En portada: Pobladores protestan cerrando una carretera para exigir atención ante contaminación por derrames de hidrocarburos en la región de Papantla, Veracruz.
Habitantes de la comunidad de Ojital Viejo, en el municipio de Papantla, Veracruz, accionaron un bloqueo carretero entre las comunidades de El Chote – Coatzintla durante inicios de esta semana para exigir a la paraestatal, Petróleos Mexicanos (PEMEX), la remediación inmediata frente a constantes derrames de hidrocarburos que afectan el medio ambiente de la región.
Los pobladores reclaman que, la contaminación, resultado de constantes fugas en los ductos que transportan los hidrocarburos, se mantiene desde el pasado mes de junio, sin que funcionarios de PEMEX realicen acciones para evitar los derrames que dañan las tierras y cuerpos de agua que abastecen a las comunidades para labores de riego y cubrir sus necesidades básicas.
Debido a las fuertes lluvias del pasado fin de semana fue que, durante la madrugada del lunes (16), habitantes de Ojital Viejo se percataron del escurrimiento de hidrocarburos causando la contaminación del arroyo que atraviesa la localidad. No obstante, a pesar de que reportaron de inmediato la situación a PEMEX, ningún funcionario de la empresa arribó para atender la contingencia.
Vista aérea de la contaminación en el arroyo de la comunidad Ojital Viejo. Fotos: Esteban Hernández.
Ante el impacto negativo en la fauna y flora locales, así como por la contaminación del arroyo, donde en algunas zonas se practica la pesca, fue lo que aumentó el malestar de la comunidad y derivó en el bloqueo carretero para ejercer presión ante la paraestatal.
Las acciones de protesta también señalaron el peligro que representa la extensión de los escurrimientos hacia predios y propiedades en las localidades de Zapotal Santa Cruz, La Laguna y otras comunidades cercanas al municipio vecino de Coatzintla.
Entre las afectaciones a la salud de los pobladores, refieren que debido a la enorme cantidad de hidrocarburos, el olor es insoportable lo cual ha provocado mareos y problemas respiratorios a la población local, quienes por sus propios medios han buscado atención médica.
Contaminación en el arroyo de la comunidad Ojital Viejo.
Frente a la grave contaminación, la comunidad consideró suspender actividades escolares para así prevenir afectaciones en la salud derivadas por la inhalación del crudo derramado. Cabe recordar que esta zona registra constantemente derrames de hidrocarburos, por lo que pobladores acusan la falta de mantenimiento, por parte de PEMEX a los oleductos, situación que provoca los desastres.
Derrames, inatendidos
La ciudad de Poza Rica, considerada “capital petrolera de México” durante el siglo pasado se ubica en el denominado Paleocanal de Chicontepec y solo entre 1948 y 1956, produjo 70 por ciento de todo el crudo extraído en el país.
Actualmente existe una caída en su producción la cual llegó, en 2018, a 30 mil barriles de crudo diarios, apenas el 8.5 por ciento de la máxima producción que llegó a obtener, pero que está por recibir un nuevo impulso. Apenas, el pasado agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró que para el próximo 1 de octubre comenzará la construcción de una nueva planta de fertilizantes como parte de un proyecto entre PEMEX y la empresa Mota-Engil para revitalizar la industria petroquímica del país.
Según Mota-Engil, de capital portugués y quien participa también en las obras del Tren Maya, con una inversión de mil 200 millones de dólares, la fábrica se localizará en la comunidad de Reforma Escolín, población totonaca donde, en contraste, debido a la falta de mantenimiento se han registrado siniestros como la explosión de ductos propiedad de PEMEX, en junio de 2022, sin que la paraestatal accionara en dicho momento frente a la contingencia ambiental.
“A Pemex y a las autoridades ambientales como la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) y Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), no les interesa que las instalaciones y ductos de hidrocarburos, se encuentren sin el mantenimiento y la vigilancia adecuada, campos y pozos de Pemex usados por la delincuencia organizada, devastación socio ambiental por los pozos, los quemadores, los derrames, las fugas, parecen no importarles a las autoridades”, acusaron mediante comunicado miembros del Congreso Nacional Indígena.
