México: Campesinos resisten ante empresas que acaparan agua en la cuenca Libres-Oriental

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15 julio, 2024

^{En portada: Desalojo violento del plantón contra la contaminación de la transnacional Granjas Carroll en Veracruz.}

Siguen impunes los asesinatos de los hermanos campesinos Jorge y Alberto Cortina Vázquez, de 22 y 27 años, por policías de la Fuerza Civil del estado de Veracruz, ocurridos el pasado 20 de junio. Los homicidios acontecieron durante el desalojo violento del plantón realizado por ejidatarios, campesinos y habitantes de comunidades de Puebla y Veracruz - integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental -, en las afueras de la transnacional Granjas Carroll de México, ubicada en San Antonio Limón Totalco, municipio de Perote, estado de Veracruz.

Granjas Carroll, presente en la región desde 1993, es subsidiaria de la mayor productora global de cerdos, la empresa privada china WH Group, a través de su subsidiaria Smithfield Foods de origen estadounidense.

Las 51 granjas de la empresa están asentadas en los estados de Veracruz y Puebla, exactamente sobre la Cuenca Libres–Oriental, que abarca además el estado de Tabasco. En Totalco se encuentra una de las plantas. Los campesinos protestaban contra el acaparamiento del agua por la transnacional, además de la contaminación de los mantos freáticos por las granjas.

“No llegaron a desalojar, llegaron a matar. El plantón era pacífico. Los compañeros se defendieron con sus cuerpos, con sus pechos. No fue un enfrentamiento. Fue crimen de Estado. Fue una ejecución”, sostiene para Avispa Mídia el integrante del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental, Renato Romero Camacho.

Unos días después de la acción de despojo, la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz extinguió la Fuerza Civil responsable por la operación.

Para Romero Camacho, al diluir la corporación, el gobierno del Estado deslinda de responsabilidades a los policías, además de los comandantes y los altos mandos que dieron la orden abrir fuego. “Dicen que ya no existen, pero sí existen, solo que están con uniformes de otro color”, dijo señaló.

De acuerdo a declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, son cinco las personas detenidas. La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a dos y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz a tres. “¿Usted cree que vamos a confiar en las instancias judiciales, en las procuradurías judiciales de los gobiernos de Veracruz y de Puebla? Son ellos que nos mandaron a matar”, señala Romero Camacho.

Una semana después de los asesinatos, los familiares de las víctimas se reunieron con integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas. Sin embargo, como reportaron diversos medios locales, los familiares abandonaron la reunión por falta de respuestas concretas y por la oferta de ayuda financiera. Los familiares consideraron ofensiva la propuesta.

Por otra parte, la Procuraduría del Medio Ambiente en Veracruz anunció que ha realizado inspecciones a Granjas Carroll e incluso se le ha otorgado una multa y, además, anunció que la granja en Totalco sería clausurada de forma parcial y temporal. El plazo para corregir las malas prácticas, según el órgano ambiental, vence en septiembre. Para el activista Romero Camacho, no pasa de una simulación. “La granja sigue funcionando”, sostiene.

La Cuenca Libres-Oriental alberga una riqueza hídrica extraordinaria, como describen por lo menos 20 organizaciones que declararon apoyo al Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental. Además de las granjas, dicha región rica en agua ha sufrido, durante las últimas décadas, el asentamiento de numerosos proyectos industriales y extractivistas que, junto a los agronegocios, “han provocado y exacerbado el acaparamiento, la contaminación y el despojo del agua, afectando a miles de campesinos, ciudadanos y comunidades de la cuenca”, sostienen en un comunicado.

De acuerdo con Cirio Ruiz González, miembro del Consejo Regional del Café de Coatepec, organización que apoya los campesinos en su lucha contra las granjas y por el agua, el problema empezó en la región a partir del proceso de privatización de la tierra. En 1992, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari cambió el Artículo 27 Constitucional, el cual pasó a permitir la privatización de los ejidos. “Nosotros fuimos contra”, dijo, “a partir de ahí se ha dado manga ancha a los empresarios en el país para que hagan y deshagan. Y Veracruz es un ejemplo de eso”.

Debido a su grave contaminación y devastación, la Cuenca Libres-Oriental fue declarada, en 2019, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como un infierno ambiental. En 2021, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) la declaró como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental. “Pese a lo anterior, persiste el actuar impune de ciertas industrias, la criminalización de los defensores del territorio y la criminal omisión de las dependencias oficiales”, sostienen las organizaciones.

Persecución

Las organizaciones también denunciaron que después del 20 de junio se ha intensificado, en diversos frentes, una campaña de persecución, desprestigio y criminalización contra los defensores del agua y el territorio de la Cuenca Libres-Oriental. “Tal como las recientes declaraciones del presidente municipal de Perote, quien ha tratado de dividir y confrontar a los habitantes y defensores de la cuenca, responsabilizando de los hechos a integrantes del movimiento”, sostienen.

En una entrevista para Avispa Mídia, el integrante del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental, Renato Romero Camacho, quien ha recibido amenazas contra su vida, detalla los procesos de esta lucha, que no es de hoy. Lleva alrededor de 20 años. A continuación, reproducimos fragmentos de una larga entrevista.

Avispa Mídia (AM): Descríbanos la región de la Cuenca Libres–Oriental donde están asentadas las granjas de cerdos.

Renato Romero Camacho (RRC): Nuestra región es netamente agrícola, y ésta es nuestra lucha. Nuestra región es de vocación agrícola. Sembramos cebada, haba, la calabaza, trigo, fundamentalmente el maíz, entre otros. Son tierras productivas.

AM: ¿Cuál es el problema de contaminación?

RRC: Granjas Carroll llegó en 1993, desde entonces se ha expandido. Actualmente ha instalado mas de 100 corrales, que se dividen en módulos de cuatro naves. Cada módulo tiene sus pozos, sus fosas que no son debidamente cuidadas. Esta contaminación pasa al suelo. Hay desbordamiento. Las fosas cuando se llenan, tienen que vaciarlas con vehículos que esparcen la porquería sobre terrenos que ha comprado o en tierras de los vecinos. El aire apesta a kilómetros de cada corral, de cada instalación.

AM: ¿La resistencia contra la contaminación es antigua?

RRC: Sí, Granjas Carroll se ha extendido, no sin enfrentarse con resistencia de los pueblos que, desde el principio, sintieron las consecuencias de la contaminación. Y hay una historia de resistencias. La mas relevante, porque hay muchas otras pequeñas, comenzó a fines de 2006. Los pueblos de la región de Perote, estado de Veracruz, Tepeyahualcoy Guadalupe Victoria, del estado de Puebla, y otros municipios vecinos, se levantaron protestando contra Granjas Carroll. En estos años 2006-2007, tomaron carreteras, exigían que ya no se expandiera. Solamente se pedía que no se pusiera más corrales porque la contaminación del aire y del suelo ya era grave.

