Brasil: Campesinos e indígenas se levantan contra proyectos eólicos en sus territorios

Por

27 marzo, 2025

^{Foto de portada por Felipe Correia}

En la región Agreste del estado de Pernambuco, nordeste de Brasil, más específicamente en la región del Planalto da Barborema, formado por un conjunto de tierras altas, el viento sopla fuerte y constante. En estas tierras se asentó hace nueve años el mayor complejo eólico del Estado, el Vientos de São Clemente, perteneciente a la empresa Casa dos Ventos, que integra a Echoenergia, una subsidiaria del grupo Equatorial, formado por grandes fondos de inversión, como es el Black Rock, con sede en Nova York.

Cuando la empresa llegó provocó conmoción en la región con promesas de progreso. “Hubo una festividad. Se decía que la región iba a ayudar en el desarrollo de la nación, y en la transición energética”, se acuerda João do Vale, agente de la Comisión Pastoral de la Tierra en Brasil.

No tardó mucho, alrededor de un año tras la instalación de los 120 aerogeneradores en tierras campesinas de los municipios de Pedra, Capoeiras, Caetés y Venturosa, para que la gente se diera cuenta de que las promesas no se cumplirían y de los impactos que estaban causando.

Los aerogeneradores, en parte, fueron instalados muy cerca de las casas, en muchos casos a tan solamente 100 o 150 metros, lo que condicionó a los campesinos a vivir con un ruido constante, arriba del permitido por ley, en las 24 horas del día. Además de un polvo blanco lanzado por las aspas que, según relato de los campesinos, causa problemas respiratorios y en la piel.

“El constante ruido trajo el padecimiento del cuerpo. Las personas empezaron a enfermarse. Hay comunidades enteras que están depresivas. Las personas que viven cerca de las torres empezaron a percibir la enfermedad”, sostiene João do Vale.

La situación generó polarización en la comunidad. De un lado los campesinos que no poseen aerogeneradores en sus tierras, pero están muy cerca de ellos. Y de otro, aquellos que reciben recursos por tener aerogeneradores en sus tierras.

Como los campesinos poseen pequeñas tierras - una hectárea, dos hectáreas - los impactos de los aerogeneradores son divididos entre todos. “Hay comunidades en las cuales 80% de las personas no tienen torre, pero todos sufren las consecuencias, porque las torres son gigantes y aquí todo es muy cerca”, explica.

La articulación entre los vecinos no tardó en acontecer. “Hace ocho años nos reunimos, por primera vez, en el terreno de una familia que estaba sufriendo por el ruido, me acuerdo hasta hoy, bajo un juazeiro [árbol frutal típico de la región semiárida brasileña] de su patio”, se acuerda.

Desde entonces la articulación de los campesinos de esta región – comunidades con orígenes a partir de un gran encuentro entre pueblos indígenas y africanos – se expandió alcanzando universidades, organizaciones, parlamentarios, pueblos indígenas.

Además, campesinos con presencia de aerogeneradores en sus tierras también empezaron a demostrar su descontento, ya que con el tiempo la empresa empezó a pagar menos de lo acordado inicialmente, hasta 50% menos. “Hay una cláusula contractual que sostiene que pueden variar el pago de acuerdo con el mercado de energía, una cláusula bastante abusiva”, explica el agente.La articulación derivó, en febrero, en la ocupación de la sede de la Agencia de Desarrollo Económico de Pernambuco (Adepe), en la capital del Estado, la ciudad de Recife. “Las familias no pueden sostener más la situación. O la empresa se hace cargo de los impactos que causa o simplemente les queda salir de sus tierras debido a que el nivel de padecimiento ya es insostenible”, comparte João do Vale, que vive en el Sertão (región semiárida) de Pernambuco, donde igual está “inundado de aerogeneradores”, como él describe.

Ocupación en Pernambuco | Avispa Mídia

Avispa Mídia

Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires

Campesinos y indígenas del pueblo Kapinawá, cuyo territorio también es codiciado para la construcción de un parque eólico, sostuvieron por dos días la ocupación del edificio público. Salieron con la promesa del Estado de suspender la licencia de operación del parque Ventos de São Clemente y de no instalar nuevos parques eólicos en territorio indígena.

Además, representantes del Estado pernambucano se comprometieron a crear una normativa que determine cuál es la distancia segura entre las casas y los aerogeneradores. “El gobierno debió de haber reglamentado eso hace mucho tiempo. Por lo menos 2 km, distancia considerada mínimamente segura. Existe una omisión en reglamentar la instalación de los parques”.

Energía Eólica en Números | Avispa Mídia

Energía eólica en números

De acuerdo a la Agencia Brasileña de Energía Eólica, existen 1,109 parques eólicos, totalizando 11,773 aerogeneradores, distribuidos en 12 estados brasileños. La gran concentración está en el nordeste del país, especialmente en el Sertão y Agreste. En 2023, la región fue responsable por 92% de la producción nacional de energía eólica.

"Llegaron primero a la Costa y después fueron expandiéndose hacia el interior del Estado, las regiones Agreste y Sertão. Hoy están por todos los lados, se reproducen como peste", señala el agente pastoral.

El viento es la segunda principal fuente generadora de energía en el país, el 16%. Las hidroeléctricas son la principal fuente, generan el 49% de la energía consumida en Brasil.

Avispa Mídia

Presión

A partir de la presión ejercida por la articulación entre indígenas, campesinos, organizaciones y universidad, el Ministerio Público brasileño realizó un peritaje técnico para analizar el nivel de ruido emitido por los aerogeneradores. “Las pericias comprueban lo que sostenemos, que el ruido está arriba de lo que permite la ley. Eso se configura como un crimen. Tenemos laudos en las manos”, señala João do Vale. El Ministerio Público concluyó que existe daños socioambientales en estas comunidades.

El órgano ambiental del Estado, entonces, impuso una serie de recomendaciones tanto para el complejo Vientos de São Clemente así como para el parque Ventos de Santa Brígida, que también está instalado en la región desde 2015 con 107 aerogeneradores distribuidos por los municipios de Caetés, Pedra y Paranatama.

“La empresa dueña de Ventos de Santa Brígida [que también está en proceso de renovación de la licencia de funcionamiento] hizo una propuesta de adecuación a las condiciones establecidas por el órgano ambiental y eso fue considerado suficiente por el Estado. Ya Vientos de São Clemente nunca respondió a las recomendaciones del órgano ambiental”, explica Vale.

