Batalla en la Amazonia: Rafael Correa reprime a la etnia Shuar para avanzar con un proyecto minero chino

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25 diciembre, 2016

A pesar de su discurso indigenista y ambientalista, el gobierno ecuatoriano envió al ejército contra la etnia Shuar para garantizar la explotación en Panantza San Carlos. Además, busca disolver la ONG Acción Ecológica a la que acusa de desestabilizadora

El pasado 16 de diciembre imágenes de helicópteros sobrevolando, tanquetas, decenas de militares en las calles, camiones de la Fuerza Terrestre acompañados de personal policial a ambos costados de las carreteras que conducen a las comunidades de San Juan Bosco y Limón Indanza, verificando que quienes ingresen sean habitantes de la zona, hacían pensar en una guerra en la amazonia ecuatoriana, en la provincia de Morona Santiago.

La operación militar se dio luego de que el 14 de Diciembre un grupo de indígenas Shuar, que reclaman la ancestralidad de sus territorios en Nankints, ingresó a un campamento minero y se enfrentó con uniformados que custodiaban la zona, en la que se asienta el proyecto minero Panantza San Carlos, operado por una empresa china.

El resultado: un policía muerto y varios heridos de los dos lados; la expedición de un decreto de excepción en Morona Santiago, que restringe varias libertades, entre ellas las de asociación, información, opinión, de transitar libremente; allanamiento de viviendas; advertencias de movilizaciones de diversos grupos indígenas, entre otros.

La profundización del conflicto entre la etnia Shuar y el gobierno de Ecuador -que según analistas locales ha sido mal manejada por parte del presidente Rafael Correa y puede convertirse en la punta del ovillo para que estallen otros problemas con comunidades indígenas que no solo se oponen a la actividad minera sino a nueva actividad petrolera en el suroriente del país, en territorios donde éstas se asientan y muchos de los cuales son ricos en biodiversidad- no solo que ha dejado al descubierto una serie de problemas no resueltos, sino que ha levantado temores sobre intenciones oficiales de controlar lo que los ecuatorianos dicen a través de las redes sociales, en un país que está por entrar de lleno a la campaña electoral para elegir al sucesor de Correa en Febrero próximo, y también en medio de escándalos de corrupción que se siguen destapando y afectando al Gobierno, firme defensor del denominado “Socialismo del Siglo XXI”.

La etnia **Shuar** se opone a que se desarrolle un proyecto minero en sus territorios ancestrales en Nankints

El 17 de Diciembre, luego de que las imágenes de los tanques y del nutrido grupo de uniformados (alrededor de mil) circularan profusamente por las redes sociales, el Presidente Correa pedía que “por estar contra el Gobierno no destruyan a la Patria (….) A unirnos a rechazar a todos los cómplices, incluida la prensa corrupta”, mientras el ministro Coordinador de Seguridad, César Navas, aseguraba que Grupos indígenas de oposición “ya están amplificando, con el apoyo de la prensa corrupta, que se están llevando tanques de guerra hacia el área de Morona Santiago; eso es falso, lo que se está llevando es vehículos operativos blindados”.

Los indígenas dicen que cuando se produjo la muerte del policía, “el ejército nos atacó con bombas incendiarias, gases, ráfagas de fusiles, quemaron 8 cabezas de ganado, quemaron casas, hierbas y hasta una parte de la selva virgen“, según un comunicado difundido a través de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

“Nosotros, en ningún momento, hemos utilizado armamento pesado o fusiles como nos acusan el ministro, los policías y militares. Esa bala que mató al policía, como dice Correa, esa bala asesina es del mismo ejército, ya que los únicos que tiene ese tipo de armamento son los militares”

Según Correa, el problema se originó porque “se trata de un grupo minúsculo de extremistas, de dirigentes irresponsables, que quiere imponer sus caprichos. Tenemos información que estos grupos armados han robado y chantajeado a los colonos de la zona”, dijo el mandatario, lo cual es negado por las comunidades.

El 16 de diciembre, tropas del ejército desembarcaron en las carreteras de la Amazonia cercanas al emprendimiento minero para reprimir una manifestación indígena su contra.

Para la Conaie, en cambio, la violencia se originó en la acción del Estado de permitir el paso de empresas mineras chinas sin Consulta Previa Libre e informada, como mandan la Constitución y las leyes nacionales e internacionales, lo cual es negado por el Gobierno.

“El gobierno de Rafael Correa está empujando a las Fuerzas Armadas a cumplir un papel que nunca antes habíamos visto, ni siquiera en épocas de dictadura“,
DIJO JORGE HERRERA, PRESIDENTE DE LA CONAIE.

Los enfrentamientos en Morona, presentaron la cara de un país que parece estar entrando en un camino de violencia acumulada por conflictos no resueltos con pueblos y nacionalidades indígenas, que se han profundizado con el presidente Rafael Correa, quien, paradójicamente, durante sus casi 10 años de Gobierno no se ha cansado de repetir que en Ecuador el ser humano está sobre el capital, y al que ahora los dirigentes indígenas acusan de ser “incapaz de encontrar otras salidas a los conflictos que no sean con el autoritarismo, la violencia y la violación de derechos, lo cual está llevando al país a una situación de confrontación grave“, y le exigen que “asuma las consecuencias de lo que pueda pasar”.

En este país la Constitución reescrita por los aliados de Correa en una Asamblea Constituyente y aprobada en un referéndum en el 2008 otorgó derechos a la naturaleza, convirtiéndolo en el primer país del mundo en considerar a la naturaleza como objeto de derechos; también consagró el denominado “derecho a la resistencia”, entre varios otros que hicieron pensar en un Gobierno garantista de derechos, que ahora es acusado de dejar las disposiciones constitucionales en letra muerta, criminalizar la protesta social y acallar la opinión de quienes lo critican.

El 19 de Diciembre, el viceministro de Seguridad Interna, Diego Torres, pidió al Ministerio de Ambiente la disolución inmediata de la ONG Acción Ecológica, con 30 años de vida en el país andino y que ha sido la cabeza visible sobre todo de la lucha de ecologistas y activistas contra las actividades extractivistas.

En el oficio remitido al Ministerio de Ambiente, Torres asegura que Acción Ecológica, “a través de publicaciones en las redes sociales, ha manifestado su respaldo a las acciones y hechos violentos cumplidos por la comunidad Shuar, realizando afirmaciones sobre los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de la actividad extractivista promovida por los entes gubernamentales, así como de supuestas violaciones de los derechos humanos de esas comunidades, alegando la ejecución de presiones, hostigamientos, amenazas, desalojos violentos y de acciones de injustificada militarización en la zona”.

Los integrantes de la ONG Acción Ecológica, denunciado por desestabilizadora por el gobierno de Correa, que pidió su disolución.

Según Torres, Acción Ecológica también ha estado “promoviendo la movilización social y el respaldo a dichos enfrentamientos, y en consecuencia generando en la sociedad ecuatoriana grave afectación y conmoción social”.

La coordinadora general de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, Cristina Ullauri, en cambio, afirmó en otra comunicación que Acción Ecológica se ha alejado del objeto para el cual fue creada , “al respaldar y promover acciones de violencia social y de oposición a supuestas políticas públicas contrarias al buen vivir, que atentan contra la seguridad interna del Estado, la paz y el orden público“.

“Dicho accionar ha sido reiterado por cuanto la organización ha promovido actividades de planificación, organización y convocatoria de las nacionalidades y ciudadanía en general, a través de plantones y movilizaciones, dejando clara su posición de rechazo a toda iniciativa de explotación de recursos naturales”, con actuaciones direccionadas a incidir, “a través de supuesta resistencia y oposición, en la política pública implementada por el Gobierno”.

Esperanza Martínez, miembro de Acción Ecológica, solicitó al Ministerio del Ambiente, que se pruebe las acusaciones en su contra respecto a su posible incursión en actos violentos y desviación de fines para los que fue constituida esta ONG y aseguró que todos los actos que realiza Acción Ecológia son pacíficos: cantos, zapateadas, plantones, y se basan en sus estatutos y en las leyes.

