En portada: Incendios forestales se multiplican en toda la región amazónica. En el Perú, donde miles de hectáreas han sido destruidas, el fuego tiene el amparo de la nueva Ley forestal aprobada en enero del 2024. Foto: Aidesep.
Los incendios forestales en la Amazonía peruana devastaron, entre agosto y septiembre, miles de hectáreas de bosques ante la inacción del Gobierno. La catástrofe ambiental, que deja 20 personas fallecidas, no se explica solo por la sequía y el calentamiento global: detrás hay políticas denunciadas por los pueblos originarios.
En territorios amazónicos de Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia, en conjunto, se perdieron millones de hectáreas en las últimas semanas. Brasil es el mayor afectado, con siete millones de hectáreas quemadas.
No se trata de quema de pastos fuera de control. La agricultura y la ganadería, principales causas de deforestación de la Amazonía, arrasan con inmensas áreas de selva tropical para plantaciones y pastoreo. El fuego también está consumiendo extensas zonas de vegetación en Paraguay y Argentina.
De acuerdo a un reporte publicado en julio por el Proyecto de Monitoreo de Amazonía Andina (MAAP), más de 106 millones de hectáreas de la región, equivalentes al 13% del bioma amazónico, están cubiertas de cultivos. Mientras que el pasto para ganado abarca 76,3 millones de hectáreas, de las cuales Brasil concentra el 92%. La ganadería ocupa el 9% del bioma amazónico.
En el Perú, el fuego tiene el amparo de la nueva Ley forestal, aprobada por el Congreso en enero de este año mediante procedimientos irregulares. Los cambios en la norma, propuestos por sectores políticos aliados a empresas extractivistas, permiten el saneamiento de terrenos deforestados.
Ley antiforestal le llaman las comunidades indígenas y organizaciones sociales movilizadas contra la disposición, pues en la práctica se formaliza la deforestación de bosques amazónicos, favoreciendo a los monocultivos (palma aceitera, cacao, café), la tala, tráfico de terrenos, minería (legal e ilegal) y narcotráfico.
Licencia para depredar bosques
Entre las modificaciones a las regulaciones ambientales, se eliminó la autorización de cambio de uso de suelo en áreas privadas, lo que facilita la tala y quema de vegetación en predios agrícolas y ganaderos aledaños a bosques. Los pueblos originarios denuncian que la ley incentiva la depredación de la Amazonía peruana, donde el área de bosques afectados por fuego creció en 60% de 2019 a 2023.
Foto: Agencia Andina
“Reiteremos nuestro rotundo rechazo a la emisión de normas y políticas agresivas como la Ley 31973, que agravan la situación y representa un retroceso significativo en la lucha contra la deforestación, degradación forestal y el cambio climático. El cambio en artículos y la única disposición complementaria final respecto al procedimiento de clasificación de tierras y reglas sobre cambio de uso para actividades agropecuarias existente, genera incentivos perversos para que las personas puedan obtener tierras, depredando los bosques mediante la tala o quema”, advierte la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
El Gobierno, inoperante ante la catástrofe ambiental, no declaró estado de emergencia hasta una semana después de la propagación del fuego en al menos 20 de las 25 regiones del Perú.
En total resultaron dañadas 1,200 hectáreas de bosques, fueron destruidas más de 2,200 hectáreas de cobertura natural y, además, se perdieron 1,500 hectáreas de cultivos, según el Instituto Nacional de Defensa Civil. La mandataria Dina Boluarte apuntó responsabilidades a “prácticas ancestrales”.
En respuesta, la presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), Ketty Marcela López, recalcó que “las prácticas ancestrales no hacen arder el Perú, el capitalismo sí”.
“El Estado no solo es incapaz de controlar los incendios, lo peor es que no tiene voluntad política para hacerlo. El sistema destructor de la Madre Naturaleza al que sirve necesita arrasar con vidas y derechos para profundizarse y perpetuarse. Por eso el Congreso aprobó la ley antiforestal, que, al promover las actividades ilegales, como la tala y el narcotráfico, y los monocultivos, crea las condiciones para multiplicar los incendios forestales”, expresó la Onamiap.
La posición ante la normativa es unánime en los pueblos indígenas, amenazados por la violencia contra defensores de territorios que ha cobrado la vida de 25 líderes y guardianes de la naturaleza desde 2020.
“Demandamos al Estado peruano, que claramente está afectando nuestros derechos, a que deje sus intereses económicos particulares y derogue la ley antiforestal 31973”, manifiesta el Gobierno Territorial Autónomo Awajún.
Los estudios arrojan que las tasas de siniestros son mucho más altas en áreas que están siendo deforestadas activamente, en comparación con las que no son desmontadas. Se estima que los incendios forestales masivos en áreas naturales de Sudamérica se multiplicarán en los próximos años. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) indica que “podrían ser la nueva normalidad”. En medio de las actuales condiciones políticas y climáticas, la destrucción de la Amazonía ingresa a un punto sin retorno.
Regreso de familias desplazadas_de Calchihuitán, Chiapas. Foto de Cuartoscuro
En portada: Familias tzotziles de Chalchihuitán, desplazadas por la violencia de grupos criminales en la región Altos de Chiapas. Foto: Cuartoscuro
El ex titular del Registro Agrario Nacional (RAN), Plutarco Emilio García Jiménez, pocos días antes de dejar su cargo, a principios de octubre, admitió que, por lo menos en los estados de Chiapas, Oaxaca y Sinaloa, ha habido “apropiación de tierras ejidales y comunales por parte de la delincuencia” organizada, y que ha habido desplazamientos de comunidades indígenas y campesinas, sobretodo en Chiapas.
Las declaraciones fueron dadas por García Jiménez momentos antes del lanzamiento del Atlas de la Propiedad Social de la Tierra en México 2024, en Morelos, que concluye que un poco más del 50% del territorio mexicano continúa siendo constituido por propiedad social – ejidos o comunidades-, donde se encuentran poco más de 5.4 millones de sujetos agrarios y sus familias.
Gran parte de los recursos naturales se encuentran dentro del régimen de propiedad social. El 70% de los bosques y dos terceras partes de los recursos hídricos se localizan en ella. 68 pueblos indígenas viven en estas tierras.