Fue entonces que la ocupación de la Adepe obligó el Estado a tomar medidas contra la empresa Casa dos Ventos, suspendiendo el funcionamiento del parque, hasta que cumpliera directrices para mitigar sus impactos. “Es la primera vez que eso pasa en Brasil a través de una lucha popular”, conmemora.

^{Foto por Felipe Correia}

La justicia

Después de la decisión del órgano ambiental, la empresa inició una acción judicial contra el Estado, pidiendo el retorno de las actividades del parque. “El juez de primera instancia decidió que el parque debería continuar suspendido. La empresa llevó el caso a jueces de segunda instancia. Fue entonces que el tribunal de justicia autorizó el retorno de las actividades [hasta que haya una sentencia final del caso], justificando que la empresa iba a tener muchos perjuicios financieros”, explica João do Vale.

Días después de la decisión judicial los campesinos reportaron la queda de una torre, sin mayores acciones del Estado.

Mientras tanto, reportan desde la región una tensa calma. “Ha habido agresiones por parte de quienes quieren los parques, porque con la paralización de las actividades la empresa no pagaría a los dueños de las tierras. Esta situación ha provocado la confrontación de campesino contra campesino”.

El Agreste es una región brasileña formada por poblaciones tradicionales – entre ellas quilombolas, catingueros y diversos pueblos indígenas. “Es una región de una memoria comunitaria todavía muy fuerte”, describe el agente. Allí se vive de la pequeña producción agrícola, frijol, maíz, legumbres, hortalizas, se crea pequeñas cantidades de animales.

Si no hay un acuerdo con estas empresas que permita que se detengan las instalaciones de nuevos parques, la solución vislumbrada por las familias es el desplazamiento a otras tierras o a las periferias de las grandes ciudades, donde tendrán que iniciar sus vidas de cero. “Es un proceso muy violento. Ninguna de las dos opciones es justa”, añade João do Vale.

^{Foto por Felipe Correia}

Violencia criminal, los estragos en las infancias y adolescentes de Chiapas

Por

Jeny Pascacio

26 marzo, 2025

^{Fotos por Jeny Pascasio}

Madres buscadoras y organizaciones de la sociedad civil urgen atención a las niñas, niños y adolescentes (NNA), víctimas directas y secundarias de la violencia criminal en diferentes territorios de Chiapas, donde los cárteles actúan con la participación de agentes del Estado.

Oscar González Balleza, responsable de Incidencia en Melel Xojobal A.C., advierte en entrevista con Avispa Mídia que las estadísticas comparadas en un periodo de cuatro años, a la fecha, muestran un incremento significativo en violencias sistemáticas contra NNA.

De acuerdo al registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en un rango de edad de cero a 20 años, siete personas fueron desaparecidas en 2021; 16 en 2022; 59 en 2023; y 130 en 2024. Los municipios chiapanecos con más reportes pertenecen a las regiones del Soconusco, Metropolitana, Meseta Comiteca, Sierra Mariscal, Los Llanos y Selva.

La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias), durante los primeros 45 días de 2025, contabilizó un total de 90 fichas de búsqueda, de las cuales el 40% corresponden a infantes y adolescentes, es decir, en ese periodo desaparecieron 37, casi uno por día.

José Encinos, del área de Defensoría de Melel Xojobal, hizo hincapié que los datos oficiales muestran la urgencia de justicia y paz, aunque no reflejan la realidad, visto que, resulta complejo demostrar los estragos de estas violencias en términos cuantitativos.

A esto se le suma la situación de las familias que no denuncian por temor o que buscan denunciar, pero pierden la confianza por la revictimización que ejercen en las fiscalías locales o por la falta de atención, traductor e intérprete. De manera general, el aumento de las desapariciones en Chiapas se puede observar en los datos del RNPDNO, de los últimos cuatro años. En 2021, se reportan 61 personas desaparecidas; en 2022, 88 personas; en 2023, 218; y durante el 2024, 488. De un total de 1,168 reportes de personas desaparecidas, 242 estaban en un rango de edad de 8 a 20 años en el momento de la desaparición.

“Toque de queda”

La tarde del 27 de febrero de 2024, un mensaje titulado “toque de queda en Galecio” se difundió rápidamente, incluso entre los habitantes de áreas colindantes a la colonia Galecio Narcía, ubicada a 6 kilómetros de distancia de Salvador Urbina, ambas pertenecientes al municipio de Chiapa de Corzo.

“Cuando vi ese mensaje les dije a mis hijos que ya no podían salir en la noche ni a dar la vuelta. Pero nunca imaginé que, horas más tarde, en la madrugada, se los llevarían”, narró Liliana Pérez, madre de Luis y Marvin Nanga Pérez, en entrevista con Avispa Mídia.

A las 4 de la mañana del siguiente día (28), un comando armado, precedido por tres hombres que portaban uniformes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entró a la casa de Liliana ubicada en Salvador Urbina y se llevó a sus dos hijos, Luis y Marvin, de 20 y 17 años de edad.

“Desperté a mi esposo al oír el ruido en la puerta. Nosotros estábamos dormidos en la planta alta de la casa. Cuando me asomé por la puerta de mi cuarto vi a personas armadas subiendo las escaleras. Nos gritaron: ¡Tírense al piso, somos del Ejército Mexicano! Aventaron a mi esposo al suelo, lo encañonaron con las armas y a mí me pusieron de rodillas”, relató Liliana.

Un grupo de encapuchados iba vestido de color negro y con cascos antibalas, otros con uniformes de la entonces Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), ahora Secretaría de Seguridad del Pueblo. Todos con armas de alto poder, “pero solo uno dirigía”, describió.

“Mis hijos seguían dormidos, pero los hombres entraron a la habitación del mayor (Luis), lo agarraron y tiraron al suelo. Después fueron al siguiente cuarto, sacaron a mi hijo menor (Marvin) y en ese momento a él le preguntaron de un arsenal y una bolsa de ‘cristal decomisado’, pero ni mi hijo ni nosotros entendimos de qué estaban hablando”.

Los encapuchados patearon a Marvin en la cara, mientras lo cuestionaban a gritos, una y otra vez, sobre “el arsenal”. “Esposaron a mi esposo y a mis dos hijos, les grité que no nos hicieran daño y mi hijo mayor agregó que nos estaban confundiendo y pidió que no le pegaran a su hermanito”, pero la respuesta fue golpear también a Luis.