Por ello, recientemente pobladores de las comunidades de Emiliano Zapata, Reforma Escolín, Rodolfo Curti y otras vecinas se sumaron a la exigencia de Ojital Viejo para que PEMEX repare los daños al medioambiente en la región.
Un análisis de la organización CartoCrítica señala la alta peligrosidad que representan las fugas y derrames en la infraestructura petrolera mexicana. Debido a que los ductos no se encuentran dentro de un complejo industrial con características de seguridad, pues se despliegan a lo largo y ancho del país, “el riesgo de derrames, contaminación y explosiones es sumamente alto, con rangos que van desde los 20 metros para los ductos de diámetro pequeño, hasta más de 300 metros para los grandes ductos o de alta presión”, alerta.
Funcionarios de PEMEX en reunión con pobladores afectados por el derrame de hidrocarburos.
Medios locales reportaron que, después de una reunión con Rigoberto Nuñez, representante de PEMEX que se apersonó en la Agencia Muncipal de Ojital Viejo, el pasado martes (17), y tras comprometerse a sanear el arroyo de la comunidad en un máximo de 15 días, además de proveer agua potable mediante pipas, la comunidad levantó el bloqueo carretero. Sin embargo, pobladores señalaron que, en caso de que no se cumplan las promesas de la paraestatal realizarán una manifestación en las oficinas de PEMEX.
Solo diez medios de comunicación concentraron el 45.05% del presupuesto de publicidad oficial del gobierno de México en el año de 2023 y otros 414 medios agrupan el restante 54.95% del presupuesto, sumando un total de 2,559.83 millones de pesos.
Entre los principales beneficiarios de estos recursos se encuentran La Jornada, con el 9.46% del total, Televisa con el 9.09%, y Medios Masivos Mexicanos con el 8.02%. Juntos, estos tres medios sumaron 680 millones de pesos, lo que representa el 26.57% del total. Además, entre los diez principales medios que recibieron recursos del gobierno mexicano están TV Azteca, 4.18%, La B Grande, 3.89%, Organización Editorial Acuario, 2.47%, Compañía Editora del Mayab, 2.22%, Milenio Diario, 2.10%, Agencia Digital, 1.95%, Stereorey México, 1.66%.
El presidente de México junto al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Tv Azteca.
Los gastos fueron reportados en el Sistema de Comunicación Social del gobierno y analizados por las organizaciones Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. “Uno de los temas centrales [de las promesas de Andrés Manuel López Obrador] era la regulación de la publicidad oficial, un recurso utilizado históricamente por los gobiernos para influir en la línea editorial de los medios de comunicación”, sostienen en un informe.
Sin embargo, “los avances en la regulación de la publicidad oficial han sido mínimos. El presupuesto destinado a este rubro se redujo, pero la falta de un marco regulatorio robusto ha permitido que la distribución siga siendo discrecional (…), lo que perpetúa el riesgo de que estos recursos se utilicen para premiar o castigar a medios de comunicación según su cobertura de las actividades gubernamentales”.
En relación a las dependencias de gobierno, 112 gastaron publicidad oficial. Diez de ellas gastaron el 80.51% (2,060 millones). El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Lotería Nacional y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fueron las dependencias que más gastaron en publicidad oficial, acumulando en conjunto 1,452 millones de pesos, lo que representa el 56.73% del total.
El sexenio
Casi a punto de cerrar su sexenio, a finales de septiembre, la concentración de recursos en pocos medios y falta de criterios claros, objetivos y transparentes en la asignación de recursos fueron la tendencia de todo el periodo el cual gobernó Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señalan las organizaciones.
Entre 2019 y 2023, 921 medios de comunicación recibieron publicidad oficial. Diez de ellos concentraron el 48.57% de los recursos, mientras que los 911 medios restantes se repartieron el 51.43%.