Familias de la región fronteriza entre Guatemala y Chiapas huyeron rumbo al país centroamericano debido a la exacerbación de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.
Alertas y denuncias sobre la acción de estos grupos, realizados por organizaciones de derechos humanos y de las comunidades y pueblos en todo el México, se han intensificado en los últimos años, especialmente en las regiones sur-sureste del país donde el gobierno federal ha implementado una reestructuración territorial impulsada por megaproyectos, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.
Recientemente organizaciones de Chiapas, Oaxaca y Guerrero – entre ellas Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas - realizaron un foro público regional, en Oaxaca, para denunciar la situación. “Contamos con características y denominadores comunes en los tres estados del sureste del país, nuestras principales fortalezas y conquistas históricas han sido la propiedad social de la tierra y nuestro sistema de organización colectivo, basado principalmente en la toma de decisiones colectivas mediante nuestras asambleas comunitarias”, sostienen en un comunicado.
La grave situación de violencia social ha sido desencadenada por el despojo de “nuestros bienes comunes”. “La mayor presencia de la delincuencia organizada se está concentrando en las regiones de imposición de proyectos extractivos, tal es el caso de proyectos mineros, eólicos, gasoductos, ampliaciones de carreteras (en Guerrero, Chiapas y Oaxaca). A quienes estamos en oposición a dichos proyectos, nos asesinan, desaparecen, criminalizan y deslegitiman”, dicen.
Organizaciones sociales y de derechos humanos han registrado violencia y criminalización contra comunidades indígenas que protestan ante la imposición del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
La desaparición de jóvenes y mujeres, los asesinatos, cobro de cuotas, desplazamientos forzados, falta de resolución de conflictos y mayor presencia de grupos armados y delincuencia organizada en las comunidades “son muestra de dicha situación”.
Además, sostienen, existe impunidad y no acceso a la justicia a personas defensoras que han sido agredidas por grupos paramilitares, de choque, delincuencia organizada “que se mueve al amparo de la impunidad”.
Solamente en Chiapas, a partir de diversos informes, se han documentado la cifra de 21 mil indígenas desplazados en los últimos dos años, el asesinato de 176 personas defensoras durante este sexenio, el reclutamiento de jóvenes, la violencia generada en el último proceso electoral, además de la criminalización contra integrantes del movimiento social.
“Las consecuencias de la imposición de dicho modelo, la negligencia de gobiernos estatales y federales y la impunidad han sido la normalización de la violencia, la contaminación irreversible del medio ambiente, una crisis profunda del agua en la región sureste, la pérdida de la flora y la fauna, el control territorial por parte de empresas y crimen organizado, la apatía ciudadana, el miedo generalizado en nuestras comunidades, fracturas comunitarias, además de graves afectaciones a nuestro tejido social”, señalan.
Las organizaciones y comunidades hacen énfasis en el hecho de que apuestan en un modelo de sociedad en el que los bienes comunes son prioridad, la propiedad social de la tierra, la integridad de los territorios, el fortalecimiento del tejido social. “Este modelo se encuentra en clara confrontación con el modelo neodesarrollista, marcado por la violencia, los asesinatos, la criminalización, la obstaculización de instancias agrarias al reconocimiento de los estatutos y reglamentos internos de las comunidades y la militarización de nuestros territorios”.
Su palabra certera y contundente es lo que caracteriza a la joven indígena Anselma Margarito, integrante de la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México. Además de haber concluido su formación como contadora, también, durante los últimos cuatro años ha aprendido a defender los derechos de su comunidad, desde que ocuparon en octubre del 2020 lo que antes era el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). La ocupación fue una acción directa para que les cumplieran la entrega de viviendas que distintas autoridades les prometieron.
Son cuatro años en que han transcurrido una serie de acontecimientos que marcaron la vida de Anselma, como una caravana vienen los recuerdos a su memoria. “Era temprano muy por la mañana del 12 de octubre, de 2020, con diversas colectividades y organizaciones decidimos ocupar las instalaciones del INPI, como un llamado al gobierno para que volteara a ver a los pueblos originarios que habitan la ciudad y, con principal atención, hacia a la comunidad Otomí. Hoy ya se han cumplido cuatro años y solo hay oídos sordos, racismo y desprecio”, relata la activista.
Las mujeres de la comunidad Otomí han encabezado diferentes acciones de protesta para reivindicar su derecho a la vivienda.
En aquel entonces, esta comunidad migrante proveniente del estado de Querétaro llevaba viviendo casi veinte años en diversos edificios, también ocupados, establecidos en Guanajuato 200 y Zacatecas 74, en la Colonia Roma. También habitaban los edificios en la avenida Zaragoza 1434, en la alcaldía Iztapalapa; en la calle Roma 18, en la Colonia Juárez. Este último estaba en el abandono desde el sismo ocurrido en 1985 y agravándose su situación con otro movimiento telúrico, ocurrido el año 2017, lo que implicó que no se pudiera habitar más.
Meses antes de la ocupación de las instalaciones del INPI, el gobierno de la Ciudad de México presidido en su momento por la que ahora es presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a través de Alfonso Suárez del Real, entonces Secretario de Gobierno, por medio de los oficios SG/826/2020, SG/824/2020, SG/827/2020 y SG/825/2020, anunciaba el compromiso de “Expropiación Federal” de estos predios, en beneficio de los ocupantes. Pero les mintieron, ya que hasta el día de hoy no han recibido ninguna respuesta positiva.
“Vemos que, en estos cuatro años, ni con Sheinbaum ni con Obrador, no resolvieron las demandas de la comunidad Otomí. Así que nos mantenemos en resistencia y, hoy, solicitamos el diálogo con la actual jefa de gobierno Marina Brugada. Ella anunció que durante su administración va a repartir 120,000 viviendas y que todos tenemos derechos a una vivienda digna ¿entonces le preguntamos ahí donde queda la comunidad Otomí que lleva 30 años en la lucha por una vivienda digna?”, cuestiona la activista indígena.
