos, liderazgo femenino con zumba, o prevención de la discriminación con voleibol.  En promedio, cada taller costó cerca de 47 mil pesos. Las pruebas de que se realizaron son, por lo general, actas llenadas a mano y algunas fotografías.

Para ambos casos, dependencias y empresas mencionadas recibieron un cuestionario por escrito de Quinto Elemento Lab, aunque no se obtuvieron respuestas.

Al final, impunidad

Entre 2002 y 2022, las 309 empresas fantasma que recibieron contratos de infraestructura, salud, educación, y con dinero de programas federales, casi nunca fueron detectadas por la ASF. Si bien el 71 por ciento de estos mil 164 contratos fueron otorgados por gobiernos estatales y municipales, el órgano fiscalizador tenía responsabilidad de auditarlos por tratarse de recursos federales.

Pero es imposible revisar todos los convenios del país por falta de capacidad, señala el exauditor Lozano.

El mecanismo que aceitó la contratación de EFOS a lo largo de distintas administraciones se benefició de los déficits de inspecciones de la ASF: apenas 22 compañías fantasma fueron identificadas en las auditorías por su incapacidad para cumplir con los trabajos encargados y el abuso en la subcontratación.

De esos casos, únicamente dos estaban vinculados con los contratos investigados en este reportaje: uno de 9.9 millones de pesos otorgado por la Secretaría de Turismo de Quintana Roo a Ingeniería Publicitaria y Arte para la colocación de señalética turística en calles y carreteras, y otro de 7.6 millones de pesos asignado por la SICT a Supervisión Administrativa y Logística de Aguascalientes para la conservación de la carretera Fresnillo-Zacatecas.

En contraste, periodistas locales han expuesto los nexos y convenios de al menos 60 contratistas fantasma que debían realizar obras de infraestructura, salud o educación.

La clave de la impunidad radica en la falta de inconformidad de las dependencias responsables de las contrataciones. Del trabajo de revisión por Transparencia que hizo Quinto Elemento Lab en 457 convenios, se encontró en 35 por ciento pruebas de cumplimiento, como documentos con firmas que avalaban la terminación de las obras o las adquisiciones y servicios. Es decir, las mismas autoridades validaron que los contratos se cumplieron, a pesar de estar vinculados a empresas inexistentes.

Un ejemplo claro son los diversos cursos impartidos por Comercializadora en General Hercalop en Tepeaca, donde los comprobantes de su realización estaban firmados no solo por autoridades locales, sino también por un enlace del programa Hábitat.

Ante la falta de capacidad de vigilancia de la ASF, Lozano sugiere la posibilidad de auditar mediante la participación ciudadana. “Hay contralorías sociales con un gran compromiso hacia sus comunidades, que son verdaderos vigilantes de que las cosas sucedan”, señala.

La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez, coincide en que los reportes de la ciudadanía han sido clave para detectar actos de corrupción: “Es como nos enteramos de que había alguien que estaba haciendo tratos con una EFOS o que estaba malversando recursos”. Sin embargo, reconoce que hay poca confianza en las autoridades. “Es muy fácil tener represalias”.

En el Congreso ha habido algunos intentos por mejorar los mecanismos para que la ciudadanía sea más activa en detectar si hay irregularidades en los contratos que realizan las dependencias públicas. En 2022, la entonces legisladora priista Cynthia Iliana López Castro presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para crear la Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, que buscaba incentivar la denuncia ciudadana de posibles actos de corrupción o faltas administrativas asegurando su protección. El proyecto, sin embargo, fue desechado.

Pérez todavía vislumbra otro camino para atajar la brecha abierta por los recursos públicos destinados a resolver problemas sociales que terminan en contrataciones de empresas fantasma: adelanta que el comité ciudadano del SNA ya presentó al Senado una iniciativa de protección para quienes denuncien hechos de corrupción.

^{Con información e imágenes de Diana Manzo.}

Justo antes de llegar a San Fernando, Tamaulipas, a medio camino entre Victoria y Reynosa, la Carretera Federal 101 traza una perfecta línea recta flanqueada por granjas y envuelta de silencio. En 2002, la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (actual SICT) pagó 10.4 millones de pesos a Materiales y Construcciones Villa de Aguayo por una obra de reparación, pero no existen pruebas de que se haya realizado.