Y esta resistencia fue aplastada con represión. Granjas Carroll contrademandó a los manifestantes. El gobierno de Veracruz metió a la cárcel alrededor de siete campesinos. Pero no fue todo, secuestraron a uno de los dirigentes principales de las protestas, a Don Guadalupe Serrano, y lo torturaron, destruyeron el negocio de su familia. A un hijo de Don Guadalupe lo levantaron y lo desaparecieron. Es un crimen que todavía no se aclara.

Otro momento importante, fue cuando surgió la influenza porcina, en 2009, un virus que escandalizó a nivel internacional. Aquí en la región enfermó a muchos vecinos, pero los gobiernos de Veracruz y Puebla echaron tierra al brote de este virus peligroso. Empezaron a difundir que el virus no era originario de los puercos, que surgió de manera natural. Silenciaron a las protestas. La empresa acusó de calumnia a los vecinos. Las granjas son una fuente de contaminación y de posibles virus peligrosos y mortales para los pueblos.

En 2015, quisieron introducir sus instalaciones de corrales en el ejido de Guadalupe Victoria, en el municipio de Cuyoaco, Puebla, aledaño al municipio de Coatepec. En el mismo año, en Coatepec habíamos hecho un movimiento y corremos a la empresa Coca-Cola que querría instalarse ahí. En estos entonces entre Coatepec y los ejidatarios de Guadalupe Victoria fuimos a impedir que se instalara Granjas Carroll en una parcela que había comprado ahí en Guadalupe Victoria. Y los corrimos. También hace unos tres o cuatro años a Granjas Carroll no se le permitió instalar en el municipio de Libres.

Pero Granjas Carroll se ha podido meter en otros municipios porque compran la tierra, intimidan a los ejidatarios, compran a las autoridades ejidales.

Y ahora, esta última, donde asesinaron a los jóvenes, para exigir una vez más que Granjas Carroll se largue de nuestras tierras. Se inició en Totalco, el 23 de mayo, haciendo un plantón en frente de la empresa, sin invadir su propiedad. Un plantón pacífico. Todas sus instalaciones no las queremos porque llevan décadas contaminando y, lo más grave, saqueando el agua de los campesinos.

AM: ¿El agua es el punto central de su lucha?

RRC: El Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental lleva años defendiendo el agua. El conflicto es por el agua. La disputa de los campesinos de toda la cuenca es contra las empresas, principalmente, extranjeras, no solo Granjas Carroll, que tienen acaparada toda el agua del subsuelo, junto con los terratenientes de la agroindustria que siembran hortalizas y las exportan, que cultivan fresas, berries en invernaderos y las exportan.

En 2006, por ejemplo, el rancho La Concepción lo vino a rentar Vicente Fox, ex presidente de México, sembró brócolis en este rancho. El granizo le destrozaba su planta. Trajo unos cañones que lanzaban unas bombas que alcanzaban unos 800 metros de altura. Y las nubes se desvanecían. Lo hacía frente a nuestros ojos. Los campesinos se levantaron, tomaron las carreteras, exigiendo que ya no usara esta tecnología. No había una ley que lo prohibía. Se hizo un acuerdo en el cuál se comprometió a no hacerlo más. Pero nunca lo respetó.

Para 2015, estos grandes ranchos ya tienen sus pozos para riego. Agua para miles y miles de hectáreas. Mientras, los campesinos tienen la lluvia para sembrar. Sin embargo, en 2020, empieza a acentuar la sequía. No ha llovido de enero a junio de 2024, por ejemplo. Los ranchos logran autorización de Conagua para abrir sus pozos para riego, mientras que para los campesinos se la niega. Los ranchos tienen cultivos verdes, frondosos, papas floreando, zanahorias por arrancar, trigos y cebada espigando, brócolis por levantar, agua día y noche. Los ejidos, las parcelas de los campesinos están secos. Los ranchos no necesitan de la lluvia, la inhiben, la desbaratan, la impiden con sus tecnologías que ahora no son solamente las bombas lanzadas por cañones, utilizan otras tecnologías como drones, avionetas. Ellos niegan que las utilizan, pero sí sabemos que las utilizan. Todo eso genera conflictos.

Los campesinos hicieron movilizaciones y lograron que se aprobara una ley impidiendo el uso de estas tecnologías, pero no la respetan.

Además, es un corredor industrial, desde Puebla hasta Perote. Incluso ya van por el tercer parque fotovoltaico, que sabemos traen más sequía, mata la fauna. Y se vienen a poner en tierras agrícolas, y los presidentes municipales les dan los permisos de cambio de uso de suelo. Cobran millones para los permisos. Estamos condenados, los campesinos, a desaparecer.

La resistencia va a continuar, el movimiento va a continuar porque las casusas son profundas, son estructurales. Tienen acaparada el agua y los campesinos necesitan vivir, el agua es vida.

AM: ¿Qué esperan de las investigaciones anunciadas por el estado de Veracruz sobre los asesinatos?

RRC: Estamos desamparados. Todas las instituciones son del Estado, y es el Estado quien nos ha reprimido. ¿Usted cree que vamos a confiar en las instancias judiciales, en las procuradurías judiciales de los gobiernos de Veracruz y de Puebla? Son ellos que nos mandaron a matar. Antes de que arremetieran a balazos, el 20 de junio, estaba ahí la fiscalía de Veracruz. La acción estuvo coordinada por los dos gobiernos, de Puebla y de Veracruz. Los dos son responsables por este crimen. Y sus comisiones de derechos humanos estatales locales son una burocracia inútil. Hay perseguidos que están escondidos, no podemos confiar en estas instancias, por el contrario, tenemos que protegernos del Estado. Y el gobierno federal, “¿qué ha hecho?”, guarda silencio, nos da la espalda. Vamos a hacer nuestras denuncias en organismos internacionales. Ya empezamos a hacer en la Organización de las Naciones Unidos. A ver si hace algo. Necesitamos justicia.

Minería y resistencias de largo aliento en Latinoamérica

Por

Aldo Santiago

11 julio, 2024

CongaNoVa-31 — 4 de noviembre del 2014. Ronda de inspección de campesinxs cajamarquinos en la Laguna Azul, Celendín. En el sitio se pretende imponer el proyecto Minas Conga (con inversión de Compañía de Minas Buenaventura, Newmont Mining Corporation y la Corporación Financiera Internacional). La operación implicaría trasvasar las aguas de las lagunas Mala, Chica, Azul y Perol (las cuales contienen aproximadamente 2’600,000 m3 de agua) para la extracción de oro, cobre y plata. Por ello lxs campesinxs de la región visitan el lugar para detener la explotación de la mina que ya opera a baja escala con intenciones de expandir su área de impacto. http://caravanaclimatica.org/

Hurgando entre los archivos que en nuestro caminar hemos recopilado sobre organizaciones en la defensa de los territorios, nos encontramos con registros que son testimonios que permanecen vigentes para dar cuenta de aquello por lo que comunidades en toda Latinoamérica se organizan y resisten.

Retratos de personas y sus testimonios sobre los territorios donde se mantienen luchando -para cuidar sus bosques, montañas, aguas y bienes naturales-, cobran relevancia frente a la actual fiebre por la minería que retoma nuevas justificaciones con los discursos que la promueven ante la demanda de los denominados “minerales críticos” para la transición de la matriz energética global.

