En portada: Celebración de José Antonio Kast, candidato de utraderecha, ganador de la primera vuelta en las elecciones presidenciales en Chile
El sorprendente triunfo en la primera vuelta presidencial del candidato de ultraderecha José Antonio Kast, por sobre el candidato Gabriel Boric, no solo pone en jaque la posibilidad de un futuro gobierno de corte transformador en Chile, sino que pone en riesgo el mismo proceso constituyente en curso en el país.
La verdad es que cuesta mucho entender lo que pasó en Chile aquel día, ya que veíamos el ascenso de la ultraderecha negacionista como una amenaza que no llegaría tan pronto, considerando todo lo que ha pasado en el país y el derrumbe del gobierno de Sebastián Piñera, luego de la revuelta social y la instalación de la Convención Constitucional.
Si bien el porcentaje de votos alcanzado por Kast no es muy alto (27, 91%), el problema mayor es lo poco que sacó el candidato de Apruebo Dignidad (25, 83), el cual obtuvo prácticamente lo mismo que sacó en primarias (sumado a los votos de Daniel Jadue), lo que refleja que su candidatura convocó muy por debajo de lo que se esperaba.
Las causas de la baja votación de Gabriel Boric son seguramente múltiples y responden a distintos factores internos y externos de la campaña, pero lo que está claro, es que para obtener un triunfo en segunda vuelta el próximo 19 de diciembre, tendrá que inevitablemente ceder mucho de su programa de gobierno antineoliberal y hacer alianzas con sectores de izquierda más conservadores, como es el caso de los partidos de la ex concertación.
Asimismo, pareciera que también tendrá que dar respuesta al discurso impulsado por Kast, centrado en el miedo y en el orden público, en donde la delincuencia, el narcotráfico y la falta de certeza económica, pareciera que serán los temas que instalarán los grandes medios de información para los próximos debates entre los dos candidatos.
Las filas fuera del Liceo José Toribio Medina, en la comuna de Ñuñoa, en Santiago, a quince minutos del cierre de urnas. Foto: La Nación
De ahí que Boric, haya entendido que la seguridad sea un tema central para las próximas semanas, y que esté adaptando su discurso de campaña, lo que obviamente es un riesgo, ya que puede ser visto como algo no creíble a estas alturas, pudiendo ser incluso contraproducente.
Por lo mismo, el haber sumado a Eduardo Vergara, como encargado de seguridad en su comando, es un acierto, considerando que no bastará con que hable del tema, en la medida que no plantee un discurso que se diferencie de la ultraderecha, cuestionando así fuertemente el populismo penal y la guerra contra las drogas de Kast, y proponga una alternativa sin complejos desde la izquierda, que vaya mucho más allá de lo punitivo.
Lo mismo con respecto al ámbito económico, el cual debiera volcarse al chileno y chilena promedio, los cuales han sido abandonados por un Estado negligente y abusados por grandes sectores empresariales, haciendo que las familias vivan completamente bancarizadas, a través del crédito, mientras el Estado goza de grandes reservas en el extranjero.
Ante esto, sería interesante incorporar también en el comando al economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, quien mejor que nadie en el país, ha desmontado empíricamente el mito de la llamada clase media, la cual no es otra cosa que una construcción de las elites, que ha permitido instalar un discurso del esfuerzo individual, de la meritocracia y del emprendimiento.
No obstante, más allá de estas estrategias de campaña para la segunda vuelta, lo que más debiera preocuparnos, en el caso de ganar José Antonio Kast la presidencia, no es su gobierno propiamente tal, el cual estará limitado al no tener la mayoría en el congreso, sino en el uso de su cargo para hacer una campaña desde el ejecutivo contra la Convención Constitucional.
El candidato del Partido Republicano ya ha manifestado explícitamente que de ser presidente, y no estar de acuerdo con el texto constitucional que se escriba, lo que seguramente será así, levantará la bandera del rechazo para el plebiscito de salida del año 2022, siendo su gobierno un mero instrumento para una restauración conservadora.
Un escenario así, de confrontación entre José Antonio Kast y la Convención Constitucional, no solo le haría un daño gigantesco a la democracia del país, sino que podría generar un clima de violencia política de alcances insospechados, trayendo consigo mucha sangre y una fractura total en el país.