Esta misma firma fue señalada en 2019 como inexistente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y saltó a la fama después de que su fundador fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de cargos como conspiración para violar la ley y lavado de dinero.

La obra, que debía hacerse en el tramo entre Ciudad Victoria y Reynosa, es uno de los primeros contratos documentados entre empresas fantasma y el Gobierno federal, una práctica que se expandió a decenas de dependencias de todo el país en los siguientes sexenios.

El SAT publica una lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), que incluye a compañías sin activos, personal, infraestructura o capacidad material para realizar los servicios que afirman ofrecer, o cuyo domicilio es ilocalizable, según el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que define las características de las también llamadas factureras.

A pesar de estar catalogadas como EFOS, cientos de empresas como Villa de Aguayo consiguieron durante años contratos con entidades gubernamentales. A veces eran  montos pequeños que se perdían en la inmensidad de los presupuestos nacionales, pero también recibieron grandes cantidades. Desde el sexenio de Vicente Fox, las distintas administraciones han entregado contratos por miles de millones de pesos a empresas que no cumplen con los trabajos encargados, subcontratan a otras para realizarlos o los hacen con retrasos, problemas de calidad y a sobrecosto.

Durante casi dos años, Quinto Elemento Lab analizó una base de datos elaborada junto con investigadores del Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Para ello se cruzaron contratos publicados en CompraNet de 2002 a 2022 con el listado de EFOS definitivas, es decir, de empresas que no lograron rebatir las acusaciones del SAT. Esta investigación considera únicamente las EFOS incluidas en ese listado hasta el 31 de enero de 2023, por lo que es posible que en posteriores actualizaciones algunas de las compañías fantasma contabilizadas aquí hubieran quedado excluidas del registro.

Además, se revisaron cientos de expedientes de contratación, facturas y documentos probatorios, se entrevistó a personas expertas y ex servidoras públicas, se visitaron domicilios de empresas y obras, y se realizaron más de 3 mil  solicitudes de información.

Los hallazgos de este reportaje exponen por primera vez la magnitud de los recursos federales destinados a empresas fantasma mediante una práctica institucionalizada de contratos gubernamentales, la mayoría bajo un esquema transexenal.

El análisis reveló que, desde el gobierno de Vicente Fox hasta el de Andrés Manuel López Obrador, 486 secretarías, organismos e institutos federales y estatales, empresas del Estado, universidades y gobiernos municipales, firmaron 3 mil 529 contratos con 834 proveedores fantasma —823 empresas y 11 personas físicas— por 11 mil 492 millones de pesos.

La cifra es mayor que la suma del presupuesto asignado en 2025 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Cámara de Diputados; rebasa los recursos destinados a los programas de Vivienda Social y de Mejoramiento Urbano, y duplica el presupuesto del Programa de Vacunación. Es como si el Gobierno hubiera entregado, a lo largo de 20 años, 1.52 millones de pesos diarios a empresas fachada.

“Es demasiado dinero. Muchos miles de millones de pesos de los que estamos hablando”, subraya Luis Pérez de Acha, abogado experto en EFOS y temas anticorrupción.

Fox y las primeras señales de las EFOS

En el sexenio foxista se entregaron 183 contratos por mil 102 millones de pesos a 40 compañías que más tarde serían declaradas inexistentes. Aunque la figura de las EFOS nació en 2014, muchas de las empresas que inmovilizó el SAT también fueron contratistas en administraciones anteriores, según la base de datos integrada por el OCI y Quinto Elemento Lab.

La figura de EFOS existe apenas desde 2014, por lo tanto, la mayoría de los contratos se firmaron cuando las compañías todavía no eran consideradas factureras, aunque tenían algunas de sus características. El hecho de que no fueran consideradas factureras, se convirtió en “la excusa preferida de los funcionarios públicos”, de acuerdo con una fuente de la Fiscalía General de la República (FGR).

Así, las firmas fachada hicieron negocios con dinero federal durante un promedio de ocho años. Aunque tarde o temprano fueron declaradas EFOS.

El trato más antiguo documentado con una compañía facturera se remonta a marzo de 2002, en el sexenio de Fox. Apenas era de mil 342 pesos. Pero un mes después la SICT otorgó un contrato por más de 18 millones de pesos a la empresa que acapararía tres cuartas partes del dinero que en ese periodo acabó en manos de fantasmas: Materiales y Construcciones Villa de Aguayo.