Este es el caso del proyecto Conga -emprendimiento a cargo de las empresas Newmont Mining Corporation, Compañía de Minas Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional, perteneciente al Banco Mundial- que pretende extraer hasta 680,000 onzas de oro y más de 200 millones de libras de cobre, anualmente, en las provincias de Cajamarca y Celendín, al norte del Perú, donde afectaría un ecosistema de lagunas -entre ellas la de Perol, Mala, Azul y Chica-, que proveen de agua a las poblaciones locales.

Pese a que el proyecto minero se encuentra detenido desde 2011, debido a las protestas de campesinos y la organización de las Rondas Campesinas -un tipo de organización comunal y autónoma para la defensa de los territorios que existe desde la década de los 70s en esta región del país sudamericano-, las alarmas se encendieron en los primeros meses del 2024.

Esto debido a que actores como el actual ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani y el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, han señalado su intención de reactivar diversos emprendimientos mineros a lo largo y ancho del Perú, incluyendo el proyecto Conga, pese al gran rechazo comunitario.

Mediante entrevistas a medios nacionales, Adrianzén mencionó que el gobierno actual lleva a cabo un “proceso de factibilidad”, es decir, la realización de estudios para evaluar la viabilidad del proyecto Conga. Como respuesta, en marzo pasado, la Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca manifestó su rechazo contundente a la extracción minera para defender las cabeceras de cuenca y la protección de las fuentes hídricas.

Esto ocurre, a la par de la extracción ininterrumpida de combustibles fósiles, principal actividad que alimenta la crisis climática mundial y que, lejos de reducirse, ha incrementado más que nunca.

Es el caso de la extracción de carbón -una de las fuentes de energía mas contaminantes-. Registros de la Agencia Internacional de Energía, del año 2022, indicaron que se utilizó una tonelada por cada persona en el planeta. Es decir, se usaron más de 8 mil millones de toneladas, la mayor cifra de la que se tenga registro.

Mientras tanto, en el occidente de Venezuela, en la cuenca del Lago de Maracaibo que conecta con la Serranía del Perijá existe la amenaza, desde comienzos del siglo pasado, de la extracción de carbón mediante minería a cielo abierto.

Más aún, en esta región, la parte más al norte de la cordillera de los Andes se tienen registros que datan del año 1996 en los que se comprueba la existencia de más de 330 mil hectáreas que albergan carbón, fosfato, barita, bentonita, granito, cobre, mármol, wolframio, circonio, titanio, caliza magnesiana, oro, molibdeno, zinc, cromo, tungsteno, plata y cobre.

8 de agosto del 2014.

Resguardo indígena wayuu El provincial donde se llevó a cabo un recorrido a través de las comunidades afectadas por la extracción de carbón como parte de las actividades del tribunal popular contra la minera Cerrejón.

El tribunal fue convocado por el Resguardo Indígena Wayúu de Provincial, Comunidad de Tamaquitos II, Resguardo Indígena Wayúu Cerrohatonuevo, Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas Wayúu del Sur de La Guajira (AACIWASUG), Junta Social de Pro-Reubicación de Tabaco, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Censat Agua Viva.

^{9 de agosto del 2014. Conmemoración del 13er aniversario del desasalojo del corregimiento de Tabaco, donde comunidades afro sufrieron el desplazamiento forzoso para dar paso a la extracción carbonífera en la Guajira colombiana a manos de la minera Cerrejón. http://caravanaclimatica.org/}

Por ello, a través de las últimas décadas, corporaciones trasnacionales como Shell y posteriormente paraestatales como Carbones del Guasare y del Socuy han intentado extraer el carbón que abunda en la región, también conocida como Guajira y que se esparce también en territorio colombiano, donde los estragos son evidentes con la operación de la minera Cerrejón, propiedad de empresas con presencia global tales como BHP, Anglo American y Glencore.

Pero ha sido la lucha de pueblos indígenas Barí, Yukpa y Wayuu quienes durante la historia reciente han mantenido a raya la extracción del hidrocarburo y con ello han preservado el fluir de las aguas, la permanencia de los bosques y montañas y de toda forma de vida que se expresa en la región.

Aquí te compartimos el relato de Segundo, indígena Wayuu, habitante de la comunidad de Kasuusain en la Sierra del Perijá, Venezuela, en el cual evoca un canto dedicado a los pájaros para llamar la lluvia ante las sequías.

^{Visita realizada a la comunidad Wayuu de Kasuusain, en la Sierra de Perijá, estado de Zulia, Venezuela. La organización Maikiraalasalii (los que no se venden en el idioma wayuunaiki) defiende el Rio Socuy y su territorio ante la amenaza de implementación de un proyecto de explotación de carbono en la región. En el Rio Socuy se pueden observar a simple vista las vetas de carbón. Foto: Juliana Bittencourt / Audio "Canto al pájaro zenzontle en wayuu" por Caravana Climática.}

Derechos de río en Amazonía peruana, un hito de las mujeres indígenas

Por

Javier Bedía Prado

10 julio, 2024

^{Fotos: Organización Huaynakana}

La organización de mujeres indígenas de la Amazonía peruana consiguió que la justicia reconozca al río Marañón como ente titular de derechos, un precedente crucial para intentar contener la contaminación de sus aguas por los extractivismos.

Huaynakana Kamatahuara Kana reúne a defensoras del pueblo originario kukama kukamaria que resguardan la salud de la séptima cuenca más extensa del territorio amazónico, de importancia clave en este ecosistema: en la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali es que nace el río Amazonas.

Entre los años 2000 y 2019, se registraron 474 derrames de petróleo en los cauces del Marañón, Ucayali, Amazonas y Huallaga, de acuerdo a un informe de Oxfam y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

La sentencia del I Juzgado Mixto de Nauta (región Loreto), emitida en marzo, fue apelada por el Ministerio de Energía y Minas y la empresa estatal Petroperú. En mayo, la Corte Superior de Justicia de Loreto realizó la audiencia en segunda instancia. Hasta la fecha se espera la resolución. De ser contraria a las comunidades nativas, cabe la posibilidad de llevar el caso al Tribunal Constitucional.

En más de 30 años de activismo, la presidenta del colectivo, Mariluz Canaquiri, cuenta en su distrito, Parinari (región Loreto), cuatro postas médicas desabastecidas, con un solo trabajador técnico; un centro de salud, con técnicos e internos; una escuela instalada por la comunidad. En contraste, son elevados los niveles de metales pesados -mercurio, arsénico y cadmio- en poblaciones amazónicas cercanas a explotaciones petroleras, incluyendo a habitantes de territorios abarcados por el Marañón.

“Nos organizamos por necesidad, como mujeres no teníamos ocasión de participar en reuniones, éramos rechazadas por los varones, ¿por qué una mujer tiene que salir a hablar?, decían, era mal visto. Nos organizamos por los constantes derrames de petróleo, el olvido. Son más de 50 años de explotación y no tenemos servicios básicos. La minería y el petróleo trajeron la destrucción, daños al agua, los peces, nuestro alimento, todo lo que teníamos ya no tenemos, cada derrame que sigue habiendo trae más muerte y contaminación”, relata la lideresa.