Derechos de la mujer
Es así que Anselma, junto a otras mujeres Otomí, erige su voz como un acto de protesta, dirigiendo un comunicado a la nueva jefa de gobierno, Clara Marina Brugada Molina, quien declaró, al asumir el cargo el pasado 5 de octubre: “quiero que esta capital sea la vanguardia de los Derechos de la Mujer”. Para la activista esta declaración es solo eso, “un discurso hasta no demostrar lo contario. Mientras tanto, solo han mostrado su desprecio, su silencio y racismo”, cuestiona la indígena Otomí.
Las activistas signatarias del comunicado también arremeten contra la actual presidenta de México, quien declaró al asumir la silla presidencial que ella no llegó sola al poder, sino que, “llegamos todas”. La misiva es tajante al contrastar dos tiempos diferentes de las mujeres en México, el tiempo de arriba y el de abajo, ya que mientras unas festejan el poder, “acá abajo, amaina una tormenta, que tarde o temprano pueden llegar a colisionar”, puntualiza el comunicado.
Con cierta rabia, Anselma recuerda que, en días pasados, el 5 de septiembre, ella misma fue violentada por la policía de la Ciudad de México al ser detenida durante una protesta. “A mi me imputaron tres delitos: motín, resistencia de autoridad y lesiones. Lo único que hacemos es luchar por nuestras comunidades, por el agua, por la vida y el territorio, pero lo que recibimos es la represión”, cuenta la activista Otomí para Avispa Mídia.
La joven indígena Anselma Margarito, integrante de la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México. Foto: Santiago Navarro F.
La activista enfatiza que previo a su detención, un grupo de choque golpeó brutalmente a distintas mujeres y hombresque se manifestaban contra la criminalización hacia la activista Hortensia Telésforo -a quien acusa del delito de despojo por participar en la recuperación de una biblioteca comunitaria. “Vimos como la policía solo se quedó observando la acción de este grupo y después comenzaron las detenciones sin justificación alguna”, complementa la indígena Otomí.
“Entonces, si sus discursos tienen alguna validez, exigimos no más discriminación, desprecio y olvido en contra de las mujeres de la comunidad indígena Otomí y respuesta inmediata a sus demandas”, agrega la mujer Otomí.
El diálogo
El grupo de mujeres, respaldadas por su comunidad, colectivos y organizaciones, entregaron sus demandas y la petición de un espacio de diálogo con la jefa de gobierno. Hasta el momento no ha respondido cuando podría ser esta reunión con la comunidad en resistencia.
No obstante, la entrega de esta misiva, que fue acompañada de un mitin frente al ayuntamiento de la Ciudad de México, les dio fecha para que un funcionario público los pueda recibir. Este será Inti Muñoz Santini, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, “quien se ha comprometido a reunirse con nosotros el próximo 23 de octubre”, sostiene Anselma.
La fiesta
A pesar de varios intentos de desalojo, de la intimidación, suspensión del servicio de agua y electricidad, la comunidad Otomí no se rinde. Así que el próximo 12 de octubre, “para nosotras es de fiesta, pues hemos resistido, no claudicamos y no nos vendemos. Así que les invitamos a asistir al evento que será celebrado con actividades culturales y artísticas”, comparte con entusiasmo la activista.
Así que, lo que antes era el INPI, seguirá siendo el espacio de la disidencia que no se ha casado con la llamada Cuarta Transformación, como le llamaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y tampoco con el llamado segundo piso, que es la continuidad con Sheinbaum.
No por nada el INPI fue rebautizado como la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, en memoria de aquel indígena que le recordó su promesa que hizo AMLO en campaña, de no avanzar con el llamado “Proyecto Integral Morelos”. Después del reclamo fue asesinado por criminales.
En portada: Momento de la recuperación de tierras garífunas en la comunidad de Nueva Armenia, Honduras. Foto: El Salto Diario.
Al filo de la medianoche de este domingo (6), elementos de la Policía Nacional de Honduras (PNH), Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), así como civiles armados, ingresaron a una recuperación de territorio ancestral garífuna -realizada la mañana de ese mismo día en la comunidad de Nueva Armenia, costa caribe-, y dispararon contra los presentes, dejando dos recuperadores gravemente heridos.
Heridos con arma de fuego en la recuperación de tierras garífunas.
La Organización Fratenal Negra Hondureña (Ofraneh) -quien acompaña a la comunidad en las acciones que reivindican la propiedad ancestral de la comunidad garífuna sobre estas tierras, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida- denuncia a la empresa Palmas de Atlántida, propiedad de herederos del magnate de la palma aceitera, Reynaldo Canales, de ocupar ilegalmente territorios de Nueva Armenia para la siembra de este monocultivo.
Durante la mañana del domingo (6), mientras pobladores garífunas realizaban la recuperación de tierras, fuerzas de seguridad acudieron al sitio acompañados de vehículos tipo pick-up con civiles armados y encapuchados, quienes intimidaron a la población afroindígena.
“Señalamos la presencia de elementos de la policía, encapuchados, además el perfilamiento al que se ven sometidos defensores del territorio ancestral, como una estrategia de intimidación hacia una de las comunidades más afectadas por la palma en el Caribe”, denunciaron los recuperadores mediante videos difundidos a través de redes sociales.
Intimidación por policías y civiles armados contra pobladores de Nueva Armenia.
Por su parte, la Ofraneh sostiene que la comunidad de Nueva Armenia ha sido “desmembrada de forma ilegal para favorecer a narcos y empresarios vinculados con plantaciones de palma; existiendo más de 24 inscripciones ilegales de tierra que han sido denunciadas ante la Fiscalía en La Ceiba”.
Cabe destacar que la industria de los herederos de Reynaldo Canales también es señalada por el movimiento campesino del Bajo Aguán por haber despojado tierras, destinadas para el reparto agrario, donde impuso monocultivos de palma aceitera.
Recuperar para resistir
En una entrevista con Avispa Mídia, durante agosto del 2023, Mabel Robledo, presidenta del patronato de la comunidad de Nueva Armenia y quien denunció la intimidación este domingo (6), detalló que, pese a que existe un mapa ancestral -el cual data de agosto de 1888- que certifica la propiedad de 1,600 hectáreas de tierra a manos de los garífunas, actualmente, el 70% de estas tierras han sido invadidas por los monocultivos de palma aceitera.
