Argentina: mapuches en resistencia contra fracking en la Patagonia

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18 agosto, 2025

^{Fotos por Confederación Mapuche del Neuquén}

Las comunidades mapuches de la provincia argentina de Neuquén están en alerta para defender los lagos Mari Menuco y Los Barreales, ubicados en un área entregada al megaproyecto Vaca Muerta, iniciativa para la explotación de hidrocarburo no convencional (extraido por la técnica de fracking) en la formación geológica Vaca Muerta, zona de importantes fuentes de agua de la Patagonia norte argentina.

Este miércoles 13 de agosto, la petrolera estatal argentina YPF anunció la decisión de iniciar el desarrollo de una locación de fracking en el istmo que une los embalses Los Barreales y Mari Menuco, tras meses de tensiones en el territorio ancestral.

En Loma La Lata, líderes de la comunidad Kaxipayiñ reiteraron a los funcionarios de YPF que no les permitirán trabajar hasta que el gobierno provincial cumpla el compromiso de realizar una consulta previa a la población. Se teme que la empresa ingrese a la zona mediante la represión letal contra los guardianes de los lagos.

“YPF va creando condiciones para conseguir el aval de la justicia e ingresar a la fuerza a territorio comunitario. Hacemos responsable al presidente de YPF, Horacio Marin, de las consecuencias”, señaló la Confederación Mapuche de Neuquén.

La explotación de hidrocarburos en el territorio donde se encuentran los embalses que almacenan agua del río Neuquén es parte de la expansión de Vaca Muerta en Neuquén, autorizada por el gobernador Rolando Figueroa. El crecimiento del proyecto también comprende la construcción de 800 kilómetros de oleoductos e instalaciones en reservas marítimas en otras provincias del país.

“Este es un nivel de acercamiento inédito, se quiere perforar la laguna. Se excluyó la consulta previa, no hay estudios de impacto ambiental. En Vaca Muerta no hay regulación alguna, políticas de conservación. En Río Negro había una normativa para que no se exploren hidrocarburos, la anularon”, declaró para Avispa Mídia Leonora Jáuregui, integrante del Observatorio Petrolero Sur.

Personería jurídica indígena

Semanas atrás, una manifestación en la Gobernación de Neuquén por el reconocimiento de las personerías jurídicas indígenas fue reprimida con un violento operativo policial en que detuvieron a 18 personas, entre ellas un menor de edad.

Por decreto de la justicia, en 2023, se fijó un plazo de noventa días para crear el Registro de Comunidades Indígenas del Neuquén. El gobierno provincial dilata este proceso porque implicaría la aceptación formal de territorios ancestrales que son codiciados por Vaca Muerta.

Al respecto, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) de Argentina recuerda que la provincia de Neuquén fue sentenciada por la Corte Suprema de la Nación, en 2013, por violar derechos relativos a la personería jurídica.

“Ratificamos nuestros derechos dentro del área. YPF también reconoce la posesión y el derecho comunitario en diferentes acuerdos donde inclusive ha coordinado tareas con la comunidad”, subraya la organización mapuche, respaldada por actas fiscales que reconocen la existencia de la comunidad Kaxipayiñ.

Bajo el suelo de Kaxipayiñ se expandieron combustibles debido a operaciones de YPF. El 5 de agosto, la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales comprobó la falta de suministro de agua potable a la comunidad, motivo de una denuncia penal contra la petrolera y el gobierno provincial de Neuquén.

12 años de Vaca Muerta

A 12 años de la inauguración de Vaca Muerta, el megaproyecto situado en un área agrícola causó más de 500 sismos - interrumpidos cuando se detuvo la producción. El acaparamiento de agua y el colapso del transporte en la provincia afectan a una población que ni siquiera cuenta con el gas que extraen de su territorio.

“Se entregan los territorios con marco legal para el saqueo y destrucción. Vaca Muerta crece, se expande, se va entramando con otras políticas, con el paquete de leyes, la ley de bases, los incentivos a grandes inversiones. Los riesgos de contaminación aumentan, la gestión de YPF hoy es más violenta, el gobierno provincial no pone límites. El último año es notable que hay más extracción y su capacidad está limitada al transporte”, añade la especialista del Observatorio Petrolero Sur.