“Para nosotros, la no violencia es un tema con el cual estamos comprometidos. Actos violentos, jamás; defendemos la participación, la opinión, el derecho a disentir y el derecho y deber de defender la naturaleza y denunciar los problemas ambientales, porque nuestros objetivos así lo exigen. Defenderemos siempre el legítimo derecho a existir como asociación, a participar, a disentir y a nuestra libertad de expresión”,
DIJO MARTÍNEZ.

Según Martínez, uno de los aspectos más preocupantes en el proceso en contra de Acción Ecológica es que se pretenda usar como prueba los mensajes que circulan en redes sociales. “Se están utilizando distintos tipos de recursos para promover la autocensura. El mensaje que se nos quiere dar es que no podemos manifestarnos en la calle porque somos acusados de terroristas o de promover sabotajes; tampoco nos podemos expresar por medios de comunicación porque se los acusa de ser prensa corrupta y tampoco podemos utilizar redes sociales; se está violentando el derecho a la libre expresión que tenemos como ciudadanos. No sé si esto es también una anuncio de que el control va a llegar también a las redes sociales”, añadió Martínez.

Fuente: Infobae

El desatino de los análisis económicos actuales

Por

Avispa

20 diciembre, 2016

por Leonardo Boff

Sigo con atención los análisis económicos que se realizan en Brasil y en todo el mundo. Con raras y buenas excepciones, la gran mayoría de los analistas son rehenes del pensamiento único neoliberal mundializado. Es raro que hagan una autocrítica que rompa la lógica del sistema productivista, consumista, individualista y anti-ecológico. Y aquí veo un gran riesgo ya sea para la biocapacidad del planeta Tierra o para la supervivencia de nuestra especie.

El título del libro de Jesse Souza La insensatez de la inteligencia brasileña (2015) inspiró el título de mi reflexión: “El desatino de los análisis económicos actuales”.

Mi sentido del mundo me dice que podemos conocer cataclismos ecológicos y sociales de dimensiones dantescas si no tomamos absolutamente en serio dos factores fundamentales: el factor ecológico, de carácter más objetivo, y la recuperación de la razón sensible, de sesgo más subjetivo. En cuanto al factor ecológico: la mayoría de la macroeconomía todavía alimenta la falsa ilusión de un crecimiento ilimitado, en el supuesto ilusorio de que la Tierra dispone igualmente de recursos ilimitados y tiene una capacidad de recuperación ilimitada para soportar la explotación sistemática a que es sometida. La maldición del pensamiento único muestra un soberano desprecio por los efectos negativos en términos de calentamiento global, la devastación de los ecosistemas, la escasez de agua potable y otros considerados como externalidades, es decir, datos que no entran en la contabilidad de las empresas. Este pasivo se deja para que lo resuelva el estado. Lo que debe ser garantizado en cualquier forma son las ganancias de los accionistas y la acumulación de riqueza a niveles tan inimaginables que dejarían loco a Karl Marx.

La gravedad radica en el hecho de que los órganos que se ocupan del estado de la Tierra, desde las organizaciones mundiales como la ONU, a los nacionales que denuncian la creciente erosión de casi todos los elementos esenciales para la continuidad de la vida (alrededor de 13), no se tienen en cuenta. La razón es que son antisistémicos, perjudican el crecimiento del PIB y los grandes beneficios de las empresas.

Los escenarios proyectados por centros de investigación serios son cada vez más perturbadores. El calentamiento, por ejemplo, no para de aumentar como se afirmó ahora en la COP 22 de Marrakesch. La temperatura global en 2016 ha sido 1,35º C por encima de lo normal para el mes de febrero, la más alta de los últimos 40 años. Los propios científicos como David Carlson, de la Organización Meteorológica Mundial, un organismo de la ONU, declaró: “Esto es increíble… la Tierra es ciertamente un planeta alterado”.

Tanto la Carta de la Tierra como la encíclica de Francisco Laudato Si: cómo cuidar de la Casa Común advierten de los riesgos que corre la vida sobre el planeta. La Carta de la Tierra (grupo animado por M. Gorbachov, en el que he participado) es contundente: «o formamos una alianza global para cuidar la Tierra y unos de otros o corremos el riesgo de destruirnos y destruir diversidad de la vida».

En los debates sobre economía, en casi todas las instancias, los riesgos y los factores ecológicos ni siquiera se nombran. La ecología no existe, incluso en las declaraciones del PT, en las que no aparece siquiera la palabra ecología. Y así, inconscientemente, hacemos un camino de no retorno, a causa de la ignorancia, irresponsabilidad y ceguera producidas por el deseo de acumulación de bienes materiales.

Donald Trump ha dicho que el calentamiento global es un engaño y que cancelará el acuerdo de París, ya firmado por Obama. Paul Krugman, Nobel de Economía, ha advertido de que tal decisión significaría un daño grave para EE.UU. y para todo el planeta.

Conclusión: o incorporamos los datos ecológicos en todo lo que hacemos, o nuestro futuro no estará garantizado. La estupidez de la economía sólo nos ciega y nos perjudica.

Pero este dato científico, resultado de la razón instrumental analítica, no es suficiente, ya que analiza y calcula fríamente y entiende al ser humano fuera y por encima de la naturaleza. A la que puede explotar a su voluntad. Tenemos que completarla con el rescate de la razón sensible, la más antigua en nosotros. En ella se encuentra la sensibilidad, el mundo de los valores, la dimensión ética y espiritual. Ahí residen las motivaciones para el cuidado de la Tierra y para comprometernos en un nuevo tipo de relación amistosa con la naturaleza, sintiéndonos parte de ella y sus cuidadores, reconociendo el valor intrínseco de cada ser e inventando otra manera de satisfacer nuestras necesidades y el consumo con una sobriedad compartida y solidaria.

Tenemos que articular los dos factores, el ecológico (objetivo) y el sensible (subjetivo): de otro modo difícilmente escaparemos, tarde o temprano, de la amenaza de un colapso del sistema-vida.

Fuente Koinonia

Leonardo Boff (Concordia, Brasil, 1938) es teólogo, filósofo y escritor.
Es considerado uno de los mayores renovadores de la teología de la liberación latinoamericana. Sus problemas con la ortodoxia de la Iglesia católica fueron constantes y en 1991 abandonó la cátedra de teología de Petrópolis por discrepancias con el entonces cardenal Joseph Ratzinger (designado Papa en 2005 con el nombre de Benedicto XVI). En Roma se impuso censura previa a todos sus escritos.
En 1992 renunció al sacerdocio para luchar libremente por sus ideas. En la actualidad es uno de los principales representantes de la llamada “teología de la ecología”, una ampliación, a su juicio, de la “teología de la liberación”.

Ecuador: ataque militar contra nativos Shuar

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Avispa

19 diciembre, 2016

Por NREDH Derechos Humanos / Wambra Radio

Desde aproximadamente a las 7h00, tres tanquetas blindadas para montaña han ingresado por San Carlos para avanzar a los centros de Sunswint y otros, mientras helicópteros militares están merodeando el centro shuar Warints, tres camiones de la milicia ecuatoriana han llegado al centro shuar de El Tink. “Temo que pretendan atacar a todo centro shuar que encuentren”, comentó uno de los habitantes de la zona.

Esto para buscar a más personas para capturarlas. Hoy, a las once de la mañana, se inició la incursión militar en San Carlos. Los militares y policías basan su búsqueda en la lista que obtuvieron cuando dos empleados shuar de la minera proporcionaron al azar 41 nombres de indígenas shuar y los responsabilizaron arbitrariamente de los hechos del 21 de noviembre cuando miembros de la nacionalidad shuar tomaron el campamento minero en Nankints, lugar donde la comunidad fue desalojada el pasado 11 de agosto para dar paso a los trabajos de la minera EXSA.

A partir de las 11h00, INREDH ha empezado a recibir llamadas desesperadas de pobladores de la zona. “Quieren exterminarnos”, manifiestan algunos. “Tememos por la vida de nuestros familiares y compañeros” dicen otros que llaman por teléfono.

Las clases en las escuelas de Panantza y Gualaquiza están paralizadas, por cuanto los militares no dan paso ni para la entrada, ni para la salida. “No tenemos qué comer”, dicen algunos habitantes shuar. “Nunca ha habido tanta zozobra, sino desde cuando entraron los militares, son groseros, irrespetuosos y violentos”, relatan impotentes los habitantes de Panantza. Los shuar también manifiestan su indignación porque fueron ellos quienes defendieron la cordillera de El Cóndor durante la guerra con el vecino país de Perú, y ahora son desalojados para dar paso a una minera china.