Monocultivos de palma aceitera cercan a la comunidad garífuna de Nueva Armenia. Fotos: Santiago Navarro F, Renata Bessi y Aldo Santiago.
Fue en el año de 1994, cuando el el Instituto Nacional Agrario (INA) desconoció la titularidad de esta superficie para la comunidad de Nueva Armenia, reconociendo solo 333 hectáras de tierras y otorgándo títulos a terceros. Desde entonces, los garífunas han emprendido acciones de recuperación de tierras, dando como resultado la persecución y criminalización de quienes reivindican las propiedades ancestrales.
Robledo conversó con el equipo de este reportaje dentro de la recuperación conocida como “El Cayo”, realizada el 25 de abril del 2020, cuya superficie se extiende por 72 manzanas y cuyo plan es la de albergar a más de 280 familias garífunas. “(Las familias) utilizan las tierras para la siembra del plátano, de la yuca, de papaya, caña, maíz, todo lo que la tierra pueda producir para nuestra existencia”, detalló la recuperadora.
“Ellos (INA) nos titulan en tres lotes. Aquí donde estamos no incluye ese lote y no incluyen otros lotes. De esas 333 hectáreas de tierra, si tenemos 100 hectáreas, es mucho, porque todas las tienen terceras personas”, denunció Robledo.
Trabajos en la recuperación de tierras "El Cayo". Agosto, 2023. Fotos: Santiago Navarro F, Renata Bessi y Aldo Santiago.
Para la garífuna, existen mecanismos en las leyes hondureñas que buscan impedir las recuperaciones de tierras ancestrales. Un ejemplo es el artículo 378 del Código Penal, de Honduras - aplicado contra los recuperadores garífunas- el cual se refiere al delito de usurpación y cuya pena va de entre cuatro y seis años de prisión.
“Nosotros no somos usurpadores, nosotros recuperamos para poder sobrevivir y nosotros no sembramos palma. Estamos recuperando, luchamos para no desaparecer, para que nuestro legado, nuestra historia, no desaparezca”, reclamó Robledo.
Acorde a la Ofraneh, la empresa Palmas de Atlántida mantenía una negociación con la comunidad de Nueva Armenia para solucionar el conflicto agrario. Sin embargo, fue en septiembre del 2023, cuando se retiró del diálogo y ahora acciona con violencia contra las recuperaciones.
“En el ataque a miembros de la comunidad Garífuna de Nueva Armenia, no hubo enfrentamiento alguno, como aseguran medios de comunicación irresponsables. Solo la Policía Nacional y los paramiltares portaban armas de fuego”, sostiene la organización después de que Martha María Bu, subcomisionada de la Policía de Atlántida, indicara que no fue la corporación policiaca quien disparó contra los recuperadores.
Por último, la Ofraneh hace un llamado a la comunidad hondureña e internacional para permanecer alertas ante las amenazas contra la vida de los recuperadores que se mantienen en el campamento levantado este fin de semana.
En portada: El arroyo que cruza la comunidad de Ojital Viejo permanece contaminado por hidrocarburos desde la noche del 15 de septiembre. Foto: Regina López.
Ser ‘Tata’ no es cualquier encargo en la cultura Totonaca. Es una persona que abreva del conocimiento, transmitido por generaciones, con el objetivo de velar por la vida en todas sus expresiones. Por eso, cuando Romualdo García Luna, habitante de la comunidad de Ojital Viejo, en Papantla, Veracruz, observa un montículo de tierra contaminada junto a un cauce que desprende un fuerte hedor, reconoce el mensaje de desprecio de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para la comunidad indígena y la naturaleza frente al más reciente desastre ambiental en la región.
Tata Romualdo fija su mirada en el pequeño arroyo que atraviesa la comunidad indígena. Antes, cristalino y lleno de vida, ahora, el cauce que se une al río Cazones rumbo al Golfo de México, se observa negro, cubierto por un aceite espeso derivado de un derrame de hidrocarburos que, desde hace más de 43 días, continúa sin ser atendido apropiadamente por el responsable, PEMEX. “Es faltarnos el respeto, es decir: Ahí muéranse. Porque no nos está considerando como seres humanos”, reflexiona lacónico Tata Romualdo.
Habitantes de Ojital Viejo colocan bebederos para la fauna silvestre en sitios alejados al arroyo contaminado. Foto: Regina LópezEl arroyo que cruza la comunidad de Ojital Viejo permanece contaminado por hidrocarburos desde la noche del 15 de septiembre. Foto: Regina López.
Los días 28 y 29 de septiembre, un equipo de Avispa Mídia participó de una brigada de documentación en la zona donde, desde el 21 de agosto, pobladores de Ojital Viejo, ante el registro de explosiones y un fuerte olor a crudo, reportaron un derrame de hidrocarburos en el oleducto Coca C. proveniente del pozo 852, ubicado en el ejido Emiliano Zapata, municipio de Papantla.
A pesar de la alerta de la población, personal de PEMEX se limitó a reparar el tramo del oledoducto llamado San Andrés sin atender la principal demanda: el retiro de enormes cantidades de crudo pozóleo (crudo ligero como lo tipifica la propia paraestatal), que se vertieron en un par de presas destinadas como bebederos para ganado.
A través de este ducto se transporta el crudo hasta la Central de Almacenamiento y Bombeo Poza Rica, un complejo que inició operaciones desde 1968 para deshidratar, almacenar y medir la producción de crudo extraído de la zonas denominadas: San Andrés, Poza Rica, Faja de Oro Pesado, Faja de Oro Ligero y Marino.
Una pipa, de un servicio privado, bombea la presa donde se acumuló y desbordó el hidrocarburo en septiembre. Foto: Regina López.
Para la noche del 15 de septiembre, las fuertes lluvias que azotaron la región derivaron en el desbordamiento de las presas, provocando la contaminación del único arroyo sano en la zona y cuyo afluente ahora contamina una extensión de 12 km, como consta en un acta circunstanciada elaborada por autoridades de las comunidades de Ojital Viejo, El Zapotal Santa Cruz y El Chote-Coatzintla ante la Procuraduria Estatal de Protección al Medio Ambiente de Veracruz.