Es insostenible, según ella, la narrativa de que Vaca Muerta garantizará la soberanía energética, cuando la población argentina afronta alzas de combustible, y el ingreso de dólares frente al endeudamiento externo, al que recurrió la administración de Milei.

“Hay una continuidad del modelo de hidrocarburos, pero la inédita desregulación legal cambió las condiciones internas. Hasta el año pasado había una protección para el acceso interno del combustible frente a precios internacionales; hoy, bajo un marco de ajuste y empobrecimiento, su valor aumenta”, indica la investigadora.

Mientras la extracción de petróleo en Vaca Muerta mediante el fracking se expande y amenaza más fuentes de agua, se consolida su orientación a la exportación.

En julio se anunció la construcción de un nuevo oleoducto de 207 kilómetros que conectará Puesto Hernández (Neuquén) con la estación de bombeo en Allen (Río Negro). Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén serán los inversionistas. Esta red se sumará al proyecto de ducto Vaca Muerta sur, que recorrerá 600 kilómetros hasta la costa de Río Negro, donde se planea instalar un puerto de exportación cerca del golfo San Matías, de gran biodiversidad marina.

Chiapas: Jóvenes recuerdan liberación de 20 paramilitares ligados a Masacre de Acteal

Por

Jeny Pascacio

15 agosto, 2025

^{Fotos por Abejas de Acteal}

“No vamos a dejar descansar en paz ni a Ernesto Zedillo ni a los cómplices de la masacre de Acteal, porque aquí están nuestros jóvenes, que siguen nuestros pasos”, dijeron las integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, al recordar el fallo del 12 de agosto de 2009, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de veinte hombres vinculados a la matanza de 49 tzotziles, ocurrida en localidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en la región de Los Altos de Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, durante el mandato del entonces presidente Ernesto Zedillo.

La conmemoración de la fecha fue encabezada por las nuevas generaciones. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes expresaron su reclamo a través de posicionamientos políticos, la cultura y el arte. “¿Cómo olvidar ese día?/Si los asesinos regresaron a casa/con las manos manchadas de sangre./Aún así, ¿son inocentes/Corrupto y cruel eres;/nos has condenado a ser masacrados una vez más”, son fragmentos de la poesía ‘Injusticia’, de Ana Cecilia y Teresa Vázquez.

“Estamos aquí reunidos en la Casa de la Memoria y la Esperanza donde fueron masacradas nuestras abuelas y abuelos. Todos los hechos ocurridos dan coraje, rabia y a la vez da dolor”, dijo otro joven al tomar el micrófono.

“El día 12 de agosto es un día que recordaremos para siempre, es un día en que los corruptos de la SCJN [Suprema Corte de Justicia de la Nación] liberaron a los paramilitares autores materiales de la Masacre de Acteal; estos ministros serán recordados en nuestra historia verdadera, en la historia misma de los crímenes de lesa humanidad: José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas”, recordaron.

En el posicionamiento denunciaron que la impunidad persiste en los gobiernos posteriores y actuales, incluso en aquellos que se autodenominan de izquierda, pues bajo estos regímenes se ha permitido el asesinato de defensores de derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios.

Han documentado cómo la impunidad sembró violencia en la región, visible en los asesinatos del defensor de derechos humanos Simón Pedro Pérez López y del Padre Marcelo Pérez, donde observan un claro intento de encubrir a los responsables intelectuales.

Las personas adultas, integrantes de la Sociedad Civil, reconocieron la fuerza de las nuevas generaciones en la exigencia de justicia y reafirmaron al Estado mexicano, “que la lucha no tiene fecha de caducidad, porque hay quienes nos están siguiendo los pasos, los jóvenes; tienen una conciencia muy clara y un dolor profundo”.

“No ha sido fácil su infancia, porque han visto llanto, han visto sufrimiento, pero sobre todo, han visto lucha, la fuerza de las familias que exigen justicia. Ha sido experiencia y aprendizajes, tenemos un futuro prometedor de los jóvenes… Desde Acteal, en donde un día se oscureció la tierra y se ensordecieron las montañas por las balas asesinas de los enviados de la muerte, ahora la memoria y la esperanza resplandecen en gigantes fragmentos de luz”, declararon.