El derecho de fluir en paz

Los derechos que se le reconocen al río Marañón no permiten dominio, usufructo o aprovechamiento, derechos de propiedad que se otorgan sobre recursos naturales en casos de concesiones, usos de suelo y otros. Los derechos de la naturaleza son protegidos por el Convenio de Diversidad Biológica de la Organización de Naciones Unidas.

“Hay un principio de tolerancia ecológica, hay un límite para las actividades antropocénicas. Los derechos de la naturaleza ponen un alto a abusos de actividades que degradan el ambiente (…). Lo que hacen los derechos del río es poner un límite, no son absolutos, es buscar que se armonicen las actividades, puede haber oleoducto, sí, pero con mantenimiento, respetando los derechos del río”, explica el especialista en derecho ambiental Javier Ruiz, abogado de la organización.

Entre las garantías obtenidas en primera instancia por las defensoras destacan el derecho del río a fluir, lo que implica que no se interrumpa con represas e infraestructura que obstruya el caudal; el derecho a estar libre de contaminación, descargas de aguas servidas, vertidos; derecho a sus ciclos naturales y a la biodiversidad nativa; derecho a la conservación de sus funciones ecológicas y restauración, así como el derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes, por lo que la protección se extiende a otros ríos.

Hay antecedentes en la jurisprudencia nacional: dos ordenanzas municipales que reconocen derechos a las fuentes de agua y a un río, en la región Puno. La apelación del Ministerio de Energía y Minas y de la empresa estatal Petroperú en el caso de Marañón obvia estos antecedentes.

“Apelan todo el contenido de la sentencia, porque dicen que no es posible reconocer derechos al río Marañón, que están consultando, que hay poco plazo para cumplir adecuaciones ambientales. Una serie de excusas. Tenemos que explicar por qué sí hay cabida a nivel constitucional y jurisdiccional, argumentar por qué se puede pedir derechos del río, que sí es posible, hay antecedentes, la jurisprudencia, además de la teoría de derechos de la naturaleza”, añade el jurista.

Desde su cosmovisión, fuera de términos legales, de teorías y jurisprudencia, el pueblo kukama vive en comunicación con seres que habitan el río, entre ellos sus difuntos. El respeto a este vínculo espiritual es considerado en el fallo judicial.

“Nuestro río tiene el derecho de fluir libremente, para darnos buena salud, alimentación, educación, porque un niño con mala salud no aprenderá bien. Para nosotros, como pueblos originarios, nuestro río es sagrado. Las plantas, animales, montes, todos los seres vivos nos alimentamos del agua, no podríamos vivir sin la Amazonía, aire limpio. Queremos que respeten nuestra cosmovisión, para el pueblo kukama el río tiene madre, purawa, el río tiene espíritu de gente, da sanación, queremos que el río siga viviendo”, expresa la representante kukama.

La salud del río es comunitaria

A petición de las defensoras, un Consejo de Cuenca encabezado por las comunidades se encargaría del cuidado del río. La representación de las poblaciones nativas y campesinas en este órgano se dispone por ley, pero no se ejerce en la práctica. En la sentencia, a las poblaciones indígenas se las declara guardianes, defensores y representantes del río, sin precisar marcos legales para estas figuras.

“Las instituciones del Estado tienen que adecuarse, estarían obligados a cumplir con los cuidados. La sentencia de primera instancia ordena que el Estado proteja y respete esos derechos, nombra a pueblos indígenas protectores, ya hay obligaciones claras, se trata de cumplir. Y no se está cumpliendo con la normativa ambiental, se pudo desvelar en el primer juicio, se demostró que no hay medidas efectivas, no hay plan integral por parte de Petroperú y las otras instituciones del Estado, un plan efectivo para evitar los derrames de petróleo, no hay respeto por derechos de pueblos indígenas, porque no los consultan”, subraya el abogado.

La sentencia implica que no se autoricen actividades económicas en el río sin consultar a las comunidades. En esa línea, las defensoras demandan una consulta libre que traduzca la voz comunitaria.

“Tenemos una experiencia de la consulta previa, debe ser libre, no decimos previa, una consulta debe ser libre, si no estamos de acuerdo, que respeten esa posición. En las consultas previas de las autoridades amazónicas, no respondían o no eran claras las respuestas, nunca nos hablaron, al final quien toma la decisión es el mismo gobierno, es un engaño, tiene que cambiarse. Esto es a la inversa, lo hacen a puertas cerradas. No tienen que tomar decisiones donde no es su territorio, hablar por nosotros, no han convocado a las organizaciones, esa no es una consulta previa, queremos libre e informada, con decisión propia, tenemos una posición, la decisión debemos tomarla los pueblos originarios, es nuestra, debemos decidir, con autonomía”, dice la representante kukama.

A los discursos de desarrollo por parte del Estado y sector privado, responde desde un territorio precarizado y criminalizado a la par de décadas de la depredación petrolera, minera, forestal y del narcotráfico.

Entre 2013 y 2023, se contabilizaron 91 derrames de petróleo provenientes del oleoducto norperuano, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. En septiembre de 2022, esta tubería vertió 2.500 barriles de crudo que alcanzaron el río Marañón. No fue la primera contaminación masiva: en 2014, más de 2.300 barriles se esparcieron en la quebrada de Cuninico. El Estado no cumplió con reparaciones a los afectados.

“Nos traen la muerte, el desastre, no el desarrollo. Dañan nuestra cultura, traen enfermedades, delincuencia, tráfico de niños y jóvenes, enfermedades venéreas. Queremos asegurar la seguridad alimentaria, nuestros territorios, para tener dónde trabajar y vivir”, sostiene la representante kukama.

A la espera de lo que resuelva la justicia, la organización obtuvo, recientemente, otro precedente relevante en favor del río. El Poder Judicial prohibió que se reanude la ejecución de la suspendida Hidrovía Amazónica, proyecto concesionado en 2017 por el Estado para una ruta fluvial comercial de alrededor de 2.700 kilómetros de largo, mientras no se adecúe a los estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En el reciente Foro Social Panamazónico, celebrado en junio en Bolivia, se resolvió trabajar en la declaración de la Amazonía como sujeto de derechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En toda la región amazónica, las comunidades originarias amplían y unifican estrategias para enfrentar la depredación en el terreno jurídico.

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Poblaciones maya q’eqchi’ alertan amenazas de desalojos contra nueve comunidades en El Estor

Por

Aldo Santiago

9 julio, 2024

^{En portada:}^{Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se encuentran albergadas bajo un techo de nylon en la entrada de la carretera que conduce a Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.}

Luego del operativo policiaco que desalojó, en mayo pasado, a 30 familias maya q’eqchi’ miembros de la comunidad de Buena Vista, al norte del Lago de Izabal, Guatemala, actualmente suman nueve comunidades en la misma región del Valle del Polochic las cuales viven con la amenaza de desplazamiento forzado.