Como se recordará, el proceso de indagación previa No. 140801816110006, por los hechos ocurridos en noviembre se inició con un parte Policial y denuncia escrita presentada por el ministro del Interior, Diego Torres; se llamaron a declarar a 41 personas de las comunidades de Panantza, San Carlos, Tsuintsuim, San Pedro, San Juan Bosco y Nankints. En esta lista constan todos los miembros de la Junta Parroquial de San Carlos, el presidente y vicepresidente de la Junta Parroquial de Panantza, los principales dirigentes de la Federación Shuar de Morona Santiago y líderes de los principales centros shuar de la zona, además del coordinador del Movimiento Pachakutik de San Juan Bosco.

Se conoce que los dos shuar trabajadores de la empresa fueron conminaron a que declaren en contra de Luis Tiwiram y José Esach, dirigentes de la FISC. La acusación también hace referencia a una rueda de prensa que dio Tiwiram, quien, supuestamente se ha declarado autor de estos hechos y habría advertido que lucharán hasta las últimas consecuencias. Los militares y policías han decidido que Tiwiran y Esach son responsables de los hechos del 14 de diciembre pasado y han asegurado que no descansarán hasta encontrarlos, para lo que han desplegado en la región equipo militar y han iniciado la incursión en San Carlos.

Hasta el medio de hoy, que difundimos la presente información, se conoce de la detención de Milton Reinoso, vicepresidente de la Junta Parroquial de Panantza; Mercedes Cabrera, Nancy Marín y Danny Marín, presidente de la Junta Parroquial de Panantza, a quienes los sorprendieron durmiendo, desde sus recámaras, han sido arrastrados, han entrado destrozando las puertas de las casas, con tumba puertas, golpeando a niños y mujeres que quisieron evitar la detención. Los detenidos han sido llevados al Unidad Policial Comunitaria de San Juan Bosco, y ahora los están conduciendo a Gualaquiza. Preparan una audiencia para la tarde.

Se desconoce el paradero de las demás personas detenidas y se desconoce las consecuencias de la incursión militar en San Carlos. Varios habitantes de Panantza y San Juan Bosco, en coordinación con el equipo jurídico local de INREDH, se han trasladado a diversos lugares en busca de los detenidos pero no han tenido resultados; en la Fiscalía de Gualaquiza, han manifestado que no saben nada sobre el particular ni están acompañando a los operativos militares.

Como ya se había advertido en una nota anterior de INREDH, el gobierno estaba empeñado en iniciar una cacería de brujas y en esta cacería de está deteniendo indistintamente a las personas de la zona donde la minera EXSA implementará su proyecto.

El testimonio del indígena Shuar desde la montaña emite un SOS a la comunidad internacional: “Nosotros estamos pidiendo que los militares deben retirarse, no estamos para enfrentar, estamos enfrentando entre ecuatorianos, eso yo no permitiré jamás. Estoy pidiendo a nivel nacional e internacional, que Rafael Correa escuché por qué manda tantos militares, con quién pelea? ¿Con quién está haciendo guerra? ¿Con los civiles? ¿Con nuestro pueblo indígena?”.

Argentina extractiva: el cambio era la profundización

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Avispa

19 diciembre, 2016

Por Darío Aranda.

El primer año del nuevo gobierno mostró continuidad y profundización del modelo extractivo. Beneficios para el agronegocios y la megaminería. Desfinanciamiento, vulneración de derecho y criminalización para campesinos, indígenas y asambleas socioambientales.

Pergamino. Corazón de la pampa húmeda, las mejores tierras de Argentina. El presidente Mauricio Macri viajó junto a su gabinete y anunció el quite total a las retenciones (impuesto a las exportaciones) agropecuarias y rebaja de cinco puntos para la soja. San Juan, provincia cordillerana. El Presidente anunció el quite total a las retenciones a la megaminería (que eran de entre 5 y 10 por ciento). Las dos medidas fueron tomadas en el primero mes de gobierno.

Macri, que llegó al gobierno con las promesas de “cambio”, mostró continuidad y profundización en las políticas extractivas.

Agronegocios

Al frente del Ministerio de Agricultura nombró a Ricardo Buryaile, propietario de estancias en Formosa, ex vicepresidente de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), una de las entidades productoras de soja. Su primera medida fue rebautizar el ministerio: pasó a llamarse de Agroindustria. También nombró a Guillermo Bernaudo como jefe de Gabinete (de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola -Aacrea-), Néstor Roulet como secretario de Valor Agregado (de CRA), Ricardo Negri como secretario de Agricultura (Aacrea -asociación de empresarios del agro-), Beatriz “Pilu” Giraudo en la flamante Coordinación de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable (presidenta de la poderosa Asociación de Productores de Siembra Directa -Aapresid-).

Aacrea y Aapresid son engranaje fundamental del agronegocios, empresarios mentores ideológicos y de lobby transgénico. Nunca sus cúpulas habían formado parte del Gobierno.

A cinco días días de asumir la presidencia, Macri viajó a Pergamino y anunció el quite de retenciones para los productos agropecuarios. Un medida de 10.000 millones de pesos, según el gobierno. Sin embargo, desde el diario económico El Cronista estimaron, en base a la devaluación, un cifra distinta: 60.000 millones de pesos.

En un cambio con el gobierno kirchnerista (que estuvo enfrentado con sectores del campo, desde 2008), el macrismo estableció alianzas y amplió los beneficios para el agronegocio, que en Argentina toma forma de transgénicos (soja, maíz, algodón), uso masivo de agroquímicos y concentración de tierras en pocas manos.

Una muestra en ese sentido fue el envío de un proyecto para nueva ley de semillas. El sector empresario exige desde hace una década una nueva legislación, que limite el “uso propio” (práctica tan ancestral como la agricultura, que implica cosechar, guardar parte de esas semillas y volver a sembrar).

En 2012 el gobierno de Cristina Fernández intentó, en acuerdo con Monsanto, modificar la ley, pero tuvo resistencias incluso dentro del Frente para la Victoria (FPV) y no pudo tratarla en el Congreso Nacional.

En abril pasado, la máxima autoridad de Monsanto, Brett Begemann, viajó desde Estados Unidos directo a Buenos Aires para reunirse con el ministro Buryaile. Reclamó el cobro de regalías extendidas (no quieren sólo cobrar al momento de la venta, sino también cada vez que se reutilicen las semillas). Brett Begemann destacó que “fue una buena reunión, porque tenemos una visión común sobre el valor de las tecnologías, y tuvimos la oportunidad de compartir la necesidad de contar con un sistema confiable para el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y el cobro de regalías por cada uso de semillas con tecnologías patentadas”.

El 14 de octubre, el Ministerio de Agroindustria anunció: “El proyecto de ley de semillas ingresó al Congreso”. Afirmó que se busca “garantizar la investigación, tecnología y productividad”. El Ministerio remarcó que “desde el Estado Nacional se trabajó en alcanzar los consensos necesarios con todos los actores del sector público y privado, con el objetivo de regularizar el mercado de semillas”.

No fueron convocados ni se escuchó la opinión de organizaciones campesinas, pueblos indígenas, académicos críticos al modelo ni de consumidores.

En el Congreso Nacional no se logró acuerdo para su tratamiento. Incluso organizaciones del agronegocios (como CRA y Sociedad Rural Argentina) rechazaron que las grandes semilleras quieran cobrar las regalías extendidas.

Se conformó la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas. Se trata de medio centenar de organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas que cuestiona que el proyecto enviado por el Ministerio de Agroindustria “es producto de las negociaciones entre el gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los grandes productores”.

En 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, la superficie con soja era de 12 millones de hectáreas. En 2015 fue de 20 millones, un crecimiento geométrico. La estimación oficial para 2017 marca un aumento a 20,6 millones. El maíz pasó de tres millones de hectáreas (2003) a 6,9 millones (2015). Para 2017 se aumentará a 7,3 millones. El trigo pasó de 6,3 millones en 2003 a (sojización mediante) 4,4 en 2015. Las proyecciones para 2017 es aumentar a 5 millones. En todos los casos hay uso masivo de agroquímicos y el aumento de la superficie (“corrimiento de la frontera agropecuaria”) implica avance sobre campesinos, indígenas y desmontes masivos (en Argentina se desforestan un promedio de 32 hectáreas por hora).