Denuncia presentada ante las autoridades ambientales de Veracruz.
Doña Fabiola, habitante de Ojital Viejo cuenta con indignación que las peticiones de los pobladores hacia PEMEX han sido ignoradas. Acorde a su testimonio, las labores de limpieza avanzan lentamente pues fue sólo después de que, el pasado 16 y 17 de septiembre la población bloqueara la carretera federal que atraviesa a un costado de su comunidad, cuando personal de la paraestatal se apersonó para prometer la remediación del desastre ambiental.
“Pero solo son promesas”, asegura Doña Fabiola pues refiere que han sido enviadas cuadrillas de no más de ocho trabajadores, quienes no cuentan con herramientas adecuadas para la remoción del hidrocarburo. Peor aún, señala, la cantidad de crudo derramado continúa siendo una amenaza pues las lluvias en la región no paran. “Todo eso va a seguir bajando”, reclama furiosa la pobladora ante la indiferencia de PEMEX.
Riesgos, inmediatos y a futuro
Pobladores de Ojital Viejo refieren que, a la omisión criminal de PEMEX se suma la simulación en torno a los trabajos de limpieza. Un ejemplo de ello es que se realiza la remoción de lodos contaminados del cauce del arroyo solo para ser acumulados, al descubierto, a pocos metros de distancia, en un área donde, por la acción de la constante lluvia, los lixiviados aumentan el radio de la contaminación en áreas que hasta entonces no habían sido afectadas.
Vista aérea del arroyo y las tierras contaminadas, acumuladas en su margen, en la comunidad de Ojital Viejo. Foto: Aldo Santiago.
A solo un par de metros del desastre se ubican la agencia municipal, así como la escuela preescolar y secundaria, las cuales han detenido sus actividades para resguardar la salud de las infancias y adolescentes. No obstante, a un costado del arroyo se erigen viviendas que albergan a media centena de personas de la comunidad, quienes desde el primer momento han presentado mareos, náuseas, dolores de cabeza e irritación de ojos y piel. Informes de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer han determinado que el benceno, uno de los componentes de los hidrocarburos, es carcinogénico en seres humanos.
En la misma área se localizan tres pozos artesanos que, al igual que el arroyo, abastecían a gran parte de la comunidad para sus labores cotidianas y de cuyo uso han sido alertados para evitar envenenamientos.
Pozo artesanal contaminado.Fauna marina afectada por el derrame.Fauna marina afectada por el derrame.Uno de los tres pozos artesanales contaminados. Foto: Regina López
Las afectaciones también se observan en los árboles frutales, como limones, jobo o platanales cubiertos por aceite -de los cuales se ha advertido para evitar su consumo en por lo menos cinco años- y principalmente en el arroyo, en el cual, brigadistas voluntarios de Poza Rica y Papantla quienes realizan labores de rescate animal, aseguran que el 90% de las especies marinas -entre peces, camarones, anfibios y tortugas- han sido exterminadas. Además, la contaminación representa una seria amenaza para animales silvestres -como coyotes, tlacuaches, garzas- y domésticos, como gallinas, perros y gatos que beben del afluente contaminado.
No obstante, la mirada no basta para develar la magnitud del desastre ni para prever las afectaciones con el transcurso del tiempo. La mañana del domingo (29), el ingeniero químico-petrolero, Rodrigo Dorantes, quien visitó la comunidad para brindar asesoría frente a la nula información proporcionada por parte de PEMEX, alertó a la población -la cual no cuenta con clínica de salud- para evitar el contacto con el arroyo contaminado, pues desesperados ante la lentitud de la paraestatal se disponían a sumarse a las labores de limpieza, sin contar con protocolos ni herramientas adecuadas para su protección.
Acorde al ingeniero, la exposición a los hidrocarburos, además de los malestares inmediatos, pueden derivar en el desarrollo de enfermedades como el cáncer e incluso en malformaciónes de recién nacidos que pueden presentarse, incluso, hasta una década después del derrame. Por esta situación, recomendó la importancia de realizar análisis y monitoreo de la calidad del agua, a mediano y largo plazo, para contrastar los datos con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 138 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos en los suelos.
“Va a depender (el riesgo de la presencia de hidrocarburos), si es terreno agrícola o si es terreno ganadero. En términos comunes, sería que, en un kilo de suelo, debería haber 30 gramos de hidrocarburos como máximo”. Debido a su experiencia, con trabajo en zonas con desastres similares en Tabasco, al cuestionamiento de lo que podía observar, el ingeniero calcula que el derrame en Ojital Viejo podría rebasar los 100 gramos por kilo y sólo se podrá confirmar tras el análisis mediante laboratorios certificados, cuya realización se dificulta a los pobladores debido a su alto costo.
Racismo
Testimonios de pobladores en Ojital Viejo aseveran que frente al desastre, la respuesta de funcionarios de Pemex ha sido de discriminación y racismo al minimizar la gravedad del derrame. Señalan que, durante la reunión para solicitar el retiro del bloqueo carretero en septiembre, Rigoberto Nuñez Solís, funcionario de PEMEX Exploración y Producción, respondió a los reclamos con el argumento que deberían acostumbrarse a los derrames y sus efectos, lo cual ha provocado la indignación de los habitantes.
En la misma línea, supervisores de PEMEX Exploración y Producción que visitaron la comunidad durante el domingo (29) minimizaron los impactos al medioambiente al señalar que “la afectación se ve mucho visulamente, pero el producto derramado no era demasiado”. Sin embargo, en entrevista, los ingenieros Jose Luis Bartolucci y Raúl Flores reconocieron desconocer la cantidad exacta de hidrocarburos vertidos al afluente.
En cuanto a las afectaciones al ambiente, Bartolucci sostuvo que el arroyo no tenía presencia de fauna marina debido a que es utilizado para realizar descargas residuales por parte de la población e indicó que PEMEX realizó labores de remediación inmediatamente tras el reporte del incidente. Éstas declaraciones fueron negadas rotundamente por los pobladores.