Con diversos llamados de alerta, autoridades comunitarias de las poblaciones indígenas han denunciado las intenciones del Ministerio Público (MP) para ejecutar órdenes de desalojo, que comunidades denuncian “son promovidos por funcionarios y propietarios”, productores de aceite de palma que acapararon tierras en la región, contra comunidades tanto del norte y sur del lago.

Reportes de Prensa Comunitaria registraron que, durante el desalojo de las 30 familias, además de los elementos policiacos también estuvieron presentes Luis Fernando Arriaza Migoya y miembros de su equipo de seguridad privada. Arriaza posee monocultivos de palma aceitera que suministran a la empresa Naturaceites, la cual se encarga de procesar y comercializar aceite de palma a trasnacionales.

*^{Desalojo de familias en la comunidad Buena Vista. Fotos: Juan Bautista Col / Prensa Comunitaria.}*

Acorde a medios locales, durante pláticas entre la población desalojada y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos de Guatemala, funcionarios notificaron que son nueve las comunidades con riesgo de expulsión en la región: Plan Grande, Agrario El Tunico, Chapin Abajo, Chinebal, Las nubes, Lote 6, Semococh y Qotoxha del municipio de El Estor, Izabal, así como Santa Lucia de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz. En total, se contabilizan mas de 1,500 personas amenazadas de desplazamiento forzado.

Las 30 familias ya desalojadas, entre mujeres embarazadas, infancias, ancianos y adultos de la comunidad de Buena Vista, viven en un campamento improvisado debajo de los árboles.

El refugio, dentro del terreno de la comunidad de Santa Rosita, también se encuentra en peligro, pues ésta última también cuenta con orden judicial cuya ejecución se esperaba ocurrir el pasado 26 de junio, pero que ahora fue reprogramada para el próximo 28 de agosto.

*^{Fotos: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.}*

“Es injusto que se sigan cometiendo estos actos violentos, muchos niños y mujeres sufren de problemas de salud. Hoy vemos el resultado de un desalojo donde las familias quedaron abandonadas y los niños sin oportunidad de educación”, comentó Gabriel Pacham, autoridad ancestral de El Estor, sobre los desplazados y la amenazas de desalojo contra otras 30 familias que conforman Santa Rosita.

Entre siete a nueve personas desplazadas tienen órdenes de captura por los delitos de usurpación agravada y atentado contra el patrimonio natural, pues son acusados de tala de árboles. Aunque algunas personas han sido condenadas en estos procesos judiciales, han apelado a la sentencia, con asistencia legal de organizaciones de derechos humanos.

A través de conferencia de prensa en los últimos días de junio, el Consejo de Autoridades ancestrales del pueblo Q’eqchi’ repudió los distintos desalojos realizados en contra de comunidades del Polochic, y demandaron al gobierno de Bernardo Arévalo garantizar la seguridad de las familias de Buena Vista, quienes habitaban las tierras desde que, en 2015, obligados a desplazarse por un desastre natural, se instalaron en la finca Tz’inté, territorio que poblaciones maya q’eqchi’ reclaman como suyo por propiedad ancestral.

Racismo

El Consejo de Autoridades Ancestrales del Pueblo Q’eqchi’ también denunció que autoridades del Estado, la jueza Sandra Nineth Ayala (quien ordenó el desalojo de Buena Vista y promueve otros más), el gobernador de Izabal, Carlos Tenas, y el alcalde municipal de El Estor, Genaro Ico Cholom, se estuvieron reuniendo para acordar los operativos sin la participación de las comunidades, a lo que están obligados por parte del protocolo de desalojo en Guatemala.

“Desconocemos la existencia de un plan. Este extremo pone en grave riesgo nuestra vida, pues únicamente pretenden desplazarnos sin un plan claro de atención humanitaria”, reclamaron las Autoridades Ancestrales mediante rueda de prensa. Además, acusan que esto se debe a “una carga de racismo y discriminación, porque carece de toda sensibilidad humana al señalarnos y argumentar que somos un grupo criminal, ignorando que poseemos todas las cualidades de una comunidad organizada que reproduce la vida de forma organizada”.

Apenas el pasado jueves (4), familias de Plan Grande reportaron que trabajadores de la finca El Murciélago, propiedad de Miguel Ángel Arriaza Migoya, amenazaron con desalojar a las 38 familias de dicha comunidad.

Por esta situación, el Comité de Unidad Campesina (CUC) compartió que las comunidades realizaron la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, EEUU, para solicitar el mecanismo de protección de dicho órgano, a partir de medidas cautelares para brindarles seguridad ante los desalojos. “No queremos más criminalización, persecución, más desalojo”, sostuvo la organización campesina, la cual también promueve una acción de amparo para evitar el desalojo de las familias de Buena Vista y Santa Rosita.

Amenazas

Por su parte, Pedro Cuc, autoridad ancestral de la comunidad de Chapín Abajo, aseguró a Avispa Mídia que cuenta con información sobre un posible desalojo contra su comunidad y la población vecina de Chinebal, a ocurrir durante los próximos días. Pero aún esperan una notificación oficial por parte de las autoridades.

“Si ellos quieren entrar a la fuerza, nosotros tampoco vamos a retroceder, la organización está en alerta”, asevera y asegura que la responsable por promover el desalojo es la empresa Naturaceites S.A., propiedad del empresario de origen suizo-alemán, Juan Maegli Müller.

Ante ello, lamenta que en Guatemala, dado el poder e influencia del agroindustrial, las denuncias de la población maya q’eqchi’ no son atendidas. “Porque el organismo judicial es de las empresas, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad también”, reclamó ante lo que señala como omisión de parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y el MP ante las acusaciones de los indígenas por la violencia mediante la cual la familia Maegli Müller acaparó las tierras.

A pesar de la violencia del crimen, Xayakalan lleva 15 años haciendo comunidad

Por

Avispa

5 julio, 2024

^{En portada: Para la comunidad es importante tener su propia Guardia Comunal ya que son personas conocidas, los propios familiares y vecinos que la conforman, conocen los estatutos, el territorio y las dinámicas comunitarias internas. Foto: Santiago Navarro F.}

Por Santiago Navarro F y Regina López

La conocen como la mexicana. Es una mujer indígena Nahua de un poco más de 50 años de edad. En su mirada firme guarda como un secreto los momentos más decisivos de los últimos 15 años de su vida “haciendo resistencia”, como dice ella. Ha aprendido a sortear el hostigamiento del crimen organizado en sus tierras. Primero fue el cártel de la Familia Michoacana, cuenta ella, después Los Caballeros Templarios y, ahora, el llamado Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ella, la indígena Teresa Regis Nicolás, hace quince años volvió de los Estados Unidos. Tras la muerte de su padre regresó a su tierra natal, con un legado que le había dejado, luchar por las tierras comunales que pertenecen al pueblo indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, localizado en el estado de Michoacán de Ocampo, que llega hasta la costa del Océano Pacífico, en el oeste de México.