Se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 12 de agosto de 2022, para que dictara el Informe de Fondo para el caso, pues consideran que se protegió a altos funcionarios. De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los comunitarios indicaron que “el Estado no efectuó una investigación verdadera, sino que estos grupos [paramilitares] siguieron operando en la impunidad bajo la protección de las autoridades y por lo mismo seguimos viviendo una violencia tanto en Chenalhó, Pantelhó y municipios vecinos".

“Hasta la fecha no lo ha emitido una resolución a pesar de solicitarlo desde hace varios años y que, por ello, ha hecho que la impunidad se haya profundizado”, dijeron.

Resistencia sin tregua

Entre música, cantos, poesía y protesta pacífica, las jóvenes recordaron otras luchas como la defensa de los derechos humanos en Chiapas, por mencionar, el allanamiento a la vivienda de Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Pidieron a la CIDH condenar el ataque y obligar al Estado mexicano a garantizar la seguridad del equipo del Frayba.

Expresaron su solidaridad con el pueblo de Palestina, al que consideraron víctima de una de las mayores injusticias de este tiempo, señalando a los gobiernos de Israel y de Estados Unidos como responsables directos de la violencia y el sufrimiento que persisten en la región.

“Somos pequeños, no tenemos el poder de detener la barbarie de este atroz genocidio contra el pueblo palestino, pero si nos unimos todas y todos a levantar la voz para que se pare el infierno en Palestina, podremos salvar la vida de mucha gente”, reiteraron.

“Desbordar lo común”: Mujeres en Oaxaca reflexionan sobre violencia y resistencia

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Rocío Heredia

14 agosto, 2025

El pasado viernes (8) en Oaxaca tuvo lugar el Primer encuentro entre mujeres que crean, sostienen y luchan: desbordar lo común-comunal, un espacio de reflexión colectiva desde los haceres cotidianos y desde los diversos espacios que cada mujer habita.

Aunque había interrogantes claves para detonar la discusión, los diálogos intercambiados tomaron diversos caminos. Una madre de familia compartió que mucho se habla de la entrada del narcotráfico en Oaxaca, sin embargo, poco se toma en cuenta que una de sus manifestaciones es a partir de puntos de narcomenudeo en las colonias y cómo estos ponen en peligro la seguridad de las y los vecinos. “Nos toca organizarnos. Son tiempos crudos donde es necesario escuchar el cuerpo” agregó la participante que omitió su nombre por seguridad.

*^{Cartel oficial del Encuentro. Foto: Rocío Heredia.}*

Por su parte, la abogada y defensora de derechos humanos, Niza Chávez, enfatizó la necesidad de organizarse frente a la criminalización que el gobierno actual de Oaxaca ejerce contra las colectividades en lucha, porque “complica la posibilidad de vivir, convivir y resistir”, sostuvo.

*^{Discusión durante la plenaria. Foto: Rocío Heredia.}*

Algunas de las participantes coincidieron en visualizar la violencia como una respuesta válida ante la violencia sistémica. En esta misma sintonía otra de las mujeres expresó “voy a agarrar el machete, voy a quemarlo todo, estoy harta de consensarlo todo. ¡Nos han quitado mucho, nos los han arrebatado!”.

Esta iniciativa fue convocada por 8 mujeres pertenecientes al grupo denominado Entramados Comunitarios del doctorado en sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), al Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y a la Red de Feminismos Descoloniales.

Las más de 80 mujeres que respondieron a este llamado fueron recibidas por el mensaje: “Mujeres contra el genocidio en Palestina”, colgado en la entrada de la sede. “Significa que nos estamos buscando, que tenemos la necesidad de encontrarnos” mencionó durante el evento Mariana Favela, una de las 8 organizadoras.

*^{Entrada principal al auditorio. Foto: Rocío Heredia.}*

En la reflexión resaltó la ineficiencia del gobierno actual de Oaxaca hacia la violencia de género. Elena García Ortega, mujer ayuuk e integrante de la Red de Mujeres Comunicadoras, compartió para Avispa Mídia que al enterarse del encuentro pensó “en un espacio seguro y esperanzador para mujeres, donde pudiéramos reflexionar, pero sobre todo poner en el centro nuestras voces: ser escuchadas por otras compañeras, compartir lo que nos duele, lo que nos inquieta y cómo podemos acompañarnos”.