De acuerdo a los testimonios de Ojital Viejo la actitud de los funcionarios no es una excepción, sino la regla en las operaciones de PEMEX. Por lo menos, en los últimos cuatro años, los pobladores han registrado tres incidentes en la infraestructura de la paraestatal que pone en enorme riesgo a la población.
Incluso, desde el año 2020, derivado de los constantes reportes por fugas de gas y derrames, el Congreso de la Unión solicitó a PEMEX la entrega de un informe pormenorizado para comunicar las acciones que ha ejecutado para solventar estos accidentes. “En el municipio de Papantla es uno de los más afectados en cuanto a fugas, debido a las líneas que atraviesan por las diversas comunidades ya que están muy obsoletas y deterioradas”, argumenta el punto de acuerdo en el que figuran otros incidentes en el gasoducto Poza Rica-San Andrés.
En un recorrido, a solo 500 metros al norte de la agencia municipal, vecinos relataron sobre otro accidente en el gasoducto San Andres, a la altura del KM 29, acontecido en septiembre del 2023. En esa ocasión familias que viven a escasos metros, al percibir un fuerte olor a gas reportaron la situación a la paraestatal, la cual según testimonios reparó solo un fragmento de 20 metros del ducto pese a la exigencia de dar mantenimiento a la infraestructura que acumula más de medio siglo de uso.
“Los trabajadores de PEMEX nos dijeron que no debíamos prender lumbre, ni cerillos, nada quería que prendieramos”, relatan los testimonios sobre las afectaciones, que además de dañar su salud también les impidió realizar labores cotidianas como cocinar sin el riesgo de una explosión debido a la negligencia de la empresa. Pese a los dichos de los pobladores, los supervisores de PEMEX que acudieron el domingo (29) afirmaron que el derrame actual es el primer incidente registrado en la zona.
Foto: Regina López.
Ambos funcionarios también negaron que el derrame alcance una distancia de 12 km de afectación. Sin embargo, durante una visita a un rancho en el municipio de Coatzintla, a más de 2 km de distancia de Ojital Viejo, campesinos cuyos cultivos de maíz y árboles frutales fueron derribados por el derrame, aseguraron que la contaminación continúa en un tramo mayor a 8 km hacia el sur.
Habitantes de Ojital Viejo identificaron por si mismos el lugar de la fuga que reportaron a PEMEX. Foto: Regina López.
“PEMEX ni se ha parado, ni el presidente del municipio (Coatzintla) tampoco, no han traído, siquiera una garrafa de agua o algo, nada”, reclama un anciano campesino, mientras comparte que está preocupado pues desconoce si en el futuro estas tierras volverán a producir sus cultivos de maíz, su única fuente de ingresos.
Un campesino muestra las afectaciones a sus cultivos en un rancho en el municipio vecino de Coatzintla. Foto: Regina López.
Ante el cuestionamiento de si los trabajos de remediación se realizan en colaboración con otras dependencias como la Comisión Nacional del Agua o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los supervisores de PEMEX respondieron que no hay ninguna institución involucrada y finalizaron asegurando que, en las labores de limpieza a su cargo “se están redoblando esfuerzos, a ver si concluimos antes de fin de año”.
Brigadas, la única respuesta
Desde el 22 de septiembre y respondiendo a los llamados de auxilio difundidos por los pobladores de Ojital Viejo, voluntarios de las ciudades de Poza Rica y Papantla han acudido al sitio del desastre para sumar esfuerzos en las labores de rescate de la fauna silvestre.
Las brigadas acuden al lugar para brindar su solidaridad ante la omisión de PEMEX. No obstante, ante la magnitud del desastre, los recursos son insuficientes y no cuentan con el equipo adecuado, por lo que mantienen activa una campaña para recolectar insumos destinados a sus labores.
La mañana del domingo (29), Diego, un niño de seis años corre entusiasmado ante la llegada de los brigadistas. Entre sus pequeñas manos carga lo que pareciera una piedra obscura, reluciente, que al mostrarla a los brigadistas reconocen a una cría de tortuga cubierta completamente en hidrocarburo. A un mes del incidente, es apenas el tercer ejemplar de fauna marina que recibe atención por los brigadistas, los únicos que han arribado al lugar pese a la necesidad de contar con biólogos y especialistas para las labores de rescate.
Jennifer Andrade, activista animalista reclama que PEMEX sí posee protocolos para atender las crisis ambientales, “el problema es que no lo comparte con la comunidad ni con la ciudadanía. Es lo que exige la comunidad, que vengan y compartan esa información” sostiene sobre los peligros a los cuales los habitantes y personas solidarias enfrentan ante el desconocimiento para accionar en estos escenarios.
Fotos: Regina López
Las brigadistas comparten que fue por inciativa propia, y con asesoría de otros activistas y especialistas de Campeche, donde también han atendido derrames por hidrocarburos, como se han capacitado mediante la transmisión de estos conocimientos y de consejos para utilizar elementos comúnes, como mayonesa y otros aceites para realizar la limpieza de la fauna.
Para Adriana San Martín, antropóloga social, esta situación se explica por una desigualdad que expone a las poblaciones rurales a violencia y racismo ambiental, situación que se repite contra grupos minoritarios, en lugares donde justamente existe toda la riqueza que se explota. Por su parte, Daniel Arvizú lo ejemplifica al señalar que ha observado las labores del personal de PEMEX, quienes no han realizado si quiera evaluaciones básicas para prevenir a la población local frente a la posible afectación por inhalación de gases tóxicos.
“He notado que no traen su detector multigases, que es un instrumento importante para poder detectar el H2S (sulfuro de hidrógeno), que es muy peligroso. No sé si no lo hacen porque tal vez haya presencia y no quieren alertar a la gente, pero estamos poniendo en riesgo a toda la gente de la comunidad”, comparte Arvizú, para quien esta situación demuestra que PEMEX “prefiere el dinero a costa de la aplicación de los protocolos para resguardar a la población”.
¿Progreso?
Un comunicado de la Alianza Mexicana contra el Fracking y una decena de organizaciones ambientalistas se posicionaron este jueves (3) para exigir a PEMEX la restauración de los ecosistemas y cultivos afectados, así como la atención a las personas afectadas.