En consecuencia, Kast de manera irresponsable estará usando su cargo de presidente para destruir la paz social que tanto dice defender, pasando por encima todo lo que se está intentando construir institucionalmente para el país, dejando en evidencia que más que el bien en Chile, está preocupado de mantener el orden autoritario, haciendo fracasar el proceso constituyente, para mantener a cualquier precio la constitución de 1980.
Frente a todo lo señalado, el triunfo de Gabriel Boric el próximo 19 de diciembre, es mucho más que el triunfo de un candidato en particular, del Pacto Apruebo Dignidad o de un sector político determinado. Tiene relación con cuidar la convivencia en el país y la defensa de un proceso inédito, que fue llevado por millones de chilenos, que creyeron que se podía hacer una constitución de manera distinta, después de más de 200 años de historia.
Pueblos indígenas, organizaciones sociales y hasta instancias del gobierno federal se han manifestado en los últimos tres días en contra del acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre, que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras asociadas a infraestructura a cargo del Gobierno de México, como es el caso del Corredor Transístmico y el Tren Maya. La norma administrativa ya está en vigencia.
“El Acuerdo resulta problemático (…) ya que genera un régimen de excepción en la regulación de los proyectos de desarrollo en México”, sostienen en un comunicado diversas organizaciones sociales como el Artículo 19 México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos - Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
De acuerdo con estos organismos, es inconstitucional que, mediante una norma administrativa, “se genere una calificación anticipada sobre el carácter de seguridad nacional”. Bajo este sello, el gobierno puede reservar indiscriminadamente las informaciones relacionadas con los proyectos.
La medida “genera una aplicación restrictiva del derecho de acceso a información y la máxima publicidad, pues posibilita que cualquier información pueda ser interpretada arbitrariamente como de seguridad nacional”, sostienen. Sin embargo, la restricción debería “llevarse a cabo sólo bajo un análisis casuístico de los contenidos de cada una de las obras para valorar si dicha clasificación procedería”.
En el acuerdo se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional de permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras en un plazo de cinco días de la solicitud. “Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, dice el acuerdo.
Dicha autorización tendrá una vigencia de 12 meses, tiempo para que se emita la autorización definitiva. Con ello, se eliminan las “obligaciones a las que el Estado Mexicano se ha comprometido y debe cumplir (…) tales como la realización de procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, o la realización de estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que son indispensables para que los pueblos indígenas y equiparables puedan tomar una decisión informada con relación a dichos proyectos”, dicen.
Las organizaciones denuncian que, al establecer como de interés público estos proyectos - es decir, pasan a tener carácter preferente frente a cualquier otro uso del territorio -, el gobierno federal contraviene también el derecho a la tierra y territorio de pueblos indígenas y el derecho a la propiedad de los núcleos agrarios, “pues dicha propiedad, posesión, uso, disfrute y aprovechamiento se encuentran protegidos y garantizados a nivel constitucional y en tratados internacionales a los que el Estado Mexicano se ha comprometido”.
Reacciones
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) anunció en el mismo día de la publicación del acuerdo que está preparando una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del acuerdo.
El órgano sostuvo que “exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna”.
Las organizaciones que firman el comunicado hacen un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Congreso de la Unión para que “activen los mecanismos legales que resulten procedentes contra el Acuerdo, para resguardar los preceptos constitucionales”.
La Agencia Internacional de Energía (AIE) calcula que para concretar la transición energética mundial hacia energías consideradas ‘limpias’, prevista en el Acuerdo de París de 2015, será necesario cuadruplicar la extracción de metales y minerales entre 2020 y 2040.
Litio, cobre, grafito, cobalto, níquel y tierras raras son los seis minerales claves para la fabricación de tecnologías eólicas, solar, redes eléctricas y vehículos eléctricos que requieren, por ejemplo, seis veces más metales y minerales que un coche convencional.
Los mecanismos para acelerar la extracción de estos minerales están siendo puestos en marcha especialmente por organismos supranacionales. El Banco Mundial, por ejemplo, lanzó un fondo para promover lo que ha denominado como “minería climáticamente inteligente”, de tal manera que busca “garantizar que los minerales necesarios para la transición a las energías limpias se produzcan y suministren de manera sostenible y responsable”, menciona la institución en un informe.