Por otro lado, Marisela Zárate, arqueóloga e integrante de la colectiva La Voz de Jazmín -surgida en diciembre del 2022 a raíz del feminicidio de la joven cantante Jazmín Adriana Zárate, ocurrido el 7 de noviembre de ese mismo año-, mencionó también en entrevista para este reportaje, que junto a otras tres integrantes de la colectiva decidieron asistir, para “compartir y saber de las demás compañeras que se están organizando y seguir tomando fuerzas para nuestra organización”, pues consideran que el hecho de resistir es duro y cansado.

Marisela comparte que hace poco, personal del partido MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional), convocó a una asamblea en Cuilápam de Guerrero -al sur de los valles Centrales, Oaxaca- y al asistir con su colectiva percibieron que el discurso gubernamental es “revictimizante hacia la mujer”, pues la siguen dejando en segundo plano y como un sujeto dependiente de la presencia masculina.

*^{Participantes del Primer Encuentro durante el cierre. Foto: Rocío Heredia.}*

Marisela destacó la importancia de estos encuentros que se vuelven una alternativa a lo que el gobierno ofrece y en ese sentido, mencionó que su colectiva “busca reconocerse como un espacio de organización autónoma desde Cuilápam”.

Finalmente, Itandehui Juárez -otra de las organizadoras-, mencionó la importancia de reconocer que la violencia no es sólo contra las mujeres sino contra todas sus comunidades, “vamos a seguir empujando hacia la organización. Imaginar posibilidades sostenibles. Sentarnos a conversar cómo vemos el mundo, cómo seguir sosteniendo la vida cotidiana. Podemos encontrar alternativas entre nosotras”.

La investigadora de la BUAP Raquel Gutiérrez, reflexionó sobre reivindicar aquellos sentires etiquetados como negativos, sobre todo cuando son experimentados por mujeres: “Hay que hacerla de a pedo de manera estratégica. Es importante guiarnos de la idea de la autodefensa. Reivindicar la rabia, porque el enojo es distinto, es como frustración. En la capacidad de enojo hay capacidad de construir y destruir. Hay que movilizar la emoción para lo que se nos ocurra” expresó.

*^{Intervención de Raquel Gutiérrez durante la plenaria. Foto: Rocío Heredia.}*

Un punto en común para todas las participantes de ese primer encuentro, fue que hay una urgencia latente de que las mujeres en Oaxaca se organicen, por el cuidado personal, colectivo y comunitario: el sentir colectivo fue la felicidad del reencuentro.

Para Elena fue sanador y esperanzador. “Ver a tantas compañeras que luchan desde sus espacios y territorios me regresó el corazón al cuerpo. Quiere decir que, en cualquier espacio, siempre estamos acompañadas que hay redes que nos sostienen”, mencionó.

Para Marisela ha sido una enseñanza vinculada hacia la fortaleza frente al miedo que el sistema trata de imponer. “Si en algo nos ha ayudado el feminismo es poder a hablar, a levantar la voz, a expresar lo que se siente, aunque duela y aunque parezca que no es importante” finalizó.

Plan de oleoducto Perú-Ecuador, amenaza grave para la Amazonía

Por

Javier Bedía Prado

13 agosto, 2025

^Fotos:^{Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental}

En su último mensaje a la nación, el 28 de julio, la presidenta del gobierno de facto del Perú, Dina Boluarte, anunció que Petroperú y Petroecuador firmaron un acta de cooperación internacional.

El Ministerio de Energía y Minas del Perú indicó que comprará a Ecuador crudo que será procesado en la refinería de Talara (región Piura, norte peruano) y exportado desde el puerto de Bayóvar (Piura). El proyecto incluye la construcción de un ducto de hasta 70 kilómetros de extensión para transportar 200,000 barriles por día desde la provincia ecuatoriana de Orellana.

En respuesta, la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, el Gobierno Territorial Autónomo (GTA) de la Nación Chapra y el GTA de la Nación Wampís se manifestaron en contra de la conexión binacional que implicaría ampliar la red del oleoducto norperuano.

“Con su capacidad actual, el oleoducto norperuano genera un promedio de 146 derrames por año. Anunciar que triplicará su capacidad operativa es una irresponsabilidad mayúscula que representa una grave amenaza para nosotros y para toda la Amazonía”, advierten en un comunicado.