Televisa, La Jornada, y TV Azteca son nuevamente los medios que concentran la mayor parte de la publicidad oficial. Televisa recibió el 10.43% del total, La Jornada el 9%, y TV Azteca el 8.71%. Juntos, estos tres medios acumularon 4,079 millones de pesos, lo que representa el 28.13% del presupuesto total destinado a publicidad oficial.
Lo que es cierto es que los recursos destinados a la publicidad oficial se redujeron en relación al gobierno de Enrique Peña Nieto, el antecesor de AMLO. Fueron ejercidos un total de 14,500.39 millones de pesos en el último sexenio, lo que representa una diferencia de 78.70% respecto del gobierno de Enrique Peña Nieto, en sus primeros cinco años de gobierno, con 68,079 millones de pesos.
Falta de control
Las organizaciones destacan que uno de los principales problemas es la ausencia de una ley que regule de manera integral la publicidad oficial. “Aunque en 2018 se aprobó la Ley General de Comunicación Social (LGCS), ésta ha sido ampliamente criticada por su ineficacia para garantizar la equidad y la transparencia. Esta ley ha sido calificada como un esfuerzo insuficiente para controlar el uso de recursos públicos en este ámbito, y permite que el gobierno mantenga un control considerable sobre la prensa a través de la distribución de contratos de publicidad”, resaltan.
Sin embargo, tras años de un proceso jurídico, iniciado en 2019, Artículo 19 logró una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida el 8 de septiembre de 2021, que ordena al Congreso de la Unión reformar la ley para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. El Poder Legislativo tiene hasta septiembre de este año para llevar acabo la reforma.
¡Bienvenidos de nueva cuenta al podcast Atizando el Avispero!
Hoy, tenemos una historia poderosa que contar, una que nos lleva al sur de México, al Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. En esta región habita el Pueblo Chontal, quien ha dado una gran muestra de organización para defender su territorio frente al extractivismo minero. Por tanto, detallaremos como es que lograron echar a una empresa canadiense con mucho poder. En este episodio, descubriremos cómo las mujeres y los jóvenes han tomado un rol clave en esta batalla legal y organizativa, que desafía tanto a las empresas mineras como al silencio del gobierno.
Así que en esta ocasión nos acompañan voces de las personas que protagonizaron tal resistencia y quienes sostienen un proceso importante de organización que ha inspirado a muchos pueblos indígenas.
En el marco de una sesión especial de emergencia, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha votado a favor sobre el proyecto de resolución A/ES-10/L.31/Rev.1, presentado por Palestina y respaldado por más de 40 países, el cual exige finiquitar la ocupación de Israel en los territorios palestinos en un periodo máximo de un año.
“La Asamblea General exige que Israel ponga fin sin demora a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado, que constituye un hecho ilícito de carácter continuado que genera su responsabilidad internacional, y que lo haga a más tardar doce meses después de la aprobación de la presente resolución”, detalla el proyecto de resolución.
Este proyecto se basa en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, quien declarara la ocupación israelí como ilegal bajo el derecho internacional, es respaldado por 40 países, entre ellos Arabia Saudita, Egipto, Sudáfrica y Colombia, quienes reivindican el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación, y destacan la inadmisibilidad de adquirir territorio por la fuerza.
La Corte Internacional de Justicia, en su opinión emitida el 19 de julio de 2024, ha remarcado que Israel tiene la obligación de poner fin al avance de su presencia en los territorios ocupados y cesar la construcción de nuevos asentamientos, además de evacuar inmediatamente a los colonos israelíes.
Incluso, con esta resolución, se apela a que Israel también devuelva las tierras y bienes confiscados desde el inicio de la ocupación en 1967, y de todos los bienes culturales arrebatados a los palestinos. Además de reparar los daños causados por los ocupantes.
El embajador palestino, quien presentó la resolución ante la ONU, Riyad Mansour, destacó que esta iniciativa marca un hito determinante para el alcance de la justicia y la paz. En su emotivo discurso, agradeció el apoyo de los países que respaldan los derechos de Palestina, enfatizando que los palestinos desean vivir con dignidad y seguridad. "No somos un problema, somos una nación que exige sus derechos", afirmó Mansour.