En el documento, destacan que el reciente desastre ambiental no es un hecho aislado “sino que es parte de toda una dinámica de constantes impactos derivados de la actividad petrolera en la zona”. A su vez, destacan que la comunidad Totonaca de Ojital Viejo se encuentra a solo seis km del sitio arqueológico de El Tajín, declarado en tres ocasiones como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero que,“para Pemex y las autoridades de México este territorio es zona de sacrificio”.
Alejandra Jiménez, integrante de la Alianza sostiene que lo sucedido en Ojital Viejo demuestra los riesgos de la industria del gas y petróleo. Además, alerta que estos incidentes podrían ser mucho más graves al desarrollarse la extracción de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica, método contemplado dentro del proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG) para la región del norte de Veracruz.
En México, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), desde 1996 se implementa el fracking. Un análisis de la organización CartoCrítica señala que, hasta 2018, uno de cada cuatro pozos petroleros en el país ha sido fracturado hidráulicamente en algún momento de su vida productiva.
Tata mayor Romualdo durante entrevista para denunciar la contaminación en su comunidad provoca por PEMEX. Foto: Regina López.
Mientras acompañamos en el sitio del desastre, la voz de Tata Romualdo transmite indignación ante una muestra más de la negligencia y violencia que PEMEX ejerce contra los territorios y las comunidades.
“Sabemos que PEMEX es un monstruo. A lo mejor hace 50 años lo veíamos diferente. Lo veíamos como un progreso. Ahora yo lo veo como una destrucción, porque lo estoy viviendo en la práctica, en la vida” sentencia con dureza Tata Romualdo.
Denuncia presentada por el agente municipal de Ojital Viejo ante la ASEA.
Por su parte, autoridades de Ojital Viejo señalan que ya realizaron una denuncia contra PEMEX Exploración y Producción ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), órgano de la Semarnat responsable por la protección al medio ambiente en las actividades del sector hidrocarburos.
Fue el 25 de septiembre cuando Peggy González Gómez, de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia recibió una denuncia de manos del agente municipal de Ojital Viejo. Sin embargo, la autoridad local se muestra preocupada, pues a la fecha no han recibido ninguna notificación sobre el avance de la denuncia. Peor aún, nos muestra el formato el cual no contiene firma ni sello de recibido. “La funcionaria alegó que se olvidó el sello”, comparte Francisco Villanueva, agente municipal.
Debido a las continúas lluvias, el arroyo continúa creciendo y esparciendo la contaminación por los hidrocarburos que aún no han sido recogidos.
Al cierre de esta edición, pobladores reportan que, debido a la continuación de las lluvias se mantienen en alerta máxima ante un nuevo evento de contaminación, debido a que las presas con hidrocarburos aún no han sido vaciadas, además se mantiene la presencia de los lodos tóxicos en las orillas del afluente, con lo cual el riesgo de que el material se esparza en la región es latente.
Las mujeres mazatecas por la libertad de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, pueblo originario localizado en el estado de Oaxaca, denuncian una nueva oleada de violencia y persecución jurídica en contra de campesinos e indígenas mazatecos.
La persecución a 40 personas, entre ellas 6 mujeres, de acuerdo con este grupo de mujeres mazatecas, se remonta al 2011 cuando la Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, comenzó a ser atacada por otro grupo de la comunidad con intereses partidistas, conformado por Elisa Zepeda Lagunas, la parte acusadora en los casos, quien fue secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca, diputada federal y ahora fue nombrada diputada plurinominal del partido Morena.
El punto más álgido de las agresiones en contra de la Asamblea Comunitaria se suscitó el 14 de diciembre del 2014 cuando un grupo de personas armadas, que según pobladores y la defensa de los indígenas actuó bajo el mando de la familia Zepeda, atacó a la Asamblea Comunitaria. De ahí comenzó la persecución política en contra de las familias que integraban la Asamblea. Ya para el 2016 se habían liberado 40 órdenes de aprehensión contra los indígenas.
Los campesinos criminalizados han logrado decisiones favorables en tribunales federales, pero los tribunales del estado de Oaxaca, especialmente el Juzgado de Huautla, donde están todas las carpetas del caso de Eloxochitlán, continúan entorpeciendo y dilatando los procesos penales en contra de los mazatecos, lo que vuelve un círculo vicioso que impide la libertad de los indígenas mazatecos. Algunos de ellos enfrentaron casi diez años de cárcel, sin sentencia.
Esto ha sido denunciado a partir de múltiples actos documentados por la defensa penal y las mujeres mazatecas.
Sepa aquí cómo funciona este juego jurídico o este círculo vicioso jurídico que no permite la libertad a los indígenas mazatecos. El abogado, Daniel Sosa Rafael, quien lleva la defensa legal de gran parte de los presos y perseguidos, explica en detalles.
Sin contradecir la lógica de este círculo vicioso, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca revocó la liberación de los campesinos Omar Hugo Morales e Isaías Gallardo, quienes habían sido liberados desde diciembre de 2022, según el caso 55/2014. De acuerdo con la defensa de los indígenas, la revocación es insostenible, ya que tiene como antecedente, cinco amparos federales ganados por los indígenas en la misma causa penal.
El mismo tribunal también revocó la libertad de Francisco Durán Ortiz, por el delito de incendio que ganó en octubre de 2022, a pesar de que ese caso cuenta también con sentencias federales que declararon inexistente el delito.
Miguel Peralta, expreso político, también enfrenta la revocación de sentencia de su libertad ganada.
Otros 12 hombres mazatecos se enfrentan al mismo escenario, como demostró el Observatorio Memoria y Libertad en una investigación.
Foto por Observatorio Memoria y Libertad
Fabricación de delito
La mazateca y defensora de Derechos Humanos, la abogada Argelia Betanzos, durante una rueda de prensa en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, mencionó pruebas ya presentadas en juicio que sostienen, por parte de la defensa de los mazatecos, lo que considera como una “fabricación de delitos” en contra de las 40 personas.
Las acusaciones, según la abogada, se centran principalmente en “homicidio calificado [de Manuel Zepeda Lagunas, hermano de Elisa] y tentativa de homicidio [contra Elisa]. (…) Las dos están perfectamente probadas en juicio como delitos fabricados”, dice la abogada.