La principal característica de una EFOS, coinciden los expertos, es la falta de materialidad, que es la incapacidad de comprobar “mano de obra, materia prima, instalaciones, el lugar de trabajo y otra documentación que acredite la relación con clientes y proveedores”, explica una exfuncionaria del área del SAT encargada de identificar empresas inexistentes. A pesar de ello, Villa de Aguayo logró obtener múltiples contratos millonarios con dependencias federales y estatales.

La compañía fundada por Fernando Alejandro Cano Martínez no solo era una facturera. Una investigación iniciada en Estados Unidos acusó a Cano de ser prestanombres del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, para quien adquiría propiedades en territorio estadounidense con dinero proveniente de sobornos pagados por el cártel de Los Zetas. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) también abrió una pesquisa y aseguró la empresa en 2012.

Por medio de correos electrónicos registrados ante el SAT se buscó a Cano y a la empresa Villa de Aguayo, pero no se obtuvieron respuestas. No se encontró forma de localizar al accionista por otros medios.

Varios años antes de ser declarada EFOS, Villa de Aguayo recibió 774.4 millones de pesos de recursos federales mediante 28 contratos con la SICT y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas para construir o rehabilitar carreteras en Tamaulipas y Nuevo León, en tiempos de Fox.

Fue también contratada por el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) —hoy extinto— para edificar un par de dormitorios del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) en la Ciudad de México, junto al Autódromo Hermanos Rodríguez. El costo de las obras ascendió a 42.9 millones de pesos.

Pero al término del sexenio foxista, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Nelson Vargas, denunció que la obra no se había concluido. El exfuncionario declinó hacer comentarios para esta investigación.

Una revisión fotográfica de las instalaciones del CNAR da muestra de la existencia de los dormitorios, aunque no fue posible determinar qué constructora finalizó la obra. La institución que absorbió al CAPFCE negó, a través de una solicitud de información, la existencia de los contratos referidos.

Tan solo tres contratos de Villa de Aguayo tuvieron un reporte de cumplimiento, como actas de entrega-recepción. Son proyectos de la SICT en Nuevo León firmados por el subdirector de Obras, Miguel Ángel García Cisneros. El funcionario permaneció en el cargo durante la administración de Felipe Calderón, hasta que fue inhabilitado por autorizar pagos de trabajos no realizados y denunciado penalmente, según publicó Animal Político. El resto de las empresas fantasma que se repartió el botín en el gobierno de Fox siguió un patrón similar al de Villa de Aguayo: en contratos solicitados por Transparencia, las instituciones tampoco pudieron comprobar más de 40 millones de pesos destinados, sobre todo, a remodelaciones, obras públicas y mejoras en escuelas.

El sector energético con Calderón, el favorito de las factureras

Durante el sexenio de Felipe Calderón, los recursos federales destinados a 229 empresas que después serían declaradas EFOS sumaron 5 mil 333 millones de pesos, más de lo que con Peña Nieto terminaría en las bolsas de las factureras detectadas por el SAT.

Uno de los rubros a los que el gobierno calderonista destinó millones de pesos que acabaron en empresas fantasma fue, como su predecesor, el de carreteras.

A pesar de la falta de pruebas de cumplimiento durante la administración de Fox, Villa de Aguayo obtuvo nuevos contratos por 656 millones de pesos en el sexenio de Calderón hasta 2011, un año antes de estar bajo la lupa de autoridades de México y Estados Unidos.

Sin embargo, la mayor parte del dinero destinado a compañías fachada fluyó por el sector energético: Petróleos Mexicanos (Pemex) y subsidiarias como Pemex Petroquímica —ahora Pemex Transformación Industrial— y Pemex Exploración y Producción, junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), asignaron 2 mil 529 millones de pesos a factureras. La máxima ganadora fue Zapata Internacional, empresa petrolera fundada en Reynosa a la que un solo contrato por mil 809 millones de pesos le bastó para convertirse en la reina de las empresas fantasma.

Otra distinción del calderonismo fue que las compañías de papel eran más jóvenes. Mientras que con Fox las EFOS promediaban 5.7 años entre su fundación y su primer contrato federal, con Calderón este lapso bajó a 4.4 años; además, 70 por ciento de las factureras contratadas durante su mandato nacieron en ese mismo periodo.