Riyad Mansour, embajador palestino ante las Naciones Unidas, asiste a la 79ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 10 de septiembre de 2024. Foto: AP
No obstante, el fuerte respaldo de esta iniciativa causó una inmediata reacción por parte de Israel. El embajador israelí, Danny Danon, nombró a esta resolución presentada ante la ONU como un documento que comprende un "terrorismo diplomático".
Mientras tanto las posturas diplomáticas se inclinan a favor de Palestina. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ya había anunciado que se reunirá con el presidente palestino Mahmud Abás en Nueva York durante su participación ante la ONU.
También, por vez primera, se acredita un embajador palestino ante Felipe VI, el rey de España. Por lo cual el presidente palestino, Mahmud Abás, avisó que visitará España el próximo miércoles para reunirse con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.
Además, se ha confirmado que los Emiratos Árabes Unidos han enfatizado que no respaldarán cualquier esfuerzo de reconstrucción de postguerra en Gaza, sin antes presentar un plan que reconozca a “Palestina como un Estado”, puntualizó el Ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan el sábado pasado.
El embajador palestino destacó que lo único que busca su pueblo es “vivir, no sobrevivir. Quieren estar seguros en sus hogares. Quieren que sus hijos vayan a la escuela sin miedo. (…) Quieren ser. Ser palestinos. Ser ellos mismos. Simplemente ser. Ni héroes ni víctimas. Sólo seres humanos con los sueños más sencillos o las mayores aspiraciones”.
Los resultados de este proyecto de resolución se decidirán al concluir esta sesión extraordinaria este día del martes (17) o el miércoles (18). La actual campaña de bombardeos israelíes en Gaza ha matado al menos a 41.252 palestinos hasta el momento, en su mayoría mujeres y niños.
En portada: Juan López comparte sobre la lucha para detener la extracción minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras y otros megaproyectos que amenazan las tierras y bienes comunes en valle del Bajo Aguán. Octubre, 2016. Foto: Santiago Navarro F.
Juan López, reconocido líder social y defensor del territorio en la región del valle del Bajo Aguán, norte de Honduras, fue asesinado a balazos la noche del sábado (14) cuando salía de la parroquia de San Isidro Labrador en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
López participó en la defensa de la montaña Botaderos, el Parque Nacional Carlos Escaleras y los ríos Guapinol y San Pedro, amenazados por la implementación de una serie de megaproyectos donde destaca la empresa minera Inversiones Los Pinares de la familia Facussé, y su proyecto de extracción de óxido de hierro dentro de un área natural protegida.
Además de participar en la iglesia católica como coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo, Juan López se integró a la lucha popular desde el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) y también se desempeñaba como regidor en dicha municipalidad desde enero del año 2022.
El crimen contra el defensor ambiental aconteció días después que organizaciones sociales alertaran de que, a 11 meses de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera la medida cautelar 137-2023 en beneficio de 30 integrantes del CMDBCPT y del Bufete Justicia para los Pueblos, el Estado hondureño había fallado en su cumplimiento.
Esto derivó de una alerta temprana realizada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) quien señaló la inacción institucional por parte del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Dirección General del Sistema Nacional de Protección, Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigación (DPI) de Tocoa y la Secretaría de Desarrollo Social.
Apenas el 12 de septiembre, tras una reunión con la Procuraduría General de la República, y el Mecanismo de Protección para las y los Defensores, López compartía para medios locales que la excesiva burocracia impedía la implementación de las medidas dictadas por la CIDH. “Viene en buen momento esta alerta temprana del Conadeh, dados los últimos acontecimientos que surgen en el territorio y de cómo han venido moviéndose los grandes capitales sobre la vida de las comunidades y eso aumenta el riesgo en el territorio”, detallaba el defensor.