“Amenazaron con darles el tiro de gracia si no hablaban. Les dije que nosotros no teníamos nada y les pedí que buscaran. Registraron por toda la casa y encontraron el uniforme de Luis [pues dos años antes ingresó a la Sedena como policía militar] y le dijeron: ¡ah!, eres guachito, entonces también te vienes con nosotros”.

Se llevaron los uniformes militares de Luis, bajaron a Marvin y al padre de ambos. Los hombres robaron también el dinero de la beca Benito Juárez que Marvin recibió días antes, videojuegos y las ganancias de la venta de pan de Liliana.

En la entrada de la vivienda estaban varadas dos camionetas, “una blanca y una negra tipo CVR, sin placas, y a bordo iba un hombre viejo, obeso y barbón a quien los encapuchados llamaban ‘jefe’ y él dijo que sólo mis hijos le iban a servir”.

Subieron a Luis y a Marvin en una de las camionetas, “mi esposo suplicó que no lo separaran de sus hijos. Desde arriba vi que intentó ponerse de pie para subirse a la camioneta, pero amenazaron con dispararle”.

Antes de partir, “nos amenazaron, nos dijeron que no denunciáramos, porque la Fiscalía estaba con ellos”. Cuando arrancaron las camionetas, el esposo de Liliana se puso en dos pies. “Me dijo: pide ayuda, yo voy por mis hijos. Se subió a su vehículo particular y siguió las camionetas”.

Liliana llamó al 911 y después de una hora llegó la policía municipal de Chiapa de Corzo que se declaró incompetente frente al escenario. Luego se hizo presente la SSyPC, pero los uniformados sólo recabaron datos y se negaron a localizar el vehículo de su esposo.

“Mi esposo regresó varias horas más tarde y me contó que también solicitó ayuda en el retén del Vergel (instalado a 3 kilómetros de distancia de la casa de Liliana, sobre la Carretera Internacional y desvío al aeropuerto), pero dijeron que no tenían patrullas y no hicieron nada”.

En ese momento, el esposo de Liliana siguió por su cuenta las camionetas en las que llevaban a Luis y a Marvin pero no pudo alcanzarlas. Huyeron por un camino de terracería dentro de una propiedad privada, entre las localidades de Salvador Urbina y Galecio Narcía.

Rodeó el predio por una vía que conduce al Aeropuerto Ángel Albino Corzo (carretera a Suchiapa), “y ahí mi esposo volvió a topar con las mismas camionetas, pero a bordo los hombres ya iban vestidos de civiles y mis hijos ya no estaban ahí”.

En una ocasión, Liliana logró rastrear el teléfono celular de Marvin y la ubicación se mostró a unos 16 kilómetros de Salvador Urbina, precisamente en el municipio de Suchiapa. Pero no pudo seguir la investigación.

Liliana y su esposo acudieron en muchas ocasiones a la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tuxtla Gutiérrez, pero siempre desistieron antes de entrar al edificio a realizar la denuncia, “recordábamos las amenazas que nos hicieron”.

Durante diez meses buscaron por cuenta propia a Luis y a Marvin, sin tener éxito. Indagaron con amigos, familiares, vecinos, fueron a ranchos, predios, fincas o donde se enteraban de hallazgos de personas sin vida, en localidades cercanas, sobre todo de la región Frailesca.

Durante ese tiempo también fueron víctimas de extorsión. Liliana recibió amenazas y le exigieron que se fuera de Salvador Urbina. “Dejé mi casa con la esperanza de que me los regresaran, como me dijeron, pero no fue así”.

A finales de 2024, Liliana se puso en contacto con la colectiva de las Madres en Resistencia, hizo la denuncia ante la FGE y presentó todas las evidencias, pero notó que varias quedaron fuera de la carpeta de investigación.

“¿Por qué mis hijos?”, se cuestiona Liliana. De nuevo, todos los días, desde hace un año. “¿Por qué mis hijos? que son conocidos por ser cercanos a la comunidad, saludables, deportistas, sociables, bondadosos y trabajadores”. Liliana no encuentra respuestas. En sus propias palabras, la historia de sus hijos es un rompecabezas infinito.

Su hijo mayor, Luis, ingresó a la Sedena en 2022, como policía militar del Batallón de Operaciones Especiales. “Yo siempre escucho noticias y con todo lo que pasa en México le pedía que se retirara del ejército y me dijo que lo haría, con la condición de que lo apoyara con sus estudios, quería entrar a la Licenciatura en Protección Civil”. A pesar de la promesa hecha a su madre de dejar el servicio militar, todavía continuaba en Sedena.

En la búsqueda de ayuda para encontrar a sus hijos, Liliana acudió al Campo Militar número 1 de la Sedena, en la Ciudad de México, a donde pertenecía Luis. Dijeron que su hijo era un “desertor”, porque ya no se presentaba a trabajar. “Les expliqué que fue desaparición forzada”, a pesar de eso “me cerraron las puertas”.

Marvin, su hijo menor, estaba indeciso sobre su futuro, quería terminar la prepa y meterse a la Marina, pero a su vez deseaba tener su propia empresa, “soñaba con una cafetería, me lo dijo porque platicábamos todos los días después de comer, recostados en la hamaca, y también cuando les enseñaba repostería, porque a eso me dedico”, dijo Liliana.

Marvin estudiaba el segundo semestre en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 20, ubicado a 18 kilómetros de su casa, en la colonia 20 de Noviembre del municipio Emiliano Zapata.

Sólo unos días después del 28 de febrero de 2024, los directivos del Cobach 20 decidieron darle de baja de manera automática a Marvin y se negaron a recibir a Liliana cuando acudió a buscar respaldo y a dar cuenta sobre la condición de desaparecido de su hijo.

El Registro de Personas Desaparecidas y no localizadas (RNPDNO), reporta en Chiapa de Corzo cuatro casos de personas desaparecidas entre 8 a 20 años de edad: dos en Salvador Urbina, una en América Libre y una mujer en Benito Juárez.

Nodos

Como en otras entidades de México, en Chiapas son familias buscadoras y organizaciones de derechos humanos las que documentaron el hallazgo de fosas, restos humanos, arsenales y otras actividades que pueden estar ligadas a los cárteles mexicanos o dar indicios para localizar más personas desaparecidas.