Las contratistas gubernamentales de reciente creación son “figuras de riesgo”, pues tienen más probabilidades de ser factureras, señalan expertos. Al carecer de experiencia, “pueden incumplir con el objeto contractual y configurar algún esquema de desviación de recursos”, explica Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Un ejemplo es Cronos Industrial, fundada en 2007 en Guanajuato por dos estudiantes de 19 y 20 años, que hizo honor a su nombre como titán del tiempo: su primer contrato federal le llegó a los cinco meses de vida. Pese a su nula experiencia, la CFE le adjudicó directamente un convenio de 247 mil pesos para el mantenimiento de una termoeléctrica en Guerrero. En total, durante el periodo de Calderón, la compañía firmó 48 contratos por más de 234 millones de pesos, todos con la CFE, a excepción de uno con Pemex Refinación. En ningún caso, la CFE entregó a Quinto Elemento Lab facturas o documentos probatorios de los supuestos servicios.

En el sexenio calderonista también tomaron fuerza las “todólogas”, firmas que “sirven para todo, hacen mil cosas, venden de todo y construyen”, dice la especialista del IMCO.

Los casos son tan variados como sorprendentes. Por ejemplo, la FGR (entonces PGR) le compró cuatro cachorros caninos para detectar explosivos a Grupo Empresarial Ven Del Bajío, que según su acta constitutiva se dedicaba a la fabricación y venta de productos de piel y tapicería en León, Guanajuato.

Y aunque su objeto eran los servicios contables, de mercadotecnia y publicidad, Arroba Administración y Servicios igual dio un taller de compras públicas a funcionarios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que vendió tornillos a la extinta Policía Federal. La empresa, con los años, acabaría participando en el esquema de la llamada “estafa maestra”, por medio de la Universidad Autónoma del Estado de México.

La diversificación de los contratos espectrales con EPN

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las compras a empresas fachada se diversificaron. En ese periodo se repartieron 4 mil 872 millones de pesos entre 664 EFOS, mediante 2 mil 346 contratos. Los rubros con mayores asignaciones fueron infraestructura, con mil 474 millones de pesos, y educación, con 629 millones.

En el sector educativo destaca la empresa estatal Impresora y Encuadernadora Progreso (IEPSA), encargada de la impresión de los libros de texto gratuitos y del Fondo de Cultura Económica, además de lonas para eventos oficiales.

La impresora pagó 333 millones de pesos a la neoleonesa Comercializadora Mahoy por cinco adquisiciones de “kits de evaluación de desarrollo infantil” y “kits de estimulación temprana”, que luego revendió al extinto Seguro Popular. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó sobrecosto en las compras a Mahoy, lo que desembocó en una denuncia penal en 2021. La dependencia no proporcionó una postura a los hallazgos de esta investigación.

Las fugas de recursos también ocurrieron en oficinas educativas estatales y universidades, que canalizaron 215 millones de pesos a factureras, mientras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) desembolsó 44 millones de pesos en compras que incluían desde ropa de protección para el personal, mantenimiento a cámaras de seguridad, material didáctico y mapas de aprendizaje para programas de educación física de nivel básico, hasta maquillaje.

Los miles de registros de la base de datos analizada por Quinto Elemento Lab evidencian cómo se diversificaron las compras a EFOS en el peñanietismo, cuando se destinaron casi los mismos recursos a obras de remodelación o adecuación, que a la adquisición de prendas y calzado; y se emplearon millones de pesos en asesorías, cursos o talleres, impresiones, servicios profesionales diversos, material de limpieza y bienes informáticos.

Una variedad así era de esperarse, pues los contratos fantasma fueron otorgados por 380 instituciones, 149 de ellas federales. De las 22 secretarías que integraban el gabinete, 18 dieron contratos —incluidas la SICT, Defensa Nacional (Sedena), Desarrollo Social (ahora Bienestar) y la SEP—. Y entre las dependencias involucradas sobresalieron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Comisión Nacional del Agua, la CFE, Pemex, el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) y el mismo SAT.

Fonatur Infraestructura fue la empresa estatal que más contratos asignó a EFOS durante el sexenio peñanietista. En total, otorgó 151 convenios por 29.7 millones de pesos destinados a servicios de mantenimiento, limpieza o fumigaciones, compra de material eléctrico, insumos de limpieza, artículos de ferretería, y trabajos de remodelación o reparaciones.