Tras el asesinato, la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) enfatizaron en comunicado que ninguna autoridad le había brindado medidas de protección a López. Además, subrayaron la labor del defensor en denunciar los “múltiples actos de corrupción realizados por el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez”.
Defensores en riesgo
El homicidio de López ocurrió días después que exigiera la renuncia del alcalde, Adán Fúnez del partido Libre quien es señalado por Devis Rivera Maradiaga, -criminal líder del grupo “Los Cachiros” sentenciado por tráfico de drogas en Estados Unidos y quien testificó contra el ex presidente Juan Orlando Hernández- de haber recibido dinero del narcotráfico.
Fue el pasado martes (10) cuando López solicitó la dimisión voluntaria del alcalde de Tocoa tras la exposición de un video por el medio Insigth Crime en el que se muestra a Fúnez, junto a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, para obtener financiamiento de los delincuentes que se encauzó en las elecciones del año 2013. En aquel momento Fúnez también presidía la alcaldía de Tocoa, epicentro de la actividad criminal del grupo “Los Cachiros”.
El alcalde de Tocoa, Adán Funez, miembro del Partido Libre. Foto: Erick Pineda/Radio Progreso.
“En caso contrario debe ser la fuerza popular que lo obligue a renunciar porque ya no es bajo estos términos la persona indicada para guiar los destinos del municipio”, sostuvo López, quien había denunciado múltiples amenazas de parte del mismo alcalde, así como de Inversiones los Pinares, Grupo EMCO e Inversiones Ecotek, empresas involucradas en la extracción minera al interior del Parque Nacional Carlos Escaleras.
López fue un férreo defensor del medio ambiente frente a lo que pobladores de Tocoa denominan “el Monstruo de Siete Cabezas”, es decir, siete megaproyectos entre los cuales se encuentran dos minas de óxido de hierro; una termoeléctrica -operada con cóque de petróleo- para alimentar una planta peletizadora; así como tres pozos de agua para mantener todas estas operaciones industriales.
Por su parte, Esly Banegas, miembro de COPA, relató para el medio Contracorriente que Juan, junto a otros defensores de la región del Aguán, recibió amenazas después de la realización cabildos, a finales del 2023 e inicios del 2024, donde el alcalde Fúnez impuso la instalación del proyecto termoeléctrico de la empresa grupo EMCO, el cual también recibió respaldo de funcionarios como Lucky Medina, secretario de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras.
Cifras de la Conadeh señalan que durante el año 2023 se registraron los asesinatos de 15 defensores del medio ambiente. De ellos, siete ocurrieron en el departamento de Colón. Entre las víctimas se encuentran tres defensores del río Guapinol: Alí Domínguez, Jairo Bonilla y Óscar Oquelí Domínguez.
Condena
El asesinato de López despertó la condena de organizaciones sociales de Honduras, Centroamérica y del mundo. La iglesia católica, a quien López dedicó parte de su labor dentro del Consejo Nacional Apostólico de la Compañía de Jesús también se sumó a las exigencias por justicia. “La Iglesia responsabiliza a don Adán Fúnez y a sus secuaces que cobardemente le han quitado la vida, Juan era una piedra en el zapato de la corporación municipal”, fueron las palabras del padre Carlos Orellana, párroco de la Iglesia de San Isidro Labrador.
A su vez, Edy Tábora, abogado coordinador del Bufete Justicia para los Pueblos, enfatizó que Juan López murió criminalizado y “sin que se investigaran las amenazas que recibía constantemente, muere sin que el Estado cumpliera la medida cautelar de la CIDH que ordenaba proteger su vida”.
Las protestas del 13 de junio del 2024 en Tocoa debido al pleno municipal organizado ilegalmente por el alcalde para aprobar la termoeléctrica. Foto: Erick Pineda/Radio Progreso.
En pronunciamiento, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) subraya que el crimen contra López ocurrió sin que las autoridades hicieran nada para impedirlo. “Su muerte acontece en medio del dolor que viven decenas de familias que han visto la muerte posarse sobre las y los líderes que han luchado en favor de la defensa de sus ríos, bosques, tierras y territorios”, recalca.
Organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), a través de sus coordinadoras, también exigieron justicia por el asesinato del defensor ambiental.
Desde el exterior, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) se sumó a la exigencia por realizar una investigación urgente en el asesinato de Juan López, además de adoptar medidas urgentes para proteger a su familia y a los miembros del CMDBCPT.
En portada: Ejidatario de San Antonio Calpulalpan, Tlaxcala, integrante del Colectivo 16 de Octubre, organización que defiende tierras de propiedad social frente a proyectos industriales, de generación energética y fábricas en uno de los ejidos más deforestados de la región. Foto: Elizabeth Díaz.
Dentro del paquete de iniciativas de reformas constitucionales llevado acabo en los últimos meses, como cierre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo), se encuentra la reforma al Artículo 27 constitucional, que regula la propiedad social de la tierra - de las comunidades y ejidos en el país.
“Es una reforma importante que está siendo realizada, como otras, de forma silenciosa. El Artículo 27 es donde están justamente los grandes intereses con relación a la minería y con relación a los bienes del subsuelo”, sostiene Armando de la Cruz, abogado en defensa del territorio de la organización Tequio Jurídico.
Las propiedades sociales representan el 50.7% de la superficie del territorio nacional, es decir, 99,759,455 hectáreas, de acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN). Gran parte de los recursos naturales se encuentra dentro del régimen de propiedad social. El 70% de los bosques y dos terceras partes de los recursos hídricos se localizan en ella. Sesenta y ocho pueblos indígenas viven en estas tierras.
La iniciativa fue presentada por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, además de diversos diputados del partido Morena, y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria en abril de 2024. Desde entonces ha avanzado de manera silenciosa en el Congreso de la Unión. Ahora está pendiente de ser enviada al pleno de la Cámara de Diputados.
Por un lado, en los debates públicos promovidos por Morena, se busca sostener que las modificaciones y adiciones a dicho artículo representan un avance en la defensa de los derechos agrarios, de campesinos e indígenas, al contrario de la reforma al mismo artículo promovida en 1992, en la cual se impulsó y garantizó las condiciones para la entrada de la propiedad social al mercado de tierras.
En la exposición de motivos de la iniciativa se invoca tratados y convenios internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y hasta el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el Estado de Chiapas, el 1 de enero de 1994, que “marcaría el inicio de una nueva etapa en la vida nacional (…), que tuvo como uno de sus resultados más importantes la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre ‘Derechos y Cultura Indígena’”, el día 16 de febrero de 1996, de acuerdo al texto de la iniciativa de Morena.
Por otro lado, las organizaciones reunidas en el Foro de Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca, alertan que efectivamente los cambios y adiciones al Artículo 27 no son coherentes con la exposición de motivos de la iniciativa.
Durante movilización en febrero del 2022, integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán -organización que trabaja para la construcción y ejercicio de la autonomía de los pueblos e la región- derrumban el monumento “Los constructores” ubicado en Morelia, Michoacán. La razón de la acción, argumentan, es que dicho símbolo representa el racismo y despojo contra las comunidades indígenas del estado.
Representan, al contrario de lo que se ha difundido, una “profundización de la reforma neoliberal”, alertan las organizaciones, y del proceso de transferencia de la propiedad social al mercado de tierras, iniciada en 1992.
Aumentan el poder de jurisdicción del Estado mexicano sobre la propiedad social, disminuyendo la autonomía y autodeterminación de las comunidades y ejidos sobre sus territorios. “Nos despoja de nuestros derechos fundamentales, otorgándole a la nación la propiedad de todo lo que hemos logrado a través de las luchas históricas (…), y los recursos naturales que están en nuestros territorios”, sostienen en un pronunciamiento público.
Abogados de diferentes organizaciones que componen el Foro de Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca conformaron un comité para analizar las entrelineas de los cambios y adiciones al artículo. En el siguiente apartado recuperamos las interpretaciones de algunos de los cambios y adiciones presentadas por el equipo de abogados durante el Foro: riesgos y desafíos para los pueblos originarios.