Te puede interesar – Buscadores de desaparecidos en Jalisco alertan sobre estrategia de criminalización

Por las búsquedas de campo y presión ejercida por la colectiva Madres en Resistencia, a principios de este año, en operaciones de las fuerzas de seguridad se ubicaron 28 fosas y osamentas de 40 cuerpos en municipios de la Sierra Mariscal y Los Llanos, en específico, el predio San Isidro de Emiliano Zapata.

Dos meses más tarde, el pasado 18 de marzo, Luna, la canina buscadora, integrante del Sistema Estatal de Protección Civil, dio con la entrada de un espacio subterráneo oculto entre tablas de madera y bolsas negras en un predio de la localidad Aurora Buenavista, muy cercana al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, municipio de Chiapa de Corzo.

En el escondite encontraron cargadores de armas, cartuchos útiles, cascos antibalas, eslabones metálicos para cartuchos, chalecos tácticos, equipo de radiocomunicación, además de prendas de vestir y polvo blanco.

“Pero esa no es nuestra lucha, no es lo que buscamos. Nosotras no buscamos ni armas ni drogas, tampoco culpables. Solo queremos a nuestros hijos de regreso y nada más”, aclaró Isabel Torres de Madres en Resistencia.

Las familias buscadoras que acudieron a la búsqueda consideran que lo más impactante que observaron en el terreno fue una soga que pendía de un árbol de Ceiba, dado que podría ser utilizada para cometer actos de tortura.

Ese día, Isabel Torres también lamentó las declaraciones del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, que vinculó los indicios de Aurora Buenavista al caso de su hija, Cassandra Isabel Arias Torres, desaparecida dos meses después de cumplir 18 años.

“No hubo ningún indició, los cascos que encontramos, no son los mismos. En la desaparición de Cassandra los cascos que portaban (los delincuentes) tenían el escudo de la FGE, y los que encontramos no”, precisó Isabel Torres.

El lugar tampoco concuerda con la descripción de las personas que fueron desaparecidas junto a Cassandra. “Es cierto, en Salvador Urbina dio la última geolocalización de mi hija, pero en otro predio”, explicó Isabel Torres.

De manera reciente, por las irregularidades en las investigaciones de los casos de la colectiva Madres en Resistencia, Jesús Jubilian Sarmiento Santos fue retirado del cargo como titular de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y transferido a la Fiscalía Distrito Frailesca en Villaflores.

La colectiva se reunió con la nueva Fiscal de Desaparecidos, Josefa de la Cruz Núñez, quien, en este primer acercamiento, reiteró que trabajará con empatía, profesionalismo y respeto.

“Pero vemos lo contrario, porque ellos (la fiscalía) buscan otra cosa, armas, drogas, pero no buscan a nuestros desaparecidos”, lamentó Adriana Gómez, fundadora de Madres en Resistencia.

Enganche y reclutamiento

En 2023, Melel Xojobal amplió el panorama con la publicación del informe “Niñeces frente a las violencias criminales en San Cristóbal de Las Casas”, que insta a garantizar la seguridad y la paz para infancias y adolescencias, como lo marcan las declaraciones básicas de derechos humanos.

En el estudio explican otras manifestaciones de la violencia criminal como el enganchamiento y reclutamiento. En el enganchamiento primero “seducen” o, en otras palabras, inducen a niñeces al consumo de drogas, en la venta de las mismas, “y a otras acciones que parecieran más pequeñas”, explicó Oscar González Balleza, responsable de Incidencia en la AC.

En la región Altos, en específico San Cristóbal de Las Casas, el enganchamiento funciona a través de obsequios de prendas de ropa, celulares o motocicletas. Avanza en la medida de las necesidades que tiene el crimen organizado y, después, viene el reclutamiento.

En este proceso las infancias se inician en el consumo de drogas desde los 8 o 9 años, “es muy relevante”, puntualizó González Balleza, que en general ninguna niña, niño o adolescente se salva de la situación.

El paso posterior al enganchamiento es el reclutamiento, que constituye una forma de explotación infantil y tiene mayor impacto en los pueblos originarios por las desigualdades económicas, en específico de la región de Los Altos sede de Melel Xojobal.

Algunos de los roles que deben cumplir los NNA reclutados, mencionados en el informe de Melel Xojobal, son: continuar con la cadena de reclutamiento, esclavos sexuales, escudos humanos, entre otras funciones que los sitúan en un riesgo mayor.

De acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), los NNA en situación de reclutamiento deben ser considerados víctimas de delitos contra el derecho internacional, no solamente como perpetradores.

A decir de Melel Xojobal, el Gobierno de Chiapas debe trabajar en acciones de prevención para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes no recurran o caigan en las redes del crimen organizado.

“¿Dónde está la cultura?, ¿dónde están las artes?, ¿dónde están las propuestas de acción a ese nivel?”, cuestionó González Balleza, puesto que, “las acciones de prevención deben incluir acudir a las escuelas públicas para hablar de estos temas. Porque está sucediendo”. Sin embargo, México carece de una tipificación legislativa y política pública que condene, prevenga y atienda de manera integral el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

Observadores internacionales alertan devastación en Veracruz por implementación de fracking

Por

Aldo Santiago

25 marzo, 2025

^{En portada: Miembros de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking durante visita a la comunidad totonaca de Ojital Viejo, donde derrames de hidrocarburos han dañado fuentes de agua, tierras y salud de los habitantes de la región. Foto: Santiago Navarro F.}

Durante el pasado fin de semana, integrantes de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF) visitaron la región del Totonacapan, al norte de Veracruz, donde pudieron constatar los daños al ambiente y a la salud de sus habitantes debido al uso reiterado del fracking, también conocido como fractura hidráulica, técnica que consiste en inyectar una mezcla de agua, arena y químicos mediante alta presión para liberar hidrocarburos de entre las rocas del subuselo.

La delegación, compuesta por abogados e ingenieros ambientales, investigadores y observadores procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, así como de miembros de organizaciones de la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF), realizaron un recorrido durante el sábado (22) para atestiguar las condiciones de la infraestructura petrolera en la región.

Con ello, los observadores pudieron constatar el mal estado y abandono de pozos, deterioro de gasoductos y centrales de almacenamiento y distribución, cuyos efectos perceptibles son la contaminación de tierras, agua y suelo, así como los daños a la salud de las comunidades que viven en territorios convertidos en zonas de sacrificio al norte de Veracruz.

De acuerdo a lo observado por la ALFF, las evidencias en el terreno no dejan duda acerca de que en la región se ha implementado reiteradamente la fractura hidráulica. Datos de la asociación civil CartoCrítica lo confirman, al referir que han detectado, por lo menos, 7,879 pozos fracturados en México.