Las supuestas adquisiciones tendrían que haberse reflejado en playas libres de sargazo; el mantenimiento de espacios en proyectos turísticos integrales de Bahía de Banderas, Huatulco y San José del Cabo, y en el embellecimiento del kilométrico bulevar Kukulcán, la columna vertebral de la zona hotelera de Cancún, que serpentea frente al turquesa mar del Caribe. En respuesta a solicitudes de Transparencia, Fonatur aseguró que los servicios se prestaron, sin más pruebas aportadas que oficios firmados por dos exfuncionarios.

Vía telefónica y mediante sus redes sociales se le pidió a la Fonatur un correo electrónico para enviar un cuestionario, pero no lo proporcionaron.

Con Playa Espíritu, un paraíso de aguas azul-grisáceas ubicado al sur de Mazatlán, Sinaloa, las EFOS también ganaron. Concebido durante el sexenio de Calderón como un desarrollo turístico que competiría con Cancún, el proyecto nunca despegó. Aun así, entre 2015 y 2017, Fonatur destinó 2.9 millones de pesos para trabajos de mantenimiento del área, que incluía una lujosa residencia con vista al Pacífico valuada en más de 28 millones de pesos que terminó como premio mayor de la Lotería Nacional en la administración de AMLO.

Los 33 contratos para jardinería, fumigación, limpieza y mantenimiento de la casa de Playa Espíritu se entregaron a ocho firmas inexistentes: Comercializadora Jarcam, Comercializadora Prufacsa, Radeser, Zapricsa, Maratsa, Vanfirt, Ferpade y Transportes Rymsa. Las empresas —casi todas sinaloenses— terminaron inmovilizadas por el SAT en menos de tres años. Acumulaban las típicas irregularidades de las factureras: se constituyeron entre siete meses y un año antes de recibir contratos millonarios, sus accionistas tenían sus domicilios en viviendas dúplex ubicadas en zonas populares, y varias compartían un mismo socio de 23 años de edad.

Fantasmas que no mueren

Aunque en menor medida que en sexenios anteriores, durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador también se entregaron contratos con dinero federal a empresas fantasma.

Entre 2018 y 2022, el gobierno otorgó 87 convenios a 34 EFOS —calificadas por el SAT como definitivas al corte del 31 de enero de 2023— por más de 182 millones de pesos. El dinero se destinó principalmente a obras carreteras, compra de equipo médico y mejoras de redes hidráulicas, así como material y servicios de limpieza,  adquisiciones de llantas, y alimentos.

La aparentemente pequeña cantidad de contratos a empresas fantasma en el sexenio de AMLO tiene una explicación. El abogado Luis Pérez de Acha señala que el periodo lopezobradorista destacó por la falta de voluntad en la detección de compañías fachada: “Contra las factureras no hay nada estructural, por eso hay mucha impunidad”; así que, según el experto, apenas “están brotando”.

De acuerdo con una extrabajadora del área de detección de EFOS del SAT, el gobierno de AMLO sí puso candados para limitar la apertura de empresas fantasma con visitas de verificación a cargo de dos áreas, Recaudación y Auditoría, “que tienen que aprobar que el domicilio fiscal se encuentre físicamente ahí en el lugar”.

Sin embargo, en respuestas obtenidas por Transparencia, la autoridad fiscal confirmó que, aunque todo el personal de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal tiene la facultad de realizar verificaciones, de 2014 a finales de 2023 hubo “CERO visitas realizadas a domicilios de contribuyentes [personas morales] que, de acuerdo con esta misma autoridad, calificarían bajo alguno de los supuestos [que definen a las factureras] previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”. El SAT declinó responder a los cuestionamientos enviados por escrito.

Un camino fantasmal… y transexenal

El sol y la humedad no dan tregua en Cárdenas, Tabasco. En la modesta calle Aurelio Sosa —flanqueada por casas de un piso, una tienda de abarrotes y fondas con fachadas carcomidas— estuvo el domicilio de Constructora Mendoza López, una compañía que acumuló contratos por 42.5 millones de pesos en los últimos cuatro sexenios.

Su socio mayoritario, José Gabriel Mendoza Murillo, ha sido señalado por el diario El País como cercano al exsecretario de Gobernación y actual senador Adán Augusto López, quien gobernó Tabasco de 2019 a 2021. Los medios locales solían felicitar a Mendoza en su cumpleaños y, hasta 2024, lo mencionan como patrocinador de ligas de fútbol infantil. Sin embargo, el SAT resolvió en 2020 que su empresa era una facturera.