Campesinos

En la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF –área dedicada a la agricultura campesina e indígena–) fue nombrado Oscar Alloatti. Despidió 250 trabajadores en diez meses y realizó (bajo la órbita del ministro Buryaile) un ajuste económico que dejó el área sin financiamiento. Renunció en octubre. Y el área aún sigue acéfala.

“Hemos vivido un año durísimo y muy negativo por el embate continuo del sector empresarial hacia nuestros territorios, con mucha violencia e impunidad, notando mayor intensidad que años anteriores. Se nota el gran envalentonamiento a raíz del gran apoyo que sintieron del actual gobierno nacional, que ha respaldado al agronegonegocio y a la megaminería en desmedro del sector campesino-indígena”, afirmó Roger Almaraz, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase).

Ciencia

El Gobierno confirmó en sus cargos al ministro de Ciencia, Lino Barañao, y al director de Biotecnología, Martín Lema, hombre clave en la aprobación de transgénicos en el país. Barañao es reconocido promotor y aliados de las empresas de transgénicos y agroquímicos. Llegó a afirmar que el “el glifosato es como agua con sal” y, otra de sus máxima en defensa del herbicida, fue en diciembre pasado: “De acuerdo con el prospecto de los plaguicidas, no hay peligro”.

Lema está al frente de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio fundamental para autorizar las nuevas semillas transgénicas (en base a estudios de las propias empresas). En 2016 aprobaron seis transgénicos de soja y maíz. Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, DowAgroSciences, Pioneer y Monsanto.

Minería

Por decreto número 160/2015, el 21 de diciembre de 2015 el Presidente eliminó las retenciones a las exportaciones mineras. El diputado nacional del Pro Eduardo Cáceres, vicepresidente de la Comisión de Minería de Cámara de Diputados, había adelantado la medida luego de una reunión con el ministro de Energía, Juan José Aranguren (ex CEO de Shell): “Esto le abre la puerta de par en par a las inversiones mineras”. Y aclaró que entre los proyectos en carpeta sobresalen Agua Rica (Catamarca) y Potasio Río Colorado (Mendoza).

Pero el mayor exponente público de la minería no provino del Ministerio de Energía (donde depende la actividad). “La minería es una actividad productiva que el gobierno nacional apoya y desarrolla. Las posiciones extremas terminan politizando y desprestigiando actividades productivas que, cuando se hacen seriamente, traen bienestar para la comunidad”, señaló el ministro de Ambiente, Sergio Bergman.

Durante todo el primer semestre el Ministro de Ambiente visitó ciudades claves en el rechazo a la megaminería: Chubut (Esquel, Trelew, Rawson, Pirámides), Catamarca (Andalgalá), San Juan (Jáchal) y La Rioja (Famatina y Chilecito).

En todas las provincias Bergman repitió el mismo libreto. Propuso “debates serios, diálogo” sobre minería y señaló que el problema era la “falta de controles”. Rosario Carranza, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, explicitó cómo se define a Bergman en las asambleas socioambientales: “Es un lobbista de las mineras”.

En 2003, cuando el kirchnerismo llegó al poder, había en Argentina 40 proyectos mineros en estudio. En 2015, antes de dejar el gobierno, el ministro de Infraestructura, Julio De Vido, celebró que existían 800 proyectos en estudio.

El nuevo Gobierno mantiene la misma línea e impulsa la puesta en marcha de una decena de proyectos mineros. De extracción de litio en Jujuy y Salta, Pascua Lama (San Juan), San Jorge y Potasio Río Colorado (Mendoza), Suyai y Navidad (Chubut), Agua Rica y Filo Colorado (Catamarca), entre otros. En todos los casos, existen rechazos de las comunidades locales.

“La política extractiva se mantiene. La minería es política de Estado. Los funcionarios siguen jugando para las mineras”, resume Aldo Flores, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá. Hace veinte años que allí está instalada Minera Alumbrera y no ha cumplido con ninguna de las promesas (trabajo, desarrollo local, cuidado del ambiente). La población no quiere más minería y rechaza un nuevo proyecto (llamado Agua Rica), tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la ciudad, donde nacen las fuentes de agua.

En 2010 cerraron el paso a los camiones de Agua Rica. Una feroz represión cayó sobre los habitantes de Andalgalá y sobrevino una pueblada. Luego un juez local suspendió el proyecto minero y la causa escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con dos acampes de los asambleístas en Buenos Aires, para que los jueces no duerman la causa). En septiembre pasado, el Concejo Deliberante de Andalgalá prohibió la megaminería en la localidad.

“Las mineras ahora tienen perfil bajo acá, saben que no son queridas, pero aparecen los políticos y dan la cara por ellos, son títeres adictos a la corrupción que les proponen las mineras. Ahí anda la gobernadora (Lucía Corpacci) diciendo que Agua Rica se hará sí o sí”, cuestiona Flores, pero antes de terminar la llamada avisa: “Acá estamos decididos a defender el territorio. Nos van a reprimir, lo sabemos, pero no van a pasar”.

En Esquel, lugar emblemático donde en 2003 el 80 por ciento de la población votó en contra de la actividad, y aún se mantiene en lucha. Corina Milán es parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Esquel y de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, no tiene dudas del accionar del gobierno nacional en su primer año: “Muy negativa”. Cuestionó la quita a las retenciones y destacó el “cambio de estrategia” al enviar al ministro de Ambiente, Bergman, “que repite slogans coucheados por publicistas, tratando de plantear que ‘la minería es una actividad productiva'”. Recordó que en Esquel llegó a reconocer que su objetivo era “sacarlos de la calle (a las asambleas)”.

También cuestionó que el Gobierno incluyó en el presupuesto 2017 la construcción de una planta de uranio en Chubut, sin tener en cuenta que está vigente la ley 5001 que prohíbe esa actividad.

Pasteras

Una lucha socioambiental que marcó la última década se dio en la ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos) y motivó un conflicto binacional. En febrero de 2005, el gobierno uruguayo autorizó la construcción de una planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia (luego UPM) en el margen del río compartido con Argentina. La población entrerriana rechazó el emprendimiento, con numerosas pruebas de la contaminación de ese tipo de plantas. En enero de 2006, miles de entrerrianos desbordaron el puente General San Martín (que une los dos países). La marea de gente sorprendió a los propios vecinos de la tranquila Gualeguaychú. El “conflicto por las papeleras” encontró su punto alto en la agenda nacional y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú comenzó un corte en el puente.

El presidente Néstor Kirchner visitó Gualeguaychú el 5 de mayo de 2006. En el escenario del Corsódromo, ante unas 35.000 personas, el Presidente prometió: “Es una cuestión ambiental que atañe a todo el país”. Cuestionó a los países de primer mundo por trasladar sus industrias contaminantes: “No pueden traernos como solución a la pobreza la creación de puestos de trabajo a costa de nuestra degradación ambiental”.

El Gobierno fue tomando distancia del reclamo y pactó “controles” conjuntos con Uruguay. La Asamblea de Gualeguaychú cuestionó al Ejecutivo Nacional (primero a Néstor Kirchner, luego a Cristina Fernández) por haber negociado con Uruguay y los acusaron de darle la espalda a los entrerrianos.

En diciembre de 2011, la Asamblea de Gualeguaychú emitió el comunicado “1500 días de Botnia”. El subtítulo fue “con las emisiones tóxicas, se va confirmando lo anunciado”. Puntualizó doce ítems de contaminación, derrames, dioxinas, vertidos al Río Uruguay, emisiones de gas sulfhídrico, daños en flora y aumento de la temperatura de los efluentes, entre otros.

La última escalada gubernamental fue en 2013, cuando Uruguay autorizó a UPM-Botnia a aumentar la producción a 1,2 millones de toneladas anuales (cien mil toneladas más de pasta de celulosa al año). Argentina retrucó el mismo día. El canciller Héctor Timerman hizo público el informe de científicos que confirmaba la contaminación de la pastera en el Río Uruguay. Altas temperaturas de efluentes, exceso de fósforo en el agua (36 veces más de lo permitido), pesticidas, cromo y fenoles (400 por ciento más de lo establecido por ley). El estudio era responsabilidad de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrada por uruguayos y argentinos.