Incluso, acorde a Manuel Llano, de dicha asociación, existen ambigüedades para el reconocimiento entre pozos convencionales y aquellos que no son categorizados como tal, cuya extracción es realizada por medio de fracking.

En proyectos como el denominado Aceite Terciario del Golfo (ATG) y el Proyecto Integral Veracruz, ambos en dicho estado, se realizan perforaciones horizontales y se utilizan métodos que en la práctica constituyen fracturación hidráulica, utilizando millones de litros de agua que, pese a ello, son considerados convencionales.

El gobierno federal ha destinado para esta técnica - cuyo origen se remonta a la década de 1990 en el estado sureño de Tabasco - un presupuesto continuado durante las últimas décadas. Incluso, pese a la promesa presidencial del sexenio pasado de prohibir el fracking en México - cuya propuesta estaba incluida en la llamada reforma ambiental que fue desechada por la actual legislatura-, el más reciente Presupuesto de Egresos de la Federación destinó más de 12 mil millones de pesos a cuatro proyectos que implican el uso de fracking para la extracción de hidrocarburos.

El mantenimiento del presupuesto va acorde a lo mencionado desde principios del año 2023 por Héctor Moreira Rodríguez, ex comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), organismo que ya vislumbraba que México posee una mayor cantidad de gas y petróleo en yacimientos no convencionales que en pozos tradicionales. En ese momento el ex funcionario indicó que, acorde a las estadísticas del órgano regulador, del total de los mas de 68 mil millones de barriles contabilizados como recursos prospectivos, el 36 mil millones, es decir, el 52.9%, se localizan en yacimientos no convencionales.

En ese contexto, mediante conferencia de prensa realizada la mañana del lunes (24) en la ciudad de México, la AMCF alertó que, de continuar con la promoción del fracking, se prevé por lo menos 15,000 nuevos pozos no convencionales para ser explotados con esta técnica, lo que representa un peligro para regiones como la Huasteca, en San Luis Potosí, la llamada cuenca de Burgos, en Tamaulipas, así como Puebla y el Totonacapan, Veracruz.

Totonacapan, promesas de progreso y contaminación

Las zonas aledañas a las ciudades de Poza Rica y Papantla, en la región del Totonacapan, viven desde hace décadas el legado de la contaminación de agua y suelos derivada de la actividad de la industria petrolera. Habitantes de pueblos originarios se han visto afectados por los continuos derrames de hidrocarburos, que han dañado fuentes de agua, cultivos y han afectado la cultura y formas de vida de las comunidades.

^{En la ciudad de Poza Rica existen decenas de pozos activos a metros de distancia de la población, lo que conlleva su exposición a gases como el metano y otros compuestos orgánicos que afectan su salud a largo plazo. Foto: Santiago Navarro F.}

Fue ahí que durante el domingo la delegación de la ALFF realizó una visita a la comunidad totonaca de Ojital Viejo, donde en septiembre del 2024 un derrame de hidrocarburos, desbordado por las intensas lluvias, anegó totalmente el arroyo del cual la comunidad se abastece de agua provocando enfermedades, muerte de fauna y afectación a las tierras y cultivos de poblaciones que se encuentran en su percurso hasta el río Cazones.

Te puede interesar - Desastre ecológico de PEMEX sigue sin atención en Papantla, Veracruz

Para la reunión de este fin de semana se hicieron presentes organizaciones y miembros de comunidades aledañas, resaltando la presencia de jóvenes interesados en escuchar las experiencias sobre las resistencias al fracking desde otras latitudes en latinoamérica para, con ello, espejear experiencias y estrategias para la resistencia frente a la problemática de la contaminación y los daños a la naturaleza y salud que permanecen en la región.

Ya durante conferencia de prensa en la CDMX, Romualdo García de Luna, de la comunidad totonaca de Ojital Viejo, detalló que Pemex trabaja en la región desde hace casi un siglo. La empresa introdujo su infraestructura prometiendo progreso y beneficio a las comunidades pero, con el paso del tiempo, ahora resienten los daños a la naturaleza y seres humanos tras la actividad de más de 2,300 pozos petroleros que se explotan en el Totonacapan, aunado a los cientos que se perforan en las regiones aledañas.

“La ineficiencia de parte del gobierno estatal y federal para atender el problema de la contaminación en las diferentes comunidades del Totonacapan, afectadas por derrames de hidrocarburos, es una constante, un atentado continuo a nuestra dignidad como pueblos originarios. Para nosotros, la naturaleza tiene su espíritu, su energía, al igual que los animales, la extracción petrolera está dañando continuamente nuestra vida y la de nuestros animales, cultivos y de nuestro pueblo”, sostuvo García.

Por su parte, jóvenes presentes en la reunión con ALFF enfatizaron que, pese a que la contaminación persiste, las autoridades, lejos de comprometerse a detener el avance del fracking, se acercaron a la comunidad de Ojital Viejo para ofrecerles dinero para resarcir los daños. También ofrecieron servicios para la construcción de caminos y carreteras, a lo cual se negaron pues la exigencia de la comunidad es que se detenga la contaminación.

Ante ello, el indígena totonaca relató que la urgencia por la contaminación les ha llevado a organizarse para la creación de un núcleo de defensa, cuyo objetivo es asegurar la vida de las futuras generaciones. “Ya estamos formando líderes en cada comunidad para tener una conexión con ellos, de lo que está pasando en cada comunidad. Cada vez que haya un derrame tenemos que reunirnos para defender y alzar la voz y no tener miedo”, enfatizó.

Los integrantes de la ALFF que visitaron el Totonacapan señalaron la urgencia de evitar la promoción de mayor extracción de gas y petróleo en la región. “Vemos que la situación de los territorios en donde se implementa la técnica del fracking es la misma, los Estados priorizan el desarrollo económico por encima de la vida y los derechos humanos de la población local y del ambiente. El consumo y contaminación del agua son inmensos”, sostuvo Santiago Cané, secretario técnico de la alianza latinoamericana.

^{Miembros de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking durante visita a la comunidad totonaca de Ojital Viejo, donde derrames de hidrocarburos han dañado fuentes de agua, tierras y salud de los habitantes de la región. Foto: Santiago Navarro F.}

Por su parte, Ramón García, del Centro de Derechos Humanos Bety Cariño, localizado en Veracruz, se dirigió a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la rueda de prensa para que, ante la intencionalidad de reproducir estos sistemas de extracción y, pese al incumplimiento del sexenio pasado, recordarle que ahora ella “tiene en sus manos la oportunidad de prohibir esta técnica y cumplir su compromiso de campaña, que se ha venido diluyendo a lo largo de los meses”.