Quinto Elemento Lab envió un cuestionario por correo electrónico a Mendoza y su empresa, pero no se obtuvo respuesta. El senador, contactado mediante un enlace de comunicación social, tampoco contestó las preguntas de este equipo.

Durante el sexenio de Fox, a través de la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas de Tabasco, se encargó a la Constructora Mendoza López levantar embarcaderos en los márgenes del río Grijalva, e instalaciones deportivas y una clínica en Balancán, municipio cercano a la frontera con Guatemala. Con Calderón hizo obras hidráulicas y, con Peña Nieto y AMLO, el Ayuntamiento de Huimanguillo le entregó fondos federales para la pavimentación de calles. De los 14 contratos que suscribió, solo uno cuenta con documentos probatorios, una inundación destruyó otro expediente y, de los 12 restantes, las dependencias negaron la existencia de comprobantes.

La subsistencia de firmas como la Constructora Mendoza López evidencia una práctica persistente en las contrataciones públicas: a pesar de los cambios de gobierno, las administraciones federales mantienen vínculos con empresas fachada. De 486 entidades públicas que contrataron EFOS en las últimas dos décadas, 139 repitieron estas prácticas en más de un sexenio. Las más recurrentes fueron la SICT, el IMSS y el ISSSTE, que emplearon a factureras con Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador.

De acuerdo con un informe de la ASF, estas relaciones se sostienen gracias a un denso entramado de “empresas que venden a más de una institución pública, así como [por] gobiernos que tienen contacto comercial con más de una empresa del 69-B”.

El análisis de Quinto Elemento Lab reveló un patrón de operaciones simuladas por medio del que, de 11 mil 492 millones de pesos asignados en total a factureras, dos terceras partes —7 mil 596 millones— llegaron a las EFOS a través de instituciones de gobierno que contrataron a este tipo de compañías durante más de un sexenio y les asignaron los recursos empleando dos rutas paralelas.

Por un lado, mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas, se canalizaron 3 mil 341 millones de pesos repartidos en mil 258 contratos, la mayoría por debajo del millón de pesos. Comparable a un gasto hormiga, esta estrategia permitió asignar dinero público a las EFOS de manera simple, discreta y constante. Por otro lado, se emplearon licitaciones públicas para montos mayores: 606 contratos por un total de 4 mil 251 millones de pesos.

Las principales instituciones usuarias de este esquema transexenal, que alternó numerosas adjudicaciones pequeñas con grandes licitaciones, fueron la SICT, Pemex (junto con sus subsidiarias), la CFE, el IMSS y el ISSSTE, la Sedena, la SEP, y oficinas estatales como la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz y los Servicios de Salud de Oaxaca.

Más allá de la gran cantidad de recursos que salieron por el mismo camino, el esquema también revela las fallas en los procesos de contratación.

Las leyes de adquisiciones exigen justificar las adjudicaciones directas o invitaciones —ya sea por experiencia del proveedor, especialización o razones de seguridad nacional—, pero muchos contratos no cumplieron con estos criterios. Hubo rubros que solo se asignaron mediante procedimientos de excepción, como servicios de diagnóstico y evaluaciones, cursos y talleres —de materias como control del estrés—, promoción en redes sociales, fletes, y compras de artículos deportivos, uniformes, papel y cartón, así como renta de autos o pago de pensión para vehículos.

También hubo asignaciones de grandes montos, como un contrato de 14.4 millones de pesos para servicios de “mercadotecnia, publicidad y promoción” que le dio Pronósticos para la Asistencia Pública a Lira Publicidad, Promoción y Estrategia Integral, una firma que apenas tenía ocho meses de creada en la Ciudad de México.

En cambio, las licitaciones —rigurosos procedimientos reglados— no garantizaron la mejor opción de contratación, puesto que las empresas fantasma concursaron por millones de recursos públicos y los ganaron. A diferencia de la variedad de adquisiciones realizadas mediante adjudicaciones o invitaciones, lo común en las licitaciones era que se tratara de obras de construcción o mantenimiento de carreteras, y edificaciones de hospitales u obras públicas.

Las intrincadas relaciones dejan al descubierto que, tanto hace veinte años como en el sexenio que acaba de concluir, operó el mismo esquema para que una gran cantidad de recursos públicos terminara en empresas fantasma.