En relación a la acusación de delito de homicidio, por ejemplo, “el argumento judicial se basa en el testimonio de un testigo, un solo testigo para acusar de homicidio a los compañeros”, sostiene.
El testigo es el padre de Elisa Zepeda, Manuel Zepeda Cortés, que hace parte del grupo caciquil, denunciado por las mujeres mazatecas. “Además, hicieron con que otras dos personas firmaran el mismo testimonio. Textualmente los dos testimonios dicen lo mismo que Manuel Zepeda”, dice la defensora de Derechos Humanos.
Ya hace cinco años la periodista Laura Castellanos, para Aristegui Noticias, entrevistó a Elisa Zepeda. Le hizo preguntas sobre su supuesta narrativa que acusa a los mazatecos y llegó el momento en que la periodista preguntó sobre el padre de de Elisa. “¿Qué se esperaría que Elisa respondiera? Lógicamente, que su papa vio todo y narró su testimonio”. Pero no fue así, “dijo la verdad”, señala Argelia. Dijo, “mi papa no estaba” en el local de los hechos, que, en el juicio, dijo que fue testigo.
“Cómo es posible que los jueces por diez años han sostenido una acusación contra indígenas inocentes basada en un testigo que no existió, con tal de desarticular nuestra organización comunitaria”, añade la abogada Betanzos.
El argumento jurídico basado en el testigo de Manuel Zepeda Cortés es utilizado contra 34 indígenas, incluidas seis mujeres, por el homicidio de Manuel Zepeda Lagunas, sostiene la abogada para Avispa Mídia.
“19 personas han pisado cárcel por ese delito; 8 personas alcanzaron negativa de orden de aprehensión al hacer válidos amparos; alrededor de 7 personas aún tienen órdenes de aprehensión por ese delito, porque, aunque han ganado amparos federales contra las órdenes de captura, el juez local no acata el amparo y vuelve a reiterar las órdenes”, explica la abodada mazateca.
El campesino y mazateco Herminio Monfil, de 68 años, en 2014 era suplente de síndico. Estuvo mas de nueve años encerrado sin una sentencia condenatoria. “Soy campesino, me gusta trabajar en el campo, me dedico a lo que es el café, el maíz. En aquel tiempo teníamos cosecha de café, todo mi café se echo a perder, porque mi esposa mis hijos se quedaron solos. Toda una tristeza en mi corazón. La verdad no sé por que me llevaron preso cuando ni siquiera ser hablar español”, explica el campesino.
Todavía Herminio tiene que salir de su pueblo cada 15 días para presentar su firma en el sistema judicial, ya que el proceso en contra de él continúa abierto. “No es fácil viajar, pues es dinero, soy del campo, y no tengo dónde conseguir dinero. Podría viajar a buscar dinero en otras partes, pero no puedo por el proceso”, lamenta.
Otra de las inconsistencias apuntadas por la abogada es que la acusación sostiene que “le mataron al hermano de Elisa y este se quedó en la plaza pública de Eloxochitlán, cuando se ha mostrado la evidencia de cómo ese joven fue llevado con vida al Ministerio Público de Huautla de Jiménez. La fiscalía es la única que debe responder qué fue que hizo con la persona que se le entregó viva”, detalla Betanzos.
“Estas son pequeñas muestras de la fabricación de delitos”, resume Argelia. Otros seis mazatecos fueron acusados de delitos diversos.
La Mesa
El 19 de septiembre las mujeres mazatecas tuvieron una mesa de trabajo con órganos del gobierno de Oaxaca – Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca, Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca, Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Las mujeres exigieron que la mesa, que se reunió por primera vez en noviembre de 2022, tras una huelga de hambre de los entonces presos políticos, se convierta en una mesa resolutiva de carácter urgente, que tenga además la participación del Congreso local, con el objetivo de generar “todas las justicias para la comunidad criminalizada”, sostuvieron las mujeres en un escrito entregado a la mesa.
“La mesa ha funcionado el 100% de las veces a petición de nuestra lucha; casi siempre llevamos aspectos de urgencia, de obstaculización de parte del propio poder judicial o de la fiscalía. Sin embargo, esta mesa hasta la fecha jamás ha mostrado voluntad política para reconocer un caso de injusticia, mucho menos un caso de criminalización selectiva o de intento de etnocidio”, sostiene la abogada.
Por primera vez, la mesa “nos dio una fecha de seguimiento”, que será en este mes de octubre, y se comprometió a citar el poder judicial.
Frente
Alfredo Bolaños estuvo casi diez años encarcelado sin una sentencia. En 2014 era autoridad comunitaria. El proceso en su contra todavía sigue abierto. “Estamos con la frente en alto, no tenemos porque estar agachados, porque nosotros no somos asesinos, somos inocentes. Hay pruebas legales que no cometimos uno solo delito. Que cierre el proceso, ya hemos probado que somos inocentes”, sostiene Bolaños.
“Somos campesinos, somos indígenas, vivimos en nuestro pueblo, lo único que hacemos es defender nuestras tierras, nuestras familias, queremos ser libres, queremos vivir libres, que nos dejen trabajar, que nos quiten estas cadenas, en el proceso está comprobado que somos inocentes”, señala.
Además de la persecución contra los mazatecos, Bolaños comentó la situación de los presos políticos que están en las distintas cárceles de Oaxaca. “Tanto mujeres como hombres, de todas las tribus, de todas las razas; las cárceles están repletas de personas que nunca cometieron uno solo crimen, solo por ser indígenas, solo por ser pobres, porque no tienen cómo defenderse”.
El campesino Bolaños arremete diciendo,“nosotros no le tenemos miedo, nosotros podemos enfrentar a ellos, organizándonos, haciendo uno solo frente, todos los que hemos padecido y los que no han padecido, porque siguen cayendo presos políticos en las cárceles”.Con ánimos de seguir resitiendo bolaños llama a organizarse, “quiero decirles a todos los compañeros y compañeras, a los colectivos, movimientos sociales que hagamos uno solo frente contra este gran sistema que tanto daño nos ha hecho sobretodo a los pueblos indígenas, sobretodo a los más desprotegidos”.