Con seis años de funcionamiento, el Gobierno aseguró que la pastera contaminó con fenoles, fósforo, níquel y cromo. Y precisó que volcó por día 61 millones de litros de efluentes que superan en un 60 por ciento la temperatura permitida (32 grados sobre los 20 grados del río). Y recordó lo insólito de la manera de controlar a Botnia: las autoridades deben avisar a la empresa y, recién diez días después, los científicos podían visitar la planta.

La asamblea de Gualeguaychú apuntó contra ambos gobiernos y UPM-Botnia. Cuestionó que se hayan ocultado durante cuatro años los estudios que confirman la contaminación.

El 6 de enero de 2016, Macri se reunió con su par uruguayo, Tabaré Vázquez y le propuso “dar vuelta la página” en el conflicto por las pasteras. Acordaron un “monitoreo medioambiental de ríos y espacios comunes”. Vázquez anunció “la creación de un laboratorio de última generación de control medioambiental”.

En julio, el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez anunció la instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en la zona del río Uruguay. Y en noviembre se dio a conocer un informe conjunto, entre Uruguay y Argentina (de la Comisión Administradora del Río Uruguay –CARU–) que confirma que Botnia-UPM contamina pero también señala que “Gualeguaychú contamina más”. Así lo divulgó el discurso oficial (de ambos gobiernos) y así lo replicaron los grandes medios de comunicación de Buenos Aires.

Horacio Melo, ex delegado argentino en la Comisión Administradora del Río Uruguay (entre 2005 y 2016), rechazó el informe por “inconsistente”. Explicó que el trabajo difundido “hizo “desaparecer el 90 por ciento de las exigencias” vigentes en materia de control ambiental y denunció que ambos gobiernos “utilizaron normas uruguayas dictadas exclusivamente para la empresa UPM-Botnia”.

Gustavo Rivollier, de la Asamblea de Gualeguaychú, anunció que la población está de pie para rechazar la nueva planta de celulosa y cuestionó el informe sobre contaminación: “La pulseada la ganó UPM (Botnia), qué a través de la delegación uruguaya impuso los parámetros más laxos, obviando las reglamentaciones impuestas por el Tratado del Río Uruguay, y asegurándose así un resultado fácil de dibujar por la prensa adicta, que sin ningún pudor pregonó ‘UPM no contamina’.

Denunció que la delegación del gobierno argentina (en la CARU) prestó acuerdo para archivar decenas de denuncias sobre emanaciones gaseosas contaminantes por parte de UPM, que se tramitaron a través de la Comisión. “Desde Uruguay se insiste con anuncios en continuar el modelo extractivo con nuevas plantas celulósicas, y desde el gobierno argentino lo miran hasta con cierta envidia. La depredación nunca cesó, pero hoy muestra los dientes por la calle sin ninguna vergüenza”, afirmó Rivollier.

Criminalización

Corina Milán, de la Asamblea de Esquel, destacó la preocupación por “el escenario de criminalización de la protesta social que se está planteando y que debe ser leído en sintonía con la avanzada extractivista que se promueve”.

En el mismo sentido, un centenar de organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas emitió un comunicado conjunto en noviembre. “La lucha indígena no es delito. Estigmatización y persecución al pueblo mapuche”, es el título del documento emitido por Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y organizaciones pueblos originarios.

Es una respuesta al Ministerio de Seguridad de la Nación, que en su informe de gestión acusó a los pueblos indígenas de la Patagonia de delitos federales y los responsabiliza de hechos delictivos (sin aportar pruebas).

“Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social”, denunció el comunicado de los organismos de derechos humanos. También denunciaron la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (provincia de Neuquén), una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencional del mundo. “El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”, cuestionan Amnistía Internacional, APDH, la Confederación Mapuche de Neuquén y el Parlamento Mapuche de Río Negro, entre otras organizaciones.

El gobierno nacional había acusado a los mapuches de “armar comunidades indígenas y tomar tierras en zonas petroleras”. El ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentan la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos de hidrocarburos.

“El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo”, denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.

Luchas

La comunidad mapuche Campo Maripe lleva seis meses de bloqueo a YPF-Chevron en Vaca Muerta. En un contexto de criminalización (e invisibilización) exigen el cumplimiento de los derechos indígenas (consulta previa y consentimiento libre, previo e informado). El gobierno impulsa la llegada de nuevas empresas, donde viven más de veinte comunidades mapuches. Anuncio de mayor conflictividad para 2017.

Entre el 8 y el 11 de diciembre se realizó en La Rioja el 27 Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio que reúne a organizaciones de todos el país que luchan contra el extractivismo (muchas vinculadas a la megaminería, pero también contra el agronegocios, pasteras y contaminación urbana). “En el mundo se consolidan gobiernos de derecha que ya no ocultan la decisión de destruir y saquear nuestros bienes comunes como países periféricos, pero al mismo tiempo también avanza nuestra resistencia y nuestras propuestas para construir ese mundo que queremos. Nosotros nos constituimos como una alternativa a partir de otra manera de organizarnos”, explicó Cecilia Matta, integrante de la Asamblea Riojana Capital.

Participaron más de 300 asambleas y organizaciones sociales, remarcaron los logros de este año, entre ellos el sostenimiento de la Ley 7722, que protege el agua en Mendoza (y que las empresas extractivas intentaron dar de baja), el freno a las compañías mineras en La Rioja y la paralización del proyecto Agua Rica en Catamarca. El encuentro de la UAC, considerado una “asamblea de asambleas”, finalizó con un documento que invita al optimismo: “Se potencia la construcción de una forma diferente de hacer política, impulsando la defensa del territorio y el derecho a decidir”.

Quizá el mayor hito de las luchas de 2016 de Argentina provenga de la localidad de Malvinas Argentinas (en Córdoba). En 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado la llegada de Monsanto, con su mayor planta de maíz transgénico del continente. Los vecinos comenzaron a organizarse, nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida y rechazaron la instalación de Monsanto.

Fueron cuatro años de resistencia, medio docena de represiones, judicialización, amenazas y bloqueos al predio de treinta hectáreas de la empresa. Desde 2014 estaba suspendida por un fallo judicial (solicitado por los vecinos) y por el rechazo (por parte de la Secretaría de Ambiente de Córdoba) del informe de impacto ambiental presentado por la compañía. Pero Monsanto insistía en el proyecto, con apoyo del Municipio, la Provincia y Nación.

En septiembre circularon versiones sobre la partida de la compañía. En noviembre, la intendenta, Silvina González, confirmó que la empresa AMG Obras Civiles había adquirido el predio de Monsanto.

El 4 de diciembre hubo festejos en Malvinas Argentinas. La invitación destacaba: “Luchamos, resistimos, triunfamos. Llegó el momento de celebrar”. No es para menos. Los vecinos de la pequeña localidad cordobesa lograron lo que parecía imposible: derrotar a la mayor empresa del agronegocio del mundo.

Sobre el autor

Darío Aranda, periodista argentino especializado en extractivismo. Trabaja en el diario Página/12, la cooperativa de comunicación La Vaca y las radios FM Kalewche (Esquel), la Cooperativa La Brújula (Rosario) y Los Ludditas (FM La Tribu).

Colaboró con el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). Escribe en el diario La Jornada de México (suplemento “Del Campo”) y es consultor de Amnistía Internacional.

México: EZLN, las ciencias tienen la posibilidad de rehacer la realidad de nuevo

Por

Avispa

18 diciembre, 2016

ezln-comunicaod — SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, 21DICIEMBRE2012.- Al menos 20 mil miembros y simpatizantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) marcharon pacíficamente por varios municipios del estado, durante el cambio de la era maya para poner "fin al silencio" en que se mantuvieron por más de un año. FOTO: PEDRO ANZA /CUARTOSCURO.COM

Por lo menos 82 científicos de diversas nacionalidades han confirmado su asistencia a la convocatoria realizada por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en febrero de este año 2016 llamada, “L@s Zapatistas y las conCIENCIAS POR LA HUMANIDAD”.