La inversión inicial prevista por el Banco Mundial es de 50 millones de dólares en un plazo de cinco años. Entre las iniciativas promovidas y financiadas por esta instancia está la prestación de “asistencias a los gobiernos para crear un sólido marco de políticas reglamentarias y de orden legal que promueva la minería climáticamente inteligente y que genere un entorno propicio para el capital privado”, sostiene el organismo.
Pero, como sostienen empresas mineras, Estados y organismos de financiamiento, ¿los impactos sociales y ambientales de la minería climáticamente inteligente o minería verde, como también es llamada, son menores cuando son comparados a la minería que hasta ahora se realiza?
Un mapeo colaborativo realizado por comunidades afectadas en nueve países de las Américas -Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos y Canadá- y los equipos del Atlas de Justicia Ambiental y MiningWatch Canadá revela que no.
“(…) Estos proyectos no son distintos, en su tamaño, ni técnicas previstas de extracción y procesamiento de minerales -o sus modos de gestión y relacionamiento comunitaria- que las grandes minas ya existentes en el continente para la extracción de minerales ‘tradicionales’ como el oro, la plata o el mismo cobre, que ya han generado graves impactos socioambientales”, revela el estudio, en el cual fueron analizados 25 casos distintos.
Algunos de los proyectos de litio o grafito analizados en el estudio pretenden, por ejemplo, hacerse en depósitos de roca, con minería a cielo abierto. Un ejemplo de ello es la mina Sonora Lithium en México, la cual será a tajo abierto (129 hectáreas) que generará 131 millones de toneladas de residuos durante los 20 años de producción, así como 25 millones de toneladas de relaves húmedos.
Además, las políticas de la transición energética están expandiendo la frontera de extracción hacia ecosistemas frágiles y poco conocidos tales como salares y lagunas altoandinas y aumentando la presión extractiva en ecosistemas y áreas especialmente sensibles y biodiversas como la Amazonía, bosques húmedos, lagunas, valles y montañas. “Este proceso tiene lugar de forma atropellada, sin respeto a los derechos del ambiente y de las comunidades que habitan los territorios”, dice el estudio.
No importa lo ‘verde’ que se pinte el mineral extraído. “El hecho de extraer litio o grafito, en lugar de oro, plata o carbón, no vuelven esos proyectos más verdes o sustentables. Son proyectos que usan grandes cantidades de agua, materiales y energía y que generan grandes cantidades de residuos mineros. Existe mucha opacidad e incertidumbres sobre la gestión y tratamiento de los residuos mineros, especialmente en el largo plazo. Estos generalmente quedan enterrados como una ‘bomba de tiempo’ por siglos”.
Violencia
Los casos documentados evidencian las diferentes formas de violencia que se ejercen sobre las comunidades que se oponen al avance de la frontera extractiva en sus territorios.
“Desde la violencia sobre los cuerpos (contaminación del agua), impactos sociales (llegada masiva de trabajadores mineros, aumento de alcoholismo y prostitución, etc.), la falta de reconocimiento de las comunidades y sus cosmovisiones, amenazas, intimidación, hostigamiento, falsas acusaciones y denuncias sobre defensoras, así como enjuiciamientos y encarcelamientos con procedimientos legales opacos. Las comunidades también señalan procesos de cooptación, división comunitaria impulsadas desde los sectores promotores de la minería”.
Un patrón recurrente en los proyectos mineros documentados es la poca información que se ofrece a las comunidades, con omisiones en algunos casos, así como la falta de espacios de participación.
¿Dónde están los minerales?
El continente americano, especialmente la región latinoamericana, tiene una posición estratégica para la extracción y las reservas de estos minerales.
De acuerdo con el estudio, en el caso del litio, por ejemplo, Chile (22%), Argentina (7,5%) y Brasil (2,3%) concentran casi un tercio de la extracción global actual. Bolivia, Argentina y Chile poseen el 58% de las reservas estimadas de litio y si se suman las reservas de EEUU, Canadá, México y Perú, el continente americano concentra tres cuartas partes de las reservas mundiales de litio.
En el caso del cobre, el mineral con mayor demanda estimada, el 40% de la extracción mundial actual está repartida entre Chile y Perú. Si sumamos a estos dos países la extracción en los EEUU, en Canadá y en México, América concentra más de la mitad de la extracción mundial de cobre.