Fracking, los estragos en América

La ALFF fue fundada en el año 2014 como una respuesta coordinada a la expansión del fracking en Latinoamérica y está conformada por personas, instituciones, colectivos y organizaciones de la sociedad civil de diversos países de la región. Sus integrantes mantienen el objetivo de defender los bienes comunes y resistir a la extracción de hidrocarburos mediante la implementación de la fractura hidráulica.

Otro de sus objetivos es el de intercambiar experiencias y testimonios desde los distintos territorios para realizar un análisis de la manera en que avanzan los proyectos y cuáles han sido las estrategias para resistirlos desde las organizaciones sociales y ambientales. Así, destacaron los casos de Vaca Muerta en Argentina y la Cuenca Pérmica, en Texas, EEUU cuyos relatos coincidieron en resaltar la grave amenaza que representa la implementación de esta técnica en otros lugares del mundo.

En Argentina, desde el año 2012 se presentó el proyecto de Vaca Muerta bajo la promesa de desarrollo social y económico. “Hasta el momento nada de esto se ha cumplido. Por el contrario, el avance del fracking en Vaca Muerta ha generado centenares de sismos en lugares en donde jamás se habían registrado, afectando negativamente la vida de las comunidades, consumiendo millones de litros de agua y generando toneladas de residuos contaminantes que aún no encuentran solución para ser tratados”, compartió Matías Cena Trebucq, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) del país sudamericano.

^{Miembros de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking constataron, durante visita infraestructura para la extracción de hidrocarburos, las malas condiciones en que se encuentran pozos abandonados. Foto: Santiago Navarro F.}

Según el testimonio de Cena, la fractura hidráulica en Argentina se impuso mediante la represión violenta contra las comunidades mapuches que resisten a su implementación. Desde entonces, se realiza intensivamente por lo que la población vive ya los impactos negativos de esta industria que se despliega a traves de yacimientos no convencionales e infraestructura como ductos a través de 30,000 kilómetros cuadrados.

“Lo que sucede en Vaca Muerta es un claro ejemplo de lo que no debería replicarse en ningún lugar del mundo”, sentenció Cena quien subrayó que la implementación del proyecto ha llevado a la Argentina a depender principalmente de la extracción de pozos no convencionales, lo que conlleva una dificultad para repensar las alternativas para sustituir los hidrocarburos.

Por su parte, Miguel Escoto, de la organización Oilfield Witness, indicó que Estados Unidos es el lugar más perforado de la Tierra y ha demostrado algunos de los peores efectos del fracking, desatando una crisis ambiental y de salud pública. En el país norteamericano un pozo promedio ocupa 60,000 metros cuadrados, pero incluso existen perforaciones denominadas “Monster fracking” (Fractura hidráulica monstruosa) que llegan a atingir hasta 150,000 metros cúbicos.

“En Texas estamos viviendo los impactos de esta técnica, el fracking nos daña la salud, nos está dando cáncer, está contaminando nuestras fuentes de agua y dejando residuos radiactivos en nuestras comunidades. México debe aprender de esta amarga experiencia y no cometer el error de realizar fracking en su territorio”, sostuvo Escoto.

Buscadores de desaparecidos en Jalisco alertan sobre estrategia de criminalización

Por

Sare Frabes

24 marzo, 2025

^{Acción en ciudad de México por el luto nacional por los campos de exterminio hallados en Teuchitlan, Jalisco. Foto por Regina López}

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, México, denunció el domingo (23), por medio de un comunicado, que están siendo víctima de una campaña de difamación y desprestigio sin precedentes tras dar a conocer crematorios clandestinos. “Después de descubrir los hornos de Teuchitlán, hemos sido objeto de una serie de ataques cibernéticos y de manipulación de la información”, sostienen.

Un operativo de búsqueda encabezado por este colectivo, el pasado 5 de marzo de 2025, encontró cientos de restos humanos calcinados, además de prendas de ropas, zapatos y pertenencias de personas, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con los activistas buscadores, se han creado audios, videos, imágenes, capturas falsas de WhatsApp utilizando inteligencia artificial para editar voces e imágenes de algunos miembros del colectivo. “Estos materiales falsos buscan manipular la opinión pública y dañar nuestra reputación”.

Un día antes de la denuncia pública de los Guerreros Buscadores de Jalisco, el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), junto a organizaciones e individuos de México y otras partes del mundo, lanzaron una carta pública repudiando la campaña de desprestigio y criminalización contra las madres, padres y familias buscadoras en México.

“La campaña [de desprestigio y criminalización] está dirigida a generar condiciones para la represión por parte de los gobiernos o sus narco-paramilitares, capaces de engendrar crímenes de lesa humanidad como el horror del crematorio clandestino de Teuchitlán”, señalan las organizaciones en el documento.

Los firmantes de la carta manifiestan su indignación al constatar una estrategia de criminalización de las víctimas en el caso del crematorio clandestino, que nombran como “centro de exterminio al servicio del capital”, similar a la que los “militares y el gobierno federal han ensayado en los años anteriores en contra de las madres y padres de los 43 de Ayotzinapa y sus asesores, otra herida viva, otro infierno desatado por este narcoestado”.

Hacen referencia a cómo los cárteles criminales y sus grupos armados, “de manera notable el Cartel Jalisco Nueva Generación, son protegidos por los gobiernos; como les otorgan impunidad y apoyo a través de las fiscalías, los jueces y los cuerpos de seguridad pública, incluidos los militares”.

Sostienen que “estos cárteles son también los invasores agrarios, son los guardias de la mina, del parque eólico, los que venden el agua de los pueblos, los que ejecutan la obra pública y administran municipios, regiones y estados enteros, los que apuestan a la privatización de la tierra y le ponen precio, los que dividen y confrontan a nuestras comunidades, los que inundan de droga los territorios indígenas, los que roban maderas preciosas, los que administran y operan la trata de seres humanos, los capataces del trabajo esclavo en maquiladoras y agroindustrias, los que hacen de la muerte de niños y jóvenes su estrategia de expansión”.