Para dicho evento a celebrarse los días 25 de diciembre al 4 de enero del año 2017, en el CIDECI-UNITIERRA de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, el EZLN convoca a los científicos formales y naturales para que expongan sus conocimientos para “reorientar la desesperación y darle su sentido real, es decir, dejar de esperar. Y quien deja de esperar podría actuar”, expresaba el Subcomandante Galeano en una carta dirigida al escritor Juan Villoro Ruiz, en febrero de este año 2016.

Así mismo, Galeno se refería a las ciencias como una de las opciones, juntos con las artes para rehacer la realidad. “Puse «las ciencias» (y me refiero aquí especialmente a las llamadas ‹ciencias formales› y a las ‹ciencias naturales›, considerando que las sociales aún tienen algunas cosas que definir -ojo: sin que esto implique una demanda y exigencia-) porque tienen la posibilidad de reconstruir sobre la catástrofe que ya «opera» en todo el territorio mundial. Y no hablo de ‹reconstruir› en el sentido de retomar lo caído y armarlo de nuevo, a imagen y semejanza de su versión antes de la desgracia. Hablo de «rehacer», es decir, «hacer de nuevo» (…)".

En la misma carta, el Subcomandante también se refirió. “La política, la economía y la religión dividen, parcelan, parten. Las ciencias y las artes unen, hermanan, convierten las fronteras en ridículos puntos cartográficos. Pero, cierto, ni unas ni otras están exentas de la feroz división de clases y deben elegir: o contribuyen al mantenimiento y reproducción de la máquina, o contribuyen a mostrar su necesaria supresión”.

En el reciente Informe sobre el Encuentro “L@s Zapatistas y las ConCiencias por la Humanidad”, signado por el Subcomandante Moisés, afirma que por lo menos hasta el 12 de diciembre se habían inscrito científicos de 11 países, incluyendo a México. Algunas de las areas desde donde se abordaran las conferencias, platicas y talleres serán: Matemáticas; Fusión Nuclear; Geofísica: Biología Marina; Fotoquímica Solar; Biotecnología, entre otros más.

El día 25 de diciembre del 2016 es el registro de científic@s y asistentes. Las actividades inician el día 26 de diciembre a las 10 am, y terminan el día 4 de enero del 2017 a las 16 hrs. Habrá un receso los días 31 de diciembre del 2016 y el 1 de enero del 2017.

A continuación el Informe completo sobre el Encuentro “L@s Zapatistas y las ConCiencias por la Humanidad

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.

MÉXICO.

15 de diciembre del 2016.

A la comunidad científica de México y el mundo:

A la Sexta Nacional e Internacional:

Reciban nuestros saludos. Les informamos de cómo va lo del Encuentro “L@s Zapatistas y las ConCiencias por la Humanidad”, a celebrarse en el CIDECI-UniTierra de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, del 25 de diciembre del 2016 al 4 de enero del 2017.

1.- Hasta el día 12 de diciembre del 2016, han confirmado su participación 82 científicas y científicos de los siguientes países:

Alemania,
Canadá,
Chile,
EEUU,
Estado Español,
Israel,
Paraguay,

Reino Unido,
Uruguay,
Brasil,
México (Baja California, Campeche, Cd.
de México, Estado de México, Jalisco,
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San
Luis Potosí).

2.- Las áreas donde se desempeñan son:

Teoría de campos cuánticos,
Matemáticas,
Vulcanología.
Astrofísica,
Astronomía,
Cosmología,
Fusión nuclear,
Genética,
Microbiología,
Geofísica,
Física estadística,
Óptica,
Bioética,
Biofísica,
Biología evolutiva,
Biología marina,
Biología molecular,
Bioquímica,
Biotecnología,
Fisiología y Biofísica de células excitables,
Fotoquímica solar,
Muta génesis y contaminación ambiental,
Genómica de microorganismos,
Origen y evolución de la vida,
Sistemas Complejos,
Sistemas y Control Inteligentes,

Investigación Biomédica,
Neurobiología,
Neurociencias,
Neuro inmunología,
Acuacultura y conservación de sistemas acuáticos,
Agroecología,
Ahorro de energía,
Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
Ciencias de la energía,
Ciencias de la Nutrición,
Comportamiento y comunicación animal,
Conservación de la biodiversidad,
Cuidados paliativos,
Pediatría,
Ecología comportamental y de la conservación,
Ecología evolutiva de microrganismos,
Ecología marina,
Ecología teórica,
Ecología y agroecología,
Energías Renovables,
Ingeniería en energía,
Ingeniería hidrológica,
Ingeniería química ambiental,
Ingeniería química,
Separación magnética de minerales.

3.- El día 25 de diciembre del 2016 es el registro de científic@s y asistentes. Las actividades inician el día 26 de diciembre a las 1000 horas, y terminan el día 4 de enero del 2017 a las 1800 hrs. Habrá un receso los días 31 de diciembre del 2016 y el 1 de enero del 2017.

4.- La dirección electrónica para registrarse como escucha-vidente es: conCIENCIAS@ezln.org.mx

5.- Como alumn@s asistirán 200 mujeres, hombres, niños y ancianos bases de apoyo zapatistas de las lenguas Tzeltal, Tzotzil, Tojolabal, Chol, Zoque, Mame y mestizo. L@s alumn@s zapatistas serán l@s únic@s que podrán interpelar a l@s científic@s ponentes.

6.- El encuentro tendrá sesiones generales, pláticas de divulgación y talleres.

Es todo por ahora.

Desde las montañas del sureste mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.

México, diciembre del 2016.

Avanza el neoliberalismo en Nicaragua: del rojinegro de la revolución al fiusha de las modas

Por

Aldo Santiago Renata Bessi y Santiago Navarro F

13 diciembre, 2016

Niacaragua1-AvispaMidia — Foto: Rigo del Calvario López

Rigo del Calvario López es una persona mayor, la vida le ha hecho surcos en la piel, le gusta cantar y hacer fotografía. Una especie de satisfacción le arranca una sonrisa al saberse pobre, “no le debo nada a nadie”, dice mientras recuerda algunas anécdotas de cuando hacía parte de la guerrilla sandinista en los años 1970.

Hablar del sandinismo para este viejo ex-guerrillero en tiempos del presidente Daniel Ortega es un tema de nostalgia y de rabia.

Toma su tiempo, como mirando hacia dentro, y dice, “el ser sandinista era aprender de los principios del general Augusto César Sandino, que entre los años 1926 y 1933 dirigió la resistencia contra el ejército de ocupación estadounidense en Nicaragua. Él no quiso ser ni terrateniente ni presidente. Nosotros en el programa original del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) agregamos que no queríamos ser ni empresarios ni millonarios y ni mucho menos presidentes. Sucedió todo lo contrario, se hicieron terratenientes, presidentes, empresarios y millonarios. Sólo utilizan la bandera rojinegra para cobijarse, y eso no es ser sandinista”.

En la Nicaragua de Daniel Ortega del año 2016, el rojinegro, símbolo del sandinismo, pero también de la resistencia en Latinoamérica, ha pasado a teñirse al color magenta o rojo purpúreo intenso, cuya inspiración es la coloración de las flores del arbusto llamado en el mundo de las modas como Fiusha. Un tono que le ha dado un toque a las prendas que se deslizan en los desfiles de moda en Nicaragua, organizados por Camila Ortega, hija del actual presidente de este país. El mismo color con el que Daniel Ortega promovió su reelección.

Simulacro

Días antes de los comicios del 6 de noviembre de este año 2016 en Nicaragua, el equipo de este reportaje intentó ingresar a este país de forma legal, pero no fue permitido. Solo dieron 12 horas para cruzar el país para salir a Costa Rica. En menos de tres semanas habían sido detenidos cinco mexicanos y una investigadora tuvo que abandonar el país a toda prisa, lo que provocó incluso una alerta de la embajada mexicana donde aconsejaba a sus ciudadanos no acercarse a actividades políticas en Nicaragua.

El equipo pasó por un amplio interrogatorio, registros minuciosos del equipaje y la espera sin justificación de más de siete horas en una oficina de migración, frontera entre Honduras y Nicaragua, donde una bandera rojinegra del FSLN acompañaba un cartel con fondo fiusha, parte de la campaña para la reelección de Ortega. Al final no se le dio al equipo de corresponsales el permiso de quedarse en el país, y apenas se le concedió 12 horas para cruzar hacia Costa Rica.