Esos países concentran también casi la mitad de las reservas, principalmente Chile y Perú. Destaca también la presencia de otros metales y minerales en el continente americano. Los EEUU extraen el 15% de las tierras raras en el mundo y Brasil concentra el 17% de sus reservas mundiales.
En el caso del grafito, Brasil extrae el 8,6% y posee el 21,6% de las reservas mundiales. Y para el níquel, Canadá extrae el 6% y Brasil posee el 17% de las reservas. En este sentido cabe destacar que este informe no ha documentado adecuadamente la alta conflictividad minera en Brasil, que sí puede observarse en el mapa interactivo que acompaña este reporte.
Acumulación por descarbonización
La propuesta de transición energética gubernamental y corporativa representa más bien, alerta el estudio, “una transición de mercado que está creando nuevos procesos especulativos, diversificando los nichos y movimientos de capitales en un nuevo proceso de ‘acumulación por descarbonización’”.
Por otra parte, los pueblos son claros: “No existe justicia climática si es extractivista”.
Aquí puedes checar el mapa interactivo, resultado del trabajo de mapeo, que documenta algunos de los impactos sociales y ambientales de la minería de litio, cobre y grafito en los países estudiados.
En portada: Pese a la presencia de autoridades locales, personas agredieron físicamente a participantes de asamblea comunitaria convocada por el presidente municipal.
Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y las Guardianas del Río Metlapanapa, junto con decenas de organizaciones y colectivos, denunciaron la detención arbitraria y actos de violencia en contra de defensores comunitarios, en el contesto de la lucha por defender el agua de la extracción y contaminación por parte de empresas multinacionales en esta región volcánica del estado de Puebla.
En la mañana del domingo (21), la policía municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, detuvo a Alejandro Torres Chocolatl y Michel Torres, miembros de la Radio Comunitaria Zacatepec y de Pueblos Unidos. De acuerdo con el comunicado publicado por los Pueblos Unidos, la detención ocurrió cuando se salió de control la asamblea comunitaria convocada por el presidente municipal, el perredista José Cinto Bernal, con el fin de discutir la reapertura del registro Civil de Santa María Zacatepec.
Cabe recordar que la población cerró la alcaldía en febrero de 2020, para protestar en contra de la decisión de las autoridades comunitarias de permitir que las empresas vertieran residuos industriales tóxicos en el río Metlapanapa.
Pueblos Unidos denuncia que el edil acudió a la reunión con un grupo de choque, compuesto por “un gran número de personas que desde el principio no permitieron el diálogo respetuoso, interrumpiendo a los participantes que expresaban una opinión diferente, e intentado rebatar el micrófono de los participantes”.
Hubo un enfrentamiento físico durante la asamblea que tuvo como saldo varias personas golpeadas y heridas, de acuerdo con el comunicado. Pueblos Unidos señala que el presidente municipal, quien acaba de tomar posesión el 15 de octubre con la promesa de “estar del lado del pueblo”, no intentó controlar la violencia, sino que continuó la asamblea y reabrió la presidencia auxiliar “por la fuerza”.
La asamblea fue resultado de un acuerdo tomado entre Cinto Bernal y las Guardianas del Río Metlapanapa –organización que también participa en el frente de comunidades Pueblos Unidos, que lucha contra la empresa embotelladora Bonafont–, después de que el recién electo presidente municipal intentó abrir la Alcaldía Auxiliar sin consultar a la población.
El edil fue acompañado por personal del Ministerio Público, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceas), aunque el asunto está fuera del ámbito de competencia de esta última, de acuerdo con la información recabada por Somos el Medio.
La Ceas, junto con las autoridades locales, apoyó a las empresas para que iniciaran la construcción de un sistema de drenaje que descargaría los desechos industriales en el río Metlapanapa, a pesar de que el proyecto carecía de permisos de la Conagua o la Semarnat, de acuerdo con funcionarios de las mismas dependencias. Las comunidades afectadas por el proyecto también denunciaron que el titular de la Comisión de Agua en ese momento, Alfredo Ávila Salazar, se desempeñó posteriormente como representante e ingeniero de la obra de drenaje.