En ese entonces, en el año 2009, tenía solo tres meses que este pueblo había ejecutado una estrategia armada para recuperar una fracción de sus tierras, en las que hoy habita Teresa, su hijo y más de 70 familias indígenas. Un poblado que fue bautizado como Xayakalan, tierras que estaban en manos de personas que habían conseguido escrituras como pequeños propietarios, vinculados al crimen organizado. Aunque los indígenas cuentan con la titulación de sus tierras comunales por decreto presidencial de 1964 y los títulos primordiales de los años 1700 que respaldan que estás tierras son suyas.

Xayakalan pasó a ser el poblado número 24 que forma parte de Ostula, que los originarios reconocen como encargaturas, similar a las agencias municipales. “No me tocó la acción de la recuperación. Pero tres meses después fui una de las primeras ocho familias que se establecieron con una casita en este lugar y, desde entonces, hemos resistido”, recuerda la mexicana.

Cuentan los comuneros que desde el año 1997 la comunidad ya venía preparando estás tierras para la siembra, pero tiempo después fueron invadidas por los pequeños propietarios.

En junio de 2003 decidieron por primera vez llegar y establecerse ahí, construyeron unas cuantas casas de adobe, pero en septiembre del mismo año los invasores las derribaron. Es así que en el año 2004, los pequeños propietarios los demandaron por usurpar propiedad privada. “Después el tribunal falló a favor de ellos”, comparte para el equipo de Avispa Mídia Evaristo Domínguez Ramos, comunero de Ostula.

En el año 2008 el Tribunal Agrario de Colima decidió que estas tierras -altamente productivas y con una playa paradisíaca - eran de propiedad de los demandantes que, de acuerdo con los comuneros, eran “vinculados en su momento al cartel de Los Caballeros Templarios”.

Desde ese momento, durante un año y dos meses, en silencio, los integrantes del Concejo Comunal de Ostula comenzaron a diseñar una respuesta. En asambleas generales y reuniones se consultó a cada una de las 23 encargaturas sobre la acción de recuperación de tierras, que posteriormente se decidió darle el nombre de Xayakalan. “Fue así como empezamos a luchar para hacer defensa. La decisión se tomó en abril del 2008, teníamos que recuperar estas tierras”, comparte Evaristo.

La gran hazaña de los comuneros fue comandada por algunas personas que mantenían en secreto cada movimiento, hasta que llegó el día esperado donde se sumaron decenas de indígenas, hombres y mujeres. “Fue así que, el 29 de junio del año 2009, se retomaron las tierras. Pero no ha sido fácil, ha costado muchas vidas”, agrega el comunero.

Durante estos años de lucha han perecido 44 indígenas y, según la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, entre 2009 y 2014, hubo cinco desapariciones, entre ellos el Comisariado de Bienes Comunales, Francisco de Asís Manuel, de 62 años, secuestrado en su casa en la localidad del poblado de Palma Sola.

Son 15 años desde que este pueblo Nahua tiene bajo su control estas tierras. El pasado 28 y 29 de junio conmemoraron este aniversario, recordando a los caídos y desaparecidos. Bailaron, cantaron y convivieron con grupos de solidaridad que han apoyado este proceso. Mujeres y hombres también le arrancaron a la memoria pedazos de recuerdos de los momentos más difíciles que les han tocado vivir.

^{Autoridades comunales de las 24 encargaturas de Ostula, compartieron lo que recuerdan de aquel 29 de junio, algunos eran niños, pero hoy ya tienen un cargo otorgado por la comunidad. Foto: Regina López}

Uno de los participantes del evento recordó que, en aquella época de la acción, en la costa michoacana era tiempo de cangrejos y, comúnmente, salían a la playa a recolectarlos ya que salen por doquier con las lluvias. Así que ese día de la recuperación “se nos atravesó un comando armado y nos dijo, ¡hora indios hijos de la chingada no hay cangrejos acá! Momentos después, nos dispararon con cuernos de chivo (rifles de asalto Ak-47). Venían 3 personas de la tercera edad con nosotros, un señor se quedó y, como es valiente, les dijo a los sicarios, ¡mátame si quieren, no tengo miedo!”.

Este campesino de la encargatura de La Labor, que ayudaba en la recuperación de tierras, rememora que “fuimos los primeros que llegamos. Acá aguantamos 15 días, se acabó la comida. Después llegaron las señoras con puros charalitos (peces pequeños), y hasta el momento seguimos con la lucha”, comparte el indígena.

A Teresa le tocó vivir la cotidianidad posterior a esta recuperación. Se le hace un nudo en la garganta, toma coraje y dice, “hemos pasado momentos muy difíciles, tristes, de miedo, pero también momentos bonitos, como el apoyo mutuo en la comunidad. Al principio éramos muchas familias y en un determinado momento la resistencia se fue debilitando hasta que quedamos solo ocho familias. Hoy ya es una comunidad de verdad”, comparte mientras suelta una sonrisa cómplice al ver a los niños que han nacido en estas tierras recuperadas, los cuales ya suman más del doble que los adultos.

Teresa, al igual que el resto de mujeres en Xayakalan, se muestra risueña pues es el día de la fiesta, el 15 aniversario de la recuperación de estas tierras. Los niños corren y se confunden con el paisaje cercano del mar. El viento que trae el oleaje de la playa lleva los olores de la comida a toda la comunidad. “Es momento de festejar que seguimos vivas. De recordar a nuestros muertos, para que nunca dejemos la lucha”, dice la mexicana.

Carrusel de Fotos

Por Santiago Navarro F

Por Regina López

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¿Orden de rectificación o de desalojo?

En la nueva comunidad de Xayakalan, la única forma de sobrevivir fue hacer vida. Surgieron nuevas parejas que decidieron luchar juntas y procrearon a sus hijos en medio de la resistencia y constantes ataques del crimen organizado. Hoy día están asentadas más de 70 familias que conviven en comunidad, sus hijos van a la nueva escuela y también han edificado una iglesia. Cada quien cuenta con su casa y dos parcelas para el cultivo.

Teresa, con mucho orgullo, dice: “Mi hijo ya es de acá, nació acá, aquí está enterrado su ombligo. Ya hay más de 150 niños en la comunidad. Tenemos la tarea de hacerles saber hasta dónde llegan nuestras tierras, así hicieron nuestros abuelitos. Yo ya llevé a mi chiquillo al punto hasta donde llega Ostula, entonces él no lo va olvidar”, comparte.

El pasado 11 agosto del 2023 la comunidad recibió una notificación judicial de una denominada “rectificación forzosa de limites” de estas tierras. Esto implicaba el ingreso del personal del gobierno para rectificar la propiedad de los demandantes -los pequeños propietarios- con la latente intervención de la Guardia Nacional y el Ejército.

Esta sentencia fue emitida por el Magistrado Jorge Arturo Bernal Lastiri, el mismo que fue acusado por los indígenas nahua de San Miguel de Aquila, de respaldar a un comisariado que ellos desconocen, quien está permitiendo la explotación de minerales en la región. Por ello, pidieron su destitución en el año 2022, mediante una protesta en las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario 38 de Colima.