Durante la larga espera en la oficina, el equipo de este reportaje pudo identificar en la sección de aduanas, un periódico mural con un comunicado emitido por la dirección de la oficina dirigido a los funcionarios de migración: “Domingo 6 de noviembre de 2016, después de realizar su voto dar la siguiente información: puesto de trabajo, local de voto y hora de voto”.

Otra orientación era de que los funcionarios no faltaran al trabajo después de votar. Según nos explicó anónimamente un funcionario, el objetivo de los jefes de la oficina era revisar si el dedo de los funcionarios públicos estaban teñidos, ya que todo ciudadano es obligado a dejar sus huellas digitales durante la votación. “O sea, es una forma de obligar a los funcionarios públicos a votar y como son obligados a informar el local y hora de votación a sus jefes, fácilmente les pueden vigilar y hacer una cacería de brujas”, explica el funcionario quien no se quiso identificar por temor a represalias.

A pesar de un abstencionismo generalizado, incluso de algunos miembros del FSLN, el día 7 de noviembre, con el 72.1% de votos, Ortega se proclamó victorioso por cuarta ocasión en su historia, esta vez junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta. “¿Cómo es posible que hubo un 70% de los votos? Ninguno de nosotros fuimos a votar, no hubo presencia de los campesinos y de nosotros los pobres. Algunos de los que fueron a votar fue porque les dieron un chancho –un cerdo-, una gallina o el plan techo – programa de insumos básicos para mejorar las viviendas de las familias más pobres-”, dijo Fátima Duarte, de la comarca El Cangrejal, quien fue removida de su cargo como concejal del FSLN por participar en protestas contra las políticas de Ortega.

Color sangre

Calles y puentes destruidos, profundas zanjas abiertas en medio de las carreteras, árboles centenarios derribados obstaculizando las principales vías, fuerzas antimotines desplegadas, retenes de la Policía Nacional. Este era el escenario a menos de un mes de las elecciones. La estrategia del gobierno de Daniel Ortega era impedir que campesinos e indígenas de las comunidades del Tule, Nueva Guinea y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), zonas rurales remotas, llegaran a la capital del país, Managua, en los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. En dichas fechas, movimientos de todo el país se reunirían para protestar contra la construcción del canal interoceánico, concesionado a la empresa china Hong Kong Nicaragua Development (HKND), así como para rechazar el resultado de los comicios en los que el presidente Daniel Ortega obtuvo un tercer mandato sucesivo.

Se estima que la construcción de dicho canal va despojar directamente a 350 mil personas de sus tierras, en su mayoría campesinos e indígenas. La empresa china HKND tiene, por ley, la garantía de expropiar tierras donde considere necesario en todo el territorio nicaragüense. El Canal de Nicaragua esta proyectado en 278 kilómetros de largo, de 230 a 520 metros de ancho, y hasta 30 metros de profundidad. Llegaría a ser el proyecto de infraestructura más grande del mundo y tres veces más largo que el Canal de Panamá.

La región donde se intensificó la represión se ubica en la zona oriental del país, en la ruta canalera que pretende cruzar el Lago Cocibolca para conectar los océanos atlántico y pacífico. La acción del gobierno fue respaldada por la Ley de Seguridad Soberana que establece como amenaza casi cualquier actividad que el Ejecutivo considere en contra del Estado.

“Estábamos saliendo de los territorios rumbo a Managua, pero el gobierno nos mandó militares para obstruir los caminos, tumbó puentes para que nuestra caravana de camiones no pudiera pasar. No pudimos viajar en buses, porque los militares amenazaban a los chóferes con quitarles sus concesiones, entonces lo que hicimos fue salir con camiones que usamos para cargar ganado o granos básicos que producimos”,
EXPLICA EL CAMPESINO MEDARDO MAIRENA DE LA REGIÓN DE PUNTA GORDA, MUNICIPIO DE BLUEFIELDS, COSTA ATLÁNTICA DE NICARAGUA.

Desde la noche del 28 de noviembre, oficiales y agentes antimotines de la Policía Nacional mantuvieron militarizada la zona, con al menos cinco retenes desde Managua a Nueva Guinea y tres puestos de mando en las comunidades más estratégicas de la zona.

Aún con la presencia militar, alrededor de 1,000 personas de diferentes comunidades protestaban el 29 de noviembre a un kilómetro del núcleo urbano de Nueva Guinea, en un lugar conocido como Puente El Zapote, donde seguirían hacia Managua.

“Los militares procedieron con violencia, lanzaron bombas de gas lacrimógeno y balas de goma. Dispararon con armas de fuego, AK-47. Por lo menos diez personas fueron heridas, cuatro de gravedad, una de ellas (Pedro Guzmán López) con una bala en el estómago”, cuenta la campesina Francisca Ramírez, integrante del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, de la comunidad La Fonseca, en Nueva Guinea.

Con el argumento de labores de reparación del puente El Zapote, el gobierno había socavado un día antes, el 28 de diciembre, el único punto de comunicación de las comunidades con la ciudad de Nueva Guinea. No bastándose con la represión, informaron organizadores de la marcha anticanal, que antimotines ingresaron a Nueva Guinea a detener a sus integrantes, cuando regresaban a sus hogares el miércoles 30 de noviembre por la tarde.

El pueblo El Tule fue atacado con bombas de gas lacrimógeno en el centro de la comunidad. Sus habitantes denuncian el uso de armas de fuego por la policía.

Las comunidades La Unión, La Fonseca, Puerto Príncipe, El Tule, San Miguelito, El Castillo, todas ubicadas en la franja de la ruta canalera, sufrieron la represión más intensa, aunque el despliegue policíaco-militar se extendió en por lo menos 13 distritos del país, desde el día 27 de noviembre. Organizadores de la protesta del 1º de diciembre relatan que por lo menos 102 personas que se dirigían con rumbo a Managua fueron detenidas en retenes de carreteras, según ellos, de forma ilegal y arbitraria.

La organización Front Line Defenders relata en un informe, que el 30 de noviembre de 2016, en Nueva Segovia, Ana Patricia Martínez, Directora de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de las Mujeres y la Niñez “Blanca Araúz”, estuvo detenida durante tres horas por la policía. Las autoridades también se apoderaron de su vehículo, el cual pertenecía a su organización. Martínez regresaba de una comunidad rural donde estaba realizando un taller con mujeres sobrevivientes de violencia de género. Cuando se le preguntó por qué estaba detenida, la policía respondió que era porque estaba ayudando a transportar a la gente para que pudieran participar en la marcha.

El Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, el Lago y la Soberanía denuncia que se sumaron por lo menos 20 heridos, cuatro de gravedad, y 20 desaparecidos, además de un número incontable de detenidos en todo el país.

En la mira

Las manifestaciones coincidieron con la llegada a Nicaragua del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien tuvo la misión de establecer un diálogo con diversos sectores sociales del país por las controvertidas elecciones de este año 2016, cuando se consumó el tercer mandato presidencial consecutivo a Daniel Ortega.

Entre los abusos que se le atribuyen al mandatario esta el estrangulamiento de lo que acostumbran llamar “pluralismo democrático”, ya que en junio la Corte Suprema despojo al líder opositor Eduardo Montealegre, de la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) de tendencia derecha-liberal, con lo cual Daniel Ortega fue el único candidato importante en la disputa. Aunado a ello se eliminó la figura de observación electoral, mediante la prohibición de la presencia de observadores internacionales.

El 16 de octubre, la OEA lanzó un comunicado sobre el proceso electoral en Nicaragua donde anuncia que el secretario general de dicha organización envió un informe al gobierno de Nicaragua ponderando los hechos. El informe no es público.

El gobierno de Nicaragua “recibió el informe con disposición a trabajar en una Mesa de conversación e intercambio constructivo con la Secretaría General de la OEA para analizar en forma conjunta los temas relacionados”, dice el comunicado. En función de lo anterior, “el Secretario General de la OEA y el Gobierno de Nicaragua implementaron un mecanismo de conversación e intercambio a tales efectos”, continua el comunicado. Esta fue la primera visita del secretario después de establecer lo que llaman diplomáticamente de “mecanismo de conversación”, pero que en realidad pone a Nicaragua en la mira de la OEA.