Te puede interesar – Chiapas: la espiral de violencia y la inacción del Estado

Argumentan que toda la violencia que viven los pueblos hoy es para hacer posible lo “que el gobierno disque de izquierda llama desarrollo, cuatro te o cuatro letras, no la habíamos vivido más que en las sangrientas guerras a las que hemos sobrevivido; los mercenarios al servicio del capitalismo avanzan imponiendo un mundo gobernado por el dinero y la muerte. Los campos de exterminio, los paramilitares, las fuerzas armadas y las corporaciones policiacas son parte de la misma maquinaria que despoja, asesina y desaparece”.

Levantan la voz y la memoria “frente a este infierno y en nombre de los que nos faltan, en nombre de la dignidad y valentía que nos enseñan las y los colectivos de madres, padres y familias buscadoras”.

Responsabilizan al “Estado mexicano, a sus instituciones y a los intereses capitalistas que lo sostienen, de cualquier daño a las madres, padres y familias buscadoras; su lucha es nuestra lucha, porque en ella está la defensa de la vida, la tierra y la autonomía que son raíz de la esperanza colectiva”.

Llaman a los pueblos originarios, a las comunidades en resistencia y a la sociedad consciente a levantar la voz y la memoria, emitiendo comunicados, haciendo acciones, murales, ceremonias y palabras que exijan justicia.

Por su parte, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco exige que se respete su labor e integridad. “Los colectivos de búsqueda hemos trabajado incansablemente para descubrir la verdad y buscar justicia para las víctimas”.

Advierten que la difamación, creación y difusión de contenido falso son delitos y que tomarán acciones legales contra aquellos que estén involucrados en la campaña de difamación. “No nos intimidarán con estas tácticas sucias”.

…

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reportó, en marzo de 2025, que existen 125,303 personas desaparecidas en México.

Chiapas: la espiral de violencia y la inacción del Estado

Por

Aldo Santiago

20 marzo, 2025

Un nuevo informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registra la continuación de la crisis humanitaria en Chiapas, caracterizada por la violencia armada y criminal en un contexto de inacción del Estado, que permite la sucesión de desplazamientos forzados, desapariciones y ataques contra defensores de derechos humanos.

El documento titulado “Chiapas en la espiral de la violencia armada y criminal”, presentado la tarde de este miércoles (19) en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, enfatiza que existen regiones enteras del Estado que se han convertido en un sitio donde el crimen organizado ha consolidado el control sobre el territorio, las poblaciones e, incluso, estructuras políticas.

Te puede interesar - Gobierno niega conflicto armado en Chiapas, mientras violencia exacerba crisis humanitaria

Para las y los miembros del Frayba, el caso en el sureste mexicano no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia nacional en la que, al menos, 19 de los 32 estados que conforman el país se encuentran en medio de la violencia criminal generada por la delincuencia organizada.

*^{Familias de la región fronteriza entre Guatemala y Chiapas huyeron rumbo al país centroamericano debido a la exacerbación de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.}*

No obstante, destacan que “en Chiapas, la situación se agrava debido a la colusión entre estructuras estatales y criminales, la falta de acceso a la justicia y la militarización como una estrategia fallida para contener la violencia”.

La organización de derechos humanos sostiene que el caso de Chiapas demuestra la crisis de derechos humanos y violencia que vive el país, donde no hay ningun actor ni institución que detenga la “situación de terror” en la que viven pueblos y comunidades enteras.

Paz simulada

El documento, elaborado por el Frayba a partir de datos documentales provenientes de fuentes directas en los territorios, tiene el objetivo de constatar la urgencia de reconocer las atrocidades que ocurren en el periodo reciente chiapaneco.

Sostienen que la respuesta del Estado, mediante la militarización, consituye una “estrategia fallida, una tragedia con resultados sumamente desproporcionados”.

Frayba argumenta que, lejos de ser una solución, la militarización en Chiapas ha exacerbado la violencia. “La Guardia Nacional y el Ejército no han disminuido los niveles de criminalidad, sino que han generado un clima de desconfianza y complicidad”, dice en el informe.

Según casos documentados por el centro de derechos humanos, el Estado mexicano, a través de sus funcionarios, tiene responsabilidad directa en crímenes como la desaparición de personas, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, torturas y privaciones arbitrarias de la libertad.

En ese contexto, se ha registrado un incremento en las quejas por violaciones a los derehos humanos. Según los datos presentados desde el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el periodo entre 2019 y 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acumula 2, 284 reclamos por violaciones a derechos; le sigue la Guardia Nacional (cuerpo de seguridad militar bajo el mando de Sedena), con 1,917 expedientes; mientras la Secretaría de la Marina (Semar) suma 599.

Defensores de derechos humanos en Chiapas alertan sobre contexto de riesgo por su labor. La indígena tsotsil Pascuala López (al frente, izquierda) participó de reuniones con organizaciones internacionales que visitaron el estado sureño mexicano en abril del 2023.

El Frayba asevera que en Chiapas existe una ausencia total de gobernabilidad donde se afecta la protección y garantía de los derechos humanos, debido a que estos territorios son controladas por lo que denomina “un cuarteto del mal” integrado por la DO, empresas nacionales e internacionales, gobiernos de los tres niveles cuyos funcionarios, instituciones y estructuras “trabajan para que fluyan los negocios criminales” y, actualmente, organizaciones corporativas que, entrelazados, actúan con total impunidad.

“Todas estas circunstancias están ampliamente documentadas por el Frayba, ahora con el impulso de un discurso gubernamental basada en una paz simulada y usurpación de narrativas de la sociedad civil que constituye un gobierno sustentado en la mercadotecnia y una práctica cosmética en la administración gubernamental”, denuncia el informe.

Más que cifras

En el marco de su 36 aniversario en la labor de defensa de derechos humanos, el informe elaborado por el Frayba recopila datos y cifras que dan un panorama sobre el ambiente de terror criminal que se vive en Chiapas. Por ejemplo, el documento destaca el desplazamiento forzado de miles de personas sin acceso a refugio o apoyo humanitario.

Sólo entre enero del 2023 y junio del 2024, el centro de derechos humanos registró 20 eventos que afectaron a un aproximado de 15,780 personas, resaltando que varias regiones como los Altos, Frontera y Sierra, además de la Selva fueron las más afectadas, entre ellos los municipios de Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas y Ocosingo. Destaca el caso de la Frontera y Sierra donde 8,190 personas fueron desplazadas debido a la violencia armada y criminal.