Los pueblos originarios observan que no se conoce el contenido del acuerdo y que no se consultó a las comunidades que serían impactadas, lo que viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

“Advertimos a las autoridades ecuatorianas y a cualquier empresa petrolera interesada en operar en esta región que dichas inversiones carecerán de seguridad jurídica, pues nacen violando nuestros derechos. Más temprano que tarde, estas deudas deberán saldarse y las operaciones ilegítimas serán anuladas”, subrayan.

El oleoducto norperuano es considerado ilegítimo por los pueblos amazónicos, debido a que fue construido sin consentimiento de las comunidades.

Entre los años 2000 y 2019, se registraron 474 derrames de petróleo en lotes de la Amazonía y el oleoducto norperuano, según un estudio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Oxfam Perú. El 65% de las fugas se debieron a corrosión de la infraestructura y fallas operativas.

Frontera extractiva en suroriente de Ecuador

En Ecuador, las comunidades Waorani se encuentran movilizadas tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de la ampliación de la frontera extractiva en el suroriente del país. Desde esta zona se proyecta vender petróleo al Perú.

El pueblo amazónico demanda a la justicia que emita la sentencia pendiente de su caso contra la explotación petrolera en el departamento de Pastaza, en la línea de generar jurisprudencia vinculante sobre el derecho a la autodeterminación y consentimiento previo, libre e informado.

Entre las áreas de licitaciones abiertas por el Ejecutivo de Ecuador al capital extranjero se incluiría Pastaza, donde actualmente no hay actividad petrolera debido a un fallo judicial de 2019 en favor de los Waorani, lo que impidió la operación de un bloque de hidrocarburo.

“Es hora de que la Corte Constitucional salga de sus escritorios y escuche directamente a las autoridades ancestrales Waorani, a nuestros pikenani, en nuestro territorio ancestral. Solo desde una escucha real y en condiciones de interculturalidad puede existir justicia para los pueblos y nacionalidades indígenas”, indicó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

De acuerdo a Amazon Frontlines, se pretenden licitar 21 bloques petroleros en un radio de 3,5 millones de hectáreas de bosque amazónico. El 91% de esta superficie es territorio ancestral de siete pueblos indígenas: Andwa, Achuar, Shiwiar, Kichwa, Shuar, Sapara y Waorani.

Responsabilidad de Petroperú en desastres ambientales

Por su parte, las naciones indígenas de la Amazonía peruana denunciaron el motivo de Petroperú para concretar el acuerdo con Ecuador.

“Petroperú, desesperada por hacer rentable el elefante blanco que representa la Refinería de Talara, está dispuesta a todo: endeudar al país mediante salvatajes gubernamentales, expandir la contaminación en la Amazonía, causar más daños a nuestras costas —afectando a nuestros hermanos pescadores artesanales—, y sobrecargar un oleoducto que ya es fuente constante de desastre ambiental”.

La petrolera estatal, además, no encuentra socio para reactivar el lote 64, de ubicación estratégica, cerca del oleoducto norperuano, en la región Loreto. En la subasta pública abierta en mayo no se presentaron postores, por lo que la licitación se negociará directamente.

“A pesar de los avances legislativos, se pretende imponer el lote 64, que tampoco ha sido consultado y que es rechazado de forma abierta por nuestras organizaciones. Exigimos al gobierno que rectifique su rumbo, respete nuestros derechos y priorice la reparación e indemnización de los pueblos afectados por la contaminación petrolera”, concluyen.

La ausencia de empresas dispuestas a invertir en el lote 64 se debe a la resistencia de comunidades indígenas que desde 1995 bloquean activamente los intentos del Estado peruano de operar en esa zona. Una eventual ampliación del oleoducto norperuano no enfrentará una oposición menor de los pueblos originarios.

Liberan a Luis Villagrán, activista pro migrante en la frontera sur de México

Por

Jeny Pascacio

12 agosto, 2025

Luis Rey García Villagrán, reconocido defensor de migrantes en la frontera sur de México, fue exonerado tras acusaciones por trata y delincuencia organizada promovidas por el Instituto Nacional de Migración (INM). La Fiscalía General de la República (FGR) no logró sostener los cargos, pese a señalamientos públicos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Me da mucha pena contradecir a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y al Gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, siento mucha pena por los mexicanos que tenemos esa presidenta y este gobernador. El juez decretó mi auto de libertad porque dijo que no pertenecíamos a la delincuencia organizada, sino que pertenecíamos al Centro de Dignificación Humana AC, reconocido desde hace más de nueve años por la Secretaría de Gobernación”, dijo el activista, al salir del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 3.