En este contexto, uno de los objetivos de la Caravana Campesina era llegar a Managua y tener una cita con el secretario Almagro. La Caravana, por toda la adversidad, no llegó, pero envió a Francisca Ramírez a la capital, donde pudo hacer las denuncias ante el secretario general de la OEA, quien simplemente escuchó. “Planteamos todo lo que estamos viviendo. El secretario todavía no se ha pronunciado. Esperamos entonces que se pronuncie para saber si él tomó en serio nuestra situación”, sostiene Mairena.

Al final, en una conferencia de prensa dada por Francisca, un periodista lanzó la pregunta de “¿Cuáles son las fuerzas políticas que financian a los campesinos?”. Francisca soltó una carcajada y le contestó: “Nadie, nosotros con mucho poco nos financiamos. Estamos aquí porque queremos que el mundo sepa que no están permitiendo en este país que expresemos nuestras discordancias con este gobierno que quiere despojarnos de nuestro territorio”.

Política sin colores

Hay un esfuerzo, o mejor, un vicio de las viejas practicas políticas, y eso incluye una tendencia de la derecha y también de la llamada izquierda institucionalizada o partidaria, por intentar reducir experiencias de movimientos sociales y populares a colores partidarios. Muchos movimientos acaban por sucumbir a esta lógica, pero lo que se ve a lo largo y ancho de Latinoamérica es que la lucha anticapitalista avanza sobre todo con los pueblos indígenas y campesinos generalmente alejados de los centros urbanos, sin colores partidarios y sin viejas insignias rojas de otrora. Defender su modo de vida es en si mismo anticapitalista. Lo que les urge es proteger sus territorios, lo que significa defender no apenas su modo de vida, pero también la vida de la tierra donde todos habitan. Y esta visión no es romantizada. Les ha costado la tranquilidad necesaria para vivir y producir, donde la muerte siempre esta al acecho.

El contexto de Nicaragua es complejo, pero tiene la misma lógica. En el gobierno esta el FSNL, que reivindica un pasado de lucha popular y socialista, pero que ha agotado la posibilidad de un rumbo diferente. En el presente, con Ortega a la cabeza, va por su cuarto mandato en el poder con tintes dictatoriales denunciados tanto por la derecha partidaria como por movimientos campesinos.

En lo que se llama oposición está una derecha liberal fracturada en diversos frentes, con un pasado turbio por los vínculos con los Estados Unidos para desarrollar la contrainsurgencia contra la guerrilla sandinista. En cuanto a la lucha contra el canal y contra los megaproyectos que deben venir acoplados a él, como los complejos turísticos y zonas de libre comercio, se están aglutinando campesinos en todo el país quienes se reivindican sin colores partidarios. Así como Francisca que se define “ni liberal ni sandinista”, también el campesino Medardo Mairena de la región de Punta Gorda, municipio de Bluefields, costa atlántica de Nicaragua, afirma que los campesinos se han organizado sin colores partidarios.

“Somos autónomos. La verdad es que no estamos acostumbrados a estar en este tipo de lucha. Nosotros tenemos la prioridad de labrar la tierra, esta es nuestra costumbre, nuestra tradición. Ahí aprendemos a trabajar con nuestros ancestros y es donde obviamente también estamos enseñando a nuestros hijos. Pero ahora es distinto, nos vimos obligados a organizarnos porque nadie estaba al frente de esta situación para apoyarnos. Somos los verdaderos campesinos que estamos organizados”, sostiene Mairena que es vice coordinador del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, el Lago y la Soberanía, una organización campesina autónoma.

El movimiento no tiene fondos económicos, afirma Mairena. “Nosotros campesinos nos movemos por nuestra propia cuenta. Hemos movilizado gran cantidad de gente. Un campesino que vende una gallina, o un kilo de frijol, de esta forma vamos recaudando fonditos para poder movilizarnos. Ahí está nuestra autonomía. Así nos movemos, no tenemos respaldo económico de ninguna organización nacional o internacional”.

Cuestionando al campesino si hay oportunistas que intentan apropiarse del movimiento, afirma que sí, siempre los hay, pero que “ya no queremos seguir siendo utilizados, estamos cansados de tanta mentira, traición, gente que dice que nos representa y nos ha dejado solos, no creemos mas en estos líderes, creemos en nosotros”.

En relación a la traición, “me refiero a las organizaciones partidarias que en su momento estuvieron en el poder, creímos que las cosas serian diferentes, que Daniel Ortega nunca crearía condiciones para marginar a este pueblo, pero desgraciadamente no sucedió así”. Y añade que “no reconocemos al gobierno, nosotros no lo vamos a reconocer, no fue electo por el pueblo, hubo un abstencionismo generalizado, apenas 15% de los nicaragüenses votaron, el resto no votamos”.

El Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, el Lago y la Soberanía ha pagado un precio caro por su posición crítica. “Tenemos gente encarcelada, gente hospitalizada solo por el hecho de protestar en contra de los impactos que causará este megaproyecto”.

Incongruencia

Para López, el partido del FSLN y algunos gobiernos autodenominados progresistas o de izquierda en Latinoamérica han dejado de ser cuestionados por sus orígenes, “y esto es un peligro, porque detrás de sus programas político-económicos están las mismas políticas neoliberales, la continuación de los proyectos de extractivismo que deben permitir al capitalismo mantenerse de pie. Es falso que debamos practicar más extractivismo para salir del extractivismo”, dice López.

Efectivamente, los gobiernos progresistas o llamados de izquierda han adoptado el mismo paquete de políticas económicas que ha dictado el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para los partidos de derecha y ultraderecha como una condición para poder sostener dichos gobiernos.

Posterior al conflicto armado en Nicaragua, en los años 90 el FMI se concentró en imponer drásticos programas “estándar” de estabilización y ajuste. Tras la derrota electoral del FSLN, en 1990, el FMI establecía en septiembre de 1991 su primer acuerdo, bajo la forma de un Programa “Stand By” de 18 meses. Posterior a este se implementaron tres programas más. El quinto Programa trianual fue acordado con el FMI ya en el periodo de gobierno de Daniel Ortega 2006-2010.

Entre otras condiciones del FMI durante estos programas estuvieron: Evitar toda recapitalización de los bancos estatales; Reglamentar la Ley de Privatización; Terminar de privatizar las empresas mineras; Aplicar medidas de “recuperación de costos” (cobros) en la educación secundaria; Aprobar una Ley que dividiera la Empresa Nicaragüense de Energía Eléctrica (ENEL) en entes separados que ejecutaran la generación y distribución de energía eléctrica y que permitiera la privatización de dichos servicios; Aprobar la Ley del Sector de Hidrocarburos para permitir a privados la exploración y la explotación: Ofrecer al sector privado 38 empresas remanentes de las Corporaciones Nacionales del Sector Público (CORNAP).

“Nosotros vamos a seguir trabajando con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”,
SOSTENÍA ORTEGA EN SU PRECAMPAÑA DEL AÑO 2006.

A pesar de que el Orteguismo ha asumido dichas políticas, antes de su reciente reelección, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por unanimidad la iniciativa de ley conocida como Nicaraguan Investment Conditionality, o llamada coloquialmente Nica Act. El objetivo principal de dicha ley es que los representantes de Estados Unidos se opondrán a las solicitudes de crédito del gobierno de Ortega en las instituciones financieras multilaterales como FMI, BM y el BID.

Aún falta que la ley se apruebe por el Senado y el presidente Barack Obama, de no ser así, regresaría al congreso y tendría que ser aprobada por Donald Trump. En el plazo de 120 días después de ser aprobada la Nica Act, ente el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y con el apoyo de los organismos de inteligencia de este país, deberán presentar ante el congreso estadounidense un informe de los altos funcionarios del régimen nicaragüense involucrados en actos de corrupción, incluyendo el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.

“Al mismo tiempo en que el gobierno de Ortega esta políticamente en la mira de la OEA y de los Estados Unidos, justamente por ser reconocido internacionalmente como sandinista, internamente enfrenta una derecha que se alía a los Estados Unidos para boicotear su gobierno, mientras tanto, el Estado mantiene proyectos de desarrollo y políticas económicas, orientadas por organismos internacionales que lastiman y destruyen su país y la vida de su pueblo, además de usar métodos dictatoriales”, sostiene López.

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