Antes del mediodía, los defensores detenidos fueron liberados por las y los pobladores, quienes bloquearon el paso de la patrulla. Desde Altepelmecalli, la Casa de los Pueblos, el comunicador liberado, Alejandro Chocolatl, se pronunció: “Como Radio Comunitaria Zacatepec, estabamos dando transmisión...de todo este evento, y también no nos libramos de ser golpeados, de ser perseguidos, de ser humillados. Porque a mi me tiraron, me golpearon, me dieron de patadas en las costillas, que esto lo voy a denunciar en la Fiscalía”.
Pueblos Unidos agregó en su comunicado: “Sabemos, que las razones del presidente municipal José Cinto Bernal, para abrir la Presidencia Municipal son más profundas que la reapertura de un registro civil: es la venta de las tierras a las empresas, es la contaminación de todos los ríos, es extinguir la resistencia comunitaria”. Y continua: “Desde la Casa de los Pueblos les decimos a los gobiernos corruptos y vendidos: no nos vendemos, no claudicamos y no nos rendimos. Nuestra defensa por lo más sagrado, el agua y la vida, continuará”.
Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), de la comunidad Autónoma Moisés y Gandhi, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, sufrieron un nuevo ataque armado el domingo (21) por parte de paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao).
De acuerdo con un comunicado de la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, los paramilitares de la Orcao de la comunidad San Antonio Las Flores, a las 10 de la mañana, hicieron un recorrido para revisar tuberías de agua en la región, después de unos momentos, empezaron a disparar desde diferentes puntos hacia la comunidad de Moisés y Gandhi. “Así estuvieron disparando de manera intermitente, varios disparos de alto calibre impactaron en tres casas de la comunidad poniendo en riesgo a las BAEZLN de la comunidad”.
El ataque armado continuó. A las 16h30, el grupo de paramilitares se acercó a la Escuela Secundaria Autónoma Zapatista Siguiendo el Caminar de los 2 Mártires de la comunidad, prendió fuego a tres aulas quemándose al instante. La Escuela Autónoma ya había sufrido un ataque armado por parte de la Orcao el último14 de octubre.
“Este grupo de paramilitares ha llevado a cabo acciones al amparo de las autoridades del municipio de Ocosingo donde gobierna el mal llamado Partido Verde (apéndice del PRI y que le hace el juego sucio a Morena), en donde su principal líder es un funcionario del municipio. Actúan cobijado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas a cambio de los votos que le dio el Partido Verde para llegar a la gubernatura de Chiapas. Favor con favor se paga”, dice el comunicado.
En los últimos meses ha registrado un sinnúmero de agresiones a las bases zapatistas. El 22 de agosto de 2020 hubo el saqueo, robo y quema de la tienda el Arco Iris, ubicada en el crucero Cushuljá, municipio de Ocosingo.
El día 8 de noviembre de 2020 la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva denunció el secuestro y tortura de un compañero Base de Apoyo Zapatista de la comunidad de San Isidro, anexo de Moisés y Gandhi, por parte de la organización paramilitar llamada ORCAO.
El día 11 de septiembre de 2021 el grupo paramilitar secuestró a dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno a José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, manteniéndolos en calidad de desaparecidos hasta el día 19 de septiembre.
La red sostiene que las acciones han sido denunciadas públicamente, sin embargo han quedado en total impunidad. “Ante los hechos realizados por los paramilitares de la Orcao, la complicidad del gobierno municipal del Verde, el Estatal y Federal de Morena. Exigimos el cesen de inmediato las agresiones contra la comunidad autónoma de Moisés y Gandhi”.
Por Juan Calles y Paolina Albani. Editado por Héctor Silva / Prensa Comunitaria
En portada: Hombres vestidos de civil utilizaron maquinaria pesada para destruir viviendas de la comunidad Chinebal. Imagen por Prensa Comunitaria.
Más de 90 familias de “Palestina”, una comunidad Q’eqchi’ ubicada dentro de la finca Chabiland, en Chinebal, al sur de El Estor, Izabal, se quedaron a la intemperie y perdieron todas sus pertenencias en cuestión de horas. El 16 de noviembre, pasado al mediodía, un grupo de hombres vestidos de civiles prendió fuego a las casas de la aldea. A pocos metros de distancia, los policías observaron impasibles el bailoteo de las llamas y el humo, mientras otros desalojaron a las pocas personas que no se habían refugiado en las montañas. El Gobierno aprovechó el estado de sitio impuesto en el municipio a finales de octubre y utilizó toda la fuerza de la policía en contra de una comunidad indefensa para “liberar” el terreno y entregarlo a la empresa de palma africana NaturAceites.