Seis días después de haber sido arrestado por la Fiscalía General de la República (FGR), Sedena, Marina, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Nacional, este lunes, 11 de agosto, se celebró la audiencia de vinculación a proceso, la cual se prolongó por más de dos horas, hasta que el juez federal determinó que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso, por lo que ordenó su libertad inmediata.

El activista de 62 años abandonó el penal vestido con una camisa blanca, pantalón café, tenis y una mochila azul al hombro. Primero abrazó a su familia y, después, se detuvo unos instantes para responder algunas preguntas de los medios de comunicación que presenciaron su liberación.

En la audiencia

“Uno de los puntos que defendió el abogado fue el señalamiento de que él (Villagrán) no es activista y de que no existía la asociación civil. Pero se comprobó que todo lo que decía la carpeta de investigación era mentira”, dijo la familia del defensor a Avispa Mídia.

Lograron acreditar el riesgo derivado de su labor en la frontera sur de México, por lo cual fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2020. El mismo mecanismo instaló un sistema de seguridad en la casa del defensor y le fue otorgado un botón de pánico.

“Es un expediente falso, completamente plagado de mentiras e incongruencias, incluso tiene una acusación de recibir dinero en fechas que él estaba hospitalizado por un atentado que sufrió, pero eso sí, en ese expediente de más de dos mil hojas no aparece el atentado que sufrió y que fue muy grave”, agregó la familia.

El atentado mencionado por la familia de Villagrán se trató de un ataque de un grupo criminal en la vía pública, el 17 de octubre de 2023, que le dejó fracturas de dedos, costillas, piernas y rostro desfigurado por los golpes. “Pasó una patrulla de la Guardia Nacional y los llamamos, pedimos auxilio y no se detuvieron; la FGR entonces, no hizo nada”, explicó Villagrán en entrevista a Avispa Mídia.

De acuerdo con el abogado defensor José Antonio Martínez Sánchez, el delito que se le imputó a Villagrán es delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de personas y la denuncia fue iniciada por el Instituto Nacional de Migración (INM), “acusándolo de que él era el encargado de realizar las caravanas [de migrantes] con otras tres personas más”.

El abogado dijo que la carpeta comenzó a integrarse en 2022 y siguió hasta febrero del 2024. “Las autoridades hicieron actos de investigación (a Luis Villagrán) en fuentes abiertas y en sus redes sociales”, dijo Martínez Sánchez.

Además, su teléfono móvil fue parte de la supuesta investigación. “Usaron una técnica para que una compañía de teléfono [Telcel] entregara sus datos conservados, es decir, todo lo que es mensajería y telefonía, pero no se pudo acreditar que hubiera esa delincuencia que se le había acreditado”, explicó Martínez Sánchez.

El derecho a disentir

En conferencia de prensa, este 12 agosto, Luis Villagrán explicó que un juez autorizó por un año y medio, en tres momentos diferentes, la intervención de redes sociales y teléfono móvil, “y no encontraron nada”.

Mientras tanto, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, señaló que obtuvieron cerca de 75 pruebas en su contra y que, ahora, no solo apelarán la decisión del juez que absolvió al defensor, también iniciarán otra carpeta de investigación.

“Las pruebas son entrevistas de policías federales de hace tres años a migrantes. Es inverosímil, son entrevistas que no cuentan con tiempo, modo y lugar y por lo tanto no se acreditan como pruebas”, enfatizó el defensor en el Parque Bicentenario de Tapachula.

“Había pensado quedarme callado, pero ante las mentiras e infundios de tan altos tribunales, no me queda más remedio que morir luchando”, dijo y, de nuevo, pidió al gobierno federal a respetar el derecho a disentir, “y no tomarse personal los señalamientos de corrupción en INM y Comar”.

También mostró partes de la carpeta de investigación donde se observan imágenes de sus hijos y nietos. “Si así investigaran a los administradores del río Suchiate, ya estuvieran presos; el cartel cualquiera y el INM son lo mismo”.