Una práctica impune

De los 3 mil 529 contratos con empresas fachada de las últimas dos décadas identificados por Quinto Elemento Lab, no se sabe con precisión cuántos procesos estuvieron manipulados. La opacidad se agudizó desde julio de 2024, cuando los expedientes de contratación de 2010 a 2022 —que incluyen convocatorias, propuestas y actas de fallo— dejaron de estar disponibles en Compranet, lo que dificultó su revisión a profundidad.

Sin embargo, este medio solicitó por Transparencia facturas y documentos probatorios del cumplimiento de mil 311 contratos —37 por ciento del total y 66 por ciento del monto global— correspondientes a las 87 empresas que acumularon más recursos o convenios, o que fueron contratadas cuando ya figuraban como EFOS definitivas, entre otros criterios. Esta muestra, que abarcó 7 mil 633 millones de pesos, permitió detectar patrones recurrentes de irregularidades en los contratos.

Las anomalías más evidentes fueron la simulación de competencias (empresas con los mismos socios que competían entre sí), asignaciones a propuestas más costosas, falta de documentación, resoluciones sin sustento sobre la selección de un contratista, convocatorias con requisitos inusualmente específicos, y concursos casi desiertos.

Sobre el cumplimiento de los contratos de la muestra, apenas hubo pruebas —documentos, en su mayoría, y muy pocas fotos— de la realización de poco más de una cuarta parte, equivalente a mil 241 millones de pesos. El 48.8 por ciento de los convenios (más de 2 mil 698 millones de pesos) no se pudo comprobar. Y el resto quedó en la incertidumbre: algunas dependencias respondieron que los expedientes se perdieron en incendios, inundaciones u otros incidentes; otras entregaron documentos ilegibles, clasificaron la información o negaron la existencia de los contratos. Incluso hubo casos en los que se proporcionaron facturas sin ninguna evidencia del cumplimiento.

La falta de controles preocupa a especialistas como Gerardo Lozano Dubernard, exdirector del Área Especial de Cumplimiento Financiero  de la ASF, quien cuestiona el hecho de que la administración pública contratara 834 empresas fantasma: “El problema es el daño que le causaron a la Hacienda Pública al contratar algo inexistente; para mí, eso es una simulación”.

Los expertos también coinciden en que debió haber colusión de funcionarios públicos en las contrataciones de EFOS.

“La red de corrupción contó con funcionarios públicos que generaron documentación falsa, que realizaron procesos de excepción sin ningún fundamento legal, y que firmaron contratos con empresas que no debían recibirlos”, señala un informe conjunto del IMCO y el Laboratorio Latinoamericano de Políticas de Probidad y Transparencia.

Pese a la magnitud del esquema transexenal, las sanciones han sido prácticamente inexistentes. Vía Transparencia, la FGR se negó a informar cuántas denuncias se encuentran abiertas contra servidores públicos que hayan avalado la contratación de empresas fantasma en la última década.

Sobre un puñado de contratos de 2018 a la fecha, la Secretaría de la Función Pública (SFP) —ahora transformada en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno— tampoco respondió sobre el número de procedimientos administrativos abiertos por contrataciones indebidas de EFOS.

De las 87 compañías más relevantes analizadas, apenas dos proveedores fueron sancionados por la SFP y solo a uno se le hizo una auditoría. Siete se mencionaron en comprobaciones de la ASF, diez fueron dados de baja del padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral, y uno fue nombrado en una multa del Tribunal Electoral a un partido político.

“Existen patrones de comportamiento que han violado las leyes y los mecanismos de control una y otra vez abriendo espacios para actos de corrupción y ocasionando daños que, hoy en día, siguen sin ser reparados”, enfatiza el citado informe.

Este nulo resarcimiento, coincide Vania Pérez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, es la consecuencia más grave de la falta de castigos. “Necesitamos recuperar los activos, el dinero producto de actos de corrupción, que regrese para beneficio de los mexicanos”, dice.

Y es que el daño va más allá de lo monetario. El costo de la impunidad recae directamente sobre la ciudadanía, señalan Janet Oropeza y Sarahí Salvatierra, de la organización Fundar. Especialmente cuando las instituciones que encabezaron el esquema transexenal de contratación de las EFOS son aquellas dedicadas a brindar servicios esenciales como salud, educación, obras o mejoras de infraestructura. El impacto real no se limita a los recursos, sino en la garantía de los derechos humanos, concluyen.