Todo empieza a las 8:00 de la mañana del mismo día. Los pobladores de Palestina, que forman parte de la comunidad San Pablo I, fueron alertados por la vecina Chinebal de la presencia de la policía. La gente sabía muy bien que la llegada de las fuerzas de seguridad solo podía significar un intento de desalojo. No era el primero, sino el onceavo en los últimos dos años. Apenas un mes antes había habido otro intento.
La policía no entró de inmediato a Palestina, sino que permaneció varias horas en Chinebal para organizarse. Eran las 12:10 horas cuando ingresaron a la finca Chabiland, donde está la comunidad, más de cien patrullas, 12 camionetas y 931 policías, de acuerdo al testimonio de los comunitarios y de Astrid Franco, de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Izabal, en declaraciones a ConCriterio. El vocero de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar, dijo que fueron 500 agentes.
La presencia policial fue exagerada y únicamente fue posible por el estado de sitio que el Ejecutivo decretó en octubre pasado. Esto ha provocado que las calles estén inundadas de personas uniformadas y armadas. El 6 de octubre había sido el último intento de desalojo, esa vez también llegaron cientos de policías.
La orden de desalojo fue firmada por el juez Aníbal Arteaga del juzgado de Primera Instancia Penal de Izabal, la cual indicaba que la diligencia se realizaría de 10:00 a 11:30 de la mañana.
Foto de archivo, intento de desalojo de la comunidad Chineval en el 2021. Aj Ral Choch.
Los habitantes de Palestina, unas 500 personas, se negaron a dejar su hogar; alegaron que las autoridades estaban incumpliendo los protocolos legales. Además, aseguraron a la policía, al Ministerio Público (MP) y al juez de ejecución que el terreno les pertenecía y que esperaron durante varios años la visita de la ahora clausurada Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia para aclarar de quién es la propiedad. Pero esos funcionarios nunca llegaron.
Las autoridades no los escucharon; les advirtieron que tenían una hora para desalojar voluntariamente, de lo contrario, dijeron, utilizarían la fuerza. Los comunitarios se negaron una vez más. La policía procedió a empujar a la gente, sobre todo a las mujeres y a los niños. Luego les lanzó bombas lacrimógenas. Mientras esto ocurría, varios trabajadores de NaturAceites observaban todo de cerca. NaturAceites es la compañía propietaria de los cultivos de palma aceitera que rodean a la comunidad Palestina y ocupan grandes porciones de tierra al sur y oeste del Lago de Izabal y El Estor.
Las bombas lograron su cometido: dispersar a la gente. Empleados de la compañía aceitera aprovecharon el momento para tomar posesión de las tierras.
Minutos más tarde, las casas empezaron a arder y en varios rincones de la comunidad hombres vestidos de civiles con camisas azules, usaron maquinaría pesada para destruir las viviendas. Las casas que fueron destruidas por las máquinas luego fueron pasadas por el fuego. Donde había casas, ahora únicamente quedan cenizas.
Fotograma: video Prensa Comunitaria
La policía observó los hechos sin hacer nada para evitarlos. Mediante un comunicado oficial, dado en la Ciudad de Guatemala, afirman que el desalojo fue pacífico y que se privilegió el diálogo. Enfatizan en que ha habido manipulación mediática sobre el mismo, además de negar su participación en el incendio de las casas. En los videos solamente se les ve cerca de las casas que arden.
Pobladores de Chinebal informaron que, días antes, soldados del Ejército patrullaban y controlaban a la comunidad; después del desalojo, un grupo de policías continúa en lugar, interrogando e identificando a personas que se acercan a observar los escombros que quedaron luego del desalojo.
De esta trágica escena de violencia solo se salvaron dos terceras partes de la comunidad de San Pablo I. Sus casas quedaron intactas y los pobladores lograron evitar el desalojo al mostrar documentos firmados por el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) que los respaldan. Ellos podrán permanecer en sus hogares, pero deberán de integrar una mesa de diálogo que coordinará la Gobernación Departamental, liderada por Héctor Alarcón, para llegar a acuerdos con NaturAceites, que sigue insistiendo en recuperar las tierras.