Antes de llegar a esta decisión jurídica, le antecede un prolongado proceso legal que duró una década, de 2009 al 2019, desde la época en que los comuneros recuperaron las 1200 hectáreas que hoy se han convertido en Xayakalan. En esos mismos días de la recuperación, en 2009, el tribunal había fallado a favor de que se volvieran a ratificar medidas, tomando en cuenta referencias inamovibles, como el océano, montañas y ríos.

A pesar de que se incluyó un nuevo elemento probatorio, que son los títulos primordiales que datan de los años 1700, los cuales detallan los márgenes del territorio de Ostula que van más allá de la franja en disputa, la justicia vuelve a dar, en 2019, un fallo a favor de los pequeños propietarios. Retomando las viejas medidas, las cuales “son erradas”, dice el abogado de esta comunidad, Carlos Gonzales.

Todo este contexto legal llega hasta febrero del año 2023, tras una nueva solicitud por parte de Ostula para que se revisara la sentencia que se dio en 2019 y un amparo más. Ya para agosto de 2023, el magistrado Bernal Lastiri vuelve a dar la razón a los pequeños propietarios, ordenando así la intervención forzosa en Xayakalan.

Jeronimo Flores, del Consejo Comunal señala que “activamos una movilización fuerte y entonces pues nunca vinieron a ejecutar la orden. Nos imaginamos que se dieron cuenta de que nuestra organización está muy sólida”.

Efectivamente, ese mes de agosto del 2023 más de 600 indígenas armados se desplegaron en diversos puntos, tanto dentro de Xayakalan como fuera de sus linderos, para impedir esta intervención en su territorio. Posteriormente, dice el abogado para Avispa Mídia, “el Tribunal decide suspender la ejecución forzosa de la orden”, respaldada con el recurso de amparo número 463/2023.

Pero esta orden se suspende temporalmente hasta una nueva resolución del Tribunal, la última que resta en el marco legal mexicano. De no obtener una respuesta a favor de Ostula, tendrán que recurrir a una demanda internacional. “Pero de Xayakalan ya nadie nos mueve”, dice Teresa, quien también es comunera de Ostula y que ha sido amenazada de muerte y hostigada directamente por el crimen organizado.

Ella sostiene que la comunidad está más organizada que nunca. “Estamos seguros porque tenemos a nuestra Guardia Comunal. Aquí ni el ejército, ni la marina, ningún gobierno entra sin el permiso de nuestra comunidad”, complementa.

En estas poblaciones no pueden acceder las fuerzas armadas del Estado, al menos que “la comunidad lo permita. Así se acordó en un acta de asamblea. Porque en lugar de ayudar, venían a atropellar a las comunidades, como un niño que asesinaron. Además, hay antecedentes. En 2011 el ejército estaba coludido con el crimen”, acrecienta el consejero Jerónimo.

*^{La Guardia Comunal de Ostula es un servicio voluntario a la comunidad. Se elige en cada encargatura y el servicio dura un año. Foto: Regina López,}*

Seguridad autónoma

Una de las fortalezas de este proceso de resistencia es su Guardia Comunal y su rápida movilización. El comunero Evaristo detalla que “son nombrados por cada encargatura en sus asambleas”, cada uno está armado y preparado para cualquier agresión.

El consejero Jerónimo comparte que, en caso de crisis o emergencias, “todas las guardias de cada encargatura se activan. Todos tenemos que entrarle, es una obligación defendernos, porque ya vivimos un momento de crisis que no queremos que se repita”.

Teresa fue la primera mujer en ser nombrada, por la nueva comunidad Xayakalan, como la representante de sus habitantes. “Fui nombrada como encargada del orden en el año 2018. Hay que hacerse cargo de la seguridad de la gente, pero participamos todos. Si hay un problema, una faena o hasta una fiesta, lo resolvemos en común”, puntualiza la habitante de esta comunidad, quien prestó un año de servicio y después se integró al resto de las actividades, como la de tomar turno para cuidar el filtro junto a la guardia comunal.

Las guardias dejaron de existir en el año 1999, quedando encargadas de la seguridad sólo las policías del Estado. “Las comunidades dijeron, hay que montar nuestra propia policía comunitaria, porque se iba a poner difícil la situación. Después fueron renombradas como Guardias Comunales. Con ellas recuperamos las tierras y son quienes velan por la seguridad de todo Ostula”, asevera el comunero Evaristo. Es así que, ante la inminente recuperación de tierras, deciden reactivarlas.

Es bien sabido, por los habitantes de las comunidades aledañas, que esta zona era ocupada por el cartel de los Caballeros Templarios, como una base de operaciones. Por esta playa entraban lanchas a descargar drogas.

Tras la retomada de tierras, a Teresa la amenazaron. “Me acuerdo que, aquel que le decían el Chalano [Priciliano Corona Sánchez] me amenazó por la espalda con un rifle, y solo esperé a ver qué pasaba. Fue un momento muy difícil, la comunidad se había debilitado”, dice la comunera.

Además del Chalano, comuneros que resguardan su nombre por seguridad acusan a Iturbide Alejo, conocido como El Turbinas, y Margarita Pérez, como La Usurpadora, por amenazar de muerte a Trinidad de la Cruz Crisóstomo, alias Don Trino, que fue asesinado en diciembre de 2011.

Además de haber sido controlada por el crimen, el área donde está Xayakalan figuraba en el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán, para formar un corredor que atrajera inversiones para construir complejos que ofrecieran servicios al turismo nacional e internacional.

De acuerdo con la estrategia presentada por la Secretaría de Turismo, del periodo de gobierno de Felipe Calderón 2006-2012, en el área recuperada estaba proyectado un desarrollo de infraestructura inmobiliaria, campos de golf, comercios, un parque acuático, museos, vida nocturna y restaurantes.

También, el equipo de este reportaje, revisó la base de datos de las concesiones mineras vigentes hasta este año 2024, solicitada a la Secretaría de Economía, y constató que solo en Aquila, donde pertenece el pueblo de Ostula con su 24 encargaturas, existen 53 concesiones vigentes, de las cuales, al menos 16 pertenecen a Las Encinas S.A. de C.V, propiedad de la siderúrgica Ternium S.A. Ternium es la industria siderúrgica y metalúrgica que obtuvo la mayor facturación en México en 2022, por venta de acero principalmente.

A esta empresa se les vincula directamente con el Cártel de Jalisco y con las desapariciones del abogado Ricardo Lagunes Gasca y del líder de la comunidad de Aquila, Antonio Díaz Valencia. Según una investigación realizada por la plataforma de comunicación A Dónde Van Los Desaparecidos, estas desapariciones están ligadas “con la lucha social y legal que, desde 2019, mantenían [los activistas] con Ternium”.

Este mismo cartel mantiene un constante ataque sobre la encargatura La Cofradía, donde existen al menos dos concesiones mineras: la 223431 que pertenece a Ternium y la 217537 de Servicios Minerometalurgicos de Occidente, S.A. de C.V., juntas suman más de 2mil 500 hectáreas.

Solo en el municipio de Aquila, Ternium concentra más de 147 mil hectáreas de concesiones vigentes, según información solicitada a la Secretaría de Economía.