Luis Villagrán dijo que la libertad llegó porque aún no se aplican los cambios con motivo de la reforma judicial. “Estamos antes de la etapa de los jueces que van a estar a modo de ellos [gobierno federal]. Esta reforma al poder judicial nos deja a nosotros los activistas en manos de un terrorismo de Estado”, lamentó.

En los próximos días, acudirá ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). “El Estado mexicano es un narcoestado y ahora quiere ejercer el narcoterrorismo, primero, en contra de migrantes, defensores y, luego, van con ustedes, los periodistas”, insistió.

Israel confirma ataque directo hacia seis periodistas que acusó de terroristas

Por

Sare Frabes

11 agosto, 2025

^{En portada:}^{Fuerzas armadas de Israel mataron a seis periodistas de Al Jazeera. En la imagen, desde la izquierda: Anas al-Sharif, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal, Moamen Aliwa and Mohammed Qreiqeh.}

A últimas horas de este domingo (10) fueron asesinados, por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los corresponsales Anas Al-Sharif y Mohammed Qreiqeh, los operadores de cámara Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa, y su asistente Mohammed Noufal, tras un ataque contra una tienda de campaña cerca del hospital Al Shifa en Gaza. Medios regionales aseguran que son siete las personas que murieron en este ataque.

En declaraciones recientes, los mandos del ejército israelí confirmaron el ataque en el que asesinaron al corresponsal de Al Jazeera Anas al Sharif, tras acusarlo de haber sido “jefe de una célula terrorista de la organización terrorista Hamás”.

Así mismo, las fuerzas armadas de Israel afirman, como prueba de sus alegatos, que los corresponsales de Al Jazeera contaban con documentos e información de inteligencia en Gaza. Por su parte, defensores de derechos humanos dijeron que los periodistas ya habían sido blanco de ataques por sus reportajes desde la primera línea en el conflicto y que la afirmación de Israel, al catalogarlo como terrorista, carecía de pruebas.

"Si les llegan estas palabras, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz. En primer lugar, que la paz sea con vosotros y la misericordia y las bendiciones de Dios", fueron las palabras con las que inicia una misiva que dejó el periodista al Sharif, fechada el 6 de abril de 2025, en la cual enfatiza: "este es mi testamento y mi último mensaje".

^{Un hombre en Gaza sostiene el chaleco de prensa del periodista asesinado de Al Jazeera Anas al-Sharif después de que fuera enterrado junto a cuatro de sus colegas. Al-Sharif murió en un ataque selectivo de Israel.}

Al Sharif publicó su última cobertura en X, desde el lugar donde Israel había lanzado un bombardeo intenso, también conocido como “cinturones de fuego”, sobre las zonas este y sur de la ciudad de Gaza.

El corresponsal de Al Jazeera al-Sharif, de 28 años, era una de las figuras más emblemáticas que estaba cubriendo el conflicto en Gaza. Se graduó en la Facultad de Medios de Comunicación de la Universidad de Al-Aqsa. Su padre fue asesinado por Israel en un ataque aéreo contra la casa familiar en diciembre de 2023.

El corresponsal del mismo medio, Mohammed Qreiqeh, de 33 años, realizó su última conexión en directo poco antes de su asesinato, hablando con su característica elocuencia. Qreiqeh nació en la ciudad de Gaza en 1992 y vivía en el barrio de Shujayea. Se licenció en Periodismo y Medios de Comunicación en la Universidad Islámica de Gaza. Israel mató a su hermano, Karim, en marzo de este año, en un ataque aéreo sobre la ciudad de Gaza.

El camarógrafo de Al Jazeera, Ibrahim Zaher, de 25 años, era del campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza.

Un sexto periodista, Mohammed Al-Khaldi, quien trabajaba como reportero independiente, también murió en el ataque dirigido contra el equipo de Al Jazeera, según el director del hospital Al-Shifa, el doctor Mohammed Abu Salmiya.

Israle no ha permitido que medios de comunicación extranjeros accedan a la Franja de Gaza, por tanto la información que emiten los reporteros locales así como de algunos gazatíes, es lo único que se logra conocer fuera del área de conflicto.

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha condenado el asesinato de los periodistas en Gaza, resaltando que ha sido una "grave violación del derecho internacional humanitario".

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