Detenciones y criminalización, el preludio al operativo del desalojo
Elementos del Ejército patrullaban la zona sur de El Estor antes del desalojo, lo que provocó temor en los comunitarios. Las familias que residen en Chinebal son hijos y nietos de personas víctimas de la represión gubernamental durante el conflicto armado interno, por lo que la presencia militar ha sido motivo de preocupación.
El 10 de noviembre, elementos de la fuerza naval y fuerzas especiales kaibiles capturaron a Oswaldo Rey Chub Caal cuando trabajaba en su criadero de peces.
La orden en contra de Chub fue firmada por el juez Edgar Aníbal Arteaga López, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Izabal, sindicado por los delitos de usurpación agravada y resistencia.
Según el relato de testigos que observaron la forma en que fue detenido Chub Caal, los militares actuaron de manera violenta e intimidatoria. Además, llegaron acompañados por tres personas civiles con la policía.
“Llegaron al lugar dos camiones del Ejército llenos de soldados. Cuatro carros pick-ups del Ejército, uno particular que era de la empresa NaturAceites”, expresó una de las personas que se encontraba trabajando en el terreno. El testigo no quiso decir su nombre por temor a represalias.
El Bufete para los Pueblos Indígenas, que acompaña legalmente a Chub Caal, informó a través de la abogada Wendy López que luego de su primera declaración fue ligado a proceso y se le dictó prisión preventiva.
El bufete asegura que el comunitario está siendo criminalizado por la empresa de monocultivo NaturAceites, representada por el abogado Cristian Henry Ayau, que se constituyó como querellante adhesivo en la causa en contra de Oswaldo Rey Chub Caal.
Sí hubo delito en el incendio de las casas
En los videos publicados del desalojo se puede observar a personas civiles que llegan al lugar en vehículos particulares, con camisas celestes. Ellos son quienes incendian las casas de los comunitarios, mientras la policía observa la acción. En otras escenas se observa a hombres con el mismo color de camisa, conversando con los policías.
Imágenes en video muestran la participación de civiles en la destrucción de las viviendas. Fotogramas de video por Prensa Comunitaria
Para la abogada Wendy López, este hecho constituye delito, pues no se observaron estándares internacionales en materia de desalojos, a los que el Estado de Guatemala está suscrito.
“Hay preeminencia de los derechos colectivos. Durante los desalojos se deben garantizar los derechos a la vivienda, a la alimentación, buscar el diálogo y no ejercer violencia, ni destrucción de viviendas; en este desalojo se hizo todo lo contrario”, observó Wendy López.
Astrid Franco, de la PDH de Izabal se limitó a informar que en el lugar había 931 agentes de la policía. Ella no pudo establecer quiénes eran las personas que iniciaron el fuego y dijo que la PDH reiteró a las autoridades que debían de verificar que este tipo de acciones no se realizaran. Lo que dijo la PDH, sin embargo, no detuvo los hechos violentos.
“Se está usando el estado de sitio como una manera de darle una lección a las comunidades que están en contra de la minería, de las hidroeléctricas, y en contra la explotación de la palma africana. Es una ola de terror como mecanismo de presión. Esto violenta el Convenio 169 de OIT y el artículo 63 de la Constitución Política, pues utiliza el Estado toda su fuerza en contra de una población indefensa que lo único que reclama es su derecho a la tierra”, manifestó el diputado Edgar Batres de la bancada Winaq.
Batres, junto a otros diputados de las bancadas Winaq, Semilla y URNG-Maíz, visitó El Estor hace una semana para revisar las condiciones en que se ejecutaba el estado de sitio impuesto por el Ejecutivo para favorecer a la minera de níquel que opera ilegalmente en el lugar.
“Si bien es cierto el estado de sitio está vigente, la desproporción del uso de la fuerza por la policía no justifica el incendio de comunidades”, agregó Batres.
Los demás diputados que integraron la comisión fueron consultados, pero no respondieron las llamadas de Prensa Comunitaria.
“Se siguieron los protocolos y el debido respeto a los Derechos Humanos de las personas. Hubo un grupo de personas que con machetes y garrotes con clavos amenazó a los participantes. A pesar de la tensión, se mantuvo el orden”, aseguró la policía en el comunicado.