En el primer párrafo se amplia el dominio del Estado mexicano sobre la propiedad social. Se adiciona al texto constitucional las frases en negrita:
“La propiedad de las tierras, la biodiversidad, el valor intrínseco de los bienes del subsuelo, el espectro radioeléctrico, y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada y, a los ejidos, comunidades y pueblos indígenas, constituyendo la propiedad social”.
El texto original establece que las tierras y aguas son propiedad de la nación. “Ahora, lo que pretenden agregar es que también son propiedad de la nación la biodiversidad, el valor intrínseco del subsuelo y el espectro radioeléctrico”, sostiene la abogada Egla Pérez Cabrera.
Además, la iniciativa propone que el dominio de estos elementos (las tierras, las aguas, la biodiversidad, el valor intrínseco de los bienes del subsuelo, el espectro radioeléctrico) puede ser transmitido no solo a los particulares, para constituir la propiedad privada, pero también a los ejidos, a las comunidades y pueblos indígenas, para constituir la propiedad social; lo que presupone que los pueblos y comunidades originarias tendrían que pedir permiso o una concesión al Estado para el uso de estos elementos (incluyendo la tierra, el agua o el espectro para sus radios comunitarias).
“Esta reforma, en caso de que fuera aprobada, estaría restringido a los pueblos estos elementos que conforman ya la propiedad social. Porque para que las comunidades pudieran aprovechar estos recursos, tendrían que pedir una concesión o autorización al Estado mexicano”, explica la abogada.
En relación al subsuelo, “sería con esta reforma propiedad de la nación; las comunidades ya no tendrían por qué intervenir [en casos de que haya concesiones o proyectos de explotación en sus territorios]. Esta es una interpretación que queda sobre la mesa”.
También “consideramos el hecho de que se incluya el espectro radioeléctrico como parte de la propiedad de la nación en territorios de las comunidades, generaría una afectación para las radios comunitarias, que de por sí han sido criminalizadas”, analiza la abogada.
“Interés público”
En el tercer párrafo pone en el rango constitucional el “interés público” por encima del derecho colectivo de los ejidos y comunidades. Considerando que, de facto, los procesos extractivos mineros o grandes emprendimientos de desarrollo son considerados de “interés público”. Así que en el siguiente párrafo la reforma propuesta adiciona la palabra en negrita:
“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada y social las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, en consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centro de población para preservar y restaurar el equilibrio ecológico”.
Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra se manifiesta contra explotación minera en la región norte de Chiapas.
“La nación podrá imponer a las comunidades las modalidades que dicte de ‘interés público’ en beneficio social. Suena bonito, sin embargo, sabemos que, con los discursos demagógicos de la clase en el poder, estos discursos de interés público, de progreso, de beneficio social se han cometido múltiples atropellos a los derechos de los pueblos y comunidades”, analiza la abogada.
Dos ejemplos, citados por ella, son los megaproyectos del Tren Maya y Corredor Interoceánico. “En el decreto de fecha de 18 de mayo de 2023, se declara que estos megaproyectos son de ‘seguridad nacional’ e ‘interés público’. Antepone lo que consideran ‘interés público’ a los intereses de los pueblos”.
¿Transferencia o robo?
Se adiciona el siguiente párrafo, en el cual se pretende “transferir” al Estado todos los bienes tangibles e intangibles de los pueblos:
“Son propiedad de la nación: los vestigios, construcciones, monumentos arquitectónicos, albarradas, cerámicas, estatuillas, utensilios, herramientas, semillas y especies originarias del territorio nacional, osamentas, diseños y tejido de ropa, conocimientos ancestrales, idiomas, escrituras, códices, pinturas, esquelas, murales, manuscritos, planos, mapas, sistemas numéricos, astronómicos, centros ceremoniales, ceremonias, música, danza, cantos, instrumentos musicales, el arte en todas sus manifestaciones de los pueblos originarios que habitaron el territorio nacional”.