Las tierras de este pueblo indígena son muy ricas en minerales, madera y otros bienes comunes. Una riqueza disputada por los distintos grupos del crimen organizado. Mientras han pasado los años en esta lucha, “en todo momento hemos estado en constante alerta”, dice Jerónimo.

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Don Evaristo asegura que la Guardia se tiene que mantener siempre alerta y no se puede desarticular, “porque de ella depende nuestra seguridad. Así que a los jóvenes tenemos que enseñarles porque son necesarias, para que no dejen de prestar este servicio”.

“Ya llevamos años aguantando el ataque de distintos carteles y no vamos a bajar la guardia. Seguiremos organizados y resistiendo, defendiendo nuestras tierras”, complementa el consejero Jeronimo.

Para Teresa es importante fortalecer la organización, “porque si estamos bien unidos, no nos pueden hacer nada. Quisiera que la organización nunca se acabe, tenemos que darles el ejemplo a nuestros hijos, nietos a todos los chamaquitos, para que nunca se acabe la organización”, compartió en el festejo del 15 aniversario de Xayakalan.

Tan sólo un par de días después de terminar los festejos del aniversario, la comunidad denunció en un comunicado que “el CJNG” atacó “con brutal violencia a la comunidad indígena de Santa María Ostula”, principalmente la encargatura de la cofradía. Esta vez más agresivamente a través de drones y armas de alto poder, directamente a las casas de la población, escuela y lugares comunes durante la noche del 3 de julio. Los ataques son constantes sin importar el gobierno en turno, es por esto que cobra sentido la leyenda de los murales y carteles en los filtros de seguridad comunal que dicen, “en Ostula la lucha por la seguridad es permanente”.

En México, disidencias sexuales protestan contra genocidio israelí en Palestina

Por

Sare Frabes

4 julio, 2024

^{En portada: Participantes de la contramarcha “Con Genocidio, No Hay Orgullo” mientras se trasladan a la embajada de Israel en México. Foto: José Martínez}

Al mismo tiempo que el pasado sábado (29) se celebró la XLVI Marcha del Orgullo LGBTI+ en la Ciudad de México (CDMX), donde acorde a autoridades locales participaron 260 mil personas, una diversidad de grupos de las disidencias sexo-genéricas convocaron a dar continuidad a la realización de contramarchas paralelas.

Las manifestaciones alternativas, que ocurren desde hace años, tienen la finalidad de cuestionar el pinkwashing (lavado rosa) -término que refiere a estrategias usadas en la política y marketing que apelan a la simpatía con la comunidad LGBTI para mejorar la imagen de empresas y políticos al incorporar su apoyo a las disidencias sexuales a cambio de obtener beneficios-.

En ese contexto, colectivos y organizaciones como el Bloque Rosa, BDS México, Comuna Lencha-Trans, Trasncontingenta, Asamblea Ecolgista Popular, entre decenas más, convocaron a la contramarcha denominada “Con Genocidio, No Hay Orgullo”, enfocada en denunciar el lavado rosa de Israel y exigir un alto al genocidio en Palestina.

*^{Soldados israelís utilizan símbolos de las disidencias sexuales mientras participan en el genocidio contra la población palestina.}*

“Decidimos marchar en sentido opuesto al Orgullo. Porque no podemos caminar junto a empresas cómplices de la violencia colonial, racista y sionista, porque no podemos permitir que nuestra lucha se use para limpiar su imagen. Este año, nuestra caminata es por la rabia y la solidaridad con los pueblos palestino, congoleño, sudanés, y todos los movimientos antirracistas, anticoloniales, antipatriarcales y antiheterocapitalistas”, se lee en la convocatoria que circuló desde los primeros días de junio para manifestarse contra el genocidio que enfrentan ocho países en diferentes continentes.

Así, los participantes de la contramarcha caminaron en sentido opuesto a la Marcha del Orgullo y se enfilaron hacia la embajada de Israel, donde se manifestaron para exigir un alto el genocidio contra Palestina que sucede desde octubre del 2023.

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Con consignas como “Les queers de Gaza, ¡No son una amenaza!” y “LGBT escucha, Palestina es tu lucha”, les manifestantes se pronunciaron ante las atrocidades cometidas en lugares como Palestina, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Haití, Tigray y Yemen.

“No hay orgullo mientras se usen nuestros símbolos y colores para esconder la barbarie. No hay orgullo mientras que los mismos que nos discriminan, invisibilizan y explotan, siguen pintándose con nuestros colores para lavar su rostro”, expresaron les participantes de la contramarcha mediante pronuncimiento a las afueras de la embajada israelí.

¡No en nuestro nombre!

Como respuesta, el pasado lunes (1) la embajada israelí en México emitió un comunicado en el que acusa que durante la protesta de las disidencias sexuales “se observa una línea discursiva respaldada en un efervescente y peligroso antisemitismo”. Al mismo tiempo argumentó que resulta contradictorio que la contramarcha atacó “al único país de Medio Oriente donde la Comunidad LGBTQ+ vive con tranquilidad y sus derechos son protegidos por la ley”.

Ante las acusaciones, el Bloque Rosa señaló que la embajada israelí se declara “hipócritamente aliada de la comunidad LGBTIO+ para encubrir el genocidio que está perpetrando contra el pueblo palestino”, por lo cual la protesta se debió a que no aceptan la explotación de sus identidades, divergencias y opresiones “para los intereses siniestros de la ocupación, el colonialismo y el genocidio”.

El Bloque Rosa señaló que les manifestantes conocen la violencia en carne propia y la realidad de que sus vidas se consideren desechables, enfatizando que México es el segundo lugar en en feminicidios de mujeres trans y otros crímenes de lgbtifobia. “Por ello, con un profundo conocimiento encarnado, quienes nos movilizamos desde México en solidaridad con Palestina, no celebramos el orgullo de nuestras sexualidades e identidades no hegemónicas, cuando vivimos en un mundo que tolera que un pueblo, el palestino, sea exterminado por el Estado de Israel”, sostuvieron.

Además, condenaron el pinkwashing con el que “el Estado colonial de Israel instrumentaliza nuestros derechos LGBTI0+ como propaganda con la cual vende una imagen ‘progresista’ y ‘civilizatoria’ para deshumanizar a la población palestina como retrógrada y lgbtifóbica y así excusar su exterminio”.

También señalaron la complicidad del gobierno de la CDMX con la embajada israelí, debido al despliegue desproporcionado de elementos policiacos para reprimir la contramarcha. “Cuestionamos la incongruencia de su lema: ‘Ciudad Innovadora y de Derechos’. Recordemos que los cuerpos policiacos de la CDMX son entrenados por las Fuerzas de Ocupación del Estado de Israel con la finalidad de intimidar activistas y criminalizar nuestro legítimo derecho a la protesta social, incluida la protesta LGBTIQ+”, argumentaron.

El colectivo de disidencias sexuales llamó a las autoridades mexicanas a romper relaciones diplomáticas con Israel y “a sumarse a las sanciones internacionales que van dirigidas a limitar las capacidades ofensivas del régimen sionista, en este momento encabezado por Benjamín Netanyahu”.

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