Otro de los aspectos más alarmantes que muestra el informe es el referente al incremento de las desapariciones en Chiapas, particularmente de mujeres y adolescentes, en un contexto donde no se realizan denuncias oficiales ante el temor de las familias a las represalias por parte del crimen y los funcionarios involucrados quienes operan con total impunidad.

“Considerando las desapariciones que el gobierno de Chiapas ha colocado en el RNPDNO (Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas), el 45% de estos reportes son de niños, niñas y adolescentes, lo que posicionaba a Chiapas en el cuarto lugar nacional de menores de 18 años desaparecidos”, dice el informe.

Los municipios con mayor incidencia son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Comitán de Domínguez y Palenque.

Te puede interesar - Gobierno de Chiapas no reconoce a desaparecidos por el crimen organizado

A lo anterior, el Frayba señala que, a pesar de un discurso público “progresista” y favorable a la justicia desde la gubernatura de Chiapas, y a nivel nacional con la autodenominada “Cuarta Transformación”, el Estado ha sido incapaz de garantizar los derechos humanos y, al mismo tiempo, de proteger a las personas defensoras.

Registros de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TdT) señalan la violencia en la región sur de México donde los estados de Oaxaca y Chiapas evidencian los mayores números de casos de ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras de derechos humanos sucedidas entre el 1 de diciembre del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2023.

A su vez, destacan que en Chiapas, “el sector minero ejemplifica la colusión entre grandes intereses económicos y políticos, y cómo estos vulneran el derecho a defender la vida”, al señalar su implicación en la masacre ocurrida en la comunidad de Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, el 12 de abril de 2024, en contra de 11 personas (seis hombres y cinco mujeres) quienes se habian opuesto públicamente a la violencia criminal en el contexto de explotación ilegal de barita.

Como enfatiza la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas en un comunicado posterior a los hechos, la región se encuentra arrasada “por la violencia generada por el control del territorio y el interés latente de continuar con la explotación minera por grupos criminales que han operado en total impunidad”.

Te puede interesar – Chiapas: Indignación internacional por el asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez

Minera Equinox Gold intensifica agresiones contra Carrizalillo ante vencimiento de contrato

Por

Santiago Navarro F

19 marzo, 2025

^{Fotos Por Cristian Leyva}

La comunidad ejidal de Carrizalillo, establecida en el estado de Guerrero, al sur de México, resiste ante una fuerte campaña de agresiones provenientes de la empresa minera Equinox Gold, dueña del complejo minero Los Filos. Este escenario de violencia se ha agudizado en los últimos meses ya que el vencimiento del convenio de ocupación temporal de las tierras de los ejidatarios finaliza el próximo 31 de marzo.

De acuerdo con denuncias de los ejidatarios, la empresa ha empleado diversas estrategias para que la comunidad renueve el contrato que ha permitido la extracción de 607 mil 259 onzas de oro solo entre los años 2021 y 2024, con un valor aproximado de 1,765 dólares por onza.

En un boletín de prensa lanzado este 16 de marzo, los ejidatarios de Carrizalillo denuncian que la canadiense “Equinox incrementa su campaña de agresiones sistemáticas en contra de nosotros”, señalando a uno de los actores, al ingeniero Hugo Vergara, a quien acusan de fabricar un conflicto entre la comunidad de Carrizalillo, La Mezcala y Xixhilapa.

Entre las represalias de la empresa a los ejidatarios está el despido del 90% de los trabajadores locales, mujeres y hombres de Carrizarillo. “Representa un acto de agresión y presión contra nuestra comunidad”, sostienen los inconformes.

Incluso, la comunidad de Carrizalillo advierte que la campaña se ha expandido hacia la difamación a través de las redes sociales de la empresa.

A ello se suma que la empresa ha actuado de forma acelerada para remover sus materiales, insumos y equipo del lugar de operaciones, provocando la violación de sus propios protocolos de seguridad. “Asimismo, han contratado personal de forma precipitada que no cumple con la capacitación adecuada, poniendo en riesgo al resto de los trabajadores. Tal como sucedió el 12 de marzo, con la volcadura de una grúa en la cual el operador, al ser liberado antes de concluir con su capacitación, recibió una asignación precipitada que terminó en una cirugía de su pierna”, detallan los ejidatarios de Carrizalillo.

Los ejidatarios de Carrizalillo sostienen que el 100% de las tierras de cultivo y 95% de las tierras de uso común de la comunidad están ocupadas por la mina Los Filos desde 2007.

Amenazas

Desde febrero de 2025, más de una docena de líderes comunitarios, familiares y asesores han recibido amenazas de muerte. Estas intimidaciones, enviadas a través de medios electrónicos y paquetes de mensajería, han sido atribuidas por los ejidatarios a operadores de Equinox Gold, específicamente al gerente de responsabilidad social de Los Filos, Hugo Vergara.

El 1 de marzo, altos funcionarios de la empresa, incluidos el gerente general André Souza de Amorín y el vicepresidente senior Armando Fausto Ortega, llegaron a Carrizalillo sin previo aviso para presionar a la comunidad a firmar el acuerdo. Sin embargo, su intento de convencer a los habitantes con promesas de "progreso" fue rechazado por la mayoría.

El futuro incierto

Con el vencimiento del convenio el 31 de marzo, el futuro de la mina Los Filos y de la comunidad de Carrizalillo pende de un hilo. Si no se llega a un acuerdo, Equinox Gold perderá el derecho a operar en las tierras del ejido, lo que podría significar el cierre de la mina. Sin embargo, los ejidatarios advierten que, en caso de cierre, la empresa deberá cumplir con los convenios de remediación ambiental y compensar los daños causados.

Mientras tanto, casi 100 organizaciones y coaliciones de Canadá, México y otros 12 países, incluyendo la Red Canadiense para la Rendición de Cuentas Empresarial y 66 redes mexicanas, enviaron una carta a Equinox Gold, expresando su profunda preocupación por la escalada de tensiones, amenazas de violencia y persecución legal contra la comunidad de Carrizalillo.

La carta, dirigida al presidente y CEO de Equinox Gold, Greg Smith, con copia a autoridades canadienses y mexicanas, respalda las demandas de Carrizalillo para un proceso de dialogo independiente y respetuoso, denunciando la injerencia de funcionarios de Guerrero en tácticas de presión que vulneran los derechos de la comunidad. Además, exige que, en caso de cierre de la mina, se establezcan diálogos con la comunidad para definir planes de cierre que prioricen sus necesidades.

1 234...319 Página 3 de 319