La abogada Pérez Cabrera se refiere a ello como si “pareciera una broma. Consideramos que estamos ante una amenaza de despojo, de acaparamiento, ante un robo por parte del Estado mexicano contra nuestros pueblos. Está arrebatando a los pueblos todo lo que vienen creando de manera ancestral, a lo largo de toda su existencia”.
Patentes
Además, si es aprobada la reforma, se ampliará la jurisdicción del Estado en la propiedad de patentes de semillas y plantas medicinales. De tal forma que se adiciona al párrafo cuarto las palabras en negrita; se fortifica el dominio del Estado sobre el germoplasma - término utilizado para describir las semillas, plantas o partes de plantas que son útiles en la mejora de cultivos, la investigación y la conservación- de la biodiversidad:
“Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, del germoplasma de la biodiversidad endémica, de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su exploración necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materiales susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, los combustibles minerales solidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno solidos, líquidos o gaseosos, y el espacio situado sobre el territorio nacional; en la extensión y términos que fue el derecho internacional”.
“El Estado toma posesión o fortifica su derecho sobre las plantas, sobre las semillas de las comunidades. Será propietario del material genético de las plantas endémicas en sus territorios, muchas de ellas utilizadas como plantas medicinales, habiendo la posibilidad de otorgar a particulares en concesión, incluso vender patentes a farmacéuticas”, analiza el abogado Isaí Jiménez García, de la organización Flor y Canto.
Extranjeros
Adición al párrafo décimo, que define cómo los mexicanos o empresas mexicanas pueden adquirir el dominio de las tierras:
“I. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la secretaria de relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus, gobiernos por lo que se refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo, en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas y en toda la región Istmo de Tehuantepec, en ambos lados de las vías centrales del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec de los Estados libres y soberanos de Oaxaca y Veracruz, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo tierras y aguas”.
“Se está ampliando la cláusula de restricción de adquisición de tierras por parte de personas extranjeras. Ya no solamente serán las costas o las fronteras, sino también en esta región de Istmo de Tehuantepec que es una zona estratégica, donde circulará mucha mercancía y se piensa como una zona estratégica. Seguramente se añade esta restricción, pensando en la seguridad nacional”, explica el abogado Abel Sánchez Martínez, de Tequio Jurídico.
Pobladores del Istmo de Tehuantepec se manifiestan en contra de la instalación de un parque industrial del Corredor Interoceánico.
Sin embargo, “en la práctica, se sabe que utilizan artimañas, incluso jurídicas, para traer sus empresas, constituirlas como mexicanas, y así poder utilizar estas costas, estas fronteras y seguramente este corredor interoceánico. El propio gobierno mexicano está incentivando inversión extranjera en este corredor”, sostiene el abogado.
Estado, en dominio de la propiedad social
En el mismo párrafo décimo, en su fracción séptima, se reconocen los derechos de los pueblos originarios, pero en la propuesta se reafirma que estos derechos quedan sujetos a lo que establece este primer párrafo, “que dice que la nación es dueña de todo y también le corresponde el dominio directo de la propiedad social”, explica Sánchez Martínez.
“Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. Se reconoce la relación especial de los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, así como sus costumbres y sistemas de tenencia de la tierra, por lo que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la propiedad de sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, en sintonía con el párrafo primero de este artículo”, dice la fracción modificada.
Alerta
Las organizaciones reunidas en el Foro llaman a la sociedad a encender los focos de alerta a lo que “constituye una amenaza de despojo a los pueblos originarios de sus territorios, de sus recursos naturales, de su patrimonio cultural tangible e intangible; por eso hay que estar muy pendiente de lo que puede pasar”, señala la abogada Cabrera.
Piden, en su pronunciamiento público, que se retire la iniciativa de reforma al Artículo 27 constitucional y que “defendamos verdaderamente la propiedad social agraria, la identidad de los pueblos y comunidades que integramos la nación mexicana, a preservar la propiedad colectiva”.