El Ejecutivo instauró el estado de sitio en el municipio para “devolver la calma” a la comunidad, pero desde antes la policía despejó el camino a los camiones de la minera de níquel. Durante el estado de sitio, el Gobierno ha evitado los bloqueos y se ha encargado de perseguir y vigilar a las personas que participaron en la manifestación pacífica que detuvo la operación de la empresa durante 20 días. Todo apunta a que la presencia de la policía y del Ejército podría ser prolongada un mes más, según declaraciones del Gobierno.
Una antigua disputa por el territorio
La gente que hoy vive en San Pablo I, es descendiente de familias que migraron de Alta Verapaz hacia Izabal en la década de los 60 y tuvieron que huir a las montañas después de la masacre de Panzós en 1978. Solo regresaron cuando el Ejército y la Guerrilla comenzaron los acercamientos para la Firma de la Paz.
Durante el tiempo que se ausentaron de las tierras, los finqueros habrían decidido convertir la zona en potreros para el ganado y, posteriormente, empezaron a sembrar palma africana para la producción de aceites vegetales. Es así que Findesa, la finca ganadera, pasa a llamarse NaturAceites.
“La empresa de aceite, en 2005, hizo modificación de todas sus fincas. Tenía propiedad de regadas e hizo unificación, pero dentro de ellas había tierras nacionales que eran ocupadas por las comunidades indígenas. Desde entonces el título -de propiedad de NaturAceites– se utiliza para poder despojarlos de su tierra. Dentro de su propiedad aparece la finca 493, donde están las comunidades. Esas tierras son del Estado”, aseguró Robin Sicajá de la Defensoría Q’eqchi´.
Sicajá conminó al Gobierno para que realice un estudio profundo de las tierras, sobre todo aquellas que fueron despojadas a las comunidades durante el conflicto armado interno.
A su vez, condenó la forma arbitraria en la que se efectuó el desalojo y señaló que no es lo mismo que una mudanza, por lo que las familias que allí vivían lo perdieron todo.
“No son champas con nylon. No es una invasión. Hasta cancha de futbol tienen, es una comunidad bien establecida en su lugar”, refirió Sicajá.
¿Por qué es importante Chinebal para NaturAceites?
El mercado global del aceite de palma está dominado por Indonesia y Malasia, que juntas producen más del 80% de la oferta mundial. Sin embargo, Guatemala ocupa el segundo lugar en América Latina tras Colombia y es el sexto exportador mundial.
El año pasado, Guatemala produjo unas 880,000 toneladas de aceite de palma crudo. Se exporta más o menos el 80 por ciento, principalmente a México y a otros países centroamericanos y europeos. El aceite de palma y sus ingredientes derivados se encuentran comúnmente en alimentos, cosméticos, y productos de limpieza.
NaturAceites, una de las principales empresas de aceite de palma en Guatemala, reclama la propiedad de la tierra que ocupa parte de la comunidad Chinebal, en ella sembraron palma africana, pero habitantes Q’eqchi’ aseguran que son tierras ancestrales.
Esta situación provocó un conflicto de tierras que ya dura varios años, en los que líderes comunitarios han enfrentado órdenes de captura por usurpación y otros delitos. Además de la muerte de José Chamán, el 31 de octubre de 2021 durante un desalojo.
En ese momento, había 300 policías presentes, quienes lanzaron gases lacrimógenos y dispararon sus armas de fuego en contra de la comunidad.
Además de la impunidad en la que quedó el asesinato de Chamán, existen varias denuncias de comunitarios que aseguran que los trabajadores de NaturAceites los hostigan constantemente y les acusan de usurpar las tierras de Palestina en Chinebal, propiedad de Juan Maegli quien arrienda dicha finca a la empresa palmera.
Maegli, quien fue presidente de Cementos Progreso, participó en el partido Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y se le vincula como financista de la campaña contrainsurgente de 1970 y 1980, aseguró que las tierras le pertenecen a la finca Chabiland, quien reclama 11 caballerías y 35 manzanas de territorio.
“A nuestro parecer, este es el retorno a la política de tierra arrasada. Vemos que hay un nivel de saña y desprecio hacia las comunidades indígenas”, dice la diputada Sonia Gutiérrez Raguay. Un sentir que comparten otros diputados y defensores de derechos